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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) pide que, hasta el 8 de enero de 2014, autoridades mexicanas respondan a la denuncia sobre incumplimiento de la legislación ambiental en los permisos otorgados a cuatro mega resorts. Distrito Federal, México. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pide una explicación del Gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California. El organismo internacional, establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tomó esa determinación tras la petición ciudadana presentada por organizaciones de México y Estados Unidos[i], quienes denunciaron la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral. La petición[ii] fue presentada a la CCA en abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales. En ella se presentan cuatro proyectos como ejemplo de la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México al avalar infraestructura turística masiva en el Golfo de California pese a que viola las normas sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. El Secretariado de la CCA dispuso que el Gobierno de México debe dar, hasta el 8 de enero de 2014, una respuesta sobre los permisos otorgados, abordando específicamente los siguientes aspectos: el uso de la mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas, la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. La CCA requirió también información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar: un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como los que alberga el Golfo de California. “Es un gran avance en el derecho nacional e internacional pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México”, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. El Secretariado reconoció en particular las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales. Reconoció además las recomendaciones de las Misiones de Ramsar que visitaron Marismas Nacionales y Cabo Pulmo, concluyendo que desarrollos turísticos de la magnitud planteada no eran apropiados por la vulnerabilidad de dichos ecosistemas[iii]. Por ello solicitó que México explique la omisión de realizar la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esas disposiciones. “La CCA solicitó la rendición de cuentas del Gobierno mexicano respecto al abuso de la discrecionalidad al considerar opiniones técnicas, tal es el caso de Playa Espíritu, proyecto que carecía de viabilidad ambiental según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas)”, detalló Eduardo Nájera, director de COSTASALVAjE, una de las organizaciones peticionarias. “Es urgente que la nueva administración de la Semarnat no cometa los mismos errores que sus antecesores y realice una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales, Cabo Pulmo y la Bahía de la Paz”, manifestó Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), también peticionaria. Finalmente, Carolina Herrera, especialista para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), señaló que espera que, una vez recibida la respuesta de México, “la CCA desarrolle una investigación detallada de los hechos para que presione a México a no relajar sus propias medidas de protección ambiental en favor de desarrollos costernos no sostenibles”. Consulte la determinación de la CCA. [ii] Para mayor información sobre el mecanismo de petición ciudadana consulte este enlace. [iii] Estas misiones son un mecanismo de asistencia técnica contenido en Ramsar cuyo principal objetivo es prestar asistencia a las Partes que tienen humedales que ameritan atención prioritaria debido al cambio de sus características ecológicas.
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Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. El financiamiento destinado a combatir el cambio climático ha estado muy presente en los eventos paralelos a la COP19. Los aspectos discutidos en torno a ese tópico incluyen el origen de los recursos, la preparación previa a la movilización de los mismos, y el destino del apoyo financiero traducido en acciones que aporten de forma real a solucionar el problema. persificando las fuentes de financiamiento del Fondo Verde Climático (FVC) El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y la Climate Markets and Investment Association (CMIA) organizaron un evento para discutir sobre ese tema, así como acerca de los instrumentos necesarios para movilizar los fondos del FVC. Giles Dickson, vicepresidente de Política Ambiental y Promoción Mundial del conglomerado multinacional de energía y transporte Alstom, dijo que para que el sector privado participe con recursos económicos, deben crearse en el Fondo mecanismos de incentivos y marcos de inversión en forma de préstamos. Es importante romper con el mito de que el sector privado utilizará recursos públicos para su beneficio, pues su intención real es contribuir a los instrumentos financieros en los que el sector público tiene participación, destacó. Por su parte, Jeanne Ng, directora de Asuntos Ambientales de la compañía de electricidad CLP Group, con sede en Hong Kong, afirmó que el sector privado ya realiza proyectos