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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Vania Albarracín y José David Castilla* La protección de la Amazonía es uno de los principales desafíos en la región. Hacerle frente implica coordinación y cooperación entre Estados, pueblos y organizaciones. En ese contexto, el Foro Social Panamazónico (FOSPA) nace de la necesidad de pensar a la Panamazonía —región conformada por los países que tienen jurisdicción o territorio en la cuenca del río Amazonas, y/o tienen cobertura de selva y/o pertenecen al Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)— desde todas sus complejidades. El FOSPA es un espacio regional de articulación, reflexión e intercambio entre pueblos indígenas, movimientos sociales y sociedad civil de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam. La unión de tantos actores alrededor de la Amazonía se debe a que se trata de un ecosistema megadiverso y estabilizador climático global que contiene más del 13% de todas las especies vegetales y animales conocidas y que descarga anualmente 6.600 km³ de agua dulce al océano Atlántico, equivalentes a entre el 16 y 20% de la escorrentía mundial. Por ello, es esencial considerar la interconexión e interdependencia entre la Amazonía y otros ecosistemas de la región. Los ecosistemas marino-costeros, los humedales andinos, las sierras y los bosques están conectados a lo largo del continente y deben ser reconocidos como parte de una estrategia integral de protección. El territorio amazónico enfrenta problemas graves de deforestación y degradación ecosistémica, lo que ha generado una alerta sobre la llegada del denominado punto de no retorno. Esto se refiere a la pérdida del equilibrio ecológico y las funciones climáticas de la Amazonía, lo que traería repercusiones globales negativas incalculables. El FOSPA realiza encuentros bianuales en distintas ciudades y subregiones de la Amazonía para dialogar acerca de la vulneración de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza que aquejan a la región, así como para plantear alternativas que surjan desde las comunidades locales y los pueblos indígenas que la habitan La onceava versión del FOSPA tuvo lugar del 12 al 15 de junio de 2024 en las ciudades de Rurrenabaque y San Buenaventura, en la región amazónica de Bolivia. Del encuentro surgió una declaración conjunta en defensa de la vida, los pueblos y la naturaleza. AIDA participó en el encuentro y compartimos a continuación nuestro balance del mismo respecto de los principales acuerdos, los vacíos para su implementación y lo que falta para garantizar la protección de la Amazonía. Los acuerdos 1. Las amenazas de la minería Las amenazas de la minería para la región amazónica se traducen en dos problemas centrales: la promoción e impactos de nuevos extractivismos (como la minería de cobre) y la contaminación de mercurio de la minería de oro. En el encuentro se evidenció la necesidad de prohibir el comercio mundial de mercurio y de crear estrategias multinacionales para combatir su uso en la minería de oro, en cumplimiento del Convenio de Minamata. Además, se abogó por un enfoque biocultural en la evaluación de los impactos de la minería, reconociendo la interrelación entre biodiversidad y culturas indígenas, el papel fundamental de las mujeres en la conservación y reproducción de la vida, así como la participación de la sociedad civil en espacios de decisión, garantizando su transparencia y su plena divulgación. 2. Una Amazonía libre de extractivismos Una de las principales preocupaciones de las comunidades, pueblos y organizaciones que participaron en el encuentro es la presencia de distintos tipos de extractivismo en la región amazónica. Identificaron que sus derechos son vulnerados y amenazados por proyectos de extracción y transporte de hidrocarburos, por la explotación de minerales de transición como el oro y el cobre, así como por la implementación de políticas públicas relacionadas con la transición energética. Una de las propuestas más relevantes al respecto fue generar una declaratoria multifactorial y plurinacional de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de minería, no solo como una consigna, sino como un horizonte político, social y ambiental para la protección de la vida en todas sus formas. Esta propuesta debe ser evaluada en el contexto de las distintas tensiones y realidades sociales de la región. 