Derechos Humanos

Lago Cocibolca, Nicaragua.
Participación Ciudadana, Derechos Humanos

Canal de Nicaragua: Resistencia al despojo

Por Tania Paz “¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado?” Esa pregunta resuena en mi cabeza cada vez que escucho una noticia sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Una mujer que podría perder su tierra a causa del proyecto increpó con esa pregunta a los asistentes de un foro informativo sobre el tema.  No hay nada más valioso que ese pedazo de tierra para sembrar con el que soñaste toda tu vida, el que heredarás a tus hijos y por el que vale la pena levantarse de madrugada y trabajar bajo el sol intenso por más de cinco horas. Son muchas personas, hombres y mujeres, las que le han dicho “no” al canal interoceánico en Nicaragua. Se han puesto en pie de lucha porque no están dispuestas a perder sus sueños a cambio de la promesa de un empleo. Un canal…¡mucho que cuestionar! El canal atravesará el Lago de Nicaragua o Cocibolca, el segundo más grande de América Latina. Partirá al país en dos para conectar el mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico. Tendrá 278 kilómetros de longitud y será tres veces más grande que el canal de Panamá. El costo estimado del proyecto es de 50 mil millones de dólares. Además del canal, incluye otros megaproyectos: un aeropuerto, carreteras, una zona de libre comercio,   complejos turísticos y dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. La magnitud del proyecto se refleja en los impactos negativos que ocasionará. La construcción del canal afectará directamente a 119 mil personas en 13 municipios. Así lo señaló Mónica López Baltodano, de la Fundación Popolna, en la audiencia “Construcción del Canal Transoceánico y su impacto sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada el 16 de marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitada por 10 organizaciones nicaragüenses y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Lo más preocupante es que sigue siendo un secreto de Estado el número exacto de ciudadanos que serán  sometidos  a un proceso de expropiación (aquellos que serán desplazados de sus tierras), y que no existen planes de reubicación y restauración de sus condiciones de vida”, dijo López. Por su parte, Azahalea Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) indicó en la audiencia que la concesión del proyecto “viola la Constitución de la República, múltiples leyes  nacionales, y  más  de  10  tratados ambientales  internacionales  suscritos  por Nicaragua”. Además, la concesión fue aprobada sin que existiera un estudio de impacto ambiental. La concesión fue otorgada a una sola empresa: el consorcio chino HKND. En la audiencia, Luis Carlos Buob, de CEJIL, informó que el consorcio tiene derechos exclusivos de “desarrollo” y “operación” potencialmente por más de 116 años. La concesión le otorga “derechos  irrestrictos  sobre recursos  naturales como  tierra,  bosques,  islas,  aire,  aguas  superficiales  y subterráneas,   espacio   marítimo y  otros recursos adicionales que se pudiera considerar  pertinentes en cualquier parte del país”. Son precisamente los daños a esos recursos naturales los que más preocupan sobre el canal. Su construcción afectará al Lago Cocibolca, la fuente de  agua  dulce más importante de Centroamérica. También “amenaza ecosistemas marinos sensibles en el mar Caribe pertenecientes a Colombia  y dividirá en dos el Corredor Biológico Mesoamericano, una red flexible de reservas y otras tierras que se extiende desde el sur de México hasta Panamá y que es utilizado por especies animales como el jaguar para atravesar Centroamérica”. Las comunidades resisten Los afectados por las expropiaciones conformaron el Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional. A través de esa instancia, expresan su total oposición al proyecto y afirman que no venderán sus tierras para la construcción del canal. Según la página Nicaragua sin heridas, iniciativa ciudadana que divulgar información sobre la concesión, a marzo de 2015, se han registrado 41 protestas contra el proyecto en 25 territorios y más de 113, 500 campesinos se han movilizado en cinco meses.  La comunidad El Tule, en el departamento de Río San Juan, se ha convertido en un emblema de la lucha anticanal. Allí, los campesinos que serán afectados por el proyecto se han manifestado con marchas y concentraciones. El 24 de diciembre pasado, fueron víctimas de represión por parte de la Policía Nacional. Fueron golpeados y 33 de ellos, incluidos los líderes del movimiento, encarcelados por protestar. ¡En el Tule no hubo Noche Buena ni Navidad! Una tendencia nefasta Lamentablemente, el canal interoceánico en Nicaragua es uno de los muchos proyectos que impactan gravemente el ambiente y los derechos humanos en América Latina. En los últimos veinte años, a nivel mundial,  más de 250 millones de personas han sido desplazadas en nombre del “desarrollo” por megaproyectos como hidroeléctricas o actividades extractivas como la minería. En octubre de 2014, AIDA, junto con organizaciones aliadas, llamó la atención de la CIDH sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. En esa ocasión solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. En AIDA sabemos que en contextos de implementación de megaproyectos, no solo se causan desplazamientos forzados, sino que se violan otros derechos humanos que van desde la pérdida de los medios de vida de las comunidades hasta la criminalización de la protesta social como ocurrió en El Tule, Nicaragua. En México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboró el informe Han destruido la vida en este lugar (2010), el cual registra los daños causados por los megaproyectos y la explotación de los recursos naturales. Según el documento, además de desplazamiento forzado, estos proyectos generan daños a los medios de vida y ruptura de los lazos culturales. Yo agregaría que los desplazamientos fracturan las redes sociales comunitarias, vitales para el ejercicio de los derechos. ¿Qué pasará con los expropiados por el canal en Nicaragua? ¿Están condenados a ser desplazados y a ver destruido su sueño de tener una tierra? ¿Quién garantizará el respeto a sus derechos humanos? ¿De qué forma pueden apoyarlos la sociedad civil nicaragüense y las personas no afectadas? Hoy el canal amenaza con ser una realidad para uno de los países más pobres de Latinoamérica, con una historia reciente de dictadura y guerra civil, y que cada día es más vulnerable al cambio climático y a desastres naturales. ¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado? Aún no tengo una respuesta.

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Belo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos humanos

Un día como hoy, hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú (afluente del Amazonas), incluidas aquellas en aislamiento voluntario. La vida e integridad de esas personas estaba, y aún está, en riesgo por el impacto de la construcción de la represa Belo Monte, la tercera más grande del mundo. Lo que en ese momento fue una victoria para las comunidades y las y los defensores de derechos humanos se fue diluyendo con el tiempo, así como la confianza en la CIDH como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de velar por la protección de los derechos humanos en el continente. En noviembre de 2010, AIDA y organizaciones colegas en Brasil solicitamos las medidas cautelares a la Comisión en un contexto de gravedad y urgencia caracterizado por: Un proceso de licenciamiento irregular. Una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) insuficiente, sólo estaba en portugués y no contenía todos los posibles impactos del proyecto ni las medidas de mitigación para garantizar los derechos de las comunidades. El incumplimiento de las más de 60 condicionantes ambientales, sociales e indígenas establecidas comosalvaguardas de los derechos de los afectados en la licencia previa del proyecto. Ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. En respuesta, la CIDH solicitó a Brasil suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica e impedir cualquier obra hasta que se cumplan ciertas condiciones: Realizar procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para llegar a un acuerdo con cada comunidad afectada. Garantizar que las comunidades indígenas afectadas accedan a la EIAS del proyecto en un formato comprensible que incluya la traducción a idiomas indígenas. Adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas afectadas. La respuesta de Brasil y la OEA El Gobierno brasileño rechazó las medidas, calificándolas de precipitadas e injustificadas; llamó a consulta a su Embajador ante la OEA; retiró a su candidato para Comisionado de la CIDH; y, argumentando austeridad económica, ordenó la suspensión de los fondos para la Comisión y para su contribución anual a la OEA. Foto: Una de las 3000 casas demolidas por Norte Energía para paso al embalse de la represa. Crédito: Letícia Leite/Instituto Socioambiental (ISA) El panorama se tornó más sombrío cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró a la BBC: "La CIDH hace recomendaciones. Nunca son ordenes obligatorias para los países…ningún país estará violando ningún tratado si no hiciera lo que la Comisión le pide. La Comisión como tal no tiene fuerza obligatoria". Esas declaraciones destructivas dieron pie a que los Estados inconformes con decisiones de la CIDH iniciaran unproceso de reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) que duró más de dos años e intentó debilitar los mecanismos de la Comisión. Un paso atrás El 29 de julio de 2011, a cuatro meses de otorgar las medidas cautelares, la Comisión las modificó. Retiró su solicitud de suspensión del licenciamiento y de las obras del proyecto bajo el argumento de que el asunto de fondo era el debate sobre la consulta previa y el consentimiento informado. De ese modo, la CIDH solicitó a Brasil adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como la salud y el territorio de todas las comunidades indígenas afectadas. Esta modificación representó un gran retroceso no solo para las comunidades indígenas del Xingú, sino también para las miles de comunidades de la región cuyas vidas e integridad personal están en riesgo por la inadecuada implementación de proyectos como Belo Monte. Las comunidades indígenas de Brasil tenían la esperanza de que la Comisión mantuviera la solicitud de suspensión de la represa, y los protegiera mientras tomaba una decisión sobre su caso, el cual fue presentado en 2011 por AIDA y organizaciones colegas de Brasil. Contra reloj Tras cuatro años, Brasil no solo ha incumplido las medidas cautelares, sino que ha solicitado reiteradamente que éstas sean levantadas bajo sus propias condiciones. Peor aún, el Estado ha permitido la continuidad de la construcción de la represa Belo Monte, la cual tiene un avance del 70%. Foto: Construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, Brasil, junio de 2014. Crédito: Programa de Aceleración del Crecimiento (Creative Commons). Hace un par de meses, Norte Energía S.A., la empresa a cargo de la construcción, solicitó la licencia de operaciónde la represa al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Una vez otorgada la licencia, comenzará el relleno del embalse de la hidroeléctrica y con él la inundación de una parte de la selva del Amazonas casi de la mitad de tamaño de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, la Comisión aún no ha transmitido al Estado brasileño la petición del caso en el que se debería tratar la existencia o no de un proceso de consulta previa a la autorización del proyecto. Ello ocurre pese a que, al modificar las medidas cautelares, la propia Comisión señaló que dicha discusión se debía realizar en el marco de una petición.¿Cuál es el riesgo? Que la Comisión tome una decisión sobre el caso cuando sea demasiado tarde. Un gran reto Aunque se han registrado avances mínimos en la protección de las comunidades indígenas afectadas por Belo Monte como consecuencia directa de las medidas cautelares, los cuales no han sido reconocidos oficialmente por el Estado, el camino recorrido ha evidenciado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es perfecto y que es vulnerable a presiones políticas. Es urgente superar esa vulnerabilidad siendo que el objetivo final es tener un Sistema realmente eficiente para los destinatarios de su protección: las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese contexto y a cuatro años de lo que parecía una importante conquista, Belo Monte nos ha enseñado que el acceso a un sistema de protección de derechos humanos no puede estar supeditado a la agenda económica y política de algunos Estados, no si buscamos la protección efectiva de los derechos humanos en la región. En el actual contexto regional, el Sistema tiene y tendrá bajo su conocimiento muchos más casos como Belo Monte. Si bien no son casos fáciles de resolver, no podemos elegir la inacción frente al sufrimiento de miles de víctimas. La CIDH está aún a tiempo de actuar y esperamos que Belo Monte pase de un ser un retroceso a ser un ejemplo de avance en el acceso a la justicia. AIDA no cesará en sus esfuerzos por lograr que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del Xingú en Brasil sean plenamente respetados.

