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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.
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Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La semana pasada fue inolvidable para el movimiento ambiental en América Latina. Recibimos tres grandiosas noticias desde Chile, Paraguay y México que nos hicieron llorar de emoción. Aunque muchos están al tanto, quiero dedicar este post a esas historias de éxito que son una brisa de esperanza. Lo hago en honor de queridas y queridos colegas a quienes he visto trabajar sin descanso para lograr esos avances. A cada una de esas personas, GRACIAS por las lecciones aprendidas y por demostrarnos que sí podemos alcanzar los cambios necesarios. ¡Ríos libres en la Patagonia chilena! El 10 de junio, el Comité de Ministros de Chile rechazó el proyecto HidroAysén, con el cual se buscaba construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La decisión puso fin a 35 acciones presentadas contra la autorización del proyecto, 34 por la ciudadanía y una por la empresa. Así termina, por ahora, una controversia de más de ocho años sobre la viabilidad o no de represas en una zona única en belleza, biodiversidad, reservas de agua dulce y bosques. Para quienes trabajamos en la protección de los ríos y en la búsqueda de alternativas a su represamiento y destrucción, la experiencia del grupo de organizaciones y ciudadanos Patagonia Sin Represas ha sido ejemplar. Al proyecto se opusieron primero las comunidades de Aysén, región de la Patagonia. A ellas se unieron organizaciones chilenas e internacionales creando una increíble coalición de aproximadamente setenta organizaciones. La causa contagió a todo al país y al mundo. El gobierno rechazó el proyecto al concluir que sus impactos negativos no habían sido adecuadamente evaluados. En particular, no se evaluaron los cambios en los ríos y en la fauna de la región. De haberse ejecutado HidroAysén, el hogar del ciervo huemul, emblema nacional y uno de los preciosos animales que habita la zona, habría sido gravemente afectado. Según el Ministro de Ambiente Pablo Bardenier, la decisión demuestra que el gobierno toma en serio la evaluación de impactos ambientales y que “hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes”. Se trata de un gran mensaje sobre el cumplimiento de las normas y la seguridad que tanto necesita nuestra región. ¡La lucha no ha sido fácil, pero sí exitosa! Patagonia Sin Represas demostró que la ciudadanía es poderosa y fuerte con argumentos legales y científicos sólidos, y con una estrategia de comunicación efectiva. Evidenció que construir cinco represas y una inmensa infraestructura de tendido eléctrico en la Patagonia chilena era un error garrafal para el ambiente y el desarrollo del país. Demostró que hay formas más efectivas de conseguir energía. El seguimiento a las acciones también es necesario pues no es la primera victoria que Aysén consigue ante amenazas de fuerte impacto ambiental. AIDA trabajó hace más de diez años para proteger esa región de la construcción de Alumysa, una inmensa planta de aluminio que hubiera causado importantes impactos ambientales y sociales. Dicho proyecto también fue evitado. ¡No fracking en Cuetzalan! Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra de Puebla, México. Es famoso por su mercado en el que los domingos se ofrecen productos de la región como vainilla, café y pimienta. Allí se quiere implementar un proyecto de fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas). La semana pasada, la empresa mexicana PEMEX reconoció que el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuetzalan solo autoriza actividades de microindustria y pequeña industria. Por tanto, el fracking no es una actividad permitida. La noticia es positiva dados los impactos del fracking en el ambiente y la salud humana, los cuales incluyen la grave contaminación del agua dulce y el aumento en el riesgo de terremotos. El proyecto aún no ha sido cancelado. Es solo un paso del largo camino que las personas de Cuetzalan comienzan a transitar. Hasta ahora van bien. Esperamos que PEMEX y el Gobierno nacional continúen respetando la decisión del gobierno local de no permitir minería ni fracking en su región. De lo contrario, las consecuencias económicas, sociales y ambientales serían nefastas. ¡Tierra para Sawhoyamaxa en Paraguay! Tras décadas de luchar por la