de financiamiento para energías renovables sin el uso de recursos públicos. Por ello, añadió, es necesario que el Fondo tome en cuenta esos esfuerzos para integrarlos en sus objetivos y que los recursos públicos no vayan a proyectos que ya están siendo atendidos. Sobre las atribuciones que tendrían que incluir al sector privado en las inversiones del Fondo, Ng señaló que no es posible que el FVC comercialice productos bajos en el uso de carbón sin la ayuda de instituciones privadas. Para Vikram Widge, jefe de Finanzas y Política sobre Clima de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Fondo debe tener un rol participativo para capitalizar los recursos financieros y generar ganancias. Los instrumentos financieros deben garantizar la estabilidad de los recursos privados y el desarrollo de los países, puntualizó. Según Dickson, la participación del sector privado puede hacerse por tres vías: en proyectos a nivel local y municipal, mediante la promoción tecnológica, y a través de la elaboración de proyectos provenientes de empresas privadas. Ello sólo sucederá si los gobiernos llevan a cabo políticas económicas que garanticen resultados positivos, aclaró. Preparación de la ayuda Esta cuestión fue el centro de la discusión en otro evento paralelo, denominado Rolling up the sleeves for the Green Climate Fund: Expectations and experience from building GCF readiness, en el que representantes de diferentes países expresaron su parecer: Sudáfrica. Zaheer Fakir, principal asesor de políticas en el Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, señaló que hace falta un país líder para conducir los proyectos del Fondo, algunos de los cuales están diseñados para problemas ambientales específicos. Hay cosas que no pueden ser replicadas pues dependen de la capacidad institucional de cada país, remarcó. No se trata sólo de dar dinero a entidades nacionales, ya que existen problemas de lavado de dinero y acceso directo a los recursos financieros. Los recursos deben utilizarse para proyectos con un potencial de transformación y cuyo destino no debe de ser únicamente actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, complementó. Al respecto, Richard Calland, profesor asociado de derecho público en la Universidad de Cape Town, elaboró un estudio sobre la preparación de cada país. En él menciona tres requisitos indispensables: debe ser relativo, responsivo y razonable. Al identificar dificultades nacionales en temas de planeación, propuso que el Estado forme alianzas financieras con instituciones de investigación. No se trata de la capacidad de implementar los recursos financieros, sino de usar la máxima capacidad posible, explicó. Por último, en el tema de acceso a los recursos financieros, hizo un llamado a pensar en cuáles serán las modalidades, los estándares fiduciarios y las salvaguardas. Alemania. Norbert Gorben mencionó que se está considerando la posibilidad de participar y contribuir el próximo año al FVC con 14 mil millones de euros a través de esquemas bilaterales y de organizaciones multilaterales. Recordó que la Junta Directiva del Fondo debe pedir a la Secretaría que se tomen acciones de preparación para empezar a implementar programas y movilizar los recursos lo antes posible. Alemania quiere dar apoyo en las áreas que cada país requiera de forma específica, añadió Ina Von Frantzius, asesora sobre política y financiamiento climático del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Perú. Gabriel Quijandria, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, señaló que junto con el Ministerio de Finanzas se trabaja en un programa de modernización del Estado en el que se discute la creación y establecimiento de una entidad nacional encargada de implementar y administrar los fondos una vez que el FCV comience a operar. La preparación, agregó, no es un concepto fácil, sino un tema que involucra actitud. Para definirlo es necesario poner más atención a la perspectiva de las comunidades pobres, indicó. Como ejemplo citó a los agricultores que usan seguros internacionales contra los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. El destino de los recursos El financiamiento de países del sur para también países del sur parece una tendencia creciente en el mundo en desarrollo. En su mayoría, los recursos provienen de los sectores privados de esos países y son destinados a proyectos relacionados con políticas públicas. El tema fue abordado en otro evento paralelo a la COP19 en Varsovia: Developing Countries in the Driving Seat for Accelerating Green Finance. Al respecto, Monique Barbut, jefe de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD por sus siglas en inglés), dijo que lo prioritario es saber a dónde va el dinero exactamente, ya que los recursos financieros para el clima provienen en un 60% de inversiones del sector privado, y gran parte de ese dinero va a proyectos de energía renovable, lo cual no es suficiente para combatir el cambio climático. Aproximadamente un 48% del flujo gubernamental se destina a proyectos de adaptación relacionados con el uso sustentable de la tierra, añadió. Sobre la importancia del destino de los recursos, aclaró que