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Respirar aire limpio debería ser un derecho humano: Relator Especial de la ONU
Incluso en un día despejado, la contaminación del aire en Bogotá puede ser tan intensa que el cielo se ve envuelto en una pálida neblina que se cierne sobre la ciudad. En la capital de Colombia, como en muchas urbes del continente, el aire contaminado se ha convertido en parte de la vida diaria. Pero no debería ser así. En un reciente informe, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, dijo que respirar aire limpio debería ser considerado un derecho humano. Aunque la mayoría de los países ha reconocido el derecho a un ambiente sano, el derecho al aire limpio todavía no goza de un reconocimiento mundial. La contaminación atmosférica es un asesino doble: no sólo es uno de los riesgos más grandes para la salud pública mundial, también agrava la crisis climática. Por tanto, los Estados y las instituciones e instancias de derechos humanos debe incluir en la legislación las recomendaciones del Relator. Porque combatir la contaminación del aire es lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud pública y, al mismo tiempo, salvar al planeta. Contaminación del aire: un asesino doble Más de 6.000 millones de personas alrededor del mundo, incluidos 2.000 millones de niños y niñas, respiran un aire nocivo para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La contaminación del aire, interior y exterior, contribuye cada año a cerca de 7 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Más de 300 mil de ellas ocurren sólo en el continente americano. En todo el mundo, cientos de millones de personas sufren afecciones causadas por la contaminación del aire, considerada uno de los cinco factores principales detrás de enfermedades no transmisibles como los derrames cerebrales, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer. Las partículas finas —como las del hollín, el carbono negro, los sulfatos, los nitratos y metales pesados— aumentan significativamente el riesgo de estos padecimientos. Además, el aire contaminado afecta de forma particular a las poblaciones más vulnerables: niños, niñas y personas adultas mayores, quienes sufren daños diferenciados que incluyen enfermedades y problemas respiratorios crónicos. Los riesgos para la salud de las comunidades pobres y de bajos ingresos, que suelen estar ubicadas cerca de fuentes de contaminación —fábricas, centrales eléctricas y carreteras altamente transitadas, entre otras— son también excesivos. Pero la contaminación del aire es más que sólo una preocupación de salud pública porque también acelera la crisis climática. La investigación da cuenta que el carbono negro —contaminante climático de vida corta generado por la quema de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa—puede acelerar el derretimiento de los glaciares, contribuyendo a la inseguridad hídrica y a desastres naturales. Y el metano, otro contaminante de ese tipo, puede retener hasta 30 veces más calor que el CO2, acelerando el calentamiento global. Ambos lados del mismo problema implican un gran costo. El Banco Mundial estima que el costo global de la contaminación atmosférica pronto superará los 5 billones de dólares por año y señala que si los países no frenan el problema, la mortalidad que éste causa a nivel mundial podría aumentar entre 50 y 100 por ciento para 2050. Los beneficios económicos de frenar el cambio climático superan por mucho los costos astronómicos causados por inundaciones, tormentas y sequías más extremas, que podrían causar pérdidas por cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo, según un informe de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos. Respetando los derechos humanos Si bien reducir la contaminación del aire es una medida económica sensata, también es una cuestión de respeto de los derechos humanos. Además de violar el derecho a un ambiente sano y limpio, la mala calidad del aire puede afectar nuestros derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como los derechos de la niñez. Así lo afirma el Relator Especial de la ONU en su informe. Según el documento, los Estados deben elaborar de inmediato planes de acción para: Monitorear la calidad del aire y sus impactos en la salud humana; Evaluar fuentes de contaminación atmosférica; Hacer pública la información relacionada y emitir avisos de salud pública; Desarrollar normas, regulaciones, estándares y políticas sobre calidad del aire; Implementar los planes de acción mencionados y hacer cumplir los estándares; y Fortalecer el plan y evaluar su progreso, garantizado que los estándares se cumplan. Con estas recomendaciones, el Relator exhorta a los Estados a monitorear la calidad del aire, generar conciencia entre las personas sobre la contaminación atmosférica y hacer accesible la información al respecto. Les insta además a establecer estándares sólidos y exigibles para hacer responsables a quienes causan la contaminación. Sin estos estándares, lograr una mejor calidad del aire sería imposible. Asimismo, los Estados deben aplicar el principio de precaución y márgenes de seguridad adecuados para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Algunas ciudades de América Latina ya están comenzando a tomar en serio el problema de la contaminación del aire. En Curitiba, Brasil, se desarrolló un sistema amplio de buses rápidos y se lanzó en 2013 un plan ambicioso para construir 300 kilómetros de nuevas ciclovías. Ahora la esperanza de vida en esa ciudad es dos años más larga que el promedio nacional y, según la OMS, Curitiba tiene una mortalidad infantil relativamente baja. En 2014, el gobierno chileno implementó un impuesto progresivo a la contaminación atmosférica, cobrando tasas tributarias más altas a las industrias en zonas densamente pobladas para que los responsables de la contaminación rindan cuentas por los excesivos daños causados en poblaciones urbanas. Aunque estos ejemplos muestran que es posible generar un cambio, la contaminación del aire no será resuelta de un día al otro. Y los Estados deben comenzar a establecer regulaciones ambiciosas para frenar la contaminación atmosférica. De no hacerlo, el mundo caminará tosiendo durante el siglo 21 y los impactos de la crisis climática no harán más que empeorar.
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¿Está la ONU oponiéndose finalmente al fracking?
