Cambio Climático

COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática

En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos.   Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162  

Seis medidas para vestir nuestras acciones de justicia climática

El 2 de diciembre pasado, inició en Madrid la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una reunión vital para el planeta en la que debería aumentarse la ambición y compromisos entre tres y cinco veces más que los actuales si queremos preservar la vida como la conocemos hoy. Al momento hay más anuncios que acciones, por lo cual quiero compartir seis medidas que podrían ayudar a que avancemos hacia los resultados que el planeta necesita. El panorama no es alentador, por ello la urgencia del cambio. Cada día se evidencian mayores daños por la crisis climática, en especial para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Según el informe de la Brecha de Emisiones de Naciones Unidas, éstas siguen subiendo y las acciones en curso no son suficientes para alcanzar las reducciones necesarias. Y en un evidente debilitamiento político y financiero, países que antes lideraron acciones climáticas hoy se retiran o se niegan cumplir los acuerdos. A esto se suman las protestas sociales, especialmente en América Latina. Gobiernos de Ecuador, Chile y Colombia declararon toques de queda en las últimas semanas para atender la grave situación en sus países, al punto que la COP25 fue movida de Santiago de Chile a Madrid. En algunas situaciones hubo abuso de la fuerza, causando varias personas muertas y cientos de otras heridas. Esto evidencia la urgencia de atender el llamado social, ver y hacernos cargo de la desigualdad, de construir soluciones y países donde quepamos todas las personas. Por ello una cosa es clara: vamos mal y hay que componer el rumbo. Necesitamos cambios profundos tanto en los sistemas de energía, transporte y alimentación como en los procesos de negociación, toma de decisión e implementación de las acciones climáticas. Esto es esencial para alcanzar lo antes posible al pico máximo de emisiones globales, reducirlas a la mitad para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Indudablemente se están haciendo esfuerzos importantes con inversiones billonarias por parte de gobiernos, empresas, organizaciones y personas. Pero no es suficiente. Es esencial hacer un alto y evaluar qué está sirviendo y qué no, qué debemos seguir haciendo y qué deberíamos hacer diferente. Estas seis medidas podrían ayudar para que las acciones climáticas sean efectivas y contribuyan a lograr justicia climática: 1. Incluir, en serio, los derechos humanos como elemento transversal Aunque ha sido una petición de movimientos sociales, indígenas, campesinos y de organizaciones por décadas, hasta el momento no se cristaliza. Responder a este llamado es vital para aumentar la ambición y la responsabilidad que tanto se requieren. Si bien los Acuerdos de Cancún y de París se refieren a la importancia de respetar los derechos humanos, su implementación no ha incluido realmente esta perspectiva. Ello a pesar de que los organismos de derechos humanos han recordado a los Estados que es su obligación hacerlo, y a que científicas y científicos del IPCC resaltaran la importancia de abordar la desigualdad social y de incluir el conocimiento de las comunidades indígenas como elemento fundamental para resolver la crisis climática. 2. Participación efectiva de las personas y comunidades afectadas, como sujetos, en la planeación, discusión, decisión y monitoreo de las acciones climáticas Los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, las y los jóvenes, son de los grupos más afectados por la crisis climática. Además, las comunidades locales han protegido millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales, esenciales para la resiliencia climática. A pesar de ello, aún son muy reducidos los espacios de participación para estos actores y casi nulos los de decisión, en las COP y en otras instancias. Asegurar que las discusiones y decisiones sean realmente diversas es un paso esencial para incrementar la ambición y la efectividad climática. Las comunidades deben considerarse sujetos de derechos, no simplemente objetos de proyectos y acciones de protección. 