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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz amenaza el ecosistema, que alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México. A más de dos años del fallo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la adopción de varias medidas para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano y los diversos ecosistemas afectados por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continúa incumpliendo la sentencia, poniendo en riesgo al arrecife más grande del Golfo de México y sus servicios ambientales. Así lo denunciaron las organizaciones ambientales Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice. El Sistema Arrecifal Veracruzano —Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar desde 2004— alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México y es el hogar de varias especies en peligro crítico como la tortuga carey. Los arrecifes son de alta importancia para la comunidad veracruzana porque protegen a la costa de huracanes y sostienen la pescaría y turismo local. El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender al arrecife veracruzano y otros ecosistemas relevantes de los impactos de la ampliación portuaria. El máximo tribunal determinó que la Semarnat violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos al encontrar varias deficiencias graves en la aprobación del proyecto. Como consecuencia, la Corte ordenó revocar los permisos para el proyecto, así como reevaluarlo de manera integral, holística y completa, tareas que la Semarnat aún no ha cumplido. "Hoy, el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín sigue violentado porque la Semarnat, al volver a evaluar el proyecto portuario en materia de impacto ambiental en 2022, usó información científica desactualizada, pues no se hizo una nueva manifestación de impacto, y toleró la fragmentación del proyecto, al permitir que la canteras de roca para las escolleras quedarán fuera", señaló Francisco Xavier Martínez Esponda, co-coordinador de TerraVida, organización que representa a quienes interpusieron la demanda. "En pocas palabras, no se evaluó el proyecto de manera completa y holística, como ordenó la Corte, y por lo mismo seguimos desconociendo el verdadero riesgo ambiental que supone el proyecto". La autoridad ambiental había autorizado el proyecto de forma fragmentada, dividiéndolo en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Lejos de cumplir lo establecido en el fallo, el 30 de diciembre de 2022, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de nuevo la ampliación del puerto de Veracruz, de forma condicionada, pero una vez más de manera fragmentada, sin integrar adecuadamente información basada en la mejor ciencia disponible y sin permitir la participación de las personas. En su decisión, el máximo tribunal dispuso además que la Semarnat estaba obligada, entre otras cosas, a requerir y gestionar asistencia técnica internacional para preservar el sitio en el marco de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección y uso sostenible de humedales y áreas costeras. A la fecha, la Semarnat no ha concretado este apoyo internacional. "A falta de gestiones idóneas y significativas del gobierno, existe un evidente retraso para concretar el asesoramiento de peritos de la Convención Ramsar”, dijo Jorge Lu Palencia, abogado de AIDA. “Resulta paradójico que la ampliación del puerto se haya autorizado estando aún a la espera de una evaluación técnica e independiente que, por su naturaleza, debería ser previa a cualquier decisión que ponga en riesgo al ecosistema". Por otro lado, un análisis científico elaborado por investigadores independientes concluyó que las medidas de mitigación de daño ambiental propuestas por el promovente del proyecto —la Administración del Sistema Portuario de Veracruz— no podrán evitar las consecuencias adversas sobre el arrecife veracruzano porque no hubo una evaluación científicamente válida para cuantificar los impactos. El análisis científico da cuenta que la autoridad ambiental no ha estudiado la totalidad de los arrecifes sumergidos ni emergidos que están dentro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Asimismo, realizó actividades de dragado y no consideró el impacto directo que ocasionó en las especies de invertebrados que habitan los sedimentos marinos. Ante la situación, es necesaria una evaluación externa, como la que pueden brindar centros públicos de investigación. Por estas razones, las organizaciones, en distintos momentos, han solicitado al Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz —a cargo de determinar el cumplimiento de la sentencia— que no permita la repetición de las violaciones que la Suprema Corte ordenó reparar y que por lo mismo no tenga por cumplido el fallo hasta que se corrijan estas situaciones. Contactos de prensa Gabriela Sánchez, TerraVida, [email protected], +52 5511429935 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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En el marco de la vista in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) visitó el pasado 24 de julio el territorio del pueblo maya Poqomam —en el municipio de Santa Cruz Chinautla, al norte de la capital del país— que sufre graves impactos por la contaminación proveniente de grandes cantidades de desechos sólidos y de las aguas residuales domiciliares e industriales, que se generan en el área metropolitana y que llegan a los ríos Chinautla, Tzaljá, Las Vacas y luego al río Motagua. La contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 18 mil habitantes de Santa Cruz Chinautla. El problema se ve agravado por vertederos ilegales de basura domiciliar y de desechos de construcción (ripio) que ingresan al municipio diariamente en decenas de camiones. Y se intensifica a causa de la extracción de minerales de los ríos por