Cambio Climático

June 10 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

Declaración de las ONG a la COP12 de Ramsar

Por la Red Mundial de Humedales Quienes integramos la sociedad civil representada a través de las ONG y otros grupos apreciamos mucho esta oportunidad de dirigirnos a la 12ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los humedales. Hemos trabajado juntos para preparar ésta declaración a través de la Red Mundial de Humedales, una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, muchos de los cuales centran su trabajo en humedales de su área local. Estas organizaciones reflejan sus culturas y comunidades locales y son una fuerza considerable para la conservación Ramsar de los humedales. Todos los presentes entendemos los valores de los humedales para la vida en la tierra. Para las ONG y grupos de la sociedad civil, estos valores están muy cerca de nuestro corazón, es a lo que dedicamos nuestra vida: nuestro compromiso. Los humedales nos proveen de agua dulce y limpia. Son esenciales para la seguridad alimentaria, el suministro de agua para riego, y la producción de alimentos para nuestro sustento. Los humedales contribuyen a mitigar el cambio climático al capturar carbono, y reducen los impactos de fenómenos meteorológicos extremos al desacelerar y almacenar agua en inundaciones. Albergan una gran cantidad de biodiversidad que hace de nuestro mundo un lugar más rico. Los humedales son nuestro hogar, y están fuertemente ligados a nuestra identidad cultural y espiritual. Asimismo, somos sus custodios. Nuestra ética nos inspira a trabajar en la conservación de humedales a través de muchas actividades: en trabajo de campo, investigación, monitoreo, promoción, protección, educación y participación de la comunidad. Ahora sabemos que nuestra tierra ha sufrido la destrucción del 64% de todos los humedales a manos del desarrollo humano desde 1900. Las ONG y la sociedad civil apoyan plenamente el objetivo de Ramsar para ralentizar, detener e invertir esa tendencia a la pérdida y degradación de los humedales en todo el mundo. En 2014, la Red Mundial de Humedales realizó una encuesta mundial de ONG para explorar su relación con la transmisión de los objetivos Ramsar de conservación de humedales. 190 personas respondieron de 52 países, dándonos la oportunidad de escuchar una voz colectiva de la población local. Los resultados de la encuesta se ofrecen ahora para que las Partes de Ramsar puedan implementar con éxito los recursos tanto gubernamentales como no gubernamentales para asegurar el mayor beneficio para los humedales, la fauna y la gente. La encuesta mostró abrumadoramente que las ONG se han comprometido con Ramsar y quieren hacer más. Apoyar y facilitar voluntarios y personal de las ONG para que se dediquen a la conservación de los humedales requiere de recursos, pero pequeños insumos crean grandes resultados, lo que lleva a mejores programas para los sitios Ramsar. Las actividades de comunicación, educación, concienciación y participación de Ramsar requieren una mayor promoción, como apoyo técnico y financiero. Muchas ONG tienen habilidades que podrían ser utilizadas de manera más activa en este proceso. Las ONG temen que algunos gobiernos parecen desalentar designaciones estratégicas de sitios Ramsar. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar nominaciones potenciales sería bien recibido. Algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como instrumento para proteger los humedales. Nos preocupa la inactividad de los gobiernos, los recursos financieros reducidos y la decreciente participación de los funcionarios públicos. Existe preocupación entre las ONG sobre la inexactitud de los informes Ramsar de los países miembro. Las partes contratantes deberían hacerse responsables de asegurar la exactitud de los informes sobre el estado de los humedales para sustentar una toma de decisiones eficiente. En algunos casos hay que hacer más para hacer cumplir la protección del sitio.  Con base en las principales conclusiones de nuestra encuesta, la Red Mundial de Humedales ofrece las  siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar: Reconocer que las ONG suelen crear vínculos más duraderos y continuos con los sitios Ramsar que los representantes de los gobiernos. Elaborar una orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y los Puntos Focales Nacionales, sobre la manera de involucrar a la sociedad civil. Explorar opciones para incluir a más organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones Ramsar en el ámbito internacional, nacional y regional. Crear vías para los aportes de ONG y organizaciones de sociedad civil en la presentación de informes sobre el estado de los humedales Ramsar, nominaciones de sitios, y el Registro de Montreux. Dar prioridad a la financiación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los humedales de la lista Ramsar. Por último, una colaboración total y efectiva entre la sociedad civil y las partes contratantes es esencial para lograr la conservación de los humedales a nivel local. Con respecto a los proyectos de resolución de la COP12 de Ramsar, las ONG piden vínculos más estrechos con el sector de la sociedad civil y ONG en la resolución 2 -el Plan Estratégico- y la resolución 9 -el programa de CEPA-. Confiamos en que esta reunión COP12 de Ramsar ayudará a la sociedad civil, el sector empresarial y los socios del gobierno para trabajar juntos en proteger, restaurar y promover los humedales.

