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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática
San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva.Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta.La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática."En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima".Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible.Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos.Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética.Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados.Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética.Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos".Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina."Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia.Lee y descarga la declaración Contactos de prensaMaria Frausto, CIEL, [email protected] Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292
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Siguen sin cumplirse las medidas ordenadas por la Suprema Corte para proteger el arrecife veracruzano
El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz amenaza el ecosistema, que alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México. A más de dos años del fallo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la adopción de varias medidas para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano y los diversos ecosistemas afectados por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continúa incumpliendo la sentencia, poniendo en riesgo al arrecife más grande del Golfo de México y sus servicios ambientales. Así lo denunciaron las organizaciones ambientales Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice. El Sistema Arrecifal Veracruzano —Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar desde 2004— alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México y es el hogar de varias especies en peligro crítico como la tortuga carey. Los arrecifes son de alta importancia para la comunidad veracruzana porque protegen a la costa de huracanes y sostienen la pescaría y turismo local. El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender al arrecife veracruzano y otros ecosistemas relevantes de los impactos de la ampliación portuaria. El máximo tribunal determinó que la Semarnat violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos al encontrar varias deficiencias graves en la aprobación del proyecto. Como consecuencia, la Corte ordenó revocar los permisos para el proyecto, así como reevaluarlo de manera integral, holística y completa, tareas que la Semarnat aún no ha cumplido. "Hoy, el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín sigue violentado porque la Semarnat, al volver a evaluar el proyecto portuario en materia de impacto ambiental en 2022, usó información científica desactualizada, pues no se hizo una nueva manifestación de impacto, y toleró la fragmentación del proyecto, al permitir que la canteras de roca para las escolleras quedarán fuera", señaló Francisco Xavier Martínez Esponda, co-coordinador de TerraVida, organización que representa a quienes interpusieron la demanda. "En pocas palabras, no se evaluó el proyecto de manera completa y holística, como ordenó la Corte, y por lo mismo seguimos desconociendo el verdadero riesgo ambiental que supone el proyecto". La autoridad ambiental había autorizado el proyecto de forma fragmentada, dividiéndolo en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Lejos de cumplir lo establecido en el fallo, el 30 de diciembre de 2022, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de nuevo la ampliación del puerto de Veracruz, de forma condicionada, pero una vez más de manera fragmentada, sin integrar adecuadamente información basada en la mejor ciencia disponible y sin permitir la participación de las personas. En su decisión, el máximo tribunal dispuso además que la Semarnat estaba obligada, entre otras cosas, a requerir y gestionar asistencia técnica internacional para preservar el sitio en el marco de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección y uso sostenible de humedales y áreas costeras. A la fecha, la Semarnat no ha concretado este apoyo internacional. "A falta de gestiones idóneas y significativas del gobierno, existe un evidente retraso para concretar el asesoramiento de peritos de la Convención Ramsar”, dijo Jorge Lu Palencia, abogado de AIDA. “Resulta paradójico que la ampliación del puerto se haya autorizado estando aún a la espera de una evaluación técnica e independiente que, por su naturaleza, debería ser previa a cualquier decisión que ponga en riesgo al ecosistema". Por otro lado, un análisis científico elaborado por investigadores independientes concluyó que las medidas de mitigación de daño ambiental propuestas por el promovente del proyecto —la Administración del Sistema Portuario de Veracruz— no podrán evitar las consecuencias adversas sobre el arrecife veracruzano porque no hubo una evaluación científicamente válida para cuantificar los impactos. El análisis científico da cuenta que la autoridad ambiental no ha estudiado la totalidad de los arrecifes sumergidos ni emergidos que están dentro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Asimismo, realizó actividades de dragado y no consideró el impacto directo que ocasionó en las especies de invertebrados que habitan los sedimentos marinos. Ante la situación, es necesaria una evaluación externa, como la que pueden brindar centros públicos de investigación. Por estas razones, las organizaciones, en distintos momentos, han solicitado al Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz —a cargo de determinar el cumplimiento de la sentencia— que no permita la repetición de las violaciones que la Suprema Corte ordenó reparar y que por lo mismo no tenga por cumplido el fallo hasta que se corrijan estas situaciones. Contactos de prensa Gabriela Sánchez, TerraVida, [email protected], +52 5511429935 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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CIDH visita Santa Cruz Chinautla, Guatemala, y alerta sobre la situación ambiental y social de la cuenca del río Motagua
En el marco de la vista in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) visitó el pasado 24 de julio el territorio del pueblo maya Poqomam —en el municipio de Santa Cruz Chinautla, al norte de la capital del país— que sufre graves impactos por la contaminación proveniente de grandes cantidades de desechos sólidos y de las aguas residuales domiciliares e industriales, que se generan en el área metropolitana y que llegan a los ríos Chinautla, Tzaljá, Las Vacas y luego al río Motagua. La contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 18 mil habitantes de Santa Cruz Chinautla. El problema se ve agravado por vertederos ilegales de basura domiciliar y de desechos de construcción (ripio) que ingresan al municipio diariamente en decenas de camiones. Y se intensifica a causa de la extracción de minerales de los ríos por parte de empresas areneras y de la explotación de los cerros para productos de construcción. En la visita, el relator Javier Palummo escuchó a líderes y lideresas de la autoridad ancestral, la alcaldía indígena y las comunidades de Chinautla y Quetzalito, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales, exponer acerca de los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura en el territorio. Estas personas también informaron del abandono histórico del Estado de Guatemala, que refleja la discriminación sistemática al pueblo Poqomam, así como la tolerancia y protección para empresas que explotan y degradan el territorio. La información brindada visibilizó además la situación de las comunidades ribereñas que habitan en la cuenca del río Motagua, en especial, aquellas que viven en la desembocadura del caudal hacía la costa atlántica, donde se encuentra el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En una conferencia de prensa, al cierre de la visita, el relator expresó su preocupación por la situación de derechos humanos de la población guatemalteca y de quienes han sido víctimas de una discriminación estructural por el manejo de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y el cambio climático. También mencionó los desafíos derivados de la debilidad del marco legal hídrico y en particular de la ausencia de una ley de aguas. Las autoridades ancestrales agradecen a la CIDH y a la REDESCA la visita a su territorio. Ratifican las peticiones realizadas junto con miembros de la sociedad civil para que la CIDH haga recomendaciones dirigidas a que el Estado de Guatemala atienda la situación crítica que vive el pueblo maya Poqomam y detenga la violación de sus derechos a través de acciones en el corto y largo plazo. Dentro de estas acciones, se destaca la necesidad urgente de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de prevenir y cortar los daños ambientales desde la fuente, a través de la regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua. Particularmente, se espera que: Se detenga el avance de las actividades extractivas, estableciendo un alto a la emisión de licencias mineras; Se cierren los vertederos clandestinos, brindando vigilancia para evitar su reapertura. Se fortalezca la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales para que se implementen de manera oportuna los sistemas de tratamiento completos por parte de las municipalidades; y Se inicien las acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca del Motagua, incluyendo medidas legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico que garantice la protección de las aguas y los territorios. Firman: Autoridades ancestrales del pueblo Poqomam de Santa Cruz Chinautla
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