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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Jake Sully es un guerrero reclutado para una misión en un sitio denominado Pandora. Un consorcio corporativo está extrayendo un mineral que resolverá la crisis energética de la Tierra y su objetivo es infiltrarse entre los Na'vi, tribu que obstaculiza la actividad minera. La historia da un giro pues Jake aprende a respetar el modo de vida de los Na'vi y llega a comprenderlos. Lo descrito corresponde a la trama de Avatar, película que vi el fin de semana y a partir de la cual reflexioné sobre el problema de la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos hidroeléctricos. Las empresas y autoridades deben saber que lo que se busca con la consulta es la inclusión de los grupos vulnerables en la toma de decisiones gubernamentales. Además, las comunidades indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y, según el caso, a rechazar la construcción de hidroeléctricas en sus territorios o el uso que esos proyectos hagan de los recursos naturales con los que conviven desde sus ancestros. El Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los Estados están obligados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Y en su Artículo 7 establece que estos pueblos “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera (…)”. De lo anterior se desprende que los Estados deben diseñar, organizar y llevar a cabo la consulta. El problema es que aún no logran internalizar procesos transparentes para ello. Tres ejemplos de la falta de consulta en la región 1. Belo Monte La construcción de grandes represas aqueja a muchos pueblos indígenas en América Latina. En Brasil, por ejemplo, se construye la tercera hidroeléctrica más grande del mundo: Belo Monte. Las autoridades de ese país argumentan que proyectos de este tipo son baratos y de bajo impacto, pero no consideran los otros usos del río en los análisis de costo-beneficio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (al otorgar medidas cautelares) y el Comité de Expertos del Convenio 169 de la OIT (en la Observación CEACR 2011/82) establecieron que el Estado brasileño debió explicar el proyecto —de buena fe y de manera culturalmente apropiada— a las comunidades afectadas por la represa para llegar a un acuerdo con ellas. Los daños de la construcción de hidroeléctricas al ambiente son innumerables. Y en el aspecto humano, los pueblos indígenas pierden el acceso al agua en sus tierras ancestrales, a sus tradiciones, sitios sagrados y a su forma de vida (si por ejemplo se dedican a la pesca como actividad económica primaria). 2. Urra I En Colombia, la sentencia T652/98 bde la Corte Constitucional estableció lo siguiente respecto de la hidroeléctrica Urrá I: “El procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de la hidroeléctrica Urrá I fue irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele”. En este caso, la construcción de la hidroeléctrica ya se había consumado con perjuicios irreversibles. La justicia ordenó a la empresa Urrá indemnizar durante 20 años a cada indígena afectado de la comunidad Embera, “en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos”. Aunque dicha disposición se haya cumplido, el daño ya estaba hecho. 3. Las Cruces La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea construir la represa Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital en Nayarit, México. El proyecto tendrá una capacidad de 480 MW, divididos en dos turbinas y una cortina de 176 metros de alto y 445 metros de largo. Su construcción no sólo afectaría a Marismas Nacionales, sino también a los derechos de las comunidades Náyeri (Cora). Al momento, no sólo no se han realizado ejercicios de consulta previa, sino que se han celebrado asambleas ejidales ilegales para recabar el permiso necesario de los ejidatarios y comuneros para que la CFE continúe con sus estudios de exploración y factibilidad. La consulta previa va más allá de una simple reunión informativa con las comunidades afectadas o de la notificación a éstas. Los indígenas deben recibir información del proyecto de forma entendible, en su idioma nativo, conforme a sus costumbres e incluso participar en la preparación de la manifestación de impacto ambiental. Esto no ha sucedido en el caso de Las Cruces. Metodologías para evaluar impactos y consultar a