May 28 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

Abogando por la preservación de los humedales en la COP

En Baja California y en otras regiones de México, el agua es cada vez más escasa. No es un caso aislado, sino una problemática mundial. California, Washington y Oregón —en Estados Unidos— enfrentan la peor sequía de su historia. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que para el 2025, al menos 1,9 mil millones de personas vivirán en países o regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua. Ante tal situación, es urgente preservar los humedales, ecosistemas naturales que proveen agua y que ayudan a reabastecer fuentes subterráneas de agua. Los humedales incluyen páramos, manglares, ríos, lagunas y arrecifes de coral, entre otros. En AIDA estamos comprometidos con la protección de estos entornos. Trabajamos para fortalecer la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que busca la conservación y el uso sostenible de los humedales en el continente americano. Los países miembros de la Convención están obligados a tomar medidas para asegurar que los humedales de sus territorios conserven sus características ecológicas, aquellas de las que depende la provisión de agua y otros beneficios para la humanidad. La implementación permanente de esas obligaciones depende de la interacción entre los países, la cual ocurre cada tres años en la Conferencia de las Partes (COP), el órgano supremo de la Convención. La 12ª reunión de la COP (COP12) se realizará del 1 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay, bajo el lema “Humedales para nuestro futuro”. Consciente de la importancia de ese futuro, AIDA participará en la COP12 como organización observadora de la sociedad civil. Presentaremos comentarios a los proyectos de resolución que serán discutidos en la Conferencia. Estas resoluciones dan soluciones a los obstáculos que los países enfrentan para aplicar el tratado y hacen que los Estados asuman compromisos específicos. Haremos comentarios a tres de los proyectos de resolución más importantes: El de Filipinas, que hace un llamado para que la Convención se comprometa a proponer herramientas económicas que reduzcan el riesgo de desastres. El de Tailandia, que propone analizar la efectividad de los mecanismos de evaluación del manejo y conservación de los sitios considerados humedales de importancia internacional por la Convención. El de México, que promueve que los países identifiquen los posibles impactos negativos que proyectos de infraestructura tienen sobre el agua, la biodiversidad y los servicios de los humedales. AIDA también hará recomendaciones específicas para proteger humedales en México, Panamá y Colombia. Abogaremos por la inclusión en el Registro Montreux del Humedal Bahía de Panamá, amenazado por la construcción de infraestructura turística, y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en peligro por la ampliación del Puerto de Veracruz, en México. El Registro Montreux es una lista especial de humedales por la que un sitio recibe atención prioritaria internacional y por la que un país obtiene asesoría y recursos financieros para preservarlo. Finalmente, buscaremos que el Secretariado de la Convención acceda a realizar visitas de asesoramiento en Colombia para conocer de cerca la situación de los páramos en ese país, en riesgo por la minería a gran escala, y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sitio afectado por actividades agrícolas no sostenibles. Tras estas visitas, el Secretariado podrá realizar recomendaciones para que Colombia maneje esos sitios de forma adecuada. Una de las funciones de la COP es considerar la información presentada por organizaciones como AIDA para mejorar el cumplimiento de la Convención en cada país. ¡Te invitamos a seguir nuestro trabajo en la COP12 de la Convención Ramsar en nuestro sitio web, Facebook y Twitter!

May 05 2015 Cambio Climático

Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia

El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".

