Derechos Humanos

El caso de La Oroya llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En un esfuerzo por obligar al Estado peruano a resolver la crisis de salud existente en La Oroya, AIDA acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 para solicitarle se tomen medidas cautelares urgentes para proteger los derechos humanos de la población afectada. En colaboración con Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y nuestros colegas peruanos, llevamos este caso en representación de más de 60 adultos, así como de niños y niñas que viven en La Oroya y sufren problemas de salud, posiblemente causados por la contaminación de la metalúrgica.  El Estado incumplió las acciones ordenadas por el Tribunal Constitucional peruano en La Oroya para proteger la salud humana y el ambiente. Por eso, en 2006 presentamos una demanda de caso a la CIDH, solicitándole evaluar completamente la situación de derechos humanos y obligar al Estado peruano a prevenir que la metalúrgica de Doe Run Perú contamine la ciudad. La Comisión respondió favorablemente a nuestros esfuerzos. En 2007, ordenó implementar medidas cautelares para prevenir el daño a la salud, integridad y las vidas de las personas de La Oroya. Específicamente, como primer paso, la Comisión ordenó al Estado peruano diagnosticar y proveer tratamiento médico especializado al grupo de personas que representamos. Debido a que el Estado fue lento en su respuesta, la Comisión se reunió con las partes en 2008 y 2009, y reiteró al Estado peruano la necesidad de implementar las medidas apropiadas, mismas que están siendo implementadas parcialmente. En agosto de 2009, la Comisión aceptó la petición de AIDA de evaluar el caso en contra del Estado peruano, con base en el hecho de que las enfermedades y muertes presuntamente causadas por la severa contaminación pueden constituir violaciones a los derechos humanos a la vida e integridad personal. Además, el Estado puede haber violado el derecho a la información al manipular y no publicar datos esenciales. La Comisión concluyó también que el Estado peruano demoró injustificadamente el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de 2006 y que por lo tanto podría estar violando los derechos de las personas al acceso a la justicia y a soluciones nacionales efectivas. En marzo de 2010, la CIDH realizó una audiencia para el caso de La Oroya. En ella, AIDA y nuestros colegas presentamos evidencia del incumplimiento de las medidas cautelares y de la debilidad de las acciones para atender la gravedad de la situación en La Oroya. El Estado peruano informó acerca de los escasos avances en la implementación de acciones y solicitó levantar las medidas cautelares argumentando que ya habían logrado garantizar la salud de los habitantes de La Oroya. Lo anterior ignora las conclusiones de los expertos independientes que siguen el caso, por lo cual AIDA insiste en el cumplimiento de dichas medidas. Mientras se produce la decisión de la CIDH en este caso, en AIDA continuaremos presionando al Ministerio de Salud peruano para que cumpla con sus obligaciones, e insistiremos para que la CIDH mantenga su atención en el Estado peruano hasta que se hayan protegido efectivamente los derechos humanos en La Oroya. Un cambio positivo en La Oroya beneficiará al grupo que representamos, a la población e incluso a la región, pues se creará un precedente legal hemisférico que se podría aplicar a otros casos en los cuales los gobiernos permiten que la contaminación tóxica afecte la salud de las personas. Audiencia CIDH - Caso La Oroya

Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú

El Complejo Metalúrgico Doe Run En La Oroya, Perú, Pierde Su Certificado Ambiental