las comunidades International Rivers publicó una Guía Ciudadana derivada del Informe de la Comisión Mundial sobre Represas para evaluar impactos de las grandes hidroeléctricas. Aunque no es una panacea, el documento contiene una valoración de impactos o riesgos y de derechos. Esta metodología se enfoca en evaluar la afectación al derecho de las comunidades con la construcción de la represa y busca la reducción de tal impacto. De otro lado tenemos el Protocolo para la Evaluación de la Sustentabilidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas, severamente criticado porque excluye la participación de representantes de comunidades afectadas y no hace énfasis en el consentimiento previo, libre e informado. El Protocolo tampoco utiliza lenguaje débil como “mejores prácticas”, lo cual permite al evaluador anotar una calificación en favor del proyecto y no de las comunidades. Además, la metodología no revisa detalladamente el desplazamiento, la compensación a las poblaciones afectadas, ni toma en cuenta las implicaciones en cuanto a cambio climático. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen sus recursos naturales. Sin consulta previa, no sólo se vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sino también el de los ciudadanos en general. Si los proyectos hidroeléctricos no son rentables, ¿quiénes pagarán los sacos rotos con sus impuestos? Al igual que Jake se abrió en Avatara entender una percepción diferente, la de la tribu Na´vi; el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre el cambio de vida que las grandes represas suponen también debe ser respetado y comprendido
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Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La primera semana de junio de cada año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) —formada por Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los 34 Estados que integran el organismo— se reúne para discutir y acordar temas prioritarios para el hemisferio. Este 2013, el tema central de la Asamblea fue “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”. La ciudad de Antigua, Guatemala, acogió el evento del 4 al 6 de junio. Además del tema central, se abordaron asuntos administrativos relevantes como la elección de Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aprobación de dos Convenciones contra la discriminación y por la tolerancia. Este año, como en 2012, tuve el honor de asistir a la Asamblea como parte de los observadores de sociedad civil. Mis objetivos ahora eran: 1) dar seguimiento al proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que finalizó en la Asamblea Extraordinaria de marzo pasado; y 2) contribuir a la inclusión del enfoque ambiental en el debate sobre la política de las drogas, aportando la experiencia adquirida en AIDA con el seguimiento a los programas de erradicación de coca y amapola en Colombia (1999-2007). A continuación comparto mis conclusiones acerca del evento desde cuatro ángulos: Lo que salió bien La Declaración de la Asamblea sobre la necesidad de evaluar la hasta ahora fallida política contra las drogas. Los Estados reconocieron sus impactos negativos en el ambiente y los derechos humanos, así como la importancia de tenerlos en cuenta en futuras iniciativas de solución. Se aprobaron y abrieron a firma la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia". Esperamos que ambas sean ratificadas y cumplidas por todos los Estados para erradicar así acciones que atentan contra la dignidad y la vida de cualquier persona. La culminación del proceso de “fortalecimiento” del SIDH, iniciado en 2011. Al respecto, me limitaré a recordar que, lejos de fortalecer, las propuestas de algunos Estados amenazaron con debilitar el Sistema (ver blog anterior). En marzo, se acordaron importantes reformas a la CIDH que se aplicarán desde agosto. Aunque sin estar vigentes esos cambios, algunos Estados buscaban otros más. Dado que una situación de eterna reforma está destinada al fracaso, fue positivo que por ahora los Estados no acordaran nuevas revisiones a la CIDH o a la Corte. También fue positivo el diálogo franco y abierto (aunque a veces duro) entre Estados, la CIDH, la Corte IDH, la sociedad civil y otros usuarios del Sistema. Muchos temas quedaron pendientes, pero lo importante es fortalecer un diálogo en el que usuarios e interesados en