April 29 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

El Fondo Verde del Clima inicia el proceso de acreditación

2015 es el año de todo o nada: hundirse o nadar. El mes pasado, al inaugurar la novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, Hela Cheikhrouhou, directora ejecutiva del Fondo, habló de la urgencia que caracteriza al periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en París. Describió este año como una de las últimas oportunidades de la humanidad para cambiar de rumbo y seguir un camino sostenible. A medida que nos acercamos a la firma de un nuevo acuerdo climático global, la eficacia del Fondo Verde del Clima adquiere una importancia particular. Contando al momento con 10.2 mil millones de dólares, el Fondo será el vehículo principal para financiar proyectos diseñados para ayudar a todas las sociedades —desarrolladas o en desarrollo— a enfrentar las causas y efectos de los cambios en el clima. En la reunión de marzo pasado, la Junta Directiva del Fondo acreditó a sus primeras instituciones intermediarias e implementadoras —a cargo de canalizar el dinero hacia los países en desarrollo—, y anunció sus planes de iniciar la asignación de esos recursos antes de fin de año. Estas acreditaciones, las que a su vez anuncian la inminente llegada de las primeras propuestas de proyectos, representan un hito importante en un proceso riguroso que comenzó hace casi cinco años con la creación del Fondo. "Esta pondrá a prueba la efectividad de la institución", dijo Andrea Rodríguez Osuna, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA, quien ha monitoreado el desarrollo del Fondo Verde Climático. "Cuando todo se reduce a esto, ése es el paso que importa". Las primeras siete instituciones acreditadas por la Junta representan un rango geográfico y temático amplio, y es probable que sean las primeras en presentar propuestas a financiar. Entre ellas están organizaciones de países que van de Senegal a Perú, especializadas en temas como protección costera, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y mejoramiento de la vida de comunidades de bajos ingresos. Aunque las acreditaciones representan un avance hacia el cumplimiento de la misión del Fondo, existen decisiones organizacionales significativas que aún están en debate o que todavía no han sido abordadas. Uno de los temas que la Junta abordó el mes pasado fue el de las expectativas sobre el rol e impacto del Fondo a largo plazo, el cual les permitirá identificar prioridades de financiamiento, y el Marco Inicial de Inversión, en el que se delineará qué tipo de proyectos serán financiados y cómo se seleccionará y evaluará a los mismos. "Además de la acreditación, estos elementos son esenciales. Sin ellos el Fondo no puede avanzar hacia el futuro y tener discusiones más centradas y productivas", explicó Rodríguez. Los criterios y metodología para el Marco Inicial de Inversión del Fondo provocaron un debate acalorado entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros presionaron por puntos de referencia mínimos requeridos que permitan una medición de éxito más simple; mientras que los segundos presionaron por puntos de referencia cualitativos y sin requerimientos estrictos que aseguren de mejor forma un acceso más equitativo a los fondos. Finalmente se llegó a un acuerdo y se decidió usar puntos de referencia mínimos indicativos y no obligatorios que alienten la ambición y tomen en cuenta las necesidades de los países en desarrollo más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El Secretariado presentará los parámetros propuestos para mayor desarrollo en aproximadamente un año, en la décimo tercera reunión de la Junta. En cuanto al rol e impacto esperados del Fondo, la Junta tomó una decisión inusualmente unánime: mantener en revisión el Marco Inicial de Inversión y adoptar las medidas necesarias sobre el criterio de las necesidades de los países receptores. Habiendo acordado que el documento presentado por el Secretariado carecía de información suficiente, la Junta le solicitó mayores datos científicos y técnicos antes de comenzar a delinear sus prioridades. Un elemento particularmente importante para el trabajo de AIDA estuvo notablemente ausente de la conversación debido a la falta de tiempo: el "Mejoramiento al Acceso Directo", el cual obligaría a la participación pública en ciertos proyectos. Se ser aprobado, este acceso directo aseguraría un involucramiento más equitativo de todos los actores que trabajan para combatir los efectos del clima cambiante. La siguiente reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático se realizará del 6 al 9 de julio en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. AIDA estará presente de nuevo para monitorear estos temas e informar sobre los avances importantes en momentos en los que el mundo se prepara para un nuevo acuerdo climático global, y la implementación del Fondo Verde del Clima está cada vez más cerca.

April 06 2015 Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático

Seminario virtual "El Fondo Verde Climático ya cuenta con recursos financieros: ¿Cuáles son los siguientes pasos?"

El Fondo Verde Climático (FVC) cuenta al momento con 10.2 mil millones de dólares en contribuciones financieras. Este año es crucial para el Fondo porque comenzará el proceso de aprobación de entidades intermediarias e implementadoras y se aprobarán también los primeros proyectos y programas a financiar. ¿Qué hace falta decidir para que ambas tareas arranquen con éxito? Representantes de gobiernos de América Latina en la Junta Directiva del Fondo, e integrantes de la sociedad civil respondieron a ésa y otras interrogantes en este seminario virtual. Grabación Resumen CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO

April 06 2015 Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático

Seminario virtual "La primera parada en el camino a París 2015: Análisis de la sesión de Ginebra"

El nuevo acuerdo climático global va tomando forma gracias al impulso de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, y las recientes negociaciones en Ginebra, Suiza. En esa última sesión, los gobiernos marcaron un hito al acordar finalmente los elementos del borrador del nuevo acuerdo que se espera sea firmado en la COP21 de París. En el seminario, representes de la sociedad civil abordaron las siguientes interrogantes: ¿Qué se acordó en Ginebra? ¿Qué se espera para la próxima sesión de negociaciones climáticas? ¿Qué podemos cambiar en 2015 para que en diciembre la COP21 de París sea un éxito? Grabación Resumen ¡CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO!