recuperación de sus tierras, la comunidad de Sawhoyamaxa finalmente recibió la ley del gobierno paraguayo que se las restituye. La decisión llegó siete años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyera que Paraguay era responsable por la violación de los derechos de la comunidad al no protegerlos del despojo de sus tierras por parte de colonos. Reconozco que una ley no asegura la recuperación de las tierras. Pero sí es un gran avance en ese proceso y en el cumplimiento de una decisión judicial regional. La ley evidencia la voluntad de un gobierno por restituir los derechos violados en el pasado. Un aspecto a resaltar en cada uno de estos esfuerzos es que el trabajo constante, estratégico y dedicado de personas, comunidades y organizaciones da resultados. Estas historias demuestran una vez más que la defensa inteligente del ambiente es posible cuando hay comunidades comprometidas e involucradas, apoyadas por organizaciones, y que prueban sus posiciones con argumentos científicos y técnicos. Al final, es claro también que gobiernos que conocen las normas y tienen la voluntad política de hacerlas cumplir pueden en efecto hacer una diferencia positiva. Lo mejor de todo es que al final, ¡todos ganamos: las comunidades, los gobiernos y especialmente el ambiente, que es de todos! Monti, Rodrigo, Patricio, Juan Pablo, Sara, Claudia y cada una de las personas que trabajaron y siguen trabajando en estos casos, ¡GRACIAS por darnos esperanza y demostrar que protegiendo el ambiente podemos avanzar exitosamente como sociedad!
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Por Pedro Pablo Cortés, Reporte Indigo Texto publicado originalmente en Reporte Indigo. La principal fuente de ingresos de cerca de 33 mil habitantes de una ciudad peruana también se ha convertido en su mayor condena. La contaminación de una planta metalúrgica de la empresa estadounidense Doe Run ha provocado que casi todos los niños de La Oroya presenten en la sangre altos niveles de plomo, zinc y otros metales peligrosos. María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denuncia en entrevista con Reporte Indigo que el Gobierno de Perú no ha actuado para frenar la polución del complejo. Veramendi expone que el Gobierno peruano estableció en 1997 que Doe Run debía seguir los lineamientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obligaban a la compañía a controlar sus emisiones de contaminantes. "El problema", señala, "es que ninguno de los dos, ni el Estado ni la compañía, han cumplido con esas obligaciones y eso ha producido que el complejo metalúrgico opere de una manera no adecuada y cause serios problemas de salud en los habitantes". "En los momentos más críticos de operaciones del complejo, los niveles de plomo y de otros metales en la sangre, en los organismos de los habitantes de La Oroya, eran altísimos". Estudios independientes recogidos por AIDA revelan que el 99 por ciento de los menores de 5 años y el 98 por ciento de los niños de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre, aunque la OMS informa que cualquier nivel es peligroso para el ser humano. El Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, califica a La Oroya como la quinta ciudad más contaminada del mundo y la segunda en Latinoamérica. Veramendi asevera que la inacción de las autoridades constituye una violación a las garantías de los pobladores, por lo que, junto con otras organizaciones, AIDA ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Con todos estos años de permitir que la empresa pida prórrogas para cumplir con sus obligaciones ambientales y un poco permitir esta operación incontrolada del complejo metalúrgico ha ocasionado que el Estado peruano viole los derechos humanos de las personas que viven en La Oroya", apunta. "Del grupo que representamos, hay personas que han fallecido por diversas dolencias que uno podría relacionar con las afectaciones que causa el plomo y otros metales". La solución de cerrar la planta no es tan viable, pues 70 por ciento de sus empleados son habitantes de La Oroya. Por ello, AIDA demanda que el Gobierno peruano controle de inmediato las emisiones, pues ni siquiera ha invertido en la Estrategia de Metales Pesados, que busca controlarlas. "Que proteja la salud de los habitantes, que controle las emisiones y operaciones del complejo, que haga cumplir la Ley", pide Veramendi.
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