A nivel mundial, las posturas en torno al fracking o fracturación hidráulica están divididas, algo que es evidente en el Reino Unido, donde crecí. El Reino Unido está conformado por cuatro países. De ellos, Inglaterra es el único que aún permite el fracking. Escocia, Gales e Irlanda del Norte (junto con muchas otras naciones alrededor del mundo) han prohibido esta controversial técnica. Pese a los sismos relacionados con el frackingen zonas del país donde ese tipo hechos no ocurría —y a oleadas de protestas, controversia y campañas de rechazo—, el gobierno británico se ha negado a cambiar su postura. Sin embargo, una reciente recomendación de Naciones Unidas al Reino Unido puede significar el comienzo del fin para el frackingen Inglaterra y, ojalá, en todo el mundo. El frackingy Naciones Unidas Hasta hace poco, la ONU parecía tener una relación complicada con el fracking. Varios de sus organismos hicieron declaraciones contradictorias sobre los beneficios y problemas de esa forma de explotación de hidrocarburos. A comienzos de 2018, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo lanzó un informe que, de acuerdo con uno de sus autores, “no dice que [el fracking]es bueno o malo”, sino que el análisis de costos y beneficios de cada proyecto depende de una serie de factores relacionados con el contexto específico. El informe menciona, junto con sus desventajas, aspectos que considera positivos del fracking, llamándolo un “combustible puente” para aquellos Estados que buscan moverse hacia fuentes de energía más amigables con el ambiente. Ese argumento no es evidente porque el impacto ambiental de la fracturación hidráulica es mayor que el de la explotación de gas y petróleo convencionales. No obstante, la ONU parece haber endurecido su posición frente al frackingen los últimos meses, particularmente debido a sus impactos negativos en términos del cambio climático y en el contexto del Acuerdo de París, tratado intergubernamental por el cual las naciones se comprometieron a la adopción de medidas ambiciosas para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. Desde octubre de 2018, la ONU ha emitido dos recomendaciones contra el fracking. Exhortó al gobierno del Reino Unido a considerar una prohibición completa e integral de la técnica, e instó a que el gobierno argentino reconsidere el desarrollo de un gran proyecto de fracking. Los peligros del fracking Aunque para sus promotores, el frackingha resultado en un aumento de la producción de gas y petróleo, sobre todo en Estados Unidos, su uso ha tenido un gran costo ambiental, especialmente para la calidad del aire y la provisión de agua, lo último debido a la cantidad de agua empleada en el proceso y a su contaminación. Además, la fracturación hidráulica libera grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento global es 86 veces mayor al del dióxido de carbono en un periodo de 20 años, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Asimismo, las fugas de metano pueden dañar severamente la calidad del aire que rodea los sitios donde se hace fracking. Esa técnica también incrementa los riesgos de sismos debido a la alta presión usada para fracturar el subsuelo y extraer gas y petróleo de rocas. En sus recomendaciones para el Reino Unido y Argentina, la ONU subrayó claramente los peligros del fracking. La razón fundamental para recomendar que Argentina reconsidere un megaproyecto de frackingfue “el impacto negativo [que el proyecto podría tener] en el calentamiento global y en el disfrute de derechos sociales y económicos por parte de la población mundial y de las generaciones futuras”, a la luz del Acuerdo de París. En su recomendación al Reino Unido, resaltó que las mujeres resultan “desproporcionadamente afectadas por los efectos nocivos del fracking, incluidos la exposición a químicos tóxicos y peligrosos, la contaminación ambiental y el cambio climático”. Frenando la expansión del fracking Mientras elfrackinges aplicado en ciertas zonas del mundo, y prohibido en otras, su desarrollo en América Latina está avanzando rápidamente. Ante la creciente demanda energética a nivel mundial, es crucial que la región y la comunidad internacional en general se comprometan a desarrollar únicamente proyectos energéticos realmente sostenibles. La fracturación hidráulica no es uno de ellos. Creo que el reciente cambio de postura de la ONU respecto del frackinges un avance positivo que debería inspirar a que Argentina y el Reino Unido actúen en consecuencia. Personalmente, espero que el Reino Unido preste atención a la creciente evidencia acerca de los daños de esta técnica y deje de emplearla de inmediato. Para América Latina y para otras regiones donde el frackingavanza a ciegas, existen muchos ejemplos de cómo afrontar esta práctica controversial. Por ello AIDA publicó recientemente un informe que resalta los argumentos y mecanismos usados alrededor del mundo para restringir el frackingy evitar sus daños en las personas y el ambiente. Es clave que esos impactos sean adecuadamente considerados para los pasos ambiciosos que necesitamos dar hacia una matriz energética que no implique vulnerar los derechos humanos, los bienes comunes ni agravar los efectos catastróficos del cambio climático.
