Derechos Humanos
Derechos Humanos
Avances hacia el "paquete climático" de París
Los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reunieron del 31 de agosto al 4 de septiembre en Bonn, Alemania. Fue la tercera de las cuatro reuniones intersesionales programadas para generar un mejor entendimiento y articulación sobre los elementos fundamentales del “paquete climático de París”, el cual será adoptado durante la COP21, en diciembre, y estaría conformado por un nuevo acuerdo climático (compromisos generales) y una serie de decisiones (disposiciones que podrían cambiar con el tiempo). ¿Qué avances se lograron en Bonn? ¿Cuáles son los siguientes pasos hacia la COP 21 en París? En este seminario virtual, representantes de gobierno y de la sociedad civil respondieron a ésas y otras preguntas. Presentaron además un análisis puntual sobre las discusiones sostenidas en el marco de la CMNUCC. Los panelistas debatieron en torno a los siguientes temas: Financiamiento Adaptación y derechos humanos Mitigación Programa Introducción. Avances en la agenda de adaptación y derechos humanos: Julio Cordano, Jefe del Departamento de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Avances en la agenda de financiamiento climático: Santiago Briceño, Asesor en la Coordinación de Asuntos Ambientales, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Preguntas y respuestas. Conclusiones y cierre. Moderó: Andrea Rodríguez, Abogada Sénior del Programa de Cambio Climático, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Notas Consúltelas aquí.
Leer más¡Qué el nuevo acuerdo climático ayude a cumplir los compromisos existentes!
Los gobiernos del mundo trabajan en el texto de negociación de un nuevo acuerdo global para combatir el cambio climático, el cual será suscrito en diciembre, durante la Conferencia de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de, y entrará en vigencia el 2020. En AIDA abogamos para que el nuevo acuerdo climático sea un instrumento que permita afrontar de forma adecuada los cambios extremos en el clima y sus efectos, especialmente en los países más vulnerables. “Queremos que el nuevo acuerdo climático ayude a implementar los acuerdos existentes de forma efectiva y que fortalezca los compromisos asumidos por los países en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; no podemos comenzar de cero y el nuevo acuerdo no debe reemplazar a la Convención, sino mejorar su implementación”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Con miras a la Conferencia de París, los delegados de diferentes países se reúnen para trabajar en los elementos que servirán como base del “paquete de París”. El paquete incluye un nuevo acuerdo climático (compromisos generales) y una decisión (disposiciones que podrían cambiar con el tiempo), instrumentos que servirán para implementar las obligaciones adoptadas bajo la Convención. La siguiente reunión se realizará en Bonn, Alemania, del 31 de agosto al 4 de septiembre. A fin de aportar positivamente a la construcción del texto de negociación del nuevo acuerdo climático y del texto de la decisión, AIDA elaboró comentarios dirigidos a los negociadores y orientados a fortalecer dos temas clave: el financiamiento de las actividades para combatir el cambio climático, y la protección de los derechos humanos al llevar a cabo dichas actividades. En cuanto al financiamiento climático, los comentarios enfatizan la necesidad de que el nuevo acuerdo climático ayude a movilizar esos recursos económicos de forma efectiva, adecuada, suficiente y predecible, estableciendo compromisos en términos concretos como de responsabilidades y plazos. Sobre el segundo punto, en los comentarios pedimos que en el acuerdo de París los países se comprometan a proteger los derechos humanos en todas las acciones relacionadas con el cambio climático, un compromiso que ya asumieron en los Acuerdos de Cancún de 2010 y que debe ser reafirmado en el nuevo y jurídicamente vinculante acuerdo climático para asegurar su cumplimiento. Los países ya se han comprometido a dar 100 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático a partir del 2020. “La decisión sobre financiamiento climático a tomarse en París debe entonces dar certeza de que los países harán los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de ese compromiso a partir del 2020; de ese modo será posible confiar en que el nuevo acuerdo climático funcionará realmente”, explica Rodríguez. ¡Conoce más de nuestros comentarios (en inglés) sobre financiamiento climático y derechos humanos para el nuevo acuerdo climático!