3. Garantías para una transición energética justa y popular La transición energética justa y popular fue otro de los puntos relevantes del encuentro. Las comunidades originarias y los pueblos indígenas plantearon la necesidad de descolonizar el concepto de transición energética y plantear un proceso que surja de ellas, que históricamente han sufrido los impactos del extractivismo. El llamado fue a implementar una transición energética donde se reparen estos impactos y se restauren los ecosistemas afectados Para lograr este objetivo son necesarios procesos de cierre y salida responsable de proyectos, además de procesos de transición que incorporen los más altos estándares de derechos humanos y la perspectiva de las comunidades afectadas. Los vacíos prácticos 1. Compromiso insuficiente de cooperación regional En la onceava versión del FOSPA se evidenció el escaso compromiso político de los gobiernos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), reflejado en la falta de acuerdos firmes y de mecanismos de participación efectiva. Esto favorece las políticas extractivistas y debilita la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los de la naturaleza. Es esencial que la OTCA revise y fortalezca sus estructuras para asegurar que los compromisos internacionales se implementen y que las comunidades panamazónicas tengan un rol activo y decisivo en la formulación de políticas. 2. Exclusión de los pueblos y comunidades originarias de las decisiones La exclusión de los pueblos indígenas y comunidades originarias amazónicas en los procesos de toma de decisiones es evidente. Esto conduce a políticas y acuerdos que no satisfacen sus necesidades y realidades. Un claro ejemplo de esto son las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático y biodiversidad, donde la representación indígena no es genuina o sustantiva, lo que resulta en que no se valore su conocimiento ancestral y su rol fundamental en la protección de la biodiversidad y del clima. 3. Ausencia de un mecanismo vinculante La implementación de acuerdos alcanzados en espacios como el FOSPA ha sido insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Este fue uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas y las comunidades originarias. Al no tener un carácter vinculante, y al no ser tan relevante para la perspectiva estatal, muchas de las solicitudes quedan enfrascadas en el terreno de lo declarativo. Aunque el FOSPA es esencial para la integración panamazónica y la construcción de alternativas desde los territorios, se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer su vínculo con las y los tomadores de decisiones, promover la participación activa de las comunidades y hacer del foro una plataforma de movilización y acción. El camino a recorrer El próximo encuentro del FOSPA será en dos años, pero la protección efectiva de la región panamazónica no puede esperar. En el corto plazo, es necesario realizar acciones concretas para mitigar los impactos en el ecosistema y adoptar medidas de cooperación regional para garantizar su protección integral y transfronteriza. Entre otras cosas, es necesario y urgente: Lograr un consenso regional y diseñar un plan para garantizar la declaratoria de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de toda forma de extractivismo. Coordinar una articulación andino-amazónica y costera para la defensa integral de los territorios, demandando acciones concretas contra la minería con un enfoque biocultural. Exigir marcos normativos de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en los Estados amazónicos y en los países de origen de las empresas para obligar a estas a cumplir con estándares internacionales en estas dos áreas. Instar a los Estados a que apliquen los principios de prevención y de precaución y que eleven su estándar en los proyectos que puedan tener impactos en la Amazonía. Diseñar un mecanismo de cierre y salida de los proyectos asociados a la extracción de combustibles fósiles en la región amazónica. Garantizar la participación activa, representativa y vinculante de las comunidades y pueblos panamazónicos en los foros internacionales donde se decide acerca de la naturaleza, por ejemplo en próxima Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP16 en Colombia) y las próximas Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29 en Azerbaiyán y COP30 en Brasil). *Vania Albarracín Silva es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA y José David Castilla Parra es abogado del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