parte de empresas areneras y de la explotación de los cerros para productos de construcción. En la visita, el relator Javier Palummo escuchó a líderes y lideresas de la autoridad ancestral, la alcaldía indígena y las comunidades de Chinautla y Quetzalito, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales, exponer acerca de los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura en el territorio. Estas personas también informaron del abandono histórico del Estado de Guatemala, que refleja la discriminación sistemática al pueblo Poqomam, así como la tolerancia y protección para empresas que explotan y degradan el territorio. La información brindada visibilizó además la situación de las comunidades ribereñas que habitan en la cuenca del río Motagua, en especial, aquellas que viven en la desembocadura del caudal hacía la costa atlántica, donde se encuentra el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En una conferencia de prensa, al cierre de la visita, el relator expresó su preocupación por la situación de derechos humanos de la población guatemalteca y de quienes han sido víctimas de una discriminación estructural por el manejo de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y el cambio climático. También mencionó los desafíos derivados de la debilidad del marco legal hídrico y en particular de la ausencia de una ley de aguas. Las autoridades ancestrales agradecen a la CIDH y a la REDESCA la visita a su territorio. Ratifican las peticiones realizadas junto con miembros de la sociedad civil para que la CIDH haga recomendaciones dirigidas a que el Estado de Guatemala atienda la situación crítica que vive el pueblo maya Poqomam y detenga la violación de sus derechos a través de acciones en el corto y largo plazo. Dentro de estas acciones, se destaca la necesidad urgente de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de prevenir y cortar los daños ambientales desde la fuente, a través de la regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua. Particularmente, se espera que: Se detenga el avance de las actividades extractivas, estableciendo un alto a la emisión de licencias mineras; Se cierren los vertederos clandestinos, brindando vigilancia para evitar su reapertura. Se fortalezca la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales para que se implementen de manera oportuna los sistemas de tratamiento completos por parte de las municipalidades; y Se inicien las acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca del Motagua, incluyendo medidas legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico que garantice la protección de las aguas y los territorios. Firman: Autoridades ancestrales del pueblo Poqomam de Santa Cruz Chinautla
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Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los planes que cada país elabora para hacer frente a la crisis climática en el marco del Acuerdo de París. En ellas los países se comprometen a cumplir con metas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y avanzar en la adaptación a la crisis climática, incluyendo —idealmente—, las formas en que financiarán dichas acciones. El Acuerdo de París, donde se originan las NDC, es un tratado internacional jurídicamente vinculante para combatir el cambio climático que entró en vigor el 2016, luego de ser firmado por 195 países. Así, las NDC constituyen la vía para lograr los objetivos del acuerdo, que son: Garantizar que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga muy por debajo de los 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Aumentar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Adecuar el financiamiento a las necesidades de los países para alcanzar estos objetivos. Cada país es libre de decidir y comprometer en sus NDC cuánto y cómo mitigarán sus emisiones y de qué forma buscará la adaptación, basándose en sus capacidades y circunstancias. En este sentido, las NDC refuerzan los objetivos mundiales pactados para enfrentar la crisis climática y contienen los compromisos específicos de los países para alcanzarlos. Además, constituyen planes a corto y mediano plazo —con respaldo político— en áreas cruciales no solo para estabilizar el clima, sino también para impulsar el desarrollo sostenible y afrontar otras crisis globales como la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Los países que han suscrito el Acuerdo de París deben presentar sus NDC a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y actualizarlas cada cinco años con metas cada vez más ambiciosas, en función de sus propias capacidades. Las conferencias de las partes (COP), órgano de toma de decisiones de la Convención, establecen las guías para que los países cumplan con estos compromisos. Las primeras NDC fueron presentadas en 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París, y su primera actualización ocurrió en 2020. El próximo año, los países deben actualizarlas nuevamente con metas a 2030 y 2035. Dada su relevancia para la acción climática mundial y la cercanía de la segunda actualización, ahondaremos en aspectos relevantes de las NDC. El contenido de las NDC En sus NDC, los países presentan un análisis proyectado de los riesgos e impactos climáticos, además de compromisos específicos de reducción de GEI y de adaptación a los impactos. Esto se traduce en metas cuantitativas o cualitativas, plazos y acciones en sectores prioritarios como agricultura, agua, biodiversidad, bosques, energía, gestión de riesgos, industria, infraestructura, pesca, salud, transporte, turismo y zonas costeras, entre otros. La mayoría de los países incluyen presupuestos aproximados para alcanzar sus objetivos y muchos países en desarrollo hacen referencia al apoyo que requieren —financiero, de transferencia de tecnología y/o de construcción de capacidades— para implementar alguna o todas sus medidas. En una NDC, las metas que se pueden alcanzar sin ayuda externa se llaman "no condicionadas" y las que dependen de ese apoyo se denominan metas "condicionadas". Algunos ejemplos de los compromisos de las NDC pueden ser: Reducir al 2030 el 22% de sus emisiones de GEI con recursos propios (meta de mitigación no condicionada). Incrementar la reducción de GEI hasta un 36%, pero sujeto a un acuerdo global que incluya cooperación técnica y transferencia de tecnología, así como al acceso a recursos financieros de bajo costo (meta de mitigación condicionada). Incrementar al 2030 la capacidad adaptativa de la población ante el cambio climático y disminuir la alta vulnerabilidad en 160 municipios (meta de adaptación no condicionada). El avance de las NDC Según el World Resource Institute, los compromisos actuales de reducción de emisiones de las NDC presentadas por los países están lejos de la ambición necesaria para lograr los objetivos del Acuerdo de París pues, aún si se cumplieran a cabalidad, nos llevarían a un aumento de temperatura de entre 2,5 y 2,9 °C. Más optimistas, los datos de la iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoya al 85 % de los países en la elaboración de sus NDC, dan cuenta que los países más vulnerables están logrando avances tangibles de ambición. Por ejemplo, los países africanos muestran un compromiso más firme que el de la media mundial en sus metas relativas a resiliencia climática, en el aumento de sus esfuerzos de transparencia y en la inclusión de la transición justa; mientras que las NDC de los países de América Latina y el Caribe registraron niveles elevados de inclusividad y responsabilidad entre las partes interesadas, en comparación con la media mundial. Aunque la mayoría de los países de América Latina tienen en sus NDC planes de reducción de emisiones de GEI, de adaptación y de fomento a la energía renovable, continúan dependiendo de la explotación de petróleo, gas y carbón, por lo que sus compromisos climáticos actuales son insuficientes. Derechos humanos y enfoque de género en las NDC Si bien la crisis global es una amenaza para toda la humanidad, sus impactos afectan de manera desproporcionada a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, que tienen menos capacidad para afrontarlos. Es el caso de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de poblaciones campesinas y rurales. Además, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "las mujeres están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático, debido a la discriminación de género, las desigualdades y los roles de género que las inhiben". Uno de los principales impactos negativos de la crisis climática en las mujeres es que exacerba la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, profundizando así desigualdades estructurales existentes. Por lo dicho antes, es imprescindible que los Estados incorporen el marco de derechos humanos y la perspectiva de género en la formulación de sus políticas climáticas, una necesidad reconocida por diversos instrumentos y tratados internacionales. Esto implica que los Estados —en la elaboración, implementación y seguimiento de las NDC— sean coherentes con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna y con un enfoque de género e interseccional, potenciando así la capacidad de acción efectiva de las personas y comunidades frente a la crisis climática, en especial aquellas que históricamente han sido marginadas. Asimismo, las NDC deben garantizar los derechos de las futuras generaciones y la integridad a largo plazo de los ecosistemas. Lo que viene La ronda de NDC del próximo año debe estar orientada a concretar el compromiso alcanzado en la vigésimo octava Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28) de eliminar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Dado que esta nueva ronda abarcará metas hasta 2035 —marcando el punto medio entre 2020, cuando los países empezaron a implementar sus NDC y 2050, el año acordado para alcanzar el objetivo global de cero emisiones netas—, los compromisos que se presenten son cruciales para alinear las acciones a corto plazo con los objetivos a largo plazo. Ante impactos climáticos que ocurren aceleradamente y con consecuencias cada vez más graves, es urgente tener NDC con la ambición suficiente para aportar a la reducción drástica de emisiones, a una mayor adaptación, a la atención adecuada de las pérdidas y daños ya ocasionados, así como a un incremento significativo del financiamiento climático. Más información Para saber más del avance de los compromisos climáticos de cada país, puedes: Consultar la base de datos de la CMNUCC, que cuenta con la lista de países que han presentado sus NDC y la fecha en que lo hicieron. Consultar la información generada por Climate Action Tracker, que hace seguimiento a la acción climática de los gobiernos, comparándola con los objetivos del Acuerdo de París. Conocer NDC LAC, una herramienta digital que proporciona información del avance en la implementación y actualización de las NDC en América latina y el Caribe. Fuentes - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, "Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). El Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional". - Naciones Unidas, "Todo sobre las CDN". -World Resources Institute, "Next Generation NDCs. Accelerating climate action under the Paris Agreement". - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "¿Qué son las NDC y cómo impulsan la acción climática?". - Verónica Méndez Villa y Daniela García Aguirre, "Derechos humanos y perspectiva de género en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en América Latina", Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). - Inter Press Service, "América Latina llega a la COP28 con ambiciones para sus metas insuficientes".
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