Leer más
La indiferencia por la vida y la salud en Perú
Por María José Veramendi Villa, @MaJoVeramendi En Perú, cada año mueren alrededor de 400 niños y niñas a causa del frío. Supe de esas dramáticas cifras hace unas semanas cuando leí una columna titulada Morir de indiferencia, escrita por la congresista Verónika Mendoza. Me pregunté entonces con verdadera indignación: ¿Cómo es posible que los niños y niñas mueran de frío en un país que se vanagloria por sus riquezas mineras, su gran atractivo para la inversión extranjera, su potencial turístico y culinario, y por ser sede de eventos mundiales importantes como la Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además de la falta de voluntad política de nuestros gobernantes, preocupados más por lucir bien en las fotos de los grandes eventos, encontré la respuesta en una párrafo clave de la columna de Mendoza: “¿De dónde podría emanar esa voluntad política si a nadie conmueve, a nadie indigna que mueran esos niños, quizás porque suelen estar ‘lejos’, suelen ser campesinos, suelen hablar quechua o aymara?” Lamentar antes que prevenir El 18 de julio de 2015, el gobierno emitió un Decreto Supremo para declarar Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias del país debido a las heladas. El primer párrafo del decreto menciona que “todos los años y de manera recurrente, entre los meses de mayo a setiembre, se presentan en nuestro país fenómenos meteorológicos relacionados con bajas temperaturas, como son las heladas en nuestras zonas altoandinas, observándose en las últimas temporadas manifestaciones extremas de dichos fenómenos meteorológicos con temperaturas muy por debajo de los 0ºC…”. Si los fenómenos climáticos ocurren cada año, ¿por qué no prevenir sus impactos? En 2004, información del Tyndall Centre de la Universidad de Manchester dio cuenta que Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático, la causa principal de fenómenos como las heladas cada vez más intensas. Indiferencia ante la vulneración de derechos humanos La indiferencia en Perú no sólo se manifiesta en los niños y niñas que mueren de frío en comunidades alejadas, sino también La Oroya, ciudad ubicada a sólo 175 kilómetros de Lima. Allí y en un contexto de contaminación industrial extrema, la población, incluidos niños y niñas, sufre hace muchos años la violación de su derechos a la vida y a la salud. El 11 de agosto pasado, un paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya y el consecuente cierre de la carretera central, la vía más importante de acceso al centro del país, encendió las alarmas de la ciudad, pero no aquellas que nos deberían alertar cuando se sobrepasan los límites de contaminación, sino las de una demanda social largamente desatendida. El Complejo Metalúrgico, propiedad de la empresa Doe Run Perú, está a la venta y en proceso de liquidación. De acuerdo con información hecha pública, ningún interesado presentó una oferta económica por considerar que los estándares ambientales peruanos son muy estrictos. En respuesta, los trabajadores tomaron la carretera exigiendo al Estado flexibilizar dichos estándares para que el complejo sea vendido y ellos conserven su fuente de trabajo. Las medidas de protesta dejaron como saldo un muerto y más de 60 heridos. Fueron levantadas tras la firma de un acuerdo de cinco puntos, el cual no hace referencia a los derechos a la vida y la salud de la población de La Oroya. En una ciudad que ha sido contaminada sin control durante más de 90 años, la empresa Doe Run Perú ha logrado prórrogas continuas para cumplir con sus obligaciones ambientales. En julio de 2015, obtuvo una nueva prórroga de 14 años para que el complejo cumpla con los estándares ambientales. Pero ¿qué pasa con la vida y la salud de las personas? El Estado no ha hecho que los estándares ambientales se cumplan en La Oroya. Tampoco ha salvaguardado plenamente la salud de sus pobladores: Los estados de alerta de calidad de aire no se activan adecuadamente. El centro de salud y los médicos a cargo de la estrategia de metales pesados son escasos y enfrentan el riesgo constante de que quedarse sin recursos para seguir trabajando. El Estado insiste en solicitar el levantamiento de las medidas de protección de la vida y la salud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2007 a favor de un grupo de pobladores de La Oroya. Alzando la voz Los niños y niñas son más vulnerables al frío como lo son a los efectos de la contaminación industrial. Sin embargo, el Estado sólo interviene en su ayuda en momentos de crisis o cuando ya es demasiado tarde. Suena a cliché, pero los niños y niñas son nuestra esperanza. ¡Hagámonos escuchar para que no mueran de frío y para que no los intoxiquen! De no hacerlo, seremos también víctimas de la enfermedad de la indiferencia.