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La naturaleza primero: tiempo de generar conciencia ambiental
Hablar en público ante más de 500 personas fue una experiencia singular y al mismo tiempo hermosa, sobre todo por el tema que nos convocó y por la compañía arriba del escenario. Éramos un grupo de siete personas tan diversas como interesantes, con dos cosas muy poderosas en común: el amor por nuestro entorno natural y el trabajo para preservarlo. Así fue mi participación en la conferencia “La naturaleza primero, un nuevo trato con el entorno”, en Santiago de Chile. El gran interés que el evento despertó en la gente me llenó de dicha, al igual que la oportunidad de exponer con mis compañer@s de “Naturalistas”, la serie de entrevistas donde profesionales de distintas disciplinas vinculadas con el ambiente fuimos invitados a hablar sobre lo que implica ser un naturalista en el mundo actual. El proyecto televisivo que antecedió este evento fue una apuesta de Ladera Sur, una plataforma y comunidad reunida en torno a la naturaleza, el ambiente, la vida al aire libre, los viajes y mucho más. Fue Ladera Sur la que nos postuló como “naturalistas del Siglo XX”, un honor sin duda y un gran compromiso. ¿Qué significa “la naturaleza primero”, título que parece tan urgente? Quiere decir que, por demasiado tiempo, la naturalezaha estado subvencionando los avances tecnológicos e incluso nuestra calidad de vida. Vivimos en un mundo donde el que tiene los medios puede hacer prácticamente lo que se le ocurra. Tal vez pocos se han detenido a pensar que quizás mañana va a ser difícil para nuestros hijos o nietos disfrutar de las cosas más simples que hoy damos por sentadas. Pero llegó el momento de reorganizar nuestras prioridades. Ya no queda tiempo ni crédito para seguir pidiéndole prestado a la naturaleza. Antes de llevarse a cabo, cualquier proyecto o actividad debería demostrar que no dañará la salud del planeta. Solo después de asegurar eso vale la pena preguntarse si la propuesta es además un buen negocio o si nos hace la vida más cómoda o más fácil. No es la postura de un ecoterrorista ni se trata de ir contra el desarrollo. Es simplemente mirar de frente la realidad de un planeta vivo y enfermo, de cuya salud dependemos. La buena noticia es que los cambios que debemos hacer para resolver la crisis ambiental que nos afecta son alcanzables y deseables para quienes vivimos y vivirán en este planeta: Un mundo bajo en emisiones contaminantes es también un mundo más limpio y más justo. Un mundo que se mueve con energía renovable implica menos contaminación y acceso a energía para muchos que aún no la tienen. Un mundo con más áreas naturales protegidas es un mundo más verde, más exuberante, más sano, más biodiverso y capaz de proveer agua y aire más limpios. Ve abajo el video completo de la conferencia.
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Aire limpio y justicia climática: el mejor regalo para los niños y niñas
Hoy México celebra el Día del Niño. El mejor regalo que millones de niños y niñas podrían, y deberían, recibir, es aire limpio y justicia climática. Es lo único que quisiera regalarles a mis hijos y que tristemente no podré, al menos no este año, puesto que Ciudad de México ha tenido mala calidad de aire 112 de los 120 días de 2019 (hasta hoy). Quienes vivimos en esta ciudad hemos sufrido la contaminación, particularmente en el último mes, en el que por siete días en total se declararon tres contingencias ambientales por ozono. En los últimos años, las contingencias ocurren durante la “temporada de ozono”, del 15 de febrero al 15 de junio, período en el que el ozono troposférico (el ozono presente en el aire que respiramos) supera los niveles máximos que la Norma Oficial Mexicana permite. Este gas, presente durante todo el año, se eleva porque a la quema de combustibles fósiles por vehículos e industrias se suma el cambio de condiciones meteorológicas: menos lluvia y vientos, y más radiación solar. Esto impide que la contaminación del aire que producimos constantemente se disperse de la ciudad hacia zonas aledañas. El aumento de ozono en el aire es grave debido a los daños que causa al ambiente y a la salud de las personas, en especial a la de los niños y niñas. Según la Organización Panamericana de la Salud, el ozono en el aire puede, entre otras cosas, afectar la función pulmonar, dificultando la respiración. Así, el grupo vulnerable a la contaminación incluye también a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y atletas. Por ello las autoridades recomiendan a la población, sobre todo a los grupos vulnerables, abstenerse de realizar actividades al aire libre durante las contingencias, en particular entre las 13 y las 19 horas. Otras medidas incluyen aumentar la restricción vehicular y reducir el consumo de gas licuado de petróleo. Por todo lo anterior, la “temporada de ozono” no es un fenómeno nuevo, sorpresivo ni normal. No es normal que los padres nos resignemos a su presencia cada año y que nuestros hijos no puedan celebrar su cumpleaños al aire libre o salir con sus amigos al parque. Entiendo la imposibilidad de controlar las lluvias, el sol y el viento, pero el ozono es otra historia. De hecho, existen medidas que se podrían y deberían estar implementando hace años para evitar que la temporada de ozono sea inevitable en Ciudad de México. Algunas de ellas, plenamente identificadas, incluyen la mejora de la calidad de las gasolinas y de la tecnología vehicular y de fuentes fijas; asegurar infraestructura segura y adecuada de transporte público y de bicicletas; y controlar efectivamente la flota vehicular del transporte privado y público, y las fuentes fijas. Pero hasta ahora las acciones han sido incompletas, ineficientes y están estancadas para solucionar el problema de fondo. La mejora de la calidad