3. Distribución equitativa de fondos Vivimos en medio de una inmensa desigualdad, donde la riqueza, la propiedad y los privilegios son de unos pocos, mientras las mayorías asumen los impactos negativos. La crisis climática es en parte resultado de ello. Aunque América Latina es la región más desigual del planeta, la desigualdad está subestimada, de acuerdo con la CEPAL. Por ello la distribución de recursos económicos y humanos debe atender esta realidad, asegurando que el Sur Global acceda verdaderamente a las oportunidades para participar en igualdad de condiciones hacia una verdadera justicia climática. Ello aumentaría la posibilidad de encontrar soluciones alternativas y replicar las ya en curso. 4. Rendición de cuentas de los responsables de la crisis climática Quienes están causando la crisis climática deberían responder por ésta en lugar de continuar gastando millones de dólares en su negación y en atacar a quienes buscan la rendición de cuentas y la justicia climática. Este es uno de los grandes obstáculos para avanzar y, por lo mismo, es tiempo de nombrar a los responsables y exigirles hacerse cargo, reparar el daño, en lugar de aceptar más paños de agua tibia y acciones voluntarias ineficaces. 5. Perspectiva femenina, desde el amor maternal Con esto me refiero a la necesidad de rescatar una perspectiva de colaboración, de dialogar en serio para llegar a consensos, asumiendo responsabilidades por encima de las diferencias y de la competencia. Incluyamos una perspectiva que priorice el cuidado de la Tierra, de la naturaleza y de las personas. Dejemos de poner por encima los intereses económicos y la visión de corto plazo. Enfoquemos nuestros esfuerzos en acordar cómo sí podemos alcanzar la justicia climática, saliendo de la negación y de las excusas sobre por qué no se puede. 6. Incluir los verdaderos costos de la crisis climática: sociales, económicos, ambientales y humanos Hasta el momento la mayoría de las evaluaciones económicas se ha centrado en calcular el costo de la transición a una economía de cero emisiones. Si bien hay cálculos de lo que implica no implementar la transición, éstos no son integrales, ignorando impactos sociales, ambientales y culturales. Esto es particularmente importante para regiones como América Latina, que además de sufrir pérdidas humanas y culturales, están perdiendo su riqueza natural sin siquiera conocer lo que implica. En todo caso, las y los científicos concluyen que los cambios serán más costosos entre más tiempo demoren. Esta COP25 podría ser una gran oportunidad para incorporar las anteriores y otras medidas frente a la emergencia climática. A estas alturas, insistir en lo mismo, solo cambiando de ciudad europea como sede, es un sinsentido que traerá más frustraciones y fracasos. No hacerlo será condenar a millones de personas más en el mundo a que sufran las consecuencias de la crisis climática y de soluciones inadecuadas que afectan sus derechos. La realidad es indiscutible, lo que hace impostergable poner el rostro humano a las soluciones, incluyendo los derechos humanos como eje transversal de las acciones climáticas. Si no lo hacemos, las acciones resultantes de la Conferencia de las Partes y de otras se parecerá al emperador del cuento de los Hermanos Grimm. Saldrán al desfile desnudas, luciendo con orgullo un costoso traje hecho con la ambición climática, insuficiente para lo que el planeta necesita.  En lugar de ello, podemos cubrir la acción climática con el traje de la justicia climática, uno visible, uno que debemos tejer en conjunto. Si no se hace, seguirá habiendo niñas y muchas personas más gritando que el emperador está desnudo. El problema es que ya no tendremos mucho tiempo más para remediarlo.  