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Por Liliana Ávila y Marcella Ribeiro* La cita fue del 25 al 29 de mayo en Manaos, la ciudad amazónica más grande de Brasil, donde el caudaloso río Amazonas nace cuando las aguas oscuras del río Negro confluyen con las de tonalidades más claras del Solimões. Allí llegó una delegación de siete comunidades y de una red de personas trans y no binarias, proveniente de diferentes rincones del continente, para decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dónde son, cuál es el territorio y el espacio vital que ocupan; cómo la crisis climática y la injusticia ambiental están afectando sus modos de vida; y lo que proponen para que el tribunal internacional contribuya a garantizar sus derechos ante la crisis global y ante las acciones para combatirla. Como sucedió en Bridgetown, Barbados —un mes antes—, Manaos fue la sede de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, un dictamen en el que la Corte aclarará las obligaciones que tienen los Estados del hemisferio para proteger a las personas, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, ante los impactos de la crisis climática. Las voces de los territorios Las audiencias orales son parte del proceso a través del cual el tribunal emite sus opiniones consultivas. En ellas, las y los jueces de la Corte escuchan a los Estados y a otros actores en intervenciones que no deben sobrepasar los 10 minutos. La historia de los pueblos y de sus luchas no caben en 10 minutos. Pese a ello, los testimonios de cada miembro de la delegación estuvieron llenos de sabiduría, de dignidad y de esperanza. Francis Cruz, representante de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático y residente del municipio de Marcovia, contó cómo el mar acabó con su casa y con su restaurante, todo lo que tenía. La erosión costera se llevó más de 12 metros de territorio en su comunidad, que dependía de la pesca y del turismo. De hecho, el municipio y otras localidades de la zona sur del país viven con la amenaza constante de fenómenos meteorológicos cuya intensidad y frecuencia se asocia con el clima cambiante y con la degradación ambiental que este provoca. La Corte supo también que la extracción de hidrocarburos mediante fracking en la provincia de Mendoza, Argentina, limita las capacidades de resiliencia de las comunidades mapuches frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona. Así lo explicó Gabriel Jofré, vocero de la Organización Identidad Territorial Malalweche, quien puso en valor los conocimientos tradicionales del pueblo mapuche como fuente de respuestas a su situación de vulnerabilidad climática. En su testimonio, Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia), retrató cómo es vivir en Quintero y Puchuncaví, Chile, un lugar altamente contaminado que se transformó para siempre en un complejo industrial con termoeléctricas, petroleras y plantas químicas, donde los proyectos de transición energéticas están agravando el problema. "El cambio climático nos afecta como a todos, pero más aún porque ya estamos en una situación de vulnerabilidad ambiental. También nos afectan las políticas y medidas que el gobierno adopta en sus intentos de hacer frente a la crisis climática porque nos vuelven a sacrificar a nosotros. Vuelven a ofrecer nuestros territorios para poner las industrias dañinas que supuestamente resolverán el problema. No hay información, no hay participación, no hay posibilidad de defensa", dijo. A nombre de la organización Mujeres Unidas en Defensa del Agua: Lago Titicaca Perú-Bolivia, María Eugenia Millares, habló de la contaminación del lago y de cómo los cambios de temperatura impactan la siembra, los ciclos de producción de alimentos y su conservación. Enfatizó el rol de las mujeres: "Nuestra capacidad de adaptación es cada vez más baja en la medida en que perdemos nuestros medios de subsistencia en razón de la crisis climática y la omisión estatal. Pero sabemos que podemos cambiar esta situación. Nosotras, las mujeres, que somos las más impactadas porque usamos el agua para el hogar y otras actividades, debemos ser escuchadas y reconocidas en nuestro rol en rescatar el lago y su vida". También intervino en la audiencia Angelica Ortiz, en representación de las comunidades La Gran Parada y El Rocío —ubicadas en el departamento de La Guajira, Colombia— y de la Organización Fuerzas de Mujeres Wayuu. Evidenció la realidad del pueblo indígena Wayuu, cuyas posibilidades de adaptación a la emergencia climática se han reducido en medio de una situación de vulnerabilidad económica, crisis hídrica, décadas de explotación de carbón y, recientemente, de proyectos de energía eólica que se desarrollan en sus territorios sin haberles consultado. "No sabemos cuándo llueve, por eso tampoco sabemos cuándo