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Foto: Suzanne Livingstone

Victoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas

En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.

Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.

Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.

Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.

La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.


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Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El territorio marino de Costa Rica, que abarca 580,000 km2, es 11 veces más grande que su territorio terrestre: 51,100 km2. Sin embargo, a pesar de la relevancia que debería darse a los océanos en ese país, éste se ha desarrollado de espaldas al mar. No existen datos oficiales que reflejen el valor económico total de los océanos en Costa Rica. Sin embargo, se estima que tan sólo la pesca turística genera cerca de un 2% del PIB, equivalente a US$1.1 miles de millones. El pasado 21 de enero, 280 tortugas lora y verde fueron encontradas muertas en el Golfo Dulce (Pacífico sur de Costa Rica), según información publicada por el diario La Nación. A casi 2 meses después de lo ocurrido, el Gobierno no ha hecho nada para evitar que situaciones de ese tipo se repitan. Barcos de mediana y avanzada escala buscan peces vela y dorado en las afueras del Golfo Dulce. Usan como arte de pesca el palangre (cordel largo y grueso que se extiende por kilómetros del que cuelgan a ramales con anzuelos en sus extremos), que ha sido reconocido a nivel internacional como causa de muerte incidental de tortugas. En Hawái, por ejemplo, se ha logrado prohibir el uso de palangre en una determinada época del año y a cierta distancia de la costa, lo que ha reducido el número de especies atrapadas incidentalmente. Un primer informe realizado por la organización WideCast señaló que la causa de la muerte de las tortugas halladas en el Golfo Dulce está relacionada directamente con la actividad pesquera, ya sea por enredamiento en líneas de pesca o por traumatismos con anzuelos. El informe del Gobierno, emitido algunos días después, menciona como la principal causa la presencia de parásitos intestinales producto de la marea roja y las fuertes lluvias en la zona. Tras conocerse esta versión oficial, el seguimiento de los medios de prensa al caso desapareció y los informes relativos al mismo se encuentran ahora archivados en algún escritorio.  Cuando algo sucede en tierra, en nuestra ciudad o vecindario, parece que nos sentimos más identificados, parece que lo recordamos más y que es más difícil darle la espalda. La historia es distinta cuando la tragedia tiene lugar en el mar. Es cierto que existe una conciencia y sensibilidad emergentes hacia la conservación de los espacios marinos en Costa Rica. Ello se refleja en los esfuerzos por crear áreas marinas protegidas y áreas marinas de pesca responsable. Lo anterior ha generado un debate sobre los temas marinos, algo relegado años atrás y que ahora se convierte en un reto vigente. Sin embargo, esto no es suficiente. Las políticas públicas y el actuar del Estado deberían desarrollarse siempre de frente al mar. ¿Qué hacer? Pese a que de forma aislada no constituye una solución a todos los problemas, considero que la mejor opción es iniciar un proceso de ordenamiento especial marino que permita coordinar acciones, realizar zonificaciones y plantear estrategias claras sobre el manejo de los recursos marinos en Costa Rica. De manera complementaria, deben realizarse reformas a la ley para prohibir del todo o para al menos regular efectivamente el uso de palangres. Esto puede hacerse especificando tiempos máximos de remojo de las artes de pesca (por cuánto tiempo y a qué hora es posible dejar el palangre en el mar), eliminando el uso de carnada viva y permitiendo únicamente el uso de anzuelos grandes que permitan la liberación de especies no objeto de pesca. Está claro que ni el ordenamiento espacial marino ni las reformas legales serán mecanismos efectivos sin instrumentos que permitan llevarlos a la práctica. Deberíamos considerar la obligatoriedad de llevar observadores a bordo de las embarcaciones que den fe del manejo adecuado de las artes de pesca y de la liberación de la pesca incidental. Escribo estas líneas con la esperanza de que el olvido quede atrás. La única forma de recordar y actuar es comprendiendo nuestro vínculo con el océano en todas nuestras acciones. No le demos más la espalda. Vivamos de frente al mar.

