Derechos Humanos

Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya

En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya.  Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo.  También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH.  Contactos de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232  

Corazones Verdes que Sangran: La situación de constante peligro para los activistas ambientales en Latinoamérica

“¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!” Berta Cáceres, Discurso de aceptación del Premio Goldman 2015 Ser un defensor/a de los derechos humanos y del ambiente no es tarea fácil. Por el contrario, es uno de los trabajos más peligrosos que se puede ejercer. Estás en riesgo ya sea que pertenezcas a una comunidad campesina, indígena o afrodescendiente, si eres un activista independiente o si eres parte de una organización de la sociedad civil. En su informe más reciente, En Terreno Peligroso, Global Witness dio cuenta que el 2015 fue el peor año en cuanto al asesinato de activistas ambientales y defensores del territorio[1].  El informe documentó 185 asesinatos en 16 países, haciendo de Brasil (50 homicidios), Colombia (26 homicidios), Perú (12 homicidios) y Nicaragua (12 homicidios) los más peligrosos de América Latina[2]. Desafortunadamente, el asesinato de defensores ambientales representa el trágico final de un problema más grande. Como sociedad, todos queremos desarrollo económico y social, y los gobiernos son elegidos, en su mayoría, con base a esa promesa. No obstante, cada vez más Estados y varios actores privados son con frecuencia cómplices de acciones que tienen como objetivo silenciar las voces legítimas y el trabajo de las y los defensores ambientales. Amenazas, acoso y campañas de desprestigio o criminalización hacen mella en el trabajo de estos defensores, quienes terminan dedicando gran cantidad de tiempo a defenderse ante sistemas judiciales, a menudo también cómplices, o incluso protegiéndose físicamente de cualquier atentado contra su vida. Varios Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido el importante rol que las y los defensores ambientales tienen en nuestras sociedades y, por ello, han recomendado a los Estados su protección. Sin embargo, el nivel de peligro ha continuado en aumento. Defensores ambientales con medidas cautelares de la CIDH para la protección de sus vidas, como en el ampliamente conocido caso de Berta Cáceres, continúan siendo amenazados o asesinados a plena vista de las autoridades y a menudo debido a la complicidad de un Estado. La empresa minera Yanacocha sigue acosando a Máxima Acuña con la intención de sacarla por la fuerza de su tierra y allanar el camino para el proyecto minero Conga, incluso luego que un tribunal peruano determinara que ella no ha violado los derechos de propiedad de la empresa. En La Oroya, una ciudad en los Andes peruanos donde un complejo metalúrgico ha operado desde 1922, docenas de víctimas de contaminación tóxica han estado luchando por años para defender su salud y su ambiente, y continúan buscando una solución en tribunales nacionales e internacionales. Su lucha ha estado plagada de ataques y campañas de desprestigio contra ellas y contra las organizaciones que han asumido su representación legal. Las víctimas han sido etiquetadas como “anti-mineras” y “anti-desarrollo”, acosadas en las calles, e incluso intimidadas con perros muertos colgados frente a sus casas. La lista de este tipo de incidentes en América Latina no hace más que crecer y, asociados a ellos, están minas, represas y otros proyectos de infraestructura inadecuadamente planificados y desarrollados. Como sociedades que buscan el desarrollo económico y social, necesitamos dejar de pretender que éstos y otros innumerables ataques contra las y los defensores ambientales no ocurren o no tienen un impacto en los costos financieros, políticos y sociales que eventualmente todos terminaremos pagando. Los costos llegarán y serán altos. ¡Los gobiernos necesitan despertar ahora y actuar para defender a las y los defensores, ya no hay tiempo! A la memoria de quienes han dado su vida defendiendo algo que debería ser preciado para todos, pero que de alguna forma es solo cuidado por unos cuantos: nuestro planeta.  [1] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, p. 4.  [2] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, pp. 8 -9.  

Apoyando la lucha de apicultores mayas contra el cultivo de soya genéticamente modificada

El Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos

El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos,  la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.   Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)  

Declaración del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos al final de su visita a México

Septiembre, 2016 Durante su visita de 10 días, el grupo de expertos independientes tuvo reuniones y visitó comunidades en la Ciudad de México, y los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora. En su declaración, expone algunas observaciones iniciales de la visita. Su informe de misión oficial, que será presentado en la 35a sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2017, incluirá más observaciones y recomendaciones. Consulta además el comunicado oficial (en español e inglés) sobre el final de la visita.  

Colombia debe acatar recomendaciones de Ramsar para la Ciénaga Grande

Autoridades nacionales y regionales deben contribuir a ese cumplimiento. El colapso del sitio puede desplazar a miles de personas que dependen del mismo para su sustento. Bogotá, Colombia. Tras la visita de expertos de la Convención Ramsar para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creemos necesario que el informe con las conclusiones y recomendaciones de la misión técnica de asesoramiento sea de conocimiento público y que sea acatado por el Estado colombiano en su conjunto. Tanto autoridades nacionales como regionales deben contribuir a lograr ese cumplimiento. Reconocemos la voluntad política del gobierno nacional para dar con la solución a la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciénaga Grande. La visita, realizada del 22 al 26 de agosto con el consentimiento gubernamental, ocurrió tras la petición realizada en 2014 al Secretariado de la Convención por a Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida. Ramsar es un tratado intergubernamental para la prptección de humedