Derechos Humanos

Estado y empresas no protegen adecuadamente ddhh

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Tras visitar México, expertos del Grupo de Trabajo creado por la ONU para abordar ese tema insistieron en esa obligación y, entre otras cosas, evidenciaron que en el país el Estado y las empresas no actúan apropiadamente para cumplir ese deber. Tal reconocimiento está contenido en el informe que sobre su visita a México en 2016 elaboró el Grupo de Trabajo y que dio a conocer oficialmente el 8 de junio pasado en Ginebra. Aunque el informe podría haber sido más contundente, el mismo constituye una herramienta importante para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacional en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo tomó en cuenta el informe presentado por la sociedad civil, sector que documentó más de 60 casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas como insumos para la visita, realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre del año pasado. Las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas, que el Estado y las empresas deben acatar, establecen los siguientes puntos clave: Diligencia debida. El Grupo de Trabajo de la ONU encontró en México un “ejercicio inadecuado” de la diligencia debida por parte de las empresas y del gobierno, particularmente respecto de proyectos de desarrollo. Las primeras no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones en las personas, y el segundo no ha establecido parámetros claros sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en y fuera de México. La diligencia debida implica que tanto el Estado y las empresas deben hacer todo lo posible para respetar los derechos humanos, incluso si las autoridades respectivas no ejercen un control adecuado. En los insumos presentados por la sociedad civil se constató la ausencia de una evaluación adecuada de impactos ambientales en la mayoría de los proyectos desarrollados por empresas. Empresas estatales. En el informe de la ONU se reconoce que las empresas a cargo del Estado deben dar un buen ejemplo. Entre esas empresas están Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese aspecto, el gobierno no cuenta con pautas y políticas claras orientadas a modificar la conducta de las empresas mediante mejores prácticas de contratación pública, concluyó el Grupo de Trabajo. En el informe se pide respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”, se lee en el documento. La sociedad civil evidenció varios casos en los que el derecho a la consulta no fue respetado y proyectos que, pese a ello, fueron autorizados. El Grupo de Trabajo encontró que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. En ese sentido, estableció que tanto los defensores como los periodistas deben estar mejor protegidos, y que los más altos funcionarios de gobierno, así como los directores generales de las empresas, deben dejar en claro que la intimidación y ataques contra los defensores “son inaceptables y no se tolerarán”. En el informe se presenta información de casos ocurridos entre 2010 y 2014, pero no se mencionan los casos acontecidos en 2016, año de la visita. La sociedad civil documentó amenazas y ataques en el 62,5% de los casos de abusos relacionados con empresas. Diálogo y supervisión. En el informe se destaca la falta de confianza y diálogo en el país entre comunidades y empresas, lo cual impide el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, el Grupo de Trabajo recomendó acciones tendientes a cambiar esa situación. En el informe se describe además la capacidad limitada de las autoridades competentes para supervisar y controlar la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales. El aporte de la sociedad civil El Grupo de Trabajo de la ONU rescató en su informe los insumos presentados por la coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. De las violaciones de derechos humanas por parte de empresas, documentadas por la sociedad civil, seis casos emblemáticos fueron incorporados en el informe como evidencia tangible de un problema que requiere atención urgente y adecuada. Se trata de los parques eólicos en Oaxaca, instalados antes de la consulta a pueblos indígenas; la consulta rodeada de intimidación, amenazas y otras faltas para que comunidades de Campeche y Yucatán acepten la introducción en su territorio de soya genéticamente modificada; la falta de consulta y la violencia ejercida contra el pueblo Yaqui para la instalación de un acueducto; el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, detrás del cual existen ataques contra defensores de derechos humanos; la grave contaminación en el río Sonora por parte de de una empresa minera, y la impresionante contaminación del río Santiago causada por más de 300 industrias de capital nacional y trasnacional. La visita oficial a México de expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos fue un suceso importante para el país, cuyos resultados deben ser implementados. La realidad nacional ha demostrado la grave situación de derechos humanos, en la cual las empresas tienen un rol central y deben implementar sin demora las medidas necesarias, sobre todo las relacionadas con grandes proyectos extractivos y de infraestructura. El Estado, de igual forma, está obligado a proteger efectivamente los derechos de la población, acatar y exigir el cumplimiento de normas y sentencias judiciales, evaluar adecuadamente los proyectos, y exigir procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de emitir permisos. La anteriores son mejoras urgentes para el avance y desarrollo del país, así como para el fortalecimiento de su democracia.