sembrar". La Corte escuchó además el caso de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistema que ha perdido más del 90 % de sus glaciares por el calentamiento global. "Nuestra Madre está enferma, la crisis climática es la enfermedad que hemos causado a la madre y que hoy nos manda el mensaje", dijo Jaime Luis Arias, Cabildo Gobernador del Pueblo Kankuamo. Entre otras cosas, la crisis climática amenaza el sistema de conocimientos ancestrales de estos pueblos, sus prácticas tradicionales y su vida espiritual. Finalmente, Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, habló de los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Exhortó a que el dictamen de la Corte para esclarecer las obligaciones estatales de protección de los derechos humanos ante la emergencia climática sea coherente con las realidades de discriminación y violencia estructural que enfrentan estas poblaciones. Aportes desde las vivencias y los saberes Las y los integrantes de la delegación viajaron a Manaos no solo para contar las problemáticas que les aquejan. Como agentes de cambio, también llevaron propuestas concretas de cómo afrontar la crisis climática con urgencia, a partir de sus saberes y experiencias, y respetando los derechos humanos. Sus propuestas son un grito de esperanza que confían sea escuchado por la Corte. Son un llamado a replantear las causas estructurales del desequilibrio natural y espiritual; así como a detener las afectaciones a la Madre Tierra, a sus elementos sagrados, órganos y sistemas vitales. Entre muchas otras cosas, propusieron: Establecer la declaratoria de protección integral de los territorios étnicos y campesinos, así como ecosistemas, con alto grado de vulnerabilidad a causa de la crisis climática. Fortalecer las capacidades de adaptación de las poblaciones a través del conocimiento ancestral, el monitoreo comunitario y otros mecanismos que aseguren a sus habitantes resiliencia climática. Reconocer la validez del conocimiento ancestral y ordenar a los Estados fortalecer las capacidades de la población para vigilar y cuidar los ecosistemas como una forma de promover la adaptación climática. Que los planes de prevención, preparación, respuesta, recuperación y adaptación ante desastres climáticos cuenten con perspectiva de género y garanticen servicios e insumos relacionados con la salud en general, y sobre todo sexual y reproductiva, de mujeres, niñas y personas LGBTQ+. El encuentro de los pueblos del continente americano en el proceso de elaboración de la opinión consultiva de la Corte Interamericana es más que un trámite y una presentación de 10 minutos. Es ante todo una apuesta por la esperanza, una reafirmación de que la lucha contra la crisis climática será con y para los pueblos o no será. En AIDA apoyamos a que diferentes comunidades de la región lleven su voz al proceso con su participación en las audiencias de Bridgetown y Manaos, además de con la presentación de escritos legales a la Corte resaltando las diversas las afectaciones socioambientales de la emergencia climática y propuestas valiosas para su abordaje. Esta experiencia refleja nuestra apuesta por la construcción de procesos éticos, colectivos y horizontales junto a comunidades de América Latina para potencializar el alcance de sus voces y promover la renovación del derecho internacional desde sus conocimientos. Para el equipo de AIDA es fundamental ser puente entre personas defensoras que luchan diariamente por la vida. Buscamos cambiar las lógicas tradicionalmente excluyentes de los espacios internacionales de decisión, promoviendo el intercambio de conocimientos diversos y trabajando para que las decisiones acerca de la naturaleza incorporen la voz de quienes realmente la resguardan y viven en armonía con ella. *Liliana Ávila es directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Marcella Ribeiro es abogada sénior del programa.
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El almacenamiento de energía eléctrica en baterías es una de las integraciones técnicas que pueden impulsar la transición energética justa, maximizar el desarrollo de energías renovables y mitigar la crisis climática, así como dar flexibilidad, resiliencia y seguridad a los sistemas eléctricos. La regulación debe promover la integración de nuevas personas usuarias en el esquema de generación distribuida. En el contexto actual de la crisis climática y la necesaria transición energética justa hacia fuentes de energía limpia, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) comentarios respecto del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 6 de mayo de 2024 en el portal web de la Conamer. Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica son relevantes para la mitigación de la crisis climática, la resiliencia y la seguridad del sistema eléctrico, así como para la promoción de esquemas descentralizados como la generación distribuida porque apoyan la integración de energías renovables y sirven como respaldo crítico durante cortes de red o emergencias. En ese sentido, los comentarios presentados plantean que es esencial que el marco regulatorio establezca bases regulatorias flexibles y adecuadas que incentiven la participación de los SAE y se adapten a los avances tecnológicos. Por lo tanto, las organizaciones recomiendan: Omitir el término "intermitente" al referirse a la energía renovable, pues no existe en la regulación una definición de lo que debe entenderse por una central eléctrica intermitente. Además, es importante recordar que el objetivo de las disposiciones debe ser promover la expansión de las energías renovables y la sustitución de combustibles fósiles, por lo que usar el término "intermitente" puede ser peyorativo. Que los sistemas de almacenamiento puedan integrarse al sistema como activos de transmisión para no contradecir las Bases de Mercado, mismas que ya los contemplan. Considerando la rápida evolución tecnológica, abrir el listado de modalidades de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE), habilitando la incorporación de modalidades emergentes previa aprobación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Establecer la posibilidad de que los desarrolladores de SAE, aun cuando se trate de sistemas de almacenamiento, tengan la facultad de decidir si desean participar o no en el mercado eléctrico y en función de esta decisión determinar la necesidad de implementar los sistemas de medición y comunicación requeridos. Tratar como una modificación técnica la instalación de un SAE cuando este tenga una capacidad pequeña respecto de la capacidad de la central, de forma que sea tratado únicamente como una mera actualización y no se requiera tramitar una modificación a un permiso existente. Omitir la limitación de la participación de los SAE en la prestación de Servicios Conexos y, en su lugar, replicar y desarrollar la disposición de las Bases de Mercado que sí lo permite. Restringir el requerimiento de descarga de los SAE, de las Centrales Eléctricas Renovables, a los supuestos establecidos en el Código de Red. Eliminar la prohibición de que los SAE instalados en los centros de carga de los usuarios no inyecten energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión (RNT) o a las Redes Generales de Distribución (RGD), ya que no existe ninguna restricción técnica que lo impida. Aclarar si un SAE No Asociado con una capacidad menor a 0.5 MW sería considerado como Generador Exento sin necesidad de tener un permiso, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica. De lo contrario, esto podría constituir un trato discriminatorio si se busca equiparar regulatoriamente el almacenamiento con el régimen de generación eléctrica. Reconsiderar la limitación de que los SAE No Asociados proporcionen Servicios Conexos pues actualmente las Bases del Mercado ya lo permiten. Aplicar de manera uniforme la tarifa regulada para los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista independientemente de si el servicio es proporcionado por un SAE o por centrales eléctricas. Para que esta regulación sea exitosa, es necesario eliminar barreras innecesarias para el desarrollo de estos sistemas de almacenamiento. Esto incluye reconocer las capacidades y potencial de los SAE en diferentes modalidades, permitir la oferta de servicios conexos desde el primer momento y asegurar que los requisitos técnicos y financieros no sean prohibitivos para los desarrolladores de pequeños sistemas. Además, es esencial que las disposiciones regulatorias no sean regresivas y que se promueva un marco que permita a los SAE competir en igualdad de condiciones con otras tecnologías y fuentes de generación. La integración de los SAE como activos de transmisión y distribución, así como su capacidad para inyectar energía en la red, son aspectos que deben ser considerados para garantizar una transición energética limpia, eficiente, sostenible, justa y descentralizada. Firman: Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (AJUVES) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Earthjustice Nuestro Derecho al Futuro, A.C. (Nuestro Futuro, A.C.) Ombudsman Energía México (OEM)
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