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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Colombia enfrenta una elección crucial para su futuro. Debe escoger entre proteger sus páramos, fuente de agua para millones de personas, o autorizar minería a gran escala en esos frágiles ecosistemas. AIDA, junto con sus organizaciones aliadas, está trabajando para convencer a las autoridades de elegir el agua. Esta causa ha ganado recientemente un nuevo seguidor: Al Gore. El exvicepresidente de EE.UU., laureado con el Premio Nobel de la Paz por su éxito en crear conciencia sobre el cambio climático, sacó a relucir el tema de la minería en los páramos, ecosistemas de alta montaña, en abril. “Colombia tiene que escoger entre el oro en los páramos y ganancias para unos cuantos, o el agua potable que abastece a todos sus ciudadanos”, dijo en una cumbre internacional sobre el ambiente en Bucaramanga, una ciudad ubicada al noreste de Colombia que obtiene su agua del Páramo de Santurbán. Hemos instado al Gobierno colombiano a proteger éste y otros páramos de la minería debido a que de ellos proviene el 85% del agua del país. ¿Será posible que ello ocurra? Por ley, el gobierno debe mantener a la minería fuera de los páramos. Pero para hacer esto, los límites de esos ecosistemas deben ser delimitados en un mapa. Esto plantea un problema. En abril, el gobierno dio a conocer un mapa que muestra que el Páramo de Santurbán se extiende sobre 42,000 hectáreas. Eso es más que las 11,000 hectáreas de estimaciones previas, pero solo cerca de la mitad de las 82,000 hectáreas medidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, un centro independiente de investigación que empleó un mapa de escala mayor que el gobierno. Esa escala proporciona mayores detalles y da cuenta que el páramo se extiende mucho más allá. El gobierno no ha adoptado una medición oficial, dejando partes importantes del páramo abiertas a la minería, una industria que se promueve para impulsar el crecimiento económico. ¿Pero a qué costo? La minería a gran escala causará daños irreversibles a estos páramos ricos en flora que no sólo proveen agua a millones de personas, sino que además ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al capturar emisiones de carbono. Gore fue claro respecto de la elección que recomienda para Colombia y para cualquier país que se debata entre cuestiones de crecimiento económico y la protección del ambiente. “Sin planeta, no hay economía que valga la pena”, dijo. Tú puedes ayudarnos a difundir este mensaje haciendo un donativo y firmando nuestra petición para que podamos continuar nuestra lucha para salvar los páramos colombianos. ¡Gracias!
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Por Maria Eugenia Rinaudo Mannucci, analista ambiental, @Climateate La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años, cuando las primeras células dieron inicio a un sinfín de cadenas biológicas y ecológicas, dando origen luego al ser humano, ese “recién llegado” albergado por este increíble y majestuoso planeta de unos 4.600 millones de años de antigüedad. Pese al corto tiempo que llevamos habitando nuestro hogar, la involución del hombre ha alterado y modificado el sistema natural para satisfacer sus propias necesidades. Antes del inicio de la Revolución Industrial, la humanidad se desarrollaba a favor de su medio, tomando solo lo estrictamente necesario o, como prefiero plantearlo, junto con él y no en su contra. Actualmente somos testigos de cómo nuestra codicia por tener un “poco más” de lo que debemos ha ido desequilibrando el holismo del planeta (concepto epistemológico que se basa en la interacción de todo el sistema ambiental) y cambiando su homeóstasis (condición que busca la estabilidad en los organismos vivos). Pienso que los seres humanos nos hemos desarrollado como un caso especial en la naturaleza. Lo evidenciamos día a día con nuevos datos, publicaciones y estudios sobre la creciente degradación ambiental que producimos. Extraída de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, les comparto esta reflexión que sugiere especial atención: "…En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea…". Las problemáticas ecológicas de los últimos decenios han sido originadas por nuestra incompetencia como sociedad de no ver más allá de nuestra naturaleza humana, conducta que nos ha llevado a evolucionar de forma distante al ambiente y, a veces, incluso