Primeras Reacciones: Sociedad civil ante el Informe Final del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos

El informe del Grupo de Trabajo acerca de su visita oficial a México en 2016, subraya cuatro temas que consideramos fundamentales desde sociedad civil: 1. El Grupo de Trabajo observó que hay que esforzarse mucho en concienciar a las empresas de su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida. En los informes que revisaron, las empresas no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos, y mucho menos cómo han abordado casos concretos de estas consecuencias negativas. Señala que el Gobierno todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto en México como en el extranjero. Con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno no dispone de pautas y políticas claras para modificar la conducta de las empresas mediante las prácticas de contratación pública y el Grupo de Trabajo concluye que, hasta la fecha, el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. 2. El informe exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Además, reitera que: “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Sociedad Civil denunció que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos, el acceso a la información.  3. El Grupo de Trabajo de la ONU denunció que: “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. Además “pudo comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción”. Desde sociedad civil, en el 62.5% de los casos de abusos relacionados con empresas documentamos amenazas y ataques. Resulta fundamental y urgente que tanto el Estado, como las empresas, lleven a cabo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y que: “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.” 4. El Grupo de Trabajo recomendó reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos. Y describe la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Consulte también el informe Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH: Puntos desde Sociedad Civil.

Ramsar pide a Colombia incluir a la Ciénaga Grande en lista de humedales con daños graves

Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales, identificaron “cambios fuertes” en las características ecológicas del sitio debido a la intervención humana. Recomendaron, entre otras cosas, que Colombia inscriba al lugar en el Registro Montreux, el cual incluye humedales amenazados seriamente y que requieren atención prioritaria. Bogotá, Colombia. Tras visitar la Ciénaga Grande de Santa Marta en agosto del año pasado, una misión de expertos internacionales de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, emitió un informe en el que recomienda al Gobierno colombiano incluir al sitio en el Registro Montreux, un listado de entornos bajo amenaza grave y que requieren atención prioritaria. “Dados los fuertes cambios en las características ecológicas del sitio Ramsar CGSM (Ciénaga Grande de Santa Marta), se recomienda su inclusión en el Registro Montreux”, se menciona en el informe que se conoció la semana pasada. Esos cambios “requieren la toma de medidas urgentes por parte del Gobierno de Colombia que permitan mantener y recuperar su carácter ecológico y alcanzar su uso racional de acuerdo a los objetivos de la Convención”, se lee también en el documento. Entre los cambios mencionados en el informe están la sobreexplotación y contaminación de parte de las aguas de la Ciénaga, la disminución del agua dulce que recibe debido a la presencia excesiva de sedimentos y a la obstrucción de canales, la “gran pérdida” de bosques de manglar ocasionada por obras viales y de infraestructura que bloquearon flujos de agua, y la disminución de la población de peces. “La inclusión de la Ciénaga en el Registro Montreux puede permitir la obtención de ayuda económica, mediante fondos otorgados por la Ramsar Wetland Conservation Fund, así como de apoyo y asesoría técnica por parte del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención Ramsar, que puede generar recomendaciones para la recuperación y conservación del ecosistema”, explicó Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. Además de esa medida, en el informe de Ramsar, se recomiendan otras dos soluciones ante la degradación ambiental del sitio: realizar un dragado efectivo con base en un nuevo diseño hidrológico, y fortalecer la coordinación interinstitucional en el manejo del lugar. “Es clave que el Gobierno colombiano siga al pie de la letra las recomendaciones de Ramsar y que implemente lo antes posible las mejoras y cambios necesarios en el manejo del sitio”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lejos de ser una lista negra, el Registro Montreux es una oportunidad para que los gobiernos se muestren responsables con los recursos naturales que requieren atención urgente”. La visita de los expertos al sitio, realizada del 22 al 26 de agosto de 2016, se concretó tras la petición hecha en ese sentido el 2014 a la Secretaría de Ramsar por AIDA, la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida, con el acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena. “Esperamos que el gobierno haga público el informe de manera oficial”, resaltó Vilardy. “El documento menciona que es imperativo reestablecer el balance hídrico del complejo de humedales, haciendo énfasis en la revisión de las concesiones de agua de los ríos que alimentan a la Ciénaga”. NOTA: Más información disponible aquí. Contactos de prensa: Gladys Martínez, abogada de AIDA, +506 8321 4263, [email protected] Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, +57 300 5640282, [email protected]  Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, +57 300 5514583, [email protected]  