Zonas de Sacrificio: La injusticia de vivir en un ambiente que no está sano

En Chile, 40% de la energía que se produce y consume proviene de la quema de carbón. Esa enorme cantidad de energía la generan apenas 28 plantas termoeléctricas, concentradas en cinco localidades a lo largo del país. Son las llamadas Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes han sido sometidos a vivir inmersos en medio de la contaminación, con su salud dañada, niños con problemas de aprendizaje y mares envenenados. El grave perjuicio que implica habitar una de estas zonas ha sido documentado ampliamente. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido es un informe que la ONG Chile Sustentable encargó a la Universidad Católica de Chile, el cual evidencia que vivir en una Zona de Sacrificio se traduce en mayores riesgos de enfermar y de morir prematuramente. El estallido social que el país vive actualmente representa una oportunidad histórica de transformación. Empujado por la voz de su gente y teniendo a su cargo la Presidencia de las negociaciones climáticas internacionales, Chile puede liderar un cambio estructural de redistribución de cargas y beneficios, tanto sociales como ambientales, que lo lleve a ser un país más limpio y más justo. El camino hacia la descarbonización En junio y tras un año de discusiones con la industria y otros actores interesados, el Presidente Sebastián Piñera anunció un esperado cronograma de descarbonización. Fruto de un acuerdo, la industria se comprometió a cerrar todas sus plantas a carbón antes del 2040. Por positiva que parezca, al analizar a fondo la propuesta, es posible concluir que no es suficiente para lograr la justicia que tanto merecen las personas afectadas por la quema de carbón. El cronograma establece fechas específicas para el cierre de las ocho plantas más antiguas al 2024, pero no da fechas ni detalles sobre el cierre efectivo de las 20 plantas restantes, dejándolo a la merced de la buena voluntad de las próximas administraciones. En esos términos, no hay forma de garantizar que el plan vaya a ejecutarse realmente. Además, esperar 20 años tampoco parece un trato aceptable para quienes ya han cargado demasiado y por demasiado tiempo, ni para el equilibrio climático del planeta, que no esperará tanto antes de colapsar. Otra crítica que recibió la propuesta del gobierno es que poco después de ser anunciada, la empresa Engie inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Mejillones, Zona de Sacrifico ubicada al norte del país. La nueva planta tiene más del doble de la capacidad operativa de las dos termoeléctricas de Tocopilla que la misma empresa habría cerrado tras la firma del plan de descarbonización. Pero no todo son malas noticias. Un mes antes de que estallaran las protestas sociales en Chile, el gobierno dio señales de una meta de descarbonización más ambiciosa. En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que solicita al Presidente adelantar en diez años, al 2030, el cierre de las termoeléctricas a carbón. La solicitud se basa en un estudio encargado por la ONG Chile Sustentable a la consultora Kas Ingenieros. La investigación evidencia la factibilidad técnica y económica de alcanzar la meta de descarbonización al 2030. La crisis social en el país estalló en plena búsqueda de un acuerdo vinculante para concretar ese avance.   El estallido social en Chile Chile vive hoy un momento histórico. El descontento social —generado por las injusticias, la desigualdad y la falta de equidad que los segmentos más vulnerables de la población han soportado por años— desencadenó múltiples protestas que aún no amainan en intensidad. Lo que pasa en Chile es un espejo de lo podría ocurrir en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. El pasto en muchos lugares está seco y cualquier chispa podría encender la movilización social, destapando ollas que por años han acumulado descontento y presión. Las cifras muestran que el país ha crecido y que hay menos pobreza, pero ni los beneficios ni las cargas se han repartido equitativamente. Las autoridades han fallado. La confianza se está acabando y la desilusión aumenta. Las Zonas de Sacrificio son un ejemplo muy claro del problema estructural que aqueja a la sociedad: ciertas comunidades cargan con los costos y no disfrutan de los beneficios, situación que es inaceptable en estos tiempos. Un nuevo rumbo es posible Los incendios, las inundaciones y otros eventos extremos que provocan daños cuantiosos en la vida de las personas muestran que la naturaleza no dejará de protestar hasta que la respetemos. La sociedad también está pidiendo lo suyo, y con una urgencia que ha ganado la atención de los tomadores de decisión. Cambios que parecían imposibles ciertamente ya no lo son. No es que las demandas sociales sean más importantes que las ambientales o viceversa. Las demandas ambientales son también demandas sociales. Aunque la crisis climática y la contaminación nos afectan a todos, el daño es mucho mayor para las personas más vulnerables. Los cambios en favor de nuestro planeta pueden y deben hacerse con un enfoque de justicia social y en armonía con la naturaleza.   En el caso de Chile, la descarbonización —y con ella el fin de las Zonas de Sacrificio— es el cambio que nos llevará a ser un mejor país. Porque una de las más grandes injusticias es tener que vivir en un ambiente que no está sano.  