de aire durante el desabasto de gasolina en la ciudad, demostró que dichas soluciones son posibles. De otra parte, las acciones destinadas a disminuir la contaminación del aire podrían tener un doble beneficio. El ozono troposférico es un gas de efecto invernadero que agrava el cambio climático. Es un contaminante climático de vida corta pues se queda en la atmósfera algunas semanas. Esto implica que las acciones para controlarlo tienen un efecto casi inmediato en la salud humana, de los ecosistemas y en el clima. México tiene entonces la oportunidad de cumplir sus obligaciones internacionales contra el cambio climático, además de mejorar la salud de millones de personas que vivimos en ciudades. Por tanto, la temporada de ozono requiere un cambio estructural y urgente de políticas públicas, de leyes y de su aplicación. Urge incluir una perspectiva de derechos humanos que priorice el interés público y la salud de niños, niñas y demás personas, por encima de la movilidad vehicular. No son medidas sencillas de elaborar e implementar, pero es esencial dar los primeros pasos si queremos alcanzar resultados algún día. Los esfuerzos gubernamentales requieren del apoyo de toda la sociedad. Las empresas deben contribuir a la implementación de soluciones, actuando con debida diligencia. La academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y demás sectores debemos aportar nuestro conocimiento y participación para asegurar que los planes y programas sean ambiciosos y efectivos, y promuevan una transición justa. Cada residente de la ciudad tiene el deber de contribuir. Precisamente el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ambiente, Profesor David Boyd, publicó hace unas semanas un informe reiterando la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un aire limpio y el deber de las empresas en contribuir. Su informe tiene recomendaciones relacionadas con el ozono troposférico que podrían ser muy útiles para las autoridades mexicanas. Disfrutar de un aire limpio es un derecho pendiente. Hoy en Ciudad de México viven casi dos millones de niños y niñas (de 0 a 14 años), incluyendo los míos. Ellos y gran parte de los más de 35 millones de niños y niñas de todo el país podrían gozar de un aire limpio, pues la mayoría vive en ciudades y poblaciones con problemas de calidad del aire. Según el comercio organizado, la celebración del Día del Niño en México implica un gasto de 17 mil millones de pesos (900 millones de dólares) en regalos, monto que podría destinarse a que autoridades, empresas y particulares implementen acciones para que los niños y niñas del país tengan algo más valioso: respirar un aire que no ponga en peligro su salud. Ello estaría alineado con el objetivo de quienes instituyeron la celebración del Día del Niño en México desde 1924 y con la intención de Naciones Unidas de establecer un día al año para honrar la importancia de los derechos de la infancia. La contaminación atmosférica es, lamentablemente, un problema regional y mundial. Perú y Colombia celebran también a sus niños y niñas este mes. Estando sus ciudades entre las más contaminadas, lo reflexionado aquí puede aplicarse también a esos países y al continente. El regalo para mis hijos este año será continuar trabajando para una mejor calidad del aire en Ciudad de México, para construir junto con otros el camino hacia un futuro, espero cercano, con justicia climática.
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Escuchar a los pueblos indígenas para salvar al planeta
En América Latina hay más de 400 pueblos indígenas, varios de ellos habitan en el 80% de las áreas protegidas de la región, de acuerdo a la FAO. Su conocimiento ancestral para relacionarse con los ecosistemas que les rodean está reconocido como una forma de asegurar un ambiente sano y hacer frente al cambio climático. Sin embargo, pocas veces aprendemos de ellos y escuchamos lo que necesitan para continuar protegiendo los recursos. Pu’amé es la expresión en cora para decir “tú primero”. Se utiliza para ceder el paso, pero también como expresión de respeto cuando alguien está hablando y se le invita a proseguir, “continúa, te estoy escuchando”. Julián López, líder indígena náyeri y hablante de cora, me lo explicó durante una reunión de miembros de la sociedad civil con representantes de comunidades rurales de Nayarit, México. Fuimos a escucharlos. En esta reunión pu’amé se convirtió en una guía perfecta para prestar atención y comprender. Escuchar a los representantes de los pueblos indígenas es enfrentarse a cosmovisiones completamente distintas cuando has vivido en medio de una visión urbana y occidental del mundo. Mientras nuestra forma de vida se enfoca en consumir explotando los recursos para generar una ganancia inmediata y grande para seguir consumiendo, los pueblos indígenas ven en la tierra una fuente que requiere cuidados y agradecimiento por proveer de alimento y salud. Este choque de visiones ha provocado que los derechos de los pueblos indígenas sean violados incesantemente, poniendo en riesgo no sólo su integridad cultural, sino su propia vida. Mientras Julián me enseña algunas palabras en su lengua materna, el cora, me dice que para lograr un diálogo real con los pueblos hay que entenderlos. Visiones opuestas del desarrollo En la reunión, para hablar del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, hay representantes mexicaneros y coras de la zona alta y baja de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Las preocupaciones son muchas: de construirse la hidroeléctrica o cualquier otro megaproyecto, ¿cuál sería el destino de sus hijos, de los sitios sagrados que comparten con otros pueblos, del equilibrio natural, de la vida en el río, de la calidad de los peces? Odilón de Jesús López, náyeri, expresa preocupado que “no han valorado que cuidar la