a nuestros semejantes. La población mundial crece sin parar y su fuente de energía es altamente contaminante pues proviene principalmente de hidrocarburos que, al quemarse y trasladarse, liberan gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. La insostenibilidad es un parámetro que abunda en los actuales estilos de vida. Damos por sentado que el entorno, la energía, el agua y los alimentos deben estar allí para nosotros día a día, hora tras hora. Entonces somos nosotros el principal problema. El cambio climático está comenzando a destruir todo a su paso y no cesará. Este reto coloca a toda la humanidad en una encrucijada. Debemos hallar la forma de asegurar el desarrollo de todos los seres vivos cambiando todos los parámetros insostenibles, promoviendo la conservación de los recursos naturales y reconciliándonos con la naturaleza. Debido a lo anteriormente expuesto, es imperativo que como sociedad, recalquemos las prioridades ecológicas enmarcadas en el desarrollo mundial: protección ambiental, lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, mitigación/adaptación del cambio climático, movilidad eficiente, etc. Teniendo en cuenta que ningún país es inmune al cambio climático, muchas han sido las iniciativas locales para enfrentar las crisis ecológicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El empoderamiento de las comunidades como parte de la solución se ha convertido en los últimos años en un soporte considerable para gobiernos y organizaciones internacionales que trabajan por la mejora ambiental y social de las naciones. La evolución en la percepción de los desafíos ambientales y sociales ha permitido —e influenciado— la búsqueda del camino más viable y seguro para sentar las bases de un desarrollo sostenible (encuentra aquí más información sobre ese concepto), apegado a la protección de los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades de las sociedades. La sociedad del presente y las generaciones futuras juegan un papel clave en el establecimiento de políticas basadas en la preservación de los recursos naturales y su adecuado manejo a fin de asegurar su existencia. La creciente presión que la humanidad ejerce en el entorno podría derivar en cambios extensos, acelerados e irreversibles sobre el sistema social y ecológico del planeta: por ahora, nuestro único hogar. Las graves problemáticas ambientales que afectan directamente a las sociedades —déficit de agua, problemas energéticos, falta de alimentos y producción de los mismos, regeneración de enfermedades, entre otros— son solo la punta del iceberg de las amenazas que el aumento de las temperaturas implica. El sistema ambiental ha sido y será siempre esencial para la vida. Según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, las preocupaciones acerca del equilibrio entre la vida humana y el ambiente alcanzaron dimensiones internacionales recién en la década de 1950. Aún nos queda mucho camino por recorrer a pesar de los grandes avances mundiales. La humanidad es altamente vulnerable a las variaciones del entorno y dependemos totalmente de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. El cambio climático representa una grave amenaza a la sobrevivencia de la especie humana. Ninguna nación es inmune a esto. El cambio climático se traduce en la pérdida de vidas humanas. El desarrollo sostenible es la única vía adecuada para prevenir y hacer frente a la situación. A nivel individual, es necesario transitar hacia estilos de vida más sencillos y sustentables (evitar el consumismo y despilfarro, tratar de reciclar, usar medios de transporte “eco” como bicis o compartir el auto, etc…). A nivel colectivo, la “búsqueda” hacia el camino de la sostenibilidad, debe seguir siendo una prioridad. Actuar ahora y de forma inteligente debe ser una prioridad para todos, no solo para los gobiernos y organismos internacionales. Todos tenemos una responsabilidad ante ese entorno que nos hace más “humanos”. Nuestra generación es la responsable de actuar frente al cambio climático. Sólo nosotros somos capaces de determinar el futuro de nuestro planeta, el cual depende de nuestras conductas y acciones, individuales y colectivas. Tenemos por delante muchos desafíos globales, pero el más preocupante (e inquietante al mismo tiempo) es modificar lo más pronto posible el comportamiento de cada uno de los habitantes de este gran hogar. El planeta está en riesgo y nosotros con él.