Eventos paralelos: AIDA en la COP25

Por un aire limpio: La descontaminación, un compromiso climático

Existen ciertos contaminantes que, además de contribuir de manera importante al calentamiento del planeta, son causa principal de la mala calidad del aire que afecta a muchas de las ciudades de América Latina. Uno de ellos es el carbono negro, generado principalmente por la quema de leña para calefacción y cocina y por el transporte que usa diésel. Ante la actual crisis climática y social que vivimos, es urgente que los países de la región incluyan, en sus nuevos compromisos climáticos, metas ambiciosas para reducir las emisiones de carbono negro y de los otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Esos compromisos deben ser actualizados en el marco de la COP25 este diciembre. Los CCVC se llaman así porque permanecen apenas unos días o décadas en la atmósfera. Esto significa que su reducción implica mejoras en el corto plazo en cuanto a la descontaminación de nuestras ciudades y la lucha contra la crisis climática. En este seminario, el último de una serie de tres, abordamos el problema de la mala calidad del aire y su relación con las negociaciones climáticas. Expertos en la materia hablaron de los daños de la contaminación atmosférica, sobre todo para segmentos vulnerables; los avances hacia las soluciones en el contexto de los compromisos climáticos de países de la región; y del rol de los movimientos ciudadanos frente a la emergencia climática. PanelistasJavier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): La descontaminación del aire en el marco de las negociaciones climáticas.Juan Pablo Amaral y Thaís Dantas, Instituto Alana (Brasil): Aire y clima en relación con la niñez.Anaid Velasco, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): Política energética y de movilidad en los compromisos climáticos de México.Patricia Araya, ONG FIMA y Sociedad Civil por la Acción Climática (Chile): Movimientos ciudadanos por el clima. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Juan Pablo Amaral y Thaís Dantas, Instituto Alana (Brasil): 3. Presentación de Anaid Velasco, Centro Mexicano de Derecho Ambiental: 4. Presentación de Patricia Araya, ONG FIMA y Sociedad Civil por la Acción Climática (Chile): 

Resumen de la 24ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Noviembre de 2019Del 12 al 14 de noviembre de 2019, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) sostuvo su 24ª reunión en Sondo, Corea.Los puntos clave de esta reunión fueron la consideración de 14 nuevas propuestas de financiamiento por un valor de USD $484.6 millones y la acreditación de siete entidades. También se consideró el Plan Estratégico del Fondo para 2020-2023 y la adopción de la Política y Plan de Acción de Género actualizados.Además, el Fondo recibió USD $9.700 millones de 27 países contribuyentes. Ese dinero será utilizado durante los próximos cuatro años.Consulta y descarga el resumen 