naturaleza es para un bien de todos”. Cuestiona los comentarios cerrados que ha recibido por defender el río y los sitios ceremoniales. “¿Para qué nos sirve un lugar sagrado? Llevo ofrendas para dar las gracias de que hay buena vida”. Julián levanta la mano y cuestiona las formas diferentes de ver el desarrollo. “¿El desarrollo a costa de qué? Nosotros no podemos competir con la forma en que ellos ven el desarrollo, porque ellos ven dinero. ¿Qué queremos nosotros en nuestros pueblos?” Julián nos recuerda que la riqueza está en el aire limpio, en un río lleno de peces. Pero también habla de algo crucial: la pobreza. Es cierto que los pueblos indígenas buscan proteger su tierra y su cultura, pero Julián también admite que no hacer nada tampoco es una opción. Hay familias que no tienen ni para ofrecer lo básico a sus hijos: salud, educación y alimentación balanceada. Pero afirma que eso no se obtendrá destruyendo lo que los rodea. “¿Y si nos capacitan para usar los bosques de manera sustentable?”, sugiere. Los representantes de la cuenca baja, mexicaneros casi todos, le dan la razón. Ellos quieren aprender a explotar los recursos río abajo para siempre tener trabajo. Sin embargo, Julián menciona algo que a todos preocupa: la inseguridad. Él mismo ha sido víctima de amenazas y hostigamiento desde que se opone a la hidroeléctrica. En una visita a México, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos señaló que las personas activistas indígenas y ambientalistas, cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía e infraestructura, son las personas defensoras más criminalizadas. Julián conoce la situación de los defensores en toda la región y dice no sentirse solo en la lucha por proteger los ríos, pero también sabe que el riesgo está en todas partes. “Si en Colombia matan a un defensor, a nosotros también nos hacen daño”. Las mujeres y la Madre Tierra Si en general la situación es complicada para los hombres indígenas que buscan hacer oír sus voces, lo es más para las mujeres que deciden también opinar acerca de su territorio. Marcelina López, líder náyeri, habla con una voz muy suave y baja, mira hacia sus manos, y comienza a quejarse de lo difícil que ha sido luchar por su comunidad. De repente, con la voz clara y fuerte nos muestra su problema: “Las autoridades me tratan mal porque ven que soy indígena y mujer. Claro, somos pobres, indígenas; pero somo ricos con nuestra Madre Tierra”. Marcelina habla luego de lo poco que se les ha consultado para hacer proyectos de desarrollo, de la compra de consentimiento de la comunidad a través de servicios municipales y del discurso constante de que ellos, los pueblos, no saben ver “más allá”, hacia el progreso. “No entienden que no explotamos algunas cosas porque tenemos miedo de contaminarnos y el río está primero”. Gila de la Cruz, náyeri, más tímidamente, da la razón a Marcelina. Nos cuenta que, como mujer, sólo le quieren consultar temas relacionados con los niños y ella tiene una opinión sobre el río, los servicios en su comunidad y la producción de alimentos. Ejemplifica con un proyecto de drenaje que no aprueba ni ella ni gran parte de la comunidad. Los que vivimos en ciudades nos quedamos callados sin entender por qué algo que creemos necesario es rechazado. Nos pide no malentenderla, pero que las cosas no se imponen sólo porque siempre se han hecho así. Está preocupada porque no les han explicado todo. “Ponen los tubos, ¿y luego qué? ¿A dónde se va a ir el agua? ¿Al río? ¿No podemos reutilizar el agua?” Entonces, la queja de Gila tiene todo el sentido:0 el río podría estar en riesgo y las autoridades no les explican nada más y la regañan por cuestionar el proyecto. “Hay otras opciones, lo he visto. Hay alternativas, formas de hacerlo más sustentable y no contaminar el agua”. Enojada, afirma que sus opiniones no han sido escuchadas porque es mujer. necesitamos escuchar a las voces indígenas Todos los representantes de los pueblos coinciden en algo: no quieren ser vistos como una oposición cerrada sin deseos de tener una mejor vida. Piden diálogo. Entre sus actividades como campesinos, artesanos y pescadores, se dan tiempo para organizarse, aprender acerca de sus derechos, dominar un idioma que no es el suyo y llevar sus preocupaciones a las instituciones correspondientes. Cada uno conoce perfectamente que existen vías sustentables para mejorar su calidad de vida sin afectar su entorno. Julián pide que se establezca un entendimiento de todas las partes. “¿Podemos trabajar juntos? ¿Organizaciones, gobiernos e indígenas? Sí”. Julián pide capacitaciones, aprender de infraestructura, de economía socialmente responsable. Gila y Marcelina se han dedicado a buscar otras opciones más sustentables para producir sus alimentos, para construir, de salubridad. “Sólo necesitamos que nos enseñen”, dice Gila. Como humanidad, estamos atravesando un periodo en el que es necesario cuestionar todos los esquemas: nuestra forma de consumir, de utilizar los recursos, de la comodidad. Los pueblos indígenas han vivido por siglos de manera mucho más sustentable que las sociedades construidas bajo la mentalidad de la revolución industrial. Son, de varias maneras, ejemplos y oportunidades para reaprender, cambiar y mejorar. “Un día habrá un espacio público donde no exista miedo, donde pueda decir todo”, dice Gila acerca de los avances conseguidos en los últimos años, del espacio ganando lentamente. “Deben escucharnos a las mujeres, creen que debemos estar en casa, pero nos estamos organizando”. Marcelina le dice con satisfacción: “Sí se siente cuando uno lucha por la vida”.
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Cómo Brasil está amenazando los derechos indígenas y ambientales
Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros. Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.