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 10 de Abril de 2008 Contactos de prensa: Perry Gottesfeld, Executive Director OK International, 415-362-9898 [email protected] Anna Cederstav, Ph.D. AIDA y Earthjustice, 510-550-6700 [email protected] EL COMPLEJO METALÚRGICO DOE RUN EN LA OROYA, PERÚ, PIERDE SU CERTIFICADO AMBIENTAL Lima, Perú  — Doe Run Perú, que opera una de las mayores fundiciones metalúrgicas del hemisferio, ha perdido su Certificado Ambiental a través de una medida poco común que han adoptado los auditores externos e independientes de la compañía.  En principio, TÜV Rheinland había concedido el certificado hace menos de dos años, pero lo revocó el 11 de marzo de 2008 alegando que el complejo incumplía las leyes ambientales peruanas y que carecía de medidas adecuadas para evitar la contaminación.   La pérdida del certificado es otra muestra que Doe Run Peru no está cumpliendo con sus responsabilidades ambientales.  El año pasado, a Doe Run Perú se le impuso una multa de USD$234,000 por diversas violaciones graves de las leyes ambientales de Perú. Además, la semana pasada, las autoridades peruanas publicaron un informe que detalla dichas violaciones, incluyendo haber sobrepasado los niveles máximos permitidos de plomo y partículas suspendidas en el aire. Doe Run Perú obtuvo el certificado ambiental ISO 14001 en el 2006, que definió como un “hito importante en lo que se refiere a cumplir nuestros compromisos con nuestras comunidades, nuestros empleados y el medio ambiente.”  El sitio web de Doe Run Company define el certificado ISO como un “símbolo reconocido de la dedicación de una compañía por una calidad superior, la satisfacción del cliente y una mejora continua.” No obstante, varios estudios que han llevado a cabo tanto el Gobierno como expertos internacionales en salud, han demostrado que casi todos los niños que viven en la zona que rodea el complejo metalúrgico de Doe Run Perú presentan niveles inaceptablemente altos de plomo en el organismo.  Muchos de ellos han estado gravemente expuestos y requieren tratamiento médico inmediato. “TÜV Rheinland ha actuado responsablemente al llevar a cabo esta medida sin precedentes para subrayar el deber de Doe Run Perú de hacer más para proteger la salud pública en La Oroya”, dijo Perry Gottesfeld, Director Ejecutivo de Occupational Knowledge International (Estados Unidos). Anna Cederstav, científica de AIDA y Earthjustice, y autora del libro La Oroya No Espera ha afirmado que “para Doe Run, la revocación del certificado debería significar claramente que les queda mucho trabajo por hacer,”  y añadió que “no obstante, todavía nos preocupa que, si se les paga suficiente, otro organismo de certificación aceptará otorgar un certificado similar a Doe Run”. En el 2006, varias organizaciones presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la intención de que se recomendara al gobierno peruano poner en práctica medidas urgentes para detener estas graves violaciones contra la salud y la vida de los residentes de La Oroya.  El año pasado, la Comisión aceptó esta petición y solicitó al Estado implementar tales medidas cautelares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 120 millones de personas están siendo sometidas a una exposición excesiva al plomo (aproximadamente tres veces más que el número de infectados por el VIH/SIDA) y que el 99% de los más afectados viven en países en vías de desarrollo.  El plomo afecta tanto a niños como a adultos y provoca daños cerebrales, retraso mental y otros problemas de aprendizaje en niños.  Además del plomo, la población de La Oroya ha estado expuesta también a niveles extremos de otros contaminantes dañinos, entre ellos arsénico, cadmio y dióxido de azufre.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Solicita al Estado Peruano Implementar Medidas Cautelares de Urgencia para Proteger Vida de Pobladores de La Oroya Víctimas de la Contaminación

Para su difusión inmediata: 5 de septiembre de 2007 CONTACTOS: México: Astrid Puentes, AIDA (+5255) 52120141 [email protected] Perú: Luis Eduardo Cisneros, (+511) 422-2720 [email protected] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita al Estado Peruano implementar medidas cautelares de urgencia para proteger vida de pobladores de La Oroya victimas de la contaminación Oakland, CA; Lima, Perú  – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Peruano, el pasado viernes 31 de agosto, la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de los pobladores de La Oroya, Perú por la grave contaminación ambiental generada por el Complejo Metalúrgico de Doe Run Perú, ubicado en la referida ciudad peruana. Esta decisión beneficiará por ahora, a sesenta y cinco personas, incluyendo más de treinta niños en particular estado de vulnerabilidad y personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios. La decisión se produjo a partir de una solicitud presentada por Carlos Chirinos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Earthjustice y CEDHA el 21 de noviembre de 2005. Tal solicitud denuncia la ausencia regulatoria del Estado Peruano, frente a las graves violaciones a los derechos humanos que los pobladores de La Oroya sufren por la contaminación producida por Doe Run. "Las medidas son fundamentales pues reiteran lo dicho por el Tribunal Constitucional de Perú, quienes consideraron insuficientes las acciones de prevención y atención de la salud promovidas hasta ahora. Es esencial continuar insistiendo en las demás acciones para controlar la contaminación ", señaló Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA. En cuanto al contenido de las medidas, la CIDH ordena al Estado Peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Doe Run. Al mismo tiempo, se solicita al Gobierno, a proveer de tratamientos médicos especializados para cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable. Al respecto, Carlos Chirinos, de la SPDA aseguró “Esperamos tener una coordinación fluida con las autoridades del Estado para garantizar la aplicación transparente y eficaz de estas medidas. El soporte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras entidades es crucial", aseguró el abogado peruano. “Al ordenar al Perú proteger las personas de La Oroya, la Comisión apoya a quienes están amenazados por contaminación tóxica extrema en el hemisferio” sostuvo Martin Wagner de Earthjustice. “Reconoce además que  este tipo de contaminación viola derechos humanos y el derecho internacional, por lo cual se exige a los Estados que eviten estas tragedias y tomen acciones para remediarlas cuando ocurren”, agregó. Cabe resaltar que la CIDH tiene pendiente por resolver una demanda presentada por las mismas organizaciones en la que se busca mejorar las fuentes de contaminación y establecer la responsabilidad del Estado por los derechos humanos afectados.

