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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Los arrecifes de coral son importantes criaderos de peces y, por tanto, vitales para la alimentación humana. Los bosques de manglar nos ayudan a combatir el cambio climático al absorber gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y proteger a las comunidades costeras de tormentas cada vez más intensas. Sin embargo, ambos ecosistemas se ven amenazados por grandes proyectos de infraestructura que pasan por alto sus bondades. Cuando se trata de proteger legalmente estos y otros humedales, librar la batalla en el ámbito local de cada país no es suficiente. En AIDA contribuimos a que la defensa de esos ecosistemas suba de nivel y sea más efectiva. Lo hacemos al involucrar en el debate a autoridades internacionales y al poner sobre la mesa las obligaciones que los países tienen a nivel mundial para preservar sus entornos marino-costeros. “Lo que se logra con estas acciones legales internacionales es tejer una estrategia que interrelaciona los diferentes aspectos del caso: el legal, el político, el científico y el mediático. Así conseguimos que el tema no sólo le interese a los tomadores de decisión locales, sino también a autoridades internacionales; que la opinión pública se dispare y que instancias o expertos certificados se pronuncien al respecto”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. México, país rico en humedales, es un ejemplo del uso de esta estrategia de defensa del ambiente. En mayo alertamos al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, del posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano si permite la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, al noroeste del país. Entre otros daños, el proyecto alteraría el curso del río San Pedro Mezquital, del cual se alimenta Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica, enlistado como humedal de importancia prioritaria internacional por Ramsar. En 2010, diplomáticos de la Convención Ramsar recomendaron al Gobierno mexicano abogar por el uso sostenible del humedal al evaluar la viabilidad del proyecto Las Cruces. Nosotros le hemos hecho saber a Ramsar que sus recomendaciones podrían ser ignoradas si México da luz verde a un proyecto que dañaría irreversiblemente a Marismas Nacionales, así como a la biopersidad y a las comunidades que dependen de ese entorno. Al llamar la atención de instancias internacionales, AIDA fortalece los esfuerzos de sus organizaciones aliadas a nivel local. Así ocurre en la defensa de Marismas Nacionales y también en la de Cabo Pulmo, arrecife de coral único en el mundo ubicado en Baja California Sur. Nos encargamos de recordarles a las autoridades mexicanas que, desde 2012, tanto la Convención Ramsar como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco pidieron tener en cuenta los impactos acumulativos e indirectos de proyectos de desarrollo turístico propuestos cerca del arrecife. Nuestros argumentos se sumaron a los presentados por nuestros socios en México a la hora de evitar la autorización de Cabo Dorado, el tercer intento de los desarrolladores turísticos por construir junto a Cabo Pulmo. La construcción de ese mega resort implicaba la creación de una nueva ciudad en torno al arrecife, algo fatal para su sobrevivencia. En un contexto de lucha que sobrepasó las fronteras mexicanas, el Gobierno de ese país decidió, el 29 de mayo, negar el permiso ambiental para Cabo Dorado. Con tu ayuda continuaremos llevando la voz de las comunidades locales a foros internacionales. Seguiremos agregando valor y apoyando su lucha por preservar entornos marinos y costeros que nos benefician a tod@s.
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En una carta, 57 organizaciones y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y del ambiente expresan su profunda preocupación por la detención del señor Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) el pasado 17 de junio, por parte de miembros de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Hacemos un llamado para que el Estado mexicano tome medidas urgentes y efectivas para garantizar los derechos humanos del señor Suástegui y el adecuado ejercicio de la importante labor que éste realiza en defensa del río Papagayo. En particular, consideramos fundamental que el Estado: Tome medidas para que las autoridades competentes garanticen el derecho de defensa y debido proceso del señor Marco Antonio Suástegui, y se revoque cualquier acto en el marco del procedimiento de detención y posteriores traslados que adolezca de ilegalidades, Tome medidas para garantizar su integridad física y psíquica, y Tome todas las medidas necesarias para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente que lleva a cabo Marco Antonio Suástegui, y asuma una posición activa evitando cualquier acto que obstaculice el proceso de defensa del río Papagayo.
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