La contradicción de apoyar grandes represas con financiamiento climático

Durante la 16° reunión de su Junta Directiva, el Fondo Verde del Clima, entidad diseñada para financiar la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático, aprobó dos proyectos relacionados con grandes represas. Ahora, 136 millones de dólares irán a promover la hidroelectricidad a gran escala, contradiciendo el objetivo del Fondo de contribuir a un “cambio transformacional hacia un futuro bajo en emisiones y resiliente al clima”. Ya lo hemos dicho antes: las grandes represas no son parte del cambio de paradigma que requerimos, pues exacerban el cambio climático, son muy vulnerables a sus efectos y generan graves impactos socioambientales y económicos, que hacen imposible concebirlas en el marco de un desarrollo sostenible. Los proyectos beneficiados Los dos proyectos apoyados por la Junta del FVC no son de los más destructivos de su tipo, sin embargo, siguen siendo energía hidroeléctrica a gran escala, con todo lo que ello implica. El primer proyecto que recibirá financiamiento del Fondo Verde del Clima es una represa que prevé generar 15 MW de electricidad en las Islas Salomón, país archipiélago del Pacífico muy pobre y vulnerable al cambio climático. La represa, que se construirá sobre el río Tina, será el primer proyecto energético de gran infraestructura en ese país. Hoy día, las Islas Salomón dependen casi por completo de diésel importado para producir energía. Se trata de una fuente poco confiable, altamente contaminante, y por la que se debe pagar una de las tarifas más caras de la región. Si bien nos habría gustado ver a las Islas Salomón saltar hacia una alternativa más sostenible, esquivando la era de las represas, el Banco Mundial, entidad acreditada que presentó el proyecto ante el Fondo, llevó a cabo un proceso participativo y destacable de integración de las comunidades locales, que le concedió la legitimidad para realizar el proyecto. El segundo proyecto rehabilitará una represa construida en los 50 en Tajikistan, país ubicado en Asia Central. Las reparaciones son para volverla más resiliente al clima y menos peligrosa a posibles accidentes. Al tratarse de una rehabilitación, el proyecto no genera los impactos socioambientales propios de la construcción de una represa desde cero. Sin embargo, Tajikistan ya depende en un 98% de energía hidroeléctrica, que debido al cambio climático falla cada vez más. En efecto, en los meses más fríos, cuando más se requiere energía, más del 70% de su población sufre cortes por el mal funcionamiento de las represas. Por tanto, no es razonable usar financiemiento climático para profundizar esa dependencia, en lugar de hacerlo para diversificar la matriz energética del país, haciéndola más resiliente al clima. Nuestra campaña Antes de la 14ª reunión de la Junta Directiva del Fondo, cuando recién supimos de las propuestas relacionadas con grandes represas que buscarían financiamiento del Fondo, escribimos una carta abierta explicando por qué las grandes represas no son adecuadas para recibir esos recursos. Luego, anticipándonos a la 16ª reunión, en la que se discutirían los dos proyectos, enviamos a los miembros de la Junta una carta firmada por nuestros aliados más cercanos, que incluía información de cada uno de los proyectos de represas en trámite ante el Fondo. Finalmente, durante las reuniones de la Junta, circulamos una declaración firmada por 282 organizaciones, fortaleciendo nuestra postura. Obtuvimos respuestas oficiales de algunos miembros de la Junta, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a cargo del proyecto en Tajikistan, y de la Autoridad Nacional Designada de las Islas Salomón. Delegados de Canadá y Francia quisieron conversar del tema con nosotros. Además, los medios The Guardian y Climate Home publicaron artículos al respecto. Avanzando con optimismo   Pese a que el financiamiento fue otorgado finalmente a los dos proyectos hidroeléctricos, logramos llamar la atención a nivel internacional sobre la incongruencia de apoyar grandes represas con dinero destinado a combatir el cambio climático. Varios miembros de la Junta del Fondo Verde del Clima expresaron dudas acerca de la conveniencia de promover este tipo de iniciativas, y confiamos en que alzarán la voz cuando se enfrenten a proyectos hidroeléctricos mucho más dañinos que los aprobados recientemente. Actualmente existen alternativas energéticas mucho más flexibles, baratas y amigables con el medio ambiente, que necesitan del impulso que el Fondo Verde puede dar. La energía solar y la eólica, por ejemplo, han probado ser eficientes y menos costosas que la hidroeléctrica de gran escala; y otras tecnologías menos desarrolladas, como la geotérmica, tienen un potencial aún inexplorado que debemos destapar. Las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos seguimiento a las decisiones del Fondo, seguiremos trabajando para que el financiamiento a grandes represas no se vuelva un precedente.

