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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La primera vez que escuché acerca de la misteriosa “isla de basura” me sorprendí muchísimo. ¿Cómo puede una enorme mole flotante, tan grande como un país, pasar desapercibida en el océano sin que esté en boca de todos? Increíblemente muchas personas ni siquiera han oído de la existencia de este “séptimo continente” que crece cada día, convirtiéndose en el vertedero más grande del planeta. ¿Una sopa de qué? El Gran Parche de Basura del Pacífico, como se le conoce oficialmente, es uno de los cinco vertederos flotantes que pululan en el mar. Fue el primero en ser descubierto y el más grande. Se ubica en medio del Océano Pacífico, entre los estados de Hawaii y California (Estados Unidos), a unos mil kilómetros de la costa de Hawái. El tamaño de la mancha es difícil de determinar: los estimados van desde los 15 mil kilómetros cuadrados (equivalentes a la superficie de la Antártida y a un 8.1% de la superficie del Océano Pacífico) hasta los 700 mil kilómetros cuadrados (casi la superficie de Chile). Pero permítanme explicar un poco más este insólito y triste fenómeno. La “isla de basura” no se asemeja a una isla sólida como tal, ni a una sábana flotante. Se trata más bien de una sopa de partículas plásticas flotando en lento espiral. Lo que sucede es que por las corrientes del océano las miles de toneladas de basura que llegan al mar, especialmente plástico, se juntan y rotan, formando una especie de remolino gigantesco que gira lentamente impidiendo que la basura se disperse. Esta sopa tiene de todo: redes de pesca abandonadas, botellas de plástico, tapas, cepillos de dientes y zapatos, entre otros desperdicios. Pero en su mayoría está compuesta por pequeñas partículas de plástico que se han generado a partir de pedazos más grandes por la degradación que causan las olas y el sol. Esta gigantesca masa se mantiene debajo de la superficie del agua, formando una columna que se estima alcanza los 30 metros de profundidad. Paradójicamente, resulta que a pesar de su enorme extensión, la mancha de basura no es fácil de visualizar y de hecho no ha sido captada en imágenes satelitales. El colmo es que al encontrarse en aguas internacionales, ninguna nación se hace cargo del fenómeno. Los buques turísticos le hacen el quite y sólo quedan ambientalistas y científicos preocupados por la situación. Se trata, por tanto, de un gigante desapercibido que crece lenta y constantemente en tierra de nadie, sin Dios ni ley. Un descubrimiento casual En 1988, expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Gobierno de EEUU predijeron la existencia de la mancha de basura en el Pacífico Norte por el sistema de corrientes marinas del lugar. Sin embargo, fue el investigador oceánico Charles Moore quien, una década más tarde, certificaría su presencia real y la bautizaría como la "Eastern Garbage Patch" ("Mancha de Basura Oriental"). En julio de 1997, el capitán Moore navegaba la zona en su velero cuando se encontró con kilómetros y kilómetros de hojuelas sintéticas e inmensas masas de basura flotando en el mar. El estadounidense tardó una semana en atravesar la acumulación de desechos. Moore, que en 1994 había fundado la fundación Algalita Marine Research (en inglés) —enfocada en la protección y restauración de los bosques de algas y humedales de la costa de California—, cambió drásticamente de rumbo, tras su descubrimiento, para dedicarse a la difusión y concientización respecto de la mancha de basura (Vea la charla de Moore en TED, en inglés). Expediciones a la isla olvidada Desde su descubrimiento, ha habido varias expediciones científicas a ésta y las demás islas de basura. Lamentablemente, lo denunciado luego de esos viajes aún no ha tenido suficiente repercusión fuera del ámbito ecológico. Nadie parece hacerse responsable ni emprender acción alguna. La última expedición se realizó el pasado mayo en un buque llamado L´Elan y con integrantes de la Sociedad de Exploradores de Francia (en francés), asesorados por el Capitán Moore, a bordo. Los resultados de la misión aún no se han publicado. Esperemos que ahora, gracias a la eficiencia de las redes sociales para difundir información, el tema cause revuelo y sirva para que cada quien contribuya haciéndose consciente del plástico que consume. ¿Qué podemos hacer? Como ya dijimos, la mayoría de la basura que conforma la mancha se ha convertido en miles de millones de hojuelas de plástico, demasiado pequeñas para ser vistas. Ello hace muy difícil que se puedan limpiar los mares. Habría que pasar una red muy fina por toda la superficie, lo que perturbaría los ecosistemas llevándose también elementos cruciales como el plancton, alimento base de la vida marina. Además, para acceder a la zona contaminada se requieren recursos humanos y materiales costosos, pues estamos hablando de un minucioso trabajo que debe realizarse en pleno mar abierto. La tarea se torna más improbable si recordamos que la mancha está en aguas internacionales, donde ningún país es soberano (la tragedia de los comunes). Por ahora, y hasta dar con una tecnología que nos permita regresar en el tiempo, lo mejor y más sensato es dejar de producir tanta basura, limitando en especial nuestro consumo de plástico desechable. También es importante contribuir al conocimiento del problema para que la gente tome consciencia de los efectos del consumismo reinante, cambie su estilo de vida y eduque a los que en el futuro estarán a cargo del planeta. El plástico que abunda en la isla es un material que revolucionó al mundo en su momento. Hoy estamos rodeados del mismo: comemos y bebemos de él, lo usamos a diario y a cada momento, y está presente en casi todos nuestros artefactos. El plástico es un material casi milagroso: barato, efectivo y virtualmente indestructible. No se deshace, sólo se desintegra en partes cada vez más pequeñas. Su durabilidad significa que casi todas las moléculas de plástico que han sido fabricadas en la tierra permanecen en algún lugar del planeta. Ahora al menos tenemos una mejor idea de a dónde van a parar: a la isla de basura.