CIDH Remite Petición de Derechos Humanos de La Oroya al estado Peruano para Comentarios

Para difusión inmediata: 24 de abril de 2007 CONTACTOS: Astrid Puentes, AIDA (+5255) 52120141 [email protected] Carlos Chirinos, SPDA (+511) 422-2720 [email protected] CIDH remite peticion de derechos humanos de La Oroya al Estado Peruano para comentarios Importante paso en la defensa de derechos humanos afectados por contaminación WASHINGTON DC, LIMA – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (organismo de la Organización de Estados Americanos, OEA) remitió al Gobierno de Perú la petición de caso que denuncia violaciones de derechos humanos en La Oroya, Perú, dándole dos meses para responder.  La petición sostiene que la contaminación severa del complejo metalúrgico propiedad de Doe Run que opera en la ciudad y la falta de acciones eficientes del Estado, amenazan gravemente los derechos humanos de la población, en particular a los derechos a la vida, salud e integridad. “Esta primera decisión de la CIDH en el caso es una muy buena noticia, pues evidencia la solidez de la petición y el buen camino del procedimiento que empezamos recientemente hacia la determinación de la responsabilidad del Estado,” aseguró Carlos Chirinos, abogado de la SPDA, institución que viene asesorando este proceso desde su inicio. La CIDH concluyó que la petición, interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y el abogado peruano Carlos Chirinos, cumple con los requisitos formales, por lo cual la transmitió al Estado la semana pasada, otorgándole dos meses para enviar sus observaciones. Según el reglamento, pasado este término, la CIDH continuará evaluando la admisibilidad del caso, para concluir si hay violaciones de derechos humanos y responsabilidad del Estado Peruano. Asimismo, la Comisión continúa estudiando la solicitud de medidas cautelares urgentes para la atención de la salud de las personas. “Estamos pendientes de las observaciones del Estado a la petición, y también de la decisión de la Comisión respecto de las medidas cautelares, cuyo cumplimiento podría ayudar significativamente en la protección efectiva de los derechos de nuestros representados” puntualizó Astrid Puentes de AIDA. Dentro de las medidas cautelares, se han solicitado entre otros, brindar adecuado diagnóstico y tratamiento médico para las personas representadas, implementar programas de educación y acceso a la información eficientes, realizar un efectivo control de las emisiones y de la contaminación en la ciudad, y evaluar el estado de contaminación de zonas primordiales e implementar las medidas adecuadas de limpieza. De acuerdo con Martin Wagner de Earthjustice, el objetivo principal de las medidas cautelares urgentes es “mejorar la condición de derechos humanos de las personas que representamos en La Oroya, mientras se implementan acciones definitivas para el control de la contaminación”.