Leer más
Carta de agradecimiento a Monseñor Barreto, Arzobispo de Huancayo, Perú
Estimado Monseñor Barreto, Por medio de la presente, desde la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y admiración por el trabajo que día a día realiza en defensa de los derechos humanos vinculados con la protección de un ambiente sano en América Latina y en particular en La Oroya. En AIDA y APRODEH trabajamos para defender el bienestar de comunidades en situación de desventaja y expuestas a la grave degradación ambiental proveniente en particular de industrias extractivas y de infraestructura. A partir de nuestro trabajo en La Oroya desde hace casi 20 años y actuando en representación de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo científico de la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Usted en diversas ocasiones y conocer de cerca su trabajo comprometido por la salud de sus habitantes. Con ocasión de la presentación de la Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, desde AIDA, APRODEH y la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri queremos agradecerle por contribuir, con su trabajo constante, dedicación y valentía en defensa del ambiente y de la población en situación de vulnerabilidad, a este largo proceso para que la Encíclica sea una realidad. Consideramos que la Encíclica es un momento histórico que renueva y le da un gran impulso a nuestro trabajo y a la necesidad de cambios sustanciales en el planeta. Agradecemos además la mención al trabajo de las organizaciones, así como su afán por integrar minería y cuidado del ambiente, inversión y defensa de la dignidad de la persona. Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para continuar trabajando conjuntamente en defensa de las personas y el ambiente. Voces como la de Usted son imprescindibles en nuestra región. Siga adelante, Monseñor.
Leer másPronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín. De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.
Leer más
Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales
Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.
Leer másGrandes Represas: ¿Fuente adecuada de energía para estos tiempos?
El seminario virtual abordó la conveniencia de optar o no por grandes represas, así como las alternativas en tiempos en los que el cambio climático impacta al planeta cada vez con más fuerza. Se analizaron los verdaderos costos de estos proyectos y su contribución al cambio climático en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Participaron destacados miembros de la sociedad civil y Philip Fearnside*, científico y experto en las emisiones contaminantes que las represas generan. Durante años, las grandes represas han sido una de las opciones preferidas para satisfacer las necesidades energéticas en América Latina. De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de un nuevo "boom hidroeléctrico" que ha fomentado la construcción de estas enormes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, la experiencia y la evidencia científica demuestran cada vez más que las grandes represas no son una solución eficiente y adecuada hoy en día, y que pueden generar, entre otras cosas, impactos climáticos irreversibles. Presentaciones: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (ver presentación). Philip Fearnside*, Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía, INPA (ver presentación). Pablo Bertinat, Observatorio de Energía y Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina, y miembro del Taller Ecologista (ver presentación). Notas Consúltelas aquí. * Philip Fearnside es Investigador Titular del Departamento de Dinámica Ambiental del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA) en Manaus, Brasil, donde ha vivido por 37 años. Es Doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Michigan y autor de más de 500 publicaciones sobre medio ambiente y desarrollo (disponibles aquí). Ha realizado diversos estudios sobre los impactos de los embalses amazónicos. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ecología de Brasil, el Premio Conrad Wessel y el premio Chico Mendes, entre muchos otros reconocimientos.
Leer másIntroducción a "Empresas y Derechos Humanos"
En este seminario virtual, los panelistas abordaron la actual agenda internacional en materia de Empresas y Derechos Humanos, y presentaron un marco general del estado de la cuestión, así como de los retos y oportunidades para avanzar a nivel regional. Video Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas o en las que éstas han tenido un rol preponderante, constituyen una problemática creciente en la región. Estas violaciones se derivan de situaciones diversas que van desde la implementación masiva de proyectos de desarrollo sin cumplir estándares ambientales ni de derechos humanos, hasta el incumplimiento de estándares laborales y el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o grupos armados al margen de la ley asociados con las empresas. Uno de los mayores retos de la sociedad civil es encontrar vías para abordar efectivamente la problemática. Para ello es fundamental fortalecer nuestras capacidades, y homogeneizar nuestras herramientas y conocimientos en la materia. Presentaciones: Notas Consulte la relatoría del evento aquí. Organizado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Justiça Global. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Centro de Análisis e Investigación Fundar. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Business & Human Rights Resource Centre. Human Rights Research and Education Centre.
Leer más