el SIDH participen efectivamente y en el que la verdadera protección de los derechos humanos sea la única guía. En cuanto a la elección de Comisionados a la CIDH, los seis candidatos presentaron sus propuestas el pasado 1º de mayo en un foro realizado en el Consejo Permanente. A pesar de la inconveniencia del día, el hemisferio (excepto el Norte) celebraba el Día de Trabajo, escuchamos a los candidatos (todos hombres esta vez) y conocimos sus perspectivas respecto de la CIDH. Esta práctica debería ser sistemática en todas las elecciones de la OEA. Lo que no me gustó La falta de claridad e interrupciones en espacios destinados a la sociedad civil. Reconozco que se han logrado avances hacia una mayor y más significativa participación de ese sector en la OEA, aunque los mecanismos aún distan de ser perfectos. Dos ejemplos de la Asamblea en Antigua, que espero evitemos en adelante, ilustran lo señalado: 1. Durante el diálogo de sociedad civil con el Sr. Insulza, Secretario General de la OEA, el representante de un Estado tomó la palabra. Sin importar el contenido de la intervención o qué gobierno lo haga, esto va en contra de la definición del espacio, abierto sólo al Secretario de la OEA y a los delegados de la sociedad civil. Es sin duda un punto a mejorar de inmediato. 2. En el diálogo entre sociedad civil y las y los Cancilleres, la situación se tornó compleja. Se acostumbra que por el poco tiempo disponible para las intervenciones (20 minutos en total esta vez), las organizaciones decidan antes los temas y oradores. En esta ocasión, un grupo de organizaciones insistía en tener la palabra aunque su tema no fue escogido. Pese a ello, se le dio la palabra a una persona adicional sin una coordinación y acuerdo previos. Aunque esto buscó dar voz a todas las perspectivas de un grupo perso, como lo es la sociedad civil, abrió la posibilidad de deslegitimar el esfuerzo de cientos de organizaciones para organizarnos, valga la redundancia. Además, el hecho conlleva el riesgo de que organizaciones o personas cuyos temas no hayan sido seleccionados por el resto, pero que sean cercanas a las cancillerías, participen más que otras. Lo que quedó pendiente… Lograr mayor participación de otros sectores de la sociedad civil como pueblos indígenas, campesinos y afro-descendientes; aunque, a diferencia del pasado, ahora hubo más presencia de éste último grupo, lo cual es positivo. Dar continuidad a la urgencia de que los Estados renueven y prueben su voluntad de cumplir con las decisiones del SIDH. Este tema, considero, es el gran elefante en la sala. Aunque es parte de las recomendaciones del Grupo de Trabajo que los propios Estados crearon para el “fortalecimiento”, ninguno de ellos ha vuelto a mencionar el asunto, el cual tampoco está en la Resolución que da por cerrado el proceso pese a ser un elemento fundamental para el verdadero fortalecimiento del Sistema. Esta Asamblea desafortunadamente evidenció de nuevo la falta de transparencia para la elección de Comisionados. Pese a lo rescatable del foro, mencionado arriba, los procesos participativos y transparentes de selección en cada país estuvieron ausentes. Durante la Asamblea, otra vez se aplicó el mecanismo tradicional en el que cada Estado nomina y hace campaña por su candidato. Ello se presta a la negociación diplomática de votos que al final son secretos, lo que minimiza la rendición de cuentas a la que todos tenemos derecho respecto de nuestros gobernantes. Lo más bonito Sin duda, la sede: Antigua. Las personas son increíblemente amables. Es una ciudad lindísima que con mucha razón fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está llena de rincones hermosos, arquitectura colonial, casas con balcones y jardines. Imponentes montañas la rodean y, entre ellas, mi favorita: el Volcán de Agua, a sólo 3 kilómetros y medio de la urbe. Pude disfrutar de una perfecta e inspiradora vista las mañanas que salí a correr bien temprano para despejar la mente y seguir pendiente de las importantes, aunque para mi gusto a veces lentas, discusiones. Compartir de cerca con personas respetadas como María José, mi colega en AIDA, y colegas de organizaciones de toda la región con quienes es un placer reencontrarse. La anterior es mi visión de la más reciente Asamblea General de la OEA. Me encantaría recibir sus comentarios, oír acuerdos y desacuerdos al respecto.