Declaración de Keiyatsita

Author(s):  El Pueblo Wixárika y el Pueblo Náyeri de México Mayo, 2017 DECLARACIÓN DE KEIYATSITA CONSIDERANDO.- Que los pueblos indígenas de México  concretamente el Pueblo Wixárika y el Pueblo Náyeri seguimos con nuestra existencia desde los tiempos inmemoriales a pesar de la conquista española, posteriormente la desintegración con la creación de las entidades federativas y hoy por hoy por el sistema neoliberal. A pesar de ello los Wixaritari y Náyeri mantenemos nuestra cosmogonía y cultura viva tal como nos legaron nuestros ancestros. Por lo anteriormente expuesto, los pueblos unidos en una sola voz en este caso el Pueblo Wixárika y el Pueblo Náyeri, reunidos en nuestro lugar sagrado de ”Keiyatsita” ubicado sobre la franja del Río San Pedro Mezquital dentro de la población de Rosarito, municipio de Rosamorada, Nayarit. Hacemos la siguiente: Declaración PRIMERO.- Que los Wixaritari y Náyeri somos los guardianes de nuestros lugares sagrados; reconociendo como los puntos cardinales o los confines del mundo Wixárika: Tatei Haramara, Tatei Xapawiyemeta, Hauxa Manakaa, Tekaata y Wirikuta. Así como los lugares sagrados que están inmersos dentro de nuestra geografía entre las que se destacan: Ututawita, Muxaa’+xie, Teopa, Kewimutaa, Nak+ta, Tsakaimutaa, Tukaimutaa, Xeutarie, Muxataa,  y precisamente en el lugar en el que nos encontramos que es “KEIYATSITA”. SEGUNDO.- Desde “Keiyatsita” ambos pueblos hemos convenido seguir refrendando y resguardando nuestra semilla criolla o Tatei Niwetsika (nuestra madre Maíz) en sus cinco colores como son el amarillo (Taxawime), azul (Yuawima), rosa (Tailawime), blanco (Tuusawime) y pinto (Tsinawime), si bien nos encontramos en donde está su origen y donde se encuentran sus raíces siendo para nosotros los Wixaritari el cordón umbilical, es por ello que en esta ceremonia hemos ofrendado para que dicha semilla se mantenga con vida y por ende nosotros. TERCERO.- Ambos pueblos indígenas coincidimos que los lugares sagrados como en este caso de ”Keiyatsita” nos transmiten conocimientos y sabiduría, además de que nos enseñan a cuidar a la madre tierra y las esencias de la vida como un todo. Por esta razón esta memoria histórica viva lo resguardaremos por siempre. CUARTO.- En este encuentro de dos pueblos tanto los Wixaritari y Náyeri estamos saldando y cumpliendo una deuda histórica que veníamos arrastrando de mucho tiempo; si bien las velas de la vida estaban feneciendo, sin embargo, en esta ceremonia las hemos renovado, venerando y rezando a nuestra deidad de Tatei Niwetsika (nuestra madre Maíz) que es nuestra vida misma y hemos llegado a la conclusión de que cada vez que nuestras deidades nos soliciten los ofrendemos lo haremos siempre en unidad y en coordinación. QUINTO.