AIDA y Organizaciones Participantes Llevan el Caso de La Oroya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA: 21 de marzo de 2007 Contactos: Astrid Puentes, AIDA (+5255) 52120141 [email protected]                                     Martin Wagner, Earthjustice (510) 550-6700 [email protected] Carlos Chirinos (+511) 422-2720 [email protected] Petitorio ante la CIDH: “Respiremos esperanza en Lugar de plomo en La Oroya” Lima, Perú — 21 de marzo de 2007, en los salones del Colegio de Abogados de Lima, Perú, se llevó a cabo en presencia de los principales medios de prensa locales y extranjeros, la conferencia de prensa para anunciar la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de La Oroya, por la violación a los derechos humanos derivados de las emanaciones tóxicas del Complejo Metalúrgico que se ubica en esta ciudad. La petición interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Carlos Chirinos, abogado peruano, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(SPDA), busca establecer la responsabilidad del Estado respecto de la actividad metalúrgica que ha ocasionado graves impactos en la salud, la vida y la integridad de las personas, en particular de los niños, niñas y madres gestantes.   La conferencia “Respiremos esperanza en lugar de plomo en La Oroya” estuvo a cargo del Dr. Carlos Chirinos, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la (SPDA), quien presentó los antecedentes y las acciones legales tomadas al respecto en el Perú; y de la Dra. Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA, quien se refirió a las acciones internacionales. En particular, puntualizaron que la intervención de la CIDH es esencial dado que las acciones internas no se han cumplido efectivamente, incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional obligando al Ministerio de Salud a ejecutar medidas efectivas para proteger la salud pública. De esta manera, “la demanda ante la CIDH fortalece la solicitud de medidas cautelares interpuesta en noviembre de 2005, cuya recomendación e implementación podría controlar de forma efectiva y rápida la contaminación en La Oroya, particularmente las emisiones al aire que provenientes en un 99.7 por ciento del complejo metalúrgico de propiedad de la empresa Doe Run Perú” según Puentes.   Tras la intervención de los abogados, pobladores de La Oroya brindaron su dramático testimonio sobre los graves problemas de salud que desde hace años padecen por la contaminación. Un padre de familia desesperado, comentó a los medios presentes, los graves problemas sufridos por su niña de 1 año, quien sufre de constantes convulsiones y molestias debido a los altos contenidos de metales y de plomo que tiene en su sangre,  a pesar que la madre de la niña fue beneficiaria de medidas implementadas en la ciudad, por  convenio entre la empresa y el Ministerio de Salud.   “La inacción del Estado en términos de salud es muy grande. Por ello, en la petición presentado el 27 de diciembre , estamos insistiendo en las medidas cautelares, que incluyen la recomendación de proveer diagnóstico y atención médica a los representados y a los habitantes de La Oroya, programas de educación y salud independientes y objetivos; asegurar una apropiada evaluación y seguimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico; controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo; y proteger a las personas que trabajan por la salud y el ambiente en la ciudad”, señaló Carlos Chirinos.

¡Victoria legal! - El Tribunal Constitucional Peruano Ordena al Gobierno Atender la Emergencia de Salud Pública en La Oroya

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 12 de mayo de 2006 Contactos: Dra. Anna Cederstav, Earthjustice/AIDA, (510) 457-4010 [email protected] Dr. Carlos Chirinos, SPDA, (+511) 441-9171 [email protected] Hunter Farrell, MOSAO/Mesa Técnica, (+511) 97094921 ¡Victoria legal!   Tribunal constitucional ordena al Ministerio de Salud disponer urgente Atención de niños y gestantes contaminados con plomo en La Oroya Dispone además que se realicen acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en esta ciudad   LIMA, PERÚ — El Tribunal Constitucional (TC) dispuso ordenar al Ministerio de Salud, para que en el plazo de 30 días, implemente un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre en el caso de la ciudad de la Oroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas a que hubiera lugar. Así lo señala en la sentencia que declara fundada la demanda de cumplimiento, recaída en el Exp. Nº2002-2006-PC/TC.   El TC encuentra que tal como se aprecia en una serie de estudios, desde el año 1999, la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), así como diferentes instituciones, acreditaron la existencia de exceso de contaminación en el aire de la ciudad de La Oroya, y que en el caso de contaminación por plomo en la sangre, sobre todo de niños, se sobrepasó el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud.   Del mismo modo el TC ordena que el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, que en el plazo de 30 días, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la expedición del diagnóstico de línea base conforme lo exige el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que a la brevedad posible puedan implementarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya.   También se ordena al Ministerio de Salud, para que en el mismo plazo, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en la ciudad de La Oroya conforme lo exigen los artículos 23º y 25º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el artículo 105º de la Ley Nº 26842.   En el caso concreto de la población de la ciudad de La Oroya, sobretodo de los niños y mujeres gestantes, considerando que desde el año 1999, en que se realizaron los primeros estudios que determinaron la existencia de población contaminada con plomo en la sangre, hasta la actualidad, han transcurrido más de 7 años, sin que el Ministerio de Salud haya implementado un sistema de emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la población afectada. Por ello, al profundizar el análisis del problema, el TC plantea la siguiente interrogante: ¿Qué más se debe esperar para que el Ministerio de Salud cumpla su deber de dictar las medidas indispensables e inmediatas para que se otorgue atención médica especializada a la población de La Oroya cuya sangre se encuentra contaminada con plomo?.   En su extensa sentencia el TC considera que si bien en la labor de atención de la salud de la población resulta importante la actuación conjunta entre el Ministerio de Salud y empresas privadas, es necesario precisar que ante situaciones de grave alteración de la salud como la contaminación por plomo en la sangre, como sucede en el caso de los niños y mujeres gestantes de la ciudad de La Oroya, el Ministerio de Salud, en tanto ente rector del Sector Salud, es el principal responsable de la recuperación inmediata de la salud de los pobladores que se encuentran afectados en las situaciones antes descritas. Finalmente, el TC exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas tales como la Empresa Doe Run Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente de La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes.

Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de noviembre de 2005 Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru Estudio de Marzo, 2005 encontró que el 99 por ciento de los niños en la ciudad están contaminados con plomo.   SAN JOSÉ, COSTA RICA – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú.   Los habitantes de La Oroya están siendo seriamente afectados debido a la grave contaminación generada por la operación de un complejo metalúrgico. En concreto, las organizaciones solicitaron a la Comisión que ordenara al Estado Peruano: Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya Implementar programas de educación y salud Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo Evaluar los niveles de contaminación en las casas Tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud. La urgencia de las medidas solicitadas en la ciudad andina de La Oroya, 175 kms. al este de Lima, se fundamenta en los elevados índices de contaminación que el complejo metalúrgico genera, particularmente por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre.   Desde 1999 el Estado Peruano ha comprobado que casi la totalidad de los niños que habitan en los alrededores del complejo sufren de intoxicación con plomo, sin que se hayan implementado las medidas necesarias para remediar esta situación. El estudio más reciente, marzo del 2005, evidencia nuevamente que el 99 por ciento de los niños y niñas evaluados tienen niveles de plomo en sangre por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y las normas peruanas.   “Buscamos disminuir los altos niveles de plomo y otros contaminantes como cadmio, arsénico y dióxido de azufre en la ciudad, debido a que esto genera graves problemas de salud pública, incluyendo altos índices de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis,” afirmó Martin Wagner, abogado de Earthjustice.   De acuerdo con Romina Picolotti de CEDHA, “en lugar de proteger la salud de los habitantes, el Estado Peruano ha dilatado las medidas a implementar para el control de la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección de la salud pública”. “Esta omisión ha aumentado el riesgo para la salud, la vida y la integridad de los habitantes de La Oroya”, agregó Fernanda Doz Costas, abogada de CEDHA.   En abril del 2005 el poder judicial ordenó también la implementación de medidas de protección, que fueron apeladas por el Estado Peruano, razón por la cual hasta el momento no se han cumplido.   “No hay duda que los daños severos causados por la contaminación en La Oroya violan los derechos humanos fundamentales de sus residentes”, dijo Martin Wagner, abogado de Earthjustice. “La intervención de la Comisión Interamericana podría proteger a miles de niños y niñas y otras víctimas de daños futuros”.  CONTACTOS: Carlos Chirinos, +511-4222720 ([email protected]) Romina Picolotti, CEDHA +54 (351) 425-6278 ([email protected]) Astrid Puentes, AIDA +52 (55) 5212-0141 ([email protected]) Martin Wagner, Earthjustice +1 (510) 550-6700 ([email protected])

Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 14 de abril de 2005 Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya   En Abril del 2005, el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la implementación de medidas concretas para el mejoramiento de la crisis de salud pública en La Oroya, Perú, la ciudad donde la compañía estadounidense, Doe Run, opera un complejo metalúrgico de metales múltiples. La sentencia determinó que MINSA y DIGESA han incumplido las leyes de salud aplicables. Adicionalmente, la juez declaró que el gobierno no ha tomado acciones para proteger la salud de los afectados, a pesar que numerosos estudios evidencian la crisis de salubridad en La Oroya. La actividad metalúrgica produce una alta contaminación por metales pesados y dióxido de azufre. Según el último estudio realizado por DIGESA y por la compañía, la contaminación es tan alta que más del 99% de los niños menores de seis años, que habitan en el vecindario más cercano al Complejo—La Oroya Antigua—padecen de niveles de plomo en sangre mayores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Riesgo de Salud en La Oroya es Mayor de lo Pensado: Plomo y Compuestos de Plomo Clasificados como Cancerígenos

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 8 de febrero de 2005 Contactos: Carlos Chirinos, SPDA, +51-4211394, [email protected] Eliana Ames, LABOR, +51-2616515, [email protected] Anna Cederstav, AIDA, +1-510-550-6748 (EEUU)   RIESGO DE SALUD EN LA OROYA ES MAYOR DE LO PENSADO: PLOMO Y COMPUESTOS DE PLOMO CLASIFICADOS COMO CANCERÍGENOS.   LIMA, PERÚ – El 31 de enero de 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicó el Informe Semestral sobre Cancerígenos, el cual incluye por primera vez el plomo y todos los compuestos con contenido de plomo como sustancias que probablemente causan cáncer en seres humanos. Este informe enlista las sustancias cancerígenas en dos categorías, aquellas “conocidas como cancerígenas para el hombre,”y aquellas “con probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre.”Debe resaltarse en este Informe la inclusión del plomo y de los compuestos del plomo en la categoría de “probabilidad razonable de ser un cancerígeno humano”. Esta nueva clasificación de plomo y todos los compuestos de plomo se ha basado en datos epidemiológicos de estudios en humanos y en evidencia sustancial de estudios en animales experimentales. Por ejemplo, se demostró que la exposición al plomo aumenta la presencia de tumores en los riñones, el cerebro, el sistema hematopoyético y los pulmones en ratas y/o ratones (IARC 1980, 1987). Todavía no se entienden completamente los mecanismos por los que el plomo causa cáncer, pero los estudios realizados en seres humanos que estuvieron expuestos por su ocupación al plomo, han sugerido que el plomo daña los cromosomas o el ADN, lo cual puede causar cáncer (ATSDR 1999, NTP 2003). El plomo es liberado en el ambiente predominantemente por procesos industriales. Dentro de estos procesos, las fundiciones de plomo por sí solas son actualmente la fuente principal de las emisiones de este metal pesado, contabilizando más del 78% de todas emisiones de plomo en 2001 en los Estados Unidos (EPA 2003). Además de incluir el plomo y sus compuestos en la clasificación de sustancias con “probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre”, en noviembre de 2004 la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos anunció el inicio de un proceso de recopilación de información necesaria para revisar los estándares de calidad de aire respecto del plomo. El estándar actual de los Estados Unidos de 1.5 ug/m3 como promedio anual, el que sirvió de base a los estándares fijados para el Perú en 2003, no ha sido revisado en más de veinte años, por lo que no toma en cuenta la información científica más reciente y esta alejado de los estándares internacionales. De hecho, el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 0.5 microgramos de plomo por metro cúbico en el aire, siendo hasta tres veces más estricto que el de los Estados Unidos. Estas ultimas dos acciones del gobierno de los Estados Unidos evidencian la rigurosidad necesaria con la que se viene asumiendo el tema del plomo, debido al alto riesgo que este conlleva para la salud humana. En contraste, en el caso peruano resulta particularmente preocupante la situación de ciudades como La Oroya y otras poblaciones ubicadas en áreas de influencia minero metalúrgicas en donde se producen concentrados de plomo, por las altas concentraciones de este contaminante, que claramente representan un riesgo para las personas. No hay duda entonces de la urgencia de implementar medidas eficientes para evitar el aumento del riesgo para la salud humana, incluso la posibilidad de sufrir cáncer, que enfrentan las personas que viven y trabajan en estos lugares.