March 23 2015 Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares[1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta. La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente. El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA trabaja para combatir ambas amenazas. El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares. La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento. Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando. A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos? El camino a la ley El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados "la bancada glaciar" planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una "indicación sustantiva" (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras. A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas: Aspectos positivos Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público. Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas. Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares. Aspectos negativos No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica. Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados "reservas estratégicas de agua" por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras. Dispone que los glaciares no considerados "reservas estratégicas" quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados "reservas estratégicas". De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando. Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan. Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones. También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general. También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales. Visita por favor este blog para conocer más sobre minería, agua y los esfuerzos de AIDA para defender el derecho humano a un ambiente sano. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/

Foto: Construcción de la represa Barro Blanco en el río Tabasará, Panamá. Crédito: Ed Grimaldo/La Estrella de Panamá.

February 24 2015 Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Cuatro recomendaciones para la Cumbre de las Américas

La inequidad en América Latina ha aumentado escandalosamente en los últimos años. Esto impide el ejercicio de la democracia. La región todavía es la más desigual del planeta y si queremos acercarnos al desarrollo, debemos actuar seriamente al respecto. Justamente "Prosperidad con Equidad" es el tema de la VII Cumbre de las Américas de la OEA que tendrá lugar el 10 y 11 de abril en Panamá. En la Cumbre se reúnen Jefes de Estado y de Gobierno para comprometerse en acciones concertadas a nivel nacional y regional para enfrentar los desafíos del continente. El reto principal, pienso, es dejar de hacer ciertas cosas o al menos actuar diferente. Bien lo decía Eli, una indígena Ngobe en Panamá. "Con que nos dejen tranquilos quedo contenta", respondió cuando le preguntamos qué quería del gobierno. Aprovechando la consulta con la sociedad civil que hizo la OEA, en AIDA analizamos dos de los ocho Mandatos para la Acción, el documento que negociarán los Estados en la Cumbre de las Américas. Hicimos recomendaciones sobre los mandatos relacionados con energía y medio ambiente: 1. Dejar de considerar a las represas fuente de energía sostenible Los Mandatos de la Cumbre establecen que los países se acogerán a la iniciativa de Naciones Unidas de Energía Sustentable para Todos (SE4ALL). Dado que el sector energético es clave para atacar la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad, recomendamos acoger esta iniciativa siempre y cuando las represas hidroeléctricas no sean consideradas como energía limpia. Entre otras cosas, las represas: Producen gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático, especialmente en regiones tropicales. Causan daños irreparables al ambiente y pueden generar violaciones a los derechos humanos. Terminan costando casi el doble de lo presupuestado, incluso sin considerar los daños socioambientales. Además, construir estos dinosaurios de la energía toma más tiempo del previsto. Tres represas cuyas obras están actualmente suspendidas lo demuestran: Belo Monte (Brasil), suspendida por protestas de comunidades afectadas cuyas compensaciones se han incumplido. Lleva un año de retraso y enfrenta multas y el posible pago de intereses adicionales por préstamos del BNDES. El Quimbo (Colombia), cuyo llenado está suspendido por orden judicial por la falta de evaluación de impactos al sector pesquero. Barro Blanco (Panamá), suspendida por orden del gobierno mientras se revisen —y esperamos remedien— las irregularidades del estudio de impacto ambiental. Ante ello, le recordamos a la Cumbre que en diciembre pasado, más de 200 organizaciones, redes y movimientos del mundo solicitamos que gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras dejen de considerar a las represas fuente de energía sostenible e implementen soluciones realmente sostenibles. 2. Reconocer el impacto del cambio climático en los derechos humanos La Cumbre considera el cambio climático como punto prioritario de su agenda, lo cual es positivo. Se debería incorporar la relación con los derechos humanos y el compromiso de respetarlos en todas las acciones climáticas. El cambio climático causa y causará serios impactos en América Latina que están comprometiendo el goce de los derechos humanos. Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA han reconocido que el respeto y disfrute de los derechos humanos están intrínsecamente conectados con el cambio climático. El Banco Mundialconcluyó que el cambio climático complica los esfuerzos para acabar con la pobreza, algo con clara implicación en los derechos humanos. Incluso el reciente borrador del texto de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático contempla la necesidad de respetar los derechos humanos. Por tanto, la Cumbre debería considerar que el vínculo entre cambio climático y derechos humanos debe ser incorporado a todas las acciones que pretendan combatir la inequidad y promover mejores estándares de vida. 3. Incluir el compromiso de implementar acciones de mitigación Considerando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos los Estados deben mostrar voluntad para implementar acciones de mitigación frente a los impactos del cambio climático. De esta manera, aunque no les corresponde mitigarlos en la misma medida, todos los países deberían contribuir a esa tarea. Los Mandatos para la Acción de la Cumbre se refieren a acciones de adaptación al cambio climático. Pero las tareas de mitigación no deberían quedar fuera. Ello reflejaría la realidad de la región, en la que se están desarrollando importantes esfuerzos para enfrentar el problema. 4. Reconocer que la corrupción atenta contra la equidad e incluir acciones para erradicarla Los Mandatos para la Acción reconocen los impactos de la corrupción en cuanto al uso de la tecnología para mejorar la participación. Pero la corrupción es un problema estructural en la regióny las acciones para enfrentarla deben ser parte de la gobernabilidad democrática. La corrupción tiene una relación directa con la inequidad en la región, impidiendo el verdadero avance y la lucha contra la pobreza.