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Minería, Derechos Humanos

Alertando a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el hemisferio

Juana [1] padece problemas respiratorios y su hermana tiene asma. Vive en La Oroya, una pequeña ciudad ubicada en los Andes centrales de Perú. Pasaron años antes de que ella accediera a la información necesaria para entender el origen de sus males: la contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. A la fecha, aunque ha habido avances, Juana y el resto de las personas afectadas por el aire contaminado de La Oroya no reciben la atención médica integral y especializada que requieren. En casos como el descrito, las víctimas no siempre encuentran justicia en sus países y es necesario elevar sus reclamos a nivel internacional. Un espacio para hacerlo, además del sistema de peticiones y casos, son las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra dos veces al año, en marzo y octubre. AIDA ha participado activamente en estas audiencias, en aquellas referidas a casos específicos como el de La Oroya o en audiencias temáticas sobre problemas que aquejan a países de América Latina o a la región en su conjunto. Hemos participado solos y en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. "Al proporcionar información y argumentos, buscamos que la Comisión visibilice situaciones preocupantes de violaciones de derechos humanos causadas por la degradación del ambiente, y que haga algo al respecto: que desarrolle estándares, realice el seguimiento respectivo y le haga recomendaciones a los Estados", explica María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. De ese modo, por  ejemplo, en octubre del año pasado, AIDA y organizaciones aliadas llamamos la atención de la Comisión sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. Además, solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. "Estas audiencias son la herramienta más amplia y flexible para que la Comisión reciba información sobre los temas que preocupan a la región. Son tantas las preocupaciones y tantas las organizaciones que buscan ser escuchadas que el tiempo no es suficiente. Las audiencias son un indicador de las problemáticas más relevantes en un momento determinado y a través de ellas la sociedad civil establece una agenda", dice Ana María Mondragón, abogada de AIDA. AIDA regresó este mes a Washington D.C., sede de la CIDH, para participar de una audiencia en la que puso sobre la mesa una preocupación actual y cada vez más profunda: el rol preponderante que las empresas están jugando en la violación de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Máxima Acuña Chaupe en Cajamarca, Perú. La empresa minera Yanacocha busca desarrollar un proyecto minero en sus tierras y a fin de conseguirlo, la acusó de usurpación de predios. Aunque un fallo judicial estableció la inocencia de Máxima, ella y su familia viven con el miedo de que intenten quitarles su hogar nuevamente. El caso de la familia Chaupe y de muchas otras en la región evidencia la importancia de llevar el tema ante la Comisión.  "En la audiencia presentamos información para alimentar el debate sobre las oportunidades que tiene la Comisión para crear, implementar y fortalecer estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Al hacerlo, la Comisión podrá instar a que los Estados controlen y/o sancionen las actividades de empresas que como Doe Run Perú o Yanacocha generan daños en el ambiente y los derechos humanos, y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas", señala Veramendi Villa. [1] El nombre real de la persona se mantiene en reserva para su protección.

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública.  “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:    

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Foto: Construcción de la represa Barro Blanco en el río Tabasará, Panamá. Crédito: Ed Grimaldo/La Estrella de Panamá.
Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Cuatro recomendaciones para la Cumbre de las Américas

La inequidad en América Latina ha aumentado escandalosamente en los últimos años. Esto impide el ejercicio de la democracia. La región todavía es la más desigual del planeta y si queremos acercarnos al desarrollo, debemos actuar seriamente al respecto.  Justamente "Prosperidad con Equidad" es el tema de la VII Cumbre de las Américas de la OEA que tendrá lugar el 10 y 11 de abril en Panamá. En la Cumbre se reúnen Jefes de Estado y de Gobierno para comprometerse en acciones concertadas a nivel nacional y regional para enfrentar los desafíos del continente.  El reto principal, pienso, es dejar de hacer ciertas cosas o al menos actuar diferente. Bien lo decía Eli, una indígena Ngobe en Panamá. "Con que nos dejen tranquilos quedo contenta", respondió cuando le preguntamos qué quería del gobierno.   Aprovechando la consulta con la sociedad civil que hizo la OEA, en AIDA analizamos dos de los ocho Mandatos para la Acción, el documento que negociarán los Estados en la Cumbre de las Américas. Hicimos recomendaciones sobre los mandatos relacionados con energía y medio ambiente: 1. Dejar de considerar a las represas fuente de energía sostenible Los Mandatos de la Cumbre establecen que los países se acogerán a la iniciativa de Naciones Unidas de Energía Sustentable para Todos (SE4ALL). Dado que el sector energético es clave para atacar la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad, recomendamos acoger esta iniciativa siempre y cuando las represas hidroeléctricas no sean consideradas como energía limpia. Entre otras cosas, las represas: Producen gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático, especialmente en regiones tropicales. Causan daños irreparables al ambiente y pueden generar violaciones a los derechos humanos. Terminan costando casi el doble de lo presupuestado, incluso sin considerar los daños socioambientales. Además, construir estos dinosaurios de la energía toma más tiempo del previsto. Tres represas cuyas obras están actualmente suspendidas lo demuestran: Belo Monte (Brasil), suspendida por protestas de comunidades afectadas cuyas compensaciones se han incumplido. Lleva un año de retraso y enfrenta multas y el posible pago de intereses adicionales por préstamos del BNDES. El Quimbo (Colombia), cuyo llenado está suspendido por orden judicial por la falta de evaluación de impactos al sector pesquero. Barro Blanco (Panamá), suspendida por orden del gobierno mientras se revisen —y esperamos remedien— las irregularidades del estudio de impacto ambiental. Ante ello, le recordamos a la Cumbre que en diciembre pasado, más de 200 organizaciones, redes y movimientos del mundo solicitamos que gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras dejen de considerar a las represas fuente de energía sostenible e implementen soluciones realmente sostenibles. 2.  Reconocer el impacto del cambio climático en los derechos humanos La Cumbre considera el cambio climático como punto prioritario de su agenda, lo cual es positivo. Se debería incorporar la relación con los derechos humanos y el compromiso de respetarlos en todas las acciones climáticas. El cambio climático causa y causará serios impactos en América Latina que están comprometiendo el goce de los derechos humanos. Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA han reconocido que el respeto y disfrute de los derechos humanos están intrínsecamente conectados con el cambio climático. El Banco Mundialconcluyó que el cambio climático complica los esfuerzos para acabar con la pobreza, algo con clara implicación en los derechos humanos. Incluso el reciente borrador del texto de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático contempla la necesidad de respetar los derechos humanos. Por tanto, la Cumbre debería considerar que el vínculo entre cambio climático y derechos humanos debe ser incorporado a todas las acciones que pretendan combatir la inequidad y promover mejores estándares de vida. 3. Incluir el compromiso de implementar acciones de mitigación Considerando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos los Estados deben mostrar voluntad para implementar acciones de mitigación frente a los impactos del cambio climático. De esta manera, aunque no les corresponde mitigarlos en la misma medida, todos los países deberían contribuir a esa tarea. Los Mandatos para la Acción de la Cumbre se refieren a acciones de adaptación al cambio climático. Pero las tareas de mitigación no deberían quedar fuera. Ello reflejaría la realidad de la región, en la que se están desarrollando importantes esfuerzos para enfrentar el problema. 4. Reconocer que la corrupción atenta contra la equidad e incluir acciones para erradicarla Los Mandatos para la Acción reconocen los impactos de la corrupción en cuanto al uso de la tecnología para mejorar la participación. Pero la corrupción es un problema estructural en la regióny las acciones para enfrentarla deben ser parte de la gobernabilidad democrática. La corrupción tiene una relación directa con la inequidad en la región, impidiendo el verdadero avance y la lucha contra la pobreza.  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU".  Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas.  Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto".  La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos.  Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.

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Derechos Humanos

Organizaciones rechazan la absolución de los acusados del asesinato de Jairo Mora en Costa Rica

En una carta dirigida a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Zarella Villanueva, y al Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, organizaciones locales e internacionales expresan su enérgico rechazo y profunda preocupación por la absolución por parte del Tribunal de Juicio de Limón de los acusados del asesinato del biólogo y protector de las tortugas Baula, Jairo Mora Sandoval, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2013 en Playa Moín, en la provincia de Limón, Costa Rica. Hacen un llamado para que el Estado costarricense tome medidas administrativas, disciplinarias y penales, urgentes y adecuadas para: Agotar todos los mecanismos existentes para que el caso sea enviado a un nuevo debate a fin de esclarecer la muerte de Jairo Mora Sandoval y establecer y sancionar la responsabilidad de los hechos; e Investigar, identificar y sancionar a las y los funcionarios públicos que, con sus acciones u omisiones, contribuyeron a la denegación de justicia y consiguiente impunidad de los hechos. En el último párrafo de la carta, las organizaciones resaltan "la importancia que los órganos de administración de justicia actúen pronta y efectivamente para evitar la impunidad en casos de graves agresiones contra quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Esto no solo constituye un presupuesto básico para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado, sino un elemento para garantizar la sostenibilidad ambiental. Confiamos plenamente en que Costa Rica, como un Estado comprometido con la defensa del ambiente, tomará acciones efectivas para evitar que hechos como el de Jairo Mora queden en la impunidad y se repitan."