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Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “En el Perú, el escenario general de los confpctos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, la cual no ha imppcado, necesariamente, el establecimiento de medidas que generen una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad”. (Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial No. 156: Violencia en los confpctos sociales / Marzo de 2012) Perú es un país rico en recursos naturales, entre ellos minerales. Una muestra de ello es que, a junio de 2012, el 20.3% del territorio nacional estaba concesionado para actividades mineras, según un informe de la ONG Cooperación elaborado con datos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Hace algunas semanas, la Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer su Reporte Mensual de Confpctos Sociales Nº 112 correspondiente a junio de 2013. El informe da cuenta que en el país se registraron 223 confpctos sociales: 170 activos (76,2%) y 53 en estado latente (23,8%). A pesar de que hubo una disminución en el número de confpctos, respecto del mes anterior, el dato más revelador y consistente es que los confpctos socioambientales aún son los más numerosos: 145 a junio. De esa cifra —se detalla en el reporte— 105 casos están relacionados con minería, 18 con hidrocarburos, 8 con actividades energéticas y 4 con actividades forestales, entre otros. La Defensoría del Pueblo define el confpcto social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Sobre las causas En su informe Los Confpctos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú, presentado en 2007, la Defensoría del Pueblo identificó al menos cinco causas de los confpctos de ese tipo: Temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas; Situación de vulnerabipdad de las comunidades que habitan en las zonas donde se desarrollan esas actividades; Falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado para prevenir la contaminación y la degradación de su espacio vital; Actividades extractivas débilmente reguladas y controladas que pueden ser fuentes de contaminación que, muchas veces, se traducen en daños colaterales a terceros, imponiendo cargas o sobrecostos a actividades como la agricultura, cuya existencia y desarrollo pueden pepgrar por la disminución de la capdad y/o cantidad de agua disponible; e Impactos negativos de las actividades extractivas. Esas causas siguen tan vigentes hoy como en 2007. Sin embargo, las autoridades parecen ignorar tal situación y, por mencionar sólo algunos factores, el temor justificado de la población y la desconfianza en el Estado se siguen agudizando. Un ejemplo reciente: la implementación de la consulta previa En Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigor el 2 de febrero de 1995. Desde entonces nuestro país está obpgado a cumppr con sus disposiciones, mismas que garantizan, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta sobre temas que les afecten. El Convenio dispone también que estos pueblos pueden participar de manera previa, pbre e informada en los procesos de desarrollo y formulación de políticas que les afecten. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional peruano, el Convenio tiene rango constitucional. Sin embargo, su implementación era inexistente al punto de ser un derecho negado sistemáticamente en el país. Ante ello, el 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, promulgada y pubpcada el 6 de septiembre de 2011 y vigente desde diciembre de ese año. El Reglamento a la norma se pubpcó el 3 de abril de 2012 y entró en vigor un día después. No obstante, dichos instrumentos legales, que podrían ser vistos como actos de buena fe para implementar un derecho que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico, han sido duramente criticados por tener falencias técnicas y por reducir los estándares de protección alcanzados tras muchos años de lucha de los pueblos indígenas que se vieron cristapzados en el Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar dos hechos en torno a esas falencias: De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Consulta, éste appca sólo en actos posteriores a su aprobación. Esto quiere decir que durante los 16 años que transcurrieron entre la aprobación del Convenio 169 y la Ley de Consulta y su Reglamento, este último era un simple instrumento decorativo. Lo anterior desconoce además la Sentencia 00025-2009-PI/TC del Tribunal Constitucional, la cual señala específicamente que “[l]a exigibipdad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT”. Funcionarios del gobierno han señalado que la Ley de Consulta Previa no es vinculante. El propio Presidente de la Repúbpca dijo que esa norma “debe ser tomada como un instrumento que permite legitimar una inversión y no verse como un obstáculo”. Recordemos que en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la consulta es un principio general de derecho internacional. Es momento de estar alertas. La adecuada implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, pbre e informado es clave para avanzar hacia una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En un país donde los confpctos socioambientales, cuyas causas —algunas de ellas— fueron identificadas líneas arriba, están a la orden del día, es vital generar confianza y certidumbre en la población sobre la salvaguarda de sus derechos. De lo contrario, que no nos sorprenda el surgimiento de nuevos confpctos.