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Washington, D.C., Estados Unidos. Un total de 12 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, que realice una investigación formal sobre los impactos en los derechos humanos de la represa Barro Blanco, ubicada en el río Tabasará, Panamá. Las organizaciones panameñas e internacionales también solicitaron al Relator Anaya pedir al Gobierno de Panamá la suspensión inmediata de la construcción de la represa hasta tanto se hayan atendido completamente las amenazas a los derechos del pueblo indígena Ngäbe, afectado por el proyecto. La controversia sobre este proyecto recibió particular atención durante las negociaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, realizadas la semana pasada en Bonn, Alemania, ya que el proyecto Barro Blanco se encuentra registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un esquema de compensación de emisiones de carbono establecido bajo el Protocolo de Kioto. “La represa Barro Blanco afectará directamente al pueblo Ngäbe; sin embargo, ni siquiera fuimos consultados antes de que el proyecto fuese aprobado”, dijo Weni Bagama, una de las líderes Ngäbe del Movimiento 10 de Abril, un movimiento local que defiende el río Tabasará de los proyectos de desarrollo. En septiembre de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo una inspección en el área del proyecto y entrevistó a los miembros de las comunidades Ngäbe sobre los impactos del mismo. El informe de evaluación del PNUD confirmó que la represa provocará la inundación de casas y sitios religiosos, históricos y culturales en el territorio Ngäbe-Buglé. El informe también documentó los impactos del proyecto, incluyendo el hecho de que la represa convertirá el flujo del río Tabasará en un ecosistema de aguas estancadas, afectando la dieta y medios de subsistencia de los Ngäbe. “A pesar de las evidencias de que la represa tendrá graves impactos en el modo de vida y herencia cultural del pueblo Ngäbe, la construcción del proyecto continúa”, añadió Weni Bagama. “Pedimos al Relator Anaya que investigue la situación y haga todo lo que esté en sus manos para proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas”. “El foro público en donde se discutió el proyecto fue convocado como reuniones comunitarias sin informar claramente de su objetivo real, además no hubo representatividad de las comunidades indígenas afectadas”, dijo Tania Arosemena, Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Asimismo, señaló que “el proceso de consulta pública no cumplió con los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales correspondientes”. En el año 2011, CIAM presentó una demanda en representación de miembros del pueblo Ngäbe, solicitando la declaratoria de nulidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El caso se encuentra aún en espera de sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Varias de las organizaciones que se dirigieron al Relator Anaya también plantearon el caso durante las negociaciones de la ONU sobre cambio climático en Bonn la semana pasada. “El proyecto Barro Blanco ilustra la urgente necesidad de reforma del MDL”, dijo Alyssa Johl, abogada sénior del Center for International Environmental Law (CIEL). “Una vez que un proyecto ha sido registrado como MDL, las comunidades afectadas carecen de mecanismos para que sus preocupaciones sobre su impacto social y ambiental sean escuchadas. El régimen climático de la ONU debe establecer un proceso que permita a las comunidades reclamar los daños asociados a proyectos MDL, así como un proceso para la remoción del registro de proyectos que claramente violan las normas del MDL como es el caso del proyecto Barro Blanco”. “Dada la ausencia de un proceso de queja en el MDL y la falta de protección de los derechos del pueblo Ngäbe por parte del Gobierno panameño, las comunidades requieren el apoyo del Relator Anaya”, dijo Abby Rubinson, abogada asociada del Programa Internacional de Earthjustice. “Apreciamos los esfuerzos pasados del Sr. Anaya para involucrar al Gobierno de Panamá a fin de que éste brinde una respuesta a las preocupaciones de las comunidades Ngäbe, y le pedimos que continúe desempeñando su muy requerido rol para prevenir futuras violaciones”. Las organizaciones panameñas que firmaron la carta dirigida al Relator Anaya fueron CIAM, Movimiento 10 de Abril, la Asociación Ambientalista de Chiriquí. CIEL, Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva y Marin Interfaith Task Force on the Americas son las organizaciones internacionales que firmaron esta carta.
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