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático

Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Buscando compromisos y soluciones sostenibles en la COP20

La reunión mundial más importante sobre cambio climático esta cada vez más cerca. Las expectativas son altas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú, debe concluir con un borrador del nuevo acuerdo climático que será suscrito en 2015. La conferencia ofrece además una oportunidad clave para que los países mantengan los compromisos financieros adquiridos en conferencias previas. AIDA participará de la conferencia bajo dos objetivos principales. El primero es defender el financiamiento pleno del Fondo Verde del Clima. El segundo es participar en la conversación para asegurar que el nuevo acuerdo climático tome en cuenta el impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el Fondo Verde del Clima para financiar programas y proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático tendrán prioridad en las inversiones. “Buscamos que se hagan compromisos concretos, tener claridad sobre la ruta que seguirán los países desarrollados para que la lucha contra el cambio climático tenga un apoyo financiero sostenible en el tiempo”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Hasta la fecha, el Fondo Verde del Clima ha recibido 9.6 mil millones de dólares en promesas de contribuciones. Nuestro objetivo en la conferencia de Lima es generar compromisos adicionales que eleven esa cifra a por lo menos 15 mil millones. También vamos a trabajar con los gobiernos para asegurar que cumplan con su compromiso de contribuir con 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para garantizar así recursos predecibles y sostenibles. AIDA trabajará con redes globales como Climate Action Network International (CAN-I) para supervisar estas contribuciones financieras. AIDA, junto con organizaciones socias, está organizando el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe el sábado 6 de diciembre. El evento reunirá a actores de persos sectores para facilitar el diálogo y la construcción de capacidades sobre aspectos clave de financiamiento climático que afectan a la región. Una de las sesiones abordará el rol del Fondo Verde del Clima en la contribución a un cambio transformador en América Latina. “Aprovechando el contexto de negociaciones climáticas, les recordaremos a los tomadores de decisiones que las medidas para mitigar el cambio climático deben ser realmente sostenibles y eficientes”, afirmó Rodríguez. “Los esfuerzos de mitigación no deben promover proyectos como las grandes represas, consideradas fuente de energía limpia a pesar de que emiten grandes cantidades de metano, especialmente en zonas tropicales.” La conferencia brindará una oportunidad para que AIDA trabaje con los negociadores para garantizar que consideraciones de derechos humanos, las cuales fueron reconocidas en acuerdos climáticos previos, formen parte del siguiente acuerdo. De forma paralela a la COP20, participaremos la Cumbre de los Pueblos, un importante encuentro alternativo de las organizaciones de la sociedad civil. En él AIDA compartirá su experiencia sobre la fracturación hidráulica o fracking y sus implicaciones para el ambiente en América Latina y para el clima global. Ta mantendremos al tanto a lo largo de la conferencia en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. ¡No dejes de seguirnos! #RumboCOP20

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Derechos Humanos

Propuestas de la sociedad civil para la estrategia de la Unidad DESC de la CIDH

AIDA y organizaciones de la sociedad civil mexicanas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuestas para la estrategia de su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El documento complementa y desarrolla aquellas propuestas planteadas durante la consulta de la CIDH en Ciudad de México, realizada el 16 de agosto de 2014. Las opiniones son producto de un proceso de reflexión sobre algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad y próxima Relatoría Especial DESC, e incluyen sugerencias de carácter temático y administrativo consideradas útiles para diseñar la estrategia de ésta a futuro.

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