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Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel  Hace ya más de diez años que la Comisión Mundial de Represas concluyó que estas grandes represas no son la opción adecuada para la generación de energía y que su operación y construcción generan un costo medioambiental y social enorme. Sin embargo, este tipo de proyectos todavía se siguen promoviendo en América Latina.  En el marco del Día Internacional de las Acciones por los Ríos en contra de las Represas, a celebrarse este 14 de marzo, quiero recordar algunos de los casos en los que trabaja la sociedad civil, cuyo papel se ha mostrado vital para enfrentar el problema. La tercera Perspectiva Mundial sobre la persidad Biológica de la ONU (reapzada en mayo de 2010) encontró que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo aterrador debido a las represas. La construcción de hidroeléctricas ocasiona la pérdida de bosques y hábitats naturales, de poblaciones de especies endémicas como el huemul (un tipo de ciervo), en el sur de Chile. La lucha contra HydroAysén en Chile Ello motivó a que un grupo de organizaciones, académicos, comunidades e interesados crearan un movimiento denominado La Patagonia Chilena pbre de Represas. Éste se opone a las mega represas promovidas por HydroAysén en esa zona y busca una reflexión de las opciones que se tienen para generar energía pmpia en Chile, así como una revisión de las lecciones aprendidas en el tema de las hidroeléctricas y los derechos humanos. Las represas Elwha y Cañón del Gpnes en Estados Unidos En Estados Unidos, la presión social y de grupos ambientapstas consiguió que se emitiera la Ley de Recuperación de las Pesquerías y de los Ecosistemas del Río Elwha de 1992, con la cual se obtuvo autorización para demoler y decomisar las represas Elwha y Cañón del Gpnes, ubicadas dentro del Parque Nacional Olympic. El río Elwha es un sitio sagrado para la tribu Klallam, la cual venera al salmón endémico salvaje que habita en sus aguas.  La represa Baba en Ecuador Destaca en la mayoría de los casos que los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas son en general incompletos. Por ejemplo, el caso de la represa Baba en Ecuador. El auditor oficial del Contralor de la Repúbpca de Ecuador estableció que los planes fundamentales del proyecto estaban incompletos y carecían de medidas de mitigación para reducir el daño ambiental producido por la acumulación de sedimentos en la represa. En 2007, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Corporación de Derecho y Gestión Ambiental (ECOLEX) presentaron argumentos para anular los permisos de esta represa que violaba el derecho ambiental y las obpgaciones internacionales de Ecuador. Belo Monte en Brasil También es muy común que los desarrolladores las construyan sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios previos de impacto social como es el caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil. En lugares tropicales, estos proyectos pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los costos e impactos extremadamente negativos y las grandes industrias consumidoras de energía reciben los beneficios. Es por ello que AIDA trabaja junto con otras organizaciones y el Movimiento Xingú Vivo para combatir la ilegapdad de Belo Monte. Las Cruces en México En México, las batallas contra las hidroeléctricas han sido pbradas por el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y Defensa de los Ríos (MAPDER), mismo que ha interpuesto demandas para hacer valer los derechos humanos de las comunidades afectadas.    Tomando en cuenta el argumento anterior, un grupo de diplomáticos y expertos de la Convención Ramsar —un tratado que protege humedales de importancia prioritaria internacional— visitó la región de Marismas Nacionales, ubicada en Nayarit (México), donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La delegación hizo Recomendaciones de manejo ambiental y social al Gobierno mexicano en las que le piden tomar en cuenta la Resolución VIII de la Convención (ilneamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales). Esas Recomendaciones urgen además a: la evaluación de los impactos del proyecto Las Cruces; la formulación de medidas de manejo con la activa participación de las comunidades indígenas Náyeri asentadas en el área de influencia del proyecto; y a la caracterización de los sitios sagrados, costumbres y  famipas a reubicar, así como de la comunidad receptora. Hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México Millones de personas que viven río abajo de las represas han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y la productividad futura de sus recursos, en pepgro. Así ocurrió con las comunidades afectadas por las hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México, a cuyos pobladores las autoridades les prometieron capacitación, equipo, permisos y asesoría para generar turismo enfocado en la pesca deportiva. Costo beneficio AIDA generó una publicación que analiza las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR) y los casos de grandes represas en América Latina, entre los que se mencionana algunos de los descritos este texto. En conclusión, las ganancias económicas para los constructores y vendedores de la energía producida por las represas son altísimas. Sin embargo, en el anápsis del costo/beneficio no se toman en cuenta los impactos sociales y ambientales. Por esta razón, el trabajo de la sociedad civil es y seguirá siendo trascendental para evitar que estos proyectos sean todavía una alternativa, sobre todo en ecosistemas frágiles o sagrados.

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Solicitamos investigación y pronunciamiento inmediato ante actos de espionaje y amenaza contra el Movimiento Xingú Vivo para Siempre y las organizaciones que lo acompañan, quienes exigimos que la represa de Belo Monte respete derechos humanos.

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