- Lamentablemente ambos pueblos nos hemos dado cuenta que el estado mexicano lejos de tutelar los derechos transversales de los pueblos indígenas en este caso del pueblo Wixárika y del pueblo Náyeri tal como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiende a desprotegernos y más grave aun violando nuestros derechos humanos, territoriales y culturales ya que estamos enterados de que el gobierno del estado de Nayarit en lugar de proponer proyectos sustentables impone un proyecto hidroeléctrico conocido como “Las Cruces”; proyecto  que de ejercerse o de operarse destruirá nuestros lugares sagrados que desde los tiempo milenarios hemos resguardado. Lamentamos que actúe de esta forma violando el derecho de consulta bajo los principios de previo, libre e informado tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. SEXTO.- Por esta última situación hoy por hoy los Wixaritari y Náyeri nos convocamos por un lado para cumplir la deuda que manteníamos con nuestras deidades principalmente con Tatei Niwetsika (nuestra madre Maíz) de “Keiyatsita” y por otro para unificar las fuerzas contra el proyecto hidroeléctrico “Las Cruces” de igual forma para demostrarle al estado mexicano que no estamos solos y que no estamos aislados. En este orden de ideas agradecemos a las diferentes personalidades que hicieron lo posible por acompañarnos principalmente a los medios de comunicación. SEPTIMO.- Ambos pueblos originarios después de esta ceremonia histórica fortaleceremos más nuestra lucha y defensa en contra del proyecto hidroeléctrico antes mencionado desde el ámbito cultural, espiritual, política y jurídica, así mismo consolidaremos nuestros lazos con otros pueblos indígenas de México y del mundo. En este espacio los Wixaritari y Náyeri mandamos nuestros saludos espirituales y de hermandad desde “Keiyatsita” a nuestros hermanos de las tribu, nación, pueblos y barrios que conforman el Congreso Nacional Indígena (CNI) deseándoles lo mejor en sus actividades y decisiones en la conformación y constitución del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) mismo que en esta fecha están sesionando en las instalaciones de CIDECI-UNITIERRA de San Cristóbal de la Casas, Chiapas. OCTAVO.- El pueblo Wixárika y el pueblo Náyeri nuevamente ofrecemos nuestras más sentidas condolencias por el asesinato de nuestro ex compañero de la Mesa Jurídica del CRW y Ex Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Wixárika de Waut+a-San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuruxi Manuwe-Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco Miguel Vázquez Torres y  su hermano Agustín Vázquez Torres, el pasado sábado 20 de mayo del año en curso en el poblado de Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Exigimos se investigue y se esclarezca los hechos por parte de las autoridades competentes para que este doble homicidio no quede impune, por el contrario se castigue a los autores materiales e intelectuales. Reiteramos que siempre recordaremos a nuestros hermanos como personas que lucharon por la tierra y el territorio de forma digna; continuaremos la lucha y defensa de nuestra madre tierra siguiendo su ejemplo hasta las últimas consecuencias. A Tentamente Mayo 29 del 2017 Keiyatsita-Rosarito municipio de Rosamorada, Nayarit. “CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA”. “CONSEJO INDÍGENA NÁYERI”. Por la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut+a y Tuxpan-Kuruxi Manuwe de los Municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco.

Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente

Respetar la naturaleza: ella manda

(Columna publicada originalmente en El País) Combatir el cambio climático requiere planificar políticas públicas y de desarrollo. En las últimas semanas graves deslizamientos han ocurrido en Perú y en Mocoa y Manizales (Colombia). Estos hechos, juntos, han dejado más de 500 personas fallecidas, docenas desaparecidas y más de 100.000 afectadas. Esas tragedias, y otras similares en toda América Latina y el Caribe, tienen algunas cosas en común. Ocurrieron en ciudades y regiones con tasas muy altas de deforestación y cambio de uso del suelo, y en las que se evidenció una deficiente planificación y regulación. Fueron, además, desastres anunciados. Una vez más es claro que cuidar los bosques y las orillas de los ríos, y evitar la deforestación y la erosión, es vital. Son tiempos de cambio climático por lo cual intensas lluvias, sequías, incendios y huracanes serán cada vez más frecuentes e intensos. En Mocoa (Colombia) la noche de la tragedia cayó el volumen de agua equivalente al de 10 días en condiciones normales. Es esencial tomar en serio la protección ambiental y la explotación planificada y sensata de los recursos naturales. Sin embargo, sigue habiendo en las Américas una tendencia extractivista sin adecuado control. La naturaleza se toma en cuenta, sobre todo ante las tragedias, cuando ésta reitera quién manda. La naturaleza, bien cuidada, puede ayudar a salvar vidas. En Mocoa, un bosque ayudó a salvaguardar un área del desastre. Pese a ello, la protección ambiental es vista equivocadamente por algunos como un lujo o incluso como exigencia de personas extremistas. Mientras tanto, año tras año, cientos de personas en América Latina y el Caribe –sobre todo niñas, niños y otras en situación de vulnerabilidad– mueren por sucesos vinculados con sequías o inundaciones, particularmente en los rincones más empobrecidos. En contraste, en los últimos años los Gobiernos del continente han venido debilitando políticas y normas ambientales para promover actividades extractivas más intensas, en nombre del desarrollo. Ya es hora de incorporar con seriedad el medio ambiente en las políticas públicas y en el desarrollo. Pero la tendencia es otra. Incluso personas, movimientos, alcaldes y demás autoridades que buscan proteger el ambiente y el agua de actividades como la minería, son criticados e incluso criminalizados y atacados. Es el caso de Cajamarca (Colombia). Allí, recientemente el 98% de la población decidió, en consulta popular, rechazar un proyecto minero a cielo abierto y proteger sus recursos naturales. La decisión ha desatado una polémica nacional. Se cuestiona si el resultado es obligatorio, aunque la legislación colombiana establece claramente que “la decisión del pueblo es obligatoria”. Sin ahondar en las particularidades jurídicas, lo esencial es el mensaje de fondo: priorizar la protección del agua y el ambiente. A través del voto popular, Cajamarca recordó a sus gobernantes esta prioridad. Varias poblaciones de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros, han votado de la misma manera. Implementar algunas actividades extractivas es necesario para la sociedad actual, pero ello no implica que deban implementarse todas, a cualquier costo y en cualquier lugar. Debe haber un buen balance, además de explorarse opciones de desarrollo más allá de las extractivas. Dos países en América Latina han demostrado que es posible. Costa Rica prohibió en 2011 por ley la minería metálica a cielo abierto. A finales de marzo, el Congreso de El Salvador hizo lo mismo. El cambio es viable, existen alternativas cuando se evalúan integralmente los costos y beneficios y se entiende que proteger el medio ambiente es ganancia. El Salvador, después de Haití, es el país con mayores índices de deforestación y de degradación ambiental, lo cual ocasiona, entre otros, escasez de agua. Por ello la prohibición de minería metálica. Esto no fue un favor a los ambientalistas. La medida fue analizada por años y tras estudios económicos y sociales, se concluyó que lo mejor para el país es cuidar y restaurar el agua y los bosques restantes. La decisión priorizó la restauración ambiental y sus beneficios sociales y económicos, por encima de los riesgos que los proyectos mineros implican. La degradación ambiental y su impacto en las personas no es un problema ajeno a los Gobiernos y a la sociedad. Por eso los Estados han firmado tratados y otros instrumentos internacionales reconociendo la obligación de proteger el medio ambiente. El Acuerdo de París sobre cambio climático, suscrito por 34 de 35 Estados del continente americano, es de los más recientes. Hoy estos acuerdos deben cumplirse realmente. No todos los proyectos extractivos son viables. Para determinar ello debe haber buena planificación, políticas y marcos legales fuertes e implementables. Herramientas como los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse de manera cuidadosa, objetiva e independiente. Las decisiones deben considerar impactos locales y nacionales de corto y largo plazo. En el mundo ya vivimos la realidad del cambio climático, actuar de otro modo sería ignorante e irresponsable. Y, en caso de que se nos olvide, la naturaleza, seguro nos lo recordará.