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Os retrocessos dos direitos ambientais e indígenas brasileiros
Com o novo mandato presidencial, o Estado brasileiro está no início de uma infeliz jornada de mudanças — na sua legislação, na sua estrutura, na sua política externa e nas suas políticas públicas— que ameaçam retroceder o Brasil em décadas nos assuntos de mudança climática, meio ambiente e direitos humanos. Nos primeiros meses da nova administração houve diversas modificações extremamente questionáveis visto que levam ao enfraquecimento da garantia dos direitos humanos indígenas e ambientais. Entre essas mudanças, destacam-se: A transferência das funções mais importantes do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A precarização de órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização de crimes ambientais. A transferência da competência para demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A suspensão dos contratos celebrados entre organizações estatais e entidades da sociedade civil. A fragilização do licenciamento ambiental. A constante ameaça de retirar o Brasil de acordos internacionais sobre proteção indígena e ambiental, incluindo a recente ameaça de se retirar da Convenção 169 da OIT Essas alterações são apenas o começo pois o panorama pode piorar. Recentemente, em um dos maiores eventos sobre mineração do mundo (o Prospectors and Developers Association of Canada), o Ministro de Minas e Energia anunciou que buscará a autorização para realizar mineração em territórios indígenas e em faixas de fronteiras. Acrescentando que os povos indígenas não terão autonomia para vetar a instalação das minas em suas terras. O anúncio esclarece que a prioridade do Estado brasileiro está em promover um desenvolvimento irresponsável, e não em garantir os direitos humanos. A AMEAÇA DE MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS Ano passado, com a aprovação do Decreto nº 9.406, se estabeleceram mudanças importantes e flexibilizações para as atividades de mineração, entre elas a previsão expressa do interesse nacional e utilidade pública como fundamentos da atividade mineral; e a possibilidade de prorrogações sucessivas do alvará na hipótese de falta de acesso, bem como na falta de assentimento ou licença do órgão ambiental. A mineração é por si só uma atividade de imenso impacto ambiental que rompe o equilíbrio de biomas e ecossistemas. Não pode ser pensada como forma de desenvolvimento sustentável, mas sim como uma atividade humana de altíssimo risco que gera destruição e poluição. Principalmente, quando o Brasil demonstra ter dificuldade em regular a mineração de forma minimamente segura. Basta lembrar dos dois grandes rompimentos de barragens, nos últimos quatro anos no estado de Minas Gerais. O primeiro deles sendo a maior tragédia ambiental da história do país, destruindo rios, biodiversidade, e o segundo resultando em 197 mortos e 111 desaparecidos. Se para o governo a necessidade da mineração é inegável, também é inegável a necessidade de um controle rígido, da utilização das técnicas mais seguras, e de uma avaliação nacional séria de viabilidade individual de cada mina. Com todos esses graves impactos ao meio ambiente, o desenvolvimento da mineração em terras indígenas vai alocar os prejuízos ambientais à uma minoria que depende diretamente da saúde do meio ambiente para sua sobrevivência física e cultural. As comunidades indígenas têm o direito constitucional a serem ouvidas diante de projetos que possam afetá-las. Algumas comunidades já criaram protocolos que determinam de que forma querem ser consultadas. Construir uma mina contra a vontade de uma comunidade indígena é violar seus direitos à vida; à autodeterminação; à autonomia; à manutenção de sua cultura; à não serem deslocados contra sua vontade; ao usufruto de seus territórios originais; ao meio ambiente sadio, entre diversos outros. Com suas declarações o Ministro mostra uma total falta de comprometimento com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição brasileira e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Revela a intenção de apaziguar investidores, principalmente, a respeito do projeto de Belo Sun (mineradora canadense) em processo de licenciamento para se estabelecer em Terras Indígenas já vulneráveis pela construção da Usina Hidroelétrica Belo Monte. EM DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS A mineração em terras indígenas não é um tema regulado de forma adequada e suficiente no Brasil, sendo necessária a aprovação de lei pelo Congresso Nacional que respeite os direitos fundamentais das comunidades indígenas. O Congresso deve aprovar uma lei que garanta a proteção constitucional das terras indígenas e que inclua as comunidades em sua elaboração. Diante de tantos retrocessos pelo atual governo, a resistência das comunidades indígenas e de quem as apoia, tem se fortalecido. Organizações da sociedade civil, como a AIDA, estão comprometidas com a defesa dos direitos humanos, a proteção de territórios indígenas, e com a responsabilização de governos e empresas quando necessário.
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Cuidando el agua, gota a gota
El agua es poderosa. Lo es tanto que la sola idea de no contar con ella en nuestra vida diaria nos perturba. Aun así, la damos por sentado. Creemos que seguirá fluyendo indefinidamente sin que tengamos que hacer nada para garantizar su presencia. Pero la realidad nos golpea cada vez más duro y con más frecuencia para mostrar lo equivocados que estamos. En 2016, Bolivia sufrió su peor sequía en 25 años. La escasez de agua potable afectó a cinco de los nueve departamentos del país, motivando la declaratoria de emergencia nacional. En la ciudad de La Paz, sede del gobierno nacional, los cortes de agua para enfrentar la crisis fueron tan duros que algunas personas debían subsistir hasta dos días con 50 litros. Lo ocurrido en Bolivia no es un hecho aislado. Desde 2010, la zona central de Chile atraviesa por un megasequía que está lejos de terminar. Y en 2018 la sequía en Centroamérica puso en peligro la alimentación de millones de personas debido a la pérdida de cultivos. Las causas del desabastecimiento de agua La escasez de agua en Bolivia y en otros países tiene causas comunes, problemas a enfrentar con urgencia, entre ellos los siguientes: El cambio