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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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El día que la Corte Interamericana escuchó a víctimas de contaminación de La Oroya
No hay plazo que no se cumpla. Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta. “La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso. TESTIMONIOS VALIENTES En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado. “El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”. Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal. “Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma. “Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”. El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda. Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir. La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales. “No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años. La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año. “En Huancayo podía respirar”. Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días. Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería. Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro. “Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”. El camino a la justicia Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana. La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya. En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales: La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental, El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación, El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma. Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia. “El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos. De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización. Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses. La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina. “Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH. Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.
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Postales elaboradas en el marco de la campaña "Ser Agua" en México que explican en qué consiste la técnica del fracking y por qué su uso representa un peligro para la salud y para el ambiente. Conoce las afectaciones del fracking a la salud
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Posible, fortalecer la política climática en México
A días de que inicie la cumbre mundial de cambio climático, es necesario alinear y fortalecer dos instrumentos de política climática fundamentales: el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Organizaciones de la sociedad civil presentan el resultado de una serie de mesas de trabajo donde participaron más de 60 personas de organizaciones especialistas y académicos con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la política climática en el país. A pocos días de que se lleve a cabo la Conferencia de las Partes (COP27) de cambio climático en Egipto, organizaciones de la sociedad civil presentan una serie de propuestas para fortalecer las acciones que México puede llevar a cabo para contribuir de forma más ambiciosa y decidida a combatir la emergencia climática global, las cuales están plasmadas en el marco legal vigente: la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). Como se ha reiterado en diversas ocasiones, México es un país altamente vulnerable al cambio climático, 68% de la población es vulnerable y alrededor del 71% del producto interno bruto (PIB) está expuesto a sus efectos (INECC, 2021). Al mismo tiempo, es el doceavo emisor a nivel mundial de los gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el cambio climático (WRI, 2021). Es por esto que contar con políticas climáticas ambiciosas es más que necesario. Resultado de una serie de mesas de trabajo donde participaron más de 60 personas de organizaciones especialistas y académicos, se elaboró un documento que contiene propuestas encaminadas a fortalecer la política climática nacional en cuatro ámbitos: adaptación, mitigación, financiamiento y medios de implementación, el cual se presenta a unos días de que inicie la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como parte de los compromisos que ha adquirido ante la comunidad internacional, México tiene el mandato legal de contar con instrumentos de política pública que contribuyan a que la temperatura del planeta no se eleve por encima de los 1.5ºC. Dichos instrumentos deben respetar el principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, por lo que las metas climáticas deben ser más ambiciosas e incrementarse cada cinco años, pero respaldadas por acciones que puedan implementarse rápidamente para atender el llamado de urgencia. Para cerrar la brecha entre lo que México emite y su justa contribución a la reducción de emisiones global, se deben reducir las emisiones de GEI desde la fuente, priorizando en igual medida, la atención a los espacios de mejora en el desarrollo de mecanismos para hacer frente a los impactos climáticos presentes y futuros. Es a través de una política climática robusta que México puede hacer frente a la profunda inequidad e injusticia climática. Las recomendaciones destacan la necesidad de reducir las emisiones de metano del sector hidrocarburos; diseñar e implementar políticas transversales y multisectoriales, con enfoque de justicia climática y especial inclusión de los grupos históricamente excluidos como las mujeres, y pueblos y comunidades indígenas así como priorizar la transparencia en la implementación y evaluación de la política climática. Consulta el documento presentado por la sociedad civil: Del PECC a la NDC: elementos para robustecer los compromisos climáticos de México Referencias INECC, 2021. Tercer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. WRI, 2021. Global greenhouse gas emissions 2016 excluding land-use change and forestry (LUCF) from Climate Watch. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +525570522107
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