la misma depende de los beneficios sociales que se generen. Aquellos fondos relacionados con proyectos sustentables pueden significar menos migración, pobreza e inseguridad para las comunidades vulnerables, explicó. Zaheer Fakir, representante del Gobierno sudafricano, habló sobre liderazgo. En su criterio, a los países del sur les interesa mucho más actuar para combatir el cambio climático que a los países del norte, y es por ello que se muestran más abiertos a poner su dinero en el mercado. “No nos podemos sentar a esperar que un proceso multilateral se ponga de acuerdo”, ya que es ahora cuando los países sufren de pobreza extrema, desempleo, jóvenes sin educación y otros problemas que los hacen volver a casa y actuar en lugar de esperar. “¿Cómo se puede mejorar la vida de las personas en casa?”, preguntó Fakir. Se trata de “ser verde”, de involucrar a las comunidades, a los grupos indígenas y a todos los niveles de la sociedad en proyectos verdes, respondió. Más que la procedencia de los fondos, lo importante es si se invierte o no en tecnologías relevantes para la resolución de problemas climáticos en un país, aseveró Nick Beglinger, presidente de Swisscleantech, asociación empresarial de tecnología limpia con sede en Zurich. Los negocios pueden hacer dinero al mismo tiempo que ayudan al ambiente, subrayó. También dijo que es necesario empezar a innovar en las finanzas verdes. Propuso revisar el uso del dinero público de los fondos de pensiones para alcanzar metas comunes entre la sociedad y el gobierno, ya que los pensionistas son los inversores ideales para planes a largo plazo. En ese tema, agregó, no existes muchas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados, por lo que las pisiones entre sur y norte deberían ser eliminadas con miras a que los fondos funcionen de forma eficiente sin importar su procedencia.
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Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. En un evento paralelo a la COP19, CANLA y PCL —dos de las redes climáticas más importantes de la región— expusieron sobre la actualidad, los avances, las necesidades y retos en materia de políticas nacionales para combatir el cambio climático en América Latina. Daniel Ryan, de FARN, presentó un estudio comparado de distintos países de la región cuyo marco conceptual se basó en decisiones tomadas por agencias de gobierno, normas legales, metas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Los resultados del estudio dan cuenta que en América Latina existe un aumento significativo en la elaboración de políticas sobre cambio climático a nivel nacional, pero que persisten serias deficiencias en su implementación. De acuerdo con los reportes nacionales, ello se debe en gran parte a la falta de recursos y de capacidad del Estado para ejecutar planes y programas. Carlos Rittl, del Observatorio do Clima de Brasil, mencionó que ese país cuenta con una excelente red de monitorio de gases de efecto invernadero, lo que permite analizar las estrategias necesarias para reducir dichas emisiones. Para Brasil, añadió Rittl, es esencial abordar el tema del cambio climático debido a su vulnerabilidad ante las consecuencias del mismo: el país ha experimentado cambios de clima extremos. Según Rittl, Brasil tiene estrategias nacionales para combatir el cambio climático desde 2005, contando desde 2009 con una Estrategia Nacional para el Cambio Climático. Sin embargo, mencionó, uno de los retos más grandes es armonizar los marcos legales locales y coordinar con los distintos niveles de gobierno. Por último, Rittl señaló que el reto más importante para Brasil es mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información. En el evento se habló de la necesidad de formar coaliciones políticas a nivel regional para conseguir el logro de objetivos generales ante los retos climáticos más importantes. Estos objetivos son los siguientes: integrar una agenda climática para el desarrollo de políticas sectoriales, posicionar las políticas sobre cambio climático en escenarios institucionales centrales, y construir coaliciones sociales y políticas más amplias. Sobre el caso mexicano, Mariana Castillo, del CEMDA, se refirió a los recientes avances que en materia de políticas de cambio climático implicó la puesta en vigor de la Ley General de Cambio Climático. Esa norma establece la estructura institucional mexicana para hacer frente a las necesidades del país de políticas tanto de adaptación como de mitigación. Además, plantea la creación de un Fondo Verde Nacional y del INECC: un instituto integrado por académicos, sociedad civil y gobierno para realizar investigaciones relacionadas con el cambio climático y mejorar así las estrategias en ese ámbito. En el cierre del evento, la ambientalista Mónica Anaya dijo que al ser el cambio climático tan importante para América Latina, las actuales estrategias en la región necesitan renovarse y ser mejoradas pues no están funcionando. Apuntó asimismo a la urgencia de llevar adelante un proceso más democrático para tomar decisiones sobre lo que se está haciendo y alcanzar soluciones tangibles.
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