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La cualidad de “transparente” hace referencia al objeto o ser que permite ver a través de él/ella, ver con claridad lo que existe dentro. Lo que es un deber ético para las personas se constituye en una de las características definitorias de un Estado democrático. Se trata de la obligación legal de hacer visibles ante la ciudadanía los actos, procedimientos, y la gestión de los bienes y servicios públicos. La transparencia de la cosa pública no puede ser entendida como un desprendimiento gracioso del gobernante, sino como un auténtico deber inherente a la acción de gobernar. Ello cobra sentido si recordamos que el gobierno democrático y la administración pública reciben mandatos populares para gestionar temporalmente los bienes y recursos que pertenecen soberanamente al pueblo. En septiembre y octubre de 2003, se vivió en Bolivia la denominada “Guerra del Gas”, una cruenta y masiva movilización social que clamaba por la recuperación de la soberanía del pueblo sobre los hidrocarburos, y la no exportación de gas natural boliviano por un puerto de Chile. El hecho derivó en decenas de civiles muertos por la represión estatal, la renuncia y huida del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la convocatoria a un Referéndum popular sobre la política energética del país realizada por el nuevo presidente. Uno de los principales detonantes de la “Guerra del Gas” fue el régimen de secreto y los criterios contrarios al interés colectivo con los que el sector de hidrocarburos fue manejado por varios gobiernos de corte neoliberal desde mediados de los 80 hasta inicios de la década del 2000. La confidencialidad de las negociaciones sobre un proyecto de exportación de gas natural a EE.UU. vía Chile, hechas a espaldas de la población; y la suscripción de contratos petroleros (contratos de riesgo compartido) con cláusulas inconstitucionales y en desmedro de los intereses colectivos, entre otros factores, atizaron la indignación social y la movilización. En mayo de 2005, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos (vigente hasta la fecha) que incorporó el principio de transparencia en la gestión pública del sector de hidrocarburos. En el marco de esa norma se firmaron en 2006 nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos (Contratos de operación) que reemplazaron a los antiguos y leoninos contratos de riesgo compartido. A diferencia de sus antecesores, los nuevos contratos fueron aprobados por el Congreso Nacional y divulgados en páginas web oficiales y de organizaciones de la sociedad civil. Pese a estos claros avances, de modo incongruente con el principio de transparencia contemplado por la nueva ley, los contratos de operación vigentes mantienen un resabio de los antiguos contratos: la incorporación de una cláusula de confidencialidad que debe cumplir el contratista petrolero en relación a la información que genere en el desarrollo de sus operaciones. Tal parece que los bolivianos no hemos aprendido las lecciones que dejó la “Guerra del Gas” sobre la insostenibilidad de la confidencialidad vinculada a bienes de naturaleza pública como son los hidrocarburos. La reserva o confidencialidad es admisible de modo excepcional, por ejemplo, en relación al secreto industrial sobre métodos o procesos de producción especiales, pero no puede convertirse en la regla, mucho menos cuando el bien objeto del contrato corresponde al dominio soberano del pueblo, ya que en virtud a este dominio, los ciudadanos tienen la facultad de conocer plenamente sobre la administración de este bien. En enero de 2009, los/as bolivianos aprobaron en Referéndum popular el texto de la nueva Constitución Política del Estado, la cual asume a la transparencia como un valor central del Estado boliviano y como un principio de la administración pública. Asimismo, reconoce el derecho de acceso a la información de la población boliviana sobre las cuestiones públicas. Previamente, en agosto de 2007, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible del sector de Hidrocarburos, misma que obliga a la empresa estatal petrolera YPFB a publicar semestralmente información relacionada con los contratos de operación como las medidas de protección al medio ambiente y las inversiones realizadas para cada campo petrolero. Es de suma importancia que los actores estatales del sector petrolero, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales del país, generen información clara, completa, actualizada y desagregada sobre el sector petrolero, que permita a la población ejercer sus derechos de acceso a la información, de participación en la gestión pública y control social sobre estos bienes públicos que son esenciales para el desarrollo social y económico del país. AIDA trabaja para fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en el continente americano. El acceso a la información pública sobre la gestión ambiental del sector de hidrocarburos es la llave que permite una participación ciudadana significativa en la prevención o mitigación de los impactos generados por las industrias extractivas.
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