climático. América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, que intensifica el ciclo del agua: las regiones más secas del mundo se están volviendo aún más secas. La falta de políticas de largo plazo. El crecimiento poblacional no es acompañado de usos más eficientes del agua y de una mejor conservación de sus fuentes. El manejo inadecuado del agua. La gestión de los recursos hídricos no considera la creciente demanda en todos los sectores, la protección de las fuentes naturales ni el conocimiento tradicional e indígena para su conservación. Los daños de los proyectos extractivos. La creciente actividad minera en la región contamina ríos y consume grandes cantidades de ese recurso, al igual que el fracking. Las hidroeléctricas dañan irreversiblemente importantes cuencas hídricas. Poca cultura del ahorro. El crecimiento de las ciudades y el consecuente aumento en el consumo de agua no encuentra eco en una ciudadanía responsable que cuide el recurso. Buenas prácticas para cuidar el agua Se prevé que la brecha entre la demanda y el suministro de agua en las ciudades llegará al 40% para 2030, por lo que debemos trabajar rápidamente en implementar buenas prácticas de manejo de agua, incluyendo las siguientes: Reciclar aguas residuales provenientes de sistemas de alcantarillado, de la agricultura y de la industria. La reutilización de agua requiere menos energía que la desalinización (que produce más desechos tóxicos que agua), es sostenible y rentable. Adoptar soluciones que aprovechan los procesos naturales que regulan el ciclo del agua. Se pueden aplicar a escala personal (por ejemplo, un inodoro seco), a nivel de paisaje (agricultura de conservación que minimice la alteración del suelo y use rotación de cultivos) o en entornos urbanos (muros verdes o jardines en azoteas). Ampliar los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvias para reducir el impacto de futuras sequías. Aplicar evaluaciones de impacto ambiental adecuadas para impedir la autorización de proyectos que amenacen con dañar fuentes naturales de abastecimiento de agua. Motivar un cambio de mentalidad de los actores clave —responsables de políticas públicas, el sector privado y los consumidores— para que garanticen la disponibilidad de agua y su manejo sostenible. Toda la humanidad necesita agua y es nuestra obligación contribuir para “no dejar a nadie atrás”. Ése es el lema este año del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, y al que nos unimos. En AIDA estamos conscientes que el agua es un derecho humano y trabajamos para cuidar a los ecosistemas que nos la proveen de forma natural, y de los que dependen comunidades enteras, de los daños de proyectos inadecuados.
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¿Cómo las fugas de metano del fracking agravan el cambio climático?
Las he visto más veces de las que puedo recordar, pero nunca dejan de impactarme: llamas de más de tres metros de altura, quemando gas en la planta de procesamiento de BP en Whiting, Indiana, Estados Unidos. La instalación está cerca de donde crecí, así que por mucho tiempo me han asombrado esas antorchas. Cuando era pequeña, mi hermana pensaba que eran volcanes y en mi familia ha sido usual llamarlas así. Convertir residuos de metano en dióxido de carbono (CO2) mediante la quema es una práctica habitual en la producción de gas y petróleo. Ello hace que los “volcanes” sean un rasgo común de la perforación y fractura hidráulica o fracking para extraer hidrocarburos. Ver columnas de CO2 siendo escupidas directamente al aire impacta, pero también enfurece: es la metáfora visual de un mundo que funciona con energía sucia. Aun así, cuando se trata de fracking, los volcanes y sus emisiones de carbono no son el mayor problema. Lo más peligroso es con frecuencia difícil de ver, incluso invisible. La contaminación atmosférica causada por el fracking, la más grave, se debe a fugas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero cuyo potencial de generar calentamiento global es 86 veces más grande que el del dióxido de carbono en un periodo de 20 años, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Se filtra sigilosamente a nuestra atmósfera en cada punto de la cadena de suministro de gas, algo indetectable sin equipos sofisticados y pruebas constantes. De acuerdo con la NASA, la industria del gas y el petróleo es responsable por el incremento mundial de las emisiones de metano, superando incluso a los vertederos y a la producción de lácteos. Muchas de estas emisiones vienen de gasoductos con fugas de pozos de fracking. Aunque muchos de los daños del fracking —la contaminación de aguas subterráneas y un incremento en los sismos de origen humano, entre otros— están bien documentados, la contaminación atmosférica que causa implica una batalla más difícil de librar porque no hay imágenes que muestren convenientemente ese impacto. Pero el hecho de que no podamos ver cómo el metano se fuga al aire no implica que el daño sea menor: las partículas tóxicas se aferran a la garganta como manos invisibles; el metano causa hemorragias nasales y asma; las fugas de gas presionan el cerebro produciendo convulsiones y dolores de cabeza; los aditivos tóxicos hacen que los bebés nazcan prematuramente, con bajo peso y con defectos que ponen en riesgo su vida. Las fugas de metano son especialmente preocupantes en términos del cambio climático. Con la fuga a la atmósfera de menos del 2 por ciento del metano transportado por una tubería, el gas deja de ser supuestamente más “limpio” que incluso el carbón. Estudios recientes muestran que los campos de fracking en Estados Unidos registran fugas en niveles tremendamente desiguales, algunas de hasta el 12 por ciento. En otras palabras, sólo unos cuantos pozos son responsables por una cantidad extrema de contaminación. Pero ello significa también que parte de la solución está en nuestras manos: reparar las fugas en esos campos altamente contaminantes sería de gran ayuda para la regulación del clima. Detener y reparar las fugas requiere una supervisión constante y cuidadosa, pero es una tarea rentable que a menudo se paga sola. Las compañías de gas pueden patrullar sus propias líneas de distribución, buscando y reparando fugas. Los reguladores neumáticos pueden ser reemplazados con otros mejores. Sin embargo, este cuidado extra es precisamente