February 09 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

La Conferencia de Ginebra debe dar claridad para un financiamiento climático adecuado

El camino hacia un nuevo acuerdo climático global, iniciado en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, continuará esta semana en Ginebra, Suiza. Allí, delegados de países se reunirán para trabajar a detalle en los elementos de lo que será el borrador del nuevo acuerdo. Uno de esos elementos es el financiamiento, factor clave para que los países en desarrollo le hagan frente al cambio climático. "Esperamos que la sesión de Ginebra concluya con un texto de negociación que brinde claridad para un financiamiento predecible y sostenible; se necesita establecer con certeza de dónde vendrán los recursos, qué instituciones los manejarán y cómo lo harán; así como garantizar que estos esfuerzos contribuirán a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo", dijo Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La Conferencia en Perú terminó con el Llamado de Lima a la Acción Climática, documento cuyos anexos contienen los elementos esenciales para el borrador de texto de negociación del nuevo acuerdo climático a ser firmado en la COP21 de París. Se espera que en Ginebra se intensifique el trabajo en torno a esos elementos y que de esa sesión salga un texto de negociación que tendrá fuerza legal bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dada la relevancia de la Conferencia de Ginebra y en términos de financiamiento climático, desde AIDA recomendamos a los negociadores que el borrador del nuevo acuerdo incorpore los siguientes aspectos: Disposiciones claras sobre quienes tienen la obligación de movilizar recursos. Metas claras para después de 2020 a partir de una ruta con objetivos de financiamiento público anuales. Incremento gradual de recursos para asegurar el cumplimiento del compromiso ya existente de movilizar 100 millones de dólares a partir del 2020, y para permitir que los países planifiquen sus acciones climáticas. Movilización de recursos predecible, adecuada y suficiente para promover la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo. Asignación balanceada de recursos y financiamiento equilibrado de acciones tanto de mitigación como de adaptación. Definiciones de financiamiento climático e inversiones climáticas. Claridad sobre qué instituciones de financiamiento climático movilizarán y otorgarán recursos, cuáles funcionarán y cómo. Reconocimiento del Fondo Verde Climático como la entidad primordial para movilizar recursos, sin la exclusión de otros fondos. Fortalecimiento del mandato del Comité Permanente de Financiamiento como entidad a cargo de garantizar la coherencia y armonía entre el trabajo de las diferentes instituciones financieras. AIDA es una organización internacional ambiental que usa las leyes para defender el derecho a un ambiente sano en el continente americano. "Cambio climático" es una de nuestras cinco líneas estratégicas. El cambio climático global tiene el potencial de ser la amenaza más generalizada y de largo alcance para a la salud ambiental y AIDA está desarrollando instrumentos legales para proteger a las comunidades humanas más vulnerables.

January 26 2015 Cambio Climático, Derechos Humanos

Los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático

Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.