Defendiendo mi lugar en la lucha por el clima

Empecé en AIDA siendo una estudiante de Derecho que exploraba las posibilidades de trabajar usando el Derecho Ambiental. Cuatro años después, soy la abogada más joven del equipo legal de la organización, apoyando los esfuerzos del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. El mes pasado, participé de la reunión preparatoria de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Costa Rica. Fue mi primera experiencia en un evento de ese tipo. Siempre digo que la parte favorita de mi trabajo es estar rodeada de muchas mujeres jóvenes, poderosas y ejemplares. Sus enseñanzas han cimentado mi camino. Pero fue en la PreCOP25 cuando realmente sentí la fuerza femenina y la de las generaciones más jóvenes, unidas para exigir nuestro lugar en la mesa de discusión sobre las soluciones ante la crisis climática. En los últimos meses, hemos visto el apogeo de movimientos mundiales y regionales de jóvenes indignados por lo que consideran la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. En su mayoría, estos movimientos han sido liderados por mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. La reunión climática de Costa Rica no fue la excepción y reflejó el cambio generacional que estamos viviendo. En ese foro, jóvenes de diferentes segmentos, profesiones y aspiraciones hicimos nuestro reclamo y buscamos ser escuchados. Nos unía un propósito común: garantizar un futuro y ser mejores que las generaciones actuales en cumplir esa meta. Los mileniales (grupo generacional al que pertenezco) —personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte— y los centeniales (grupo generacional al que pertenece mi hermana de 13 años) —­­jóvenes que nacieron alrededor del nuevo siglo— somos quienes tendremos que vivir con las consecuencias de la inacción política frente a la emergencia climática. Es nuestro futuro el que está en juego. Además, las mujeres somos un grupo especialmente vulnerable a la degradación ambiental debido al rol especial que jugamos en el cuidado de los recursos naturales y de las personas que nos rodean. Por eso es una buena noticia que nos estemos levantando y exigiendo acciones claras, concretas y, sobre todo, urgentes. Esta PreCOP fue una oportunidad de mucho aprendizaje y crecimiento. Me sentí identificada con el énfasis que el gobierno de Costa Rica dio en la agenda del evento a la protección del océano y a las soluciones basadas en la naturaleza. Fue también un espacio de mucha inspiración al ver que cada vez somos más mujeres jóvenes tomando el timón de las acciones decididas y ambiciosas que la crisis ambiental y social del mundo nos exige adoptar.  

Pronunciamiento ante la suspensión de la COP25 en Chile

Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere. Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años. Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inadmisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas. Problemas similares ocurren en otros países de la región. Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París. Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

Lecciones para avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles

Por Javier Dávalos y Florencia Ortúzar El reciente conflicto social en Ecuador, desatado por la suspensión abrupta de los subsidios al diésel y la gasolina, evidenció una necesidad cada vez más urgente ante la crisis climática mundial: la transición energética, pero una que tenga en cuenta a las personas. Las medidas orientadas a poner fin al apoyo que gobiernos otorgan a la producción y uso de los combustibles fósiles deben ser progresivas y consensuadas con la población. La extracción de carbón, petróleo y gas produce emisiones significativas de dióxido de carbono y metano, causantes del calentamiento del planeta. Además, la quema de estos combustibles para producir energía contribuye enormemente a la contaminación del aire, que mata a millones de personas cada año. No obstante, a nivel mundial, los gobiernos gastan entre 160 y 400 mil millones de dólares cada año en subsidiar a la industria de los fósiles, según información de ONU Medio Ambiente. Por el contrario, el apoyo financiero total a la energía renovable llega sólo a 121 mil millones. Si realmente queremos combatir la crisis climática y la contaminación del aire, esta situación debe cambiar. Entendiendo los subsidios Los incentivos públicos a productores y consumidores de carbón, petróleo y gas natural incluyen pagos a consumidores o empresas y deducciones impositivas. De ese modo, aunque los precios de los combustibles aumenten constantemente, los subsidios los mantienen bajos de manera artificial. En consecuencia, los costos del transporte y del comercio son contenidos y permanecen competitivos internacionalmente. Estos subsidios implican un gran peso para las economías nacionales, que se quedan sin recursos que bien podrían destinarse a sectores como salud y educación. El apoyo a la industria de los combustibles fósiles profundiza nuestra dependencia de ellos y nos ata a un sistema económico del que tenemos que salir si queremos resolver la crisis social y ambiental en la que estamos metidos. Es importante entender que esa dependencia es mucho más aguda para las personas y familias más vulnerables, para las que cada moneda cuenta e influye en su calidad de vida. Una transición energética justa Lo ocurrido en Ecuador nos dejó una lección valiosa: un resultado deseable no justifica necesariamente la forma de llevarlo a cabo. En ese país, los subsidios al diésel y la gasolina fueron eliminados por decreto, de manera unilateral y sin un diálogo nacional previo, afectando a los sectores más pobres de la población. Ello provocó un conflicto social intenso y violento que obligó al gobierno a retroceder en su medida, la cual nunca tuvo como meta el combate a la crisis climática (y menos una transición energética justa). Acciones de este tipo, que impliquen cambios importantes en las necesidades básicas de la población —como el combustible necesario para su transporte y todos los bienes de consumo—, deben estar acompañadas de medidas de protección para los sectores vulnerables que resultarán afectados. Ya no es tiempo de subsidiar los combustibles fósiles. Pero su eliminación no resultará de seguir una receta. Debe estar enmarcada en planes serios que busquen un verdadero tránsito hacia un modo de vida bajo en carbono. Debe ir acompañada de otras acciones como el fomento a las economías locales, la protección de ecosistemas que regulan naturalmente el clima, la mejora efectiva de los sistemas de trasporte público y la inversión en fuentes de energía renovable. Solo así caminaremos en la dirección correcta, la de la justicia climática. Un nuevo pacto social para afrontar la desigualdad De otro lado, las protestas ciudadanas en Chile únicamente confirman que los segmentos más olvidados de la población no van a seguir soportando el peso de la inequidad y que llegó la hora de cambiar el rumbo. La crisis chilena no tiene que ver directamente con el subsidio a los combustibles fósiles, pero sí con un problema de fondo en América Latina: la abismal desigualdad social que por demasiado tiempo se ha ido intensificando en la región. En Chile, el profundo descontento social —contenido por demasiado tiempo— estalló cuando, sin pensar en las consecuencias sociales, se elevó el precio del transporte público. Cuando se elevan los precios de bienes básicos, los más débiles siempre serán los más afectados. Por ello, esos cambios deben incorporar acciones que cierren las brechas sociales en lugar de agravarlas. Al igual que Ecuador, el caso de Chile nos está demostrando que más allá de medidas paliativas que afectan los bolsillos de los más pobres, es hora de apuntar más lejos, en busca de un nuevo pacto social. La crisis ambiental y social que estamos viviendo puede ser tomada como una oportunidad única para dar un giro y construir una sociedad más justa y feliz, terminando con las inequidades más graves que aquejan a nuestras sociedades.  