contra el que luchan los impulsores del fracking: la industria gasífera en Estados Unidos ha negado y minimizado por mucho tiempo la gravedad de las fugas en sus tuberías. Al igual que la contaminación por gases de efecto invernadero que lo causa, el cambio climático es un desastre de paso lento. Es una emergencia difusa y larga que, en un mundo que vive el instante, no es lo suficientemente dramática para decisiones a corto plazo. Por lo general se habla de ella cuando ya es demasiado tarde. Alternativas al fracking Pero los tiempos están cambiando. Y la solución al calentamiento global no está únicamente en la reparación de fugas. No podemos solamente mitigar un problema que amenaza nuestra vida, tenemos que ponerle fin. En lugar de perpetuar nuestra dependencia del gas, debemos invertir en una transición justa y movernos hacia fuentes de energía económicamente sostenibles, como la solar y la eólica. Los sistemas de distribución de gas, y su mantenimiento, son tan costosos como tóxicos, y pronto se volverán obsoletos. Debemos pelear por una mejor regulación de nuestro sistema energético mientras construimos alternativas para un mejor mañana. Eso es especialmente importante en partes del mundo que recién le están abriendo las puertas al fracking. Mientras en el Norte global es algo omnipresente, en América Latina el fracking apenas comienza, con la perforación de cerca de 5,000 pozos en los últimos años. Comunidades y defensores/as de derechos humanos de todo el continente han luchado mucho para conseguir prohibiciones o restricciones al fracking. Piden que sus países no caigan en la trampa: los daños serían mayores debido a una débil regulación y agravarían el cambio climático. En octubre del año pasado, testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los daños que el fracking ha causado en toda América Latina. Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, explicó que la contaminación causada por el fracking vulnera derechos humanos básicos y que los defensores y defensoras ambientales enfrentan violencia cuando protegen sus territorios de la industria del gas. Parte de la batalla por una transición global y justa hacia una economía equitativa y sostenible implica reconocer los daños que son más difíciles de ver, incluidos aquellos que al principio son invisibles. Son los daños silenciosos, que ocurren en periodos largos de tiempo, los que ahora nos están alcanzando.
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Poniendo el corazón en la protección de los humedales
Los arrecifes de coral son mis humedales favoritos. Son ecosistemas llenos de color, llenos de formas y llenos de vida. Debajo del agua, mi corazón se llena de paz y de emoción al verme rodeada de tantas formas de vida y tantas especies conviviendo. Como bióloga marina, he tenido la oportunidad de bucear en varios países y verlos de cerca. De todas esas inmersiones, las que más disfruté fue las que hice —por trabajo y por placer— en las Islas de la Bahía en Honduras, particularmente en Roatán, Utila y Cayos Cochinos. Recuerdo mucho mis buceos en las islas Cayos Cochinos. Estaba recién graduada de la universidad y era voluntaria en el Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y Golfo (AGRRA por sus siglas en inglés). Estaba a cargo de monitorear a los numerosos organismos que viven en o sobre los arrecifes: algas, erizos, langostas y caracoles reina, entre otros. Esa experiencia marcó sin duda mi vida personal y profesional. Desde entonces me propuse proteger estos ecosistemas tan mágicos e importantes para toda la vida en el planeta. Mi contribución actual, como asesora científica de AIDA, es fortalecer desde la ciencia los argumentos legales empleados para proteger éstos y otros sitios en América Latina. Humedales, entornos vitales en riesgo Además de los arrecifes de coral, los humedales —que se caracterizan por la presencia de agua— incluyen lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos; turberas, estuarios y deltas; manglares y pastos marinos. Los humedales son los “riñones” del planeta porque reciclan agua y desechos, retienen sedimentos y nutrientes, reducen la erosión y absorben dióxido de carbono de la atmósfera, mitigando el cambio climático. Sin embargo, se estima que desde 1700 hemos perdido casi el 87% de nuestros humedales y a una velocidad tres veces más rápida que la pérdida de bosques naturales. Esto ha ocasionado una reducción de la biodiversidad, afectando al 81% de las especies continentales y a un 36% de las especies marinas y costeras. Entre las mayores amenazas está la contaminación por basura, aguas residuales e industriales; el cambio de uso de suelo; la escorrentía agrícola; la erosión y el cambio climático. El calentamiento global está incrementando la temperatura de los océanos, elevando el nivel del mar y derritiendo los polos. Y según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), un incremento del 1.5°C en la temperatura global podría acabar con casi el 90% de los arrecifes coralinos del mundo, una pérdida irreversible. Actuando para salvar a los humedales Ante este escenario, se requieren acciones urgentes en diferentes ámbitos, como: Realizar campañas de restauración. Algunos ejemplos incluyen campañas de reforestación de los bosques de manglar y restauración de arrecifes de coral. Declarar áreas protegidas para conservar los humedales y las especies que dependen de ellos. Desarrollar políticas que permitan el uso racional de los humedales, en donde se priorice la conservación. Prohibir la destrucción de estos ecosistemas en cualquier tipo de proyecto, turístico, de infraestructura o de desarrollo. Tener plantas de tratamiento de agua y evitar que los drenajes contaminen los humedales. Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, conmemorando la firma del Convención Ramsar, el único tratado intergubernamental para su conservación y uso racional. Este año la celebración está enfocada en los humedales frente al cambio climático, una cuestión que nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de los humedales, los servicios críticos que nos brindan y la urgencia de preservarlos. Somos capaces de hacerle frente al ante el cambio climático. Y salvar nuestros humedales puede ser el primer paso para salvar nuestro planeta y a nosotros mismos.
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