Seminario virtual "El aire limpio y la salud en Perú peligran, conoce el porqué"

El Gobierno de Perú propuso nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire, aumentando los niveles permitidos de contaminación por dióxido de azufre y material particulado, sustancias que causan enfermedades graves en las personas, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores. AIDA preparó, y luego presentó junto con APRODEH, argumentos que demuestran que la propuesta gubernamental ignora la evidencia científica sobre los daños que ambos contaminantes provocan, y las obligaciones internacionales que tienen las autoridades de brindar a su población las condiciones necesarias para una vida digna. En este seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle las razones por las que ningún país debe permitir una mayor contaminación del aire.   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora de AIDA:   Grabación  

Propuesta del Gobierno de Perú sobre estándares de calidad del aire es regresiva y afectaría la salud humana

El gobierno propone subir más de 12 veces el límite de contaminación por dióxido de azufre y duplicar el de material particulado, sustancias que causan enfermedades graves. Organizaciones consideran que la propuesta ignora evidencia científica y la obligación del gobierno de crear condiciones aptas para la vida y la salud de las personas. Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente propone nuevos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, que afectarían a toda la población pues no previenen los riesgos de contaminantes para la salud humana y ambiental. La norma propuesta aumenta más de 12 veces el límite para las concentraciones en el aire de dióxido de azufre (SO2) y duplica el de material particulado fino. Los ECA propuestos ignoran la evidencia científica según la cual dichas sustancias pueden provocar afecciones pulmonares y otras, particularmente a población más vulnerable como personas con asma, niños, niñas y adultos mayores. “Existen pruebas científicas contundentes que concluyen que la contaminación por dióxido de azufre representa un riesgo grave para la salud, particularmente durante periodos cortos de tiempo cuando la contaminación alcanza picos elevados, algo que la propuesta no toma en cuenta”, explicó Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron comentarios sobre la propuesta. En ellos señalaron también que, a diferencia de lo que plantea el gobierno, reducir los niveles de SO2 en el aire derivaría en una menor esperanza de vida. Ello se debe a que, entre otras razones, esa sustancia también promueve la formación de PM2.5,  pequeñas partículas contaminantes causantes de problemas respiratorios agudos como bronquitis y neumonía, así como mortalidad prematura. Aún más preocupante, el gobierno propone aumentar al doble el estándar de contaminación por esas partículas. Las organizaciones resaltaron además las fallas en el proceso de consulta de la propuesta. De un lado, el gobierno publicó el proyecto de norma el sábado 8 de abril, justo antes de Semana Santa, dando solo 10 días hábiles de plazo para el envío de comentarios. Y, del otro, no hizo pública la argumentación científica y técnica de la propuesta, lo cual impide entender a fondo sus argumentos. De ese modo, el gobierno vulnera los derechos a la información y a la participación ciudadana. Asimismo, en los comentarios se resalta que la propuesta gubernamental vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que Perú es parte, al no garantizar derechos humanos como la vida y la salud. Los cambios propuestos impactarían en toda la población del país. Los residentes de ciudades con contaminación más alta, como La Oroya, podrían sufrir impactos más severos. Esa ciudad es un caso emblemático por el Complejo Metalúrgico que allí opera y que está en proceso de venta. Dicho complejo ha sido un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. El debilitamiento de los estándares para promover su venta, argumento que el gobierno ha mencionado públicamente, podría implicar mayores impactos en la población, que ha visto mejoras significativas en el último tiempo. Personas afectadas en La Oroya demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos y cuentan desde hace diez años con medidas cautelares debido a los riesgos de la contaminación para su salud y su vida. Recientemente, la Comisión amplió las medidas a más personas debido a que el nivel de riesgo se mantiene. “Relajar los estándares de calidad del aire para facilitar la venta del complejo y aumentar la inversión en Perú sería un retroceso para la protección de la salud y el ambiente, lo cual podría resultar en una responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Christian Huaylinos, de APRODEH. “Además, dichas acciones estarían violando tratados de libre comercio firmados por Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, por ejemplo”, puntualizó. Consulte los comentarios enviados al Ministerio de Ambiente de Perú y más información sobre el caso de La Oroya. Contactos de prensa: Rodrigo da Costa Sales, AIDA, [email protected], +51 994767961 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959 789 232  

Belo Monte debe cumplir con condiciones antes de seguir operando

Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica.  La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.