Pronunciamiento de AIDA sobre la situación en Ecuador

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente ve como positivo el diálogo iniciado entre el gobierno nacional de Ecuador y el movimiento indígena de ese país, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del conflicto desencadenado por la emisión del decreto 883 que eliminó los subsidios al diésel y la gasolina. En un contexto de emergencia climática mundial, es necesario eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y cualquier otra distorsión del mercado que promueva su continua explotación y uso. Sin embargo, ninguna medida será exitosa si no se hace en absoluta conciencia de los impactos que implica para los segmentos más vulnerables de la población, afectados directamente por el alza de los precios del transporte y de los bienes de consumo. Por tanto, la transición energética debe ser progresiva y respetuosa de los derechos humanos. Solo así caminaremos hacia una verdadera justicia climática. Medidas como las adoptadas en ese país deben además estar enmarcadas en una planificación adecuada, orientada a transitar hacia una economía baja en carbono, así como a reducir la dependencia del petróleo, la minería a gran escala y otros sectores que contribuyen a la crisis climática. AIDA resalta el compromiso de gobierno y movimiento indígena para elaborar un nuevo decreto de manera conjunta y participativa. El conflicto reciente en el país evidencia la necesidad de fortalecer el Estado plurinacional y pluricultural, donde las decisiones sean discutidas y consensuadas con los pueblos indígenas y con todos los actores nacionales. Ecuador tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente clave a nivel mundial, diseñando políticas integrales que apoyen el cumplimiento de sus compromisos climáticos y que al mismo tiempo respeten y protejan a las personas, en especial a grupos en situación de vulnerabilidad. Esperamos que el diálogo sea exitoso y sea ejemplo de una construcción colectiva de soluciones climáticas que asegure la participación, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y, en suma, el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107