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Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Somos testigos de la ola más grande de urbanización de la historia. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que para el año 2030, 5,000 millones de personas vivirán en zonas urbanas (descargue el informe 2007 del Estado de la Población Mundial). Esto podría significar una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y luchar por la sostenibilidad ambiental, o podría crear más pobreza y acelerar la destrucción de los recursos naturales. Cuando hablamos de medio ambiente es fácil imaginar un paisaje verde o una playa soleada, el canto de los pájaros y algún animal silvestre corriendo libre. Pocas veces visualizamos un paisaje integrado por asfalto, tráfico, bocinas de automóviles y a nosotros mismos en el día a día. Olvidamos que el entorno urbano también constituye un ecosistema. La ecología urbana: el orden natural de las ciudades La ecología urbana es una disciplina científica relativamente nueva que busca comprender cómo los procesos ecológicos funcionan dentro de las áreas urbanas. A diferencia de otras ramas de la ecología, requiere la colaboración de las ciencias sociales y la economía para comprender a la especie que domina el entorno: el ser humano. En las ciudades, como sucede en otros ecosistemas, cada elemento contribuye a definir el sistema. Las características de los hábitats urbanos son determinadas por factores como el tráfico, la contaminación del aire, la densidad de población, los patrones de movilización, el mercado de bienes raíces, la infraestructura, el transporte y elementos naturales como la disponibilidad de agua, la topografía y la ubicación geográfica. Todo lo que rodea nuestra vida cotidiana —calles, aceras, parques, edificios, etc. — ha sido creado por el ser humano. En el documental Urbanized, (disponible en algunos países por Netflix) se analizan los retos del diseño de las ciudades, la interacción entre cada uno de los elementos y la forma en que este proceso influye en el ser humano. Vea un avance de Urbanized (en inglés). Fuente: YouTube Más allá del caos: construyendo ciudades sostenibles Cada vez surgen más iniciativas para promover ciudades sostenibles. En Estados Unidos —donde aproximadamente 250 millones de personas viven en espacios urbanizados—, los gobiernos locales han creado un proyecto llamado Herramientas de Sostenibilidad para Evaluar a las Comunidades (STAR, por sus siglas en inglés). A través del mismo, cada municipio puede evaluar la sostenibilidad de sus ciudades en áreas que van desde la infraestructura hasta la equidad y el empoderamiento. La ciudad se une al proyecto de forma voluntaria y utiliza una metodología de medición de sostenibilidad desarrollada por un grupo multidisciplinario. Para STAR, una ciudad sostenible debe: 1) Pensar y actuar como un sistema; 2) Buscar mayor resiliencia, entendida como la capacidad de las ciudades de adaptarse, recuperarse y evolucionar ante cambios en su entorno; 3) Promover la innovación y creatividad; 4) Medir el progreso a partir de la salud y bienestar de las personas, el ambiente y la economía; 5) Usar racional y sosteniblemente sus recursos; 6) Buscar la colaboración entre ciudades e inpiduos; 7) Promover la equidad y aceptar la persidad; 8) Inspirar liderazgo; y 9) Mejorar continuamente. Las urbes en crecimiento no se quedan atrás. En Costa Rica, por ejemplo, están en marcha proyectos como Enamórate de tu ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San José, la capital. Se han implementado estrategias para mejorar la seguridad, promover medios de transporte limpio como las bicicletas y actividades que unen a las comunidades y nos hacen disfrutar del entorno urbano. Las luces de las ciudades brillan cada vez más en todo el mundo. Es hora de pensar cómo queremos que nuestras ciudades sean. Nuestro ecosistema urbano puede ser una oportunidad importante para la movilización social (proceso social organizado y basado en el diálogo para mejorar las condiciones de vida), la educación y el empoderamiento de la población. Podría además ayudarnos a reducir nuestros impactos en las áreas naturales y en la biopersidad. Debemos aprovechar positivamente este reto y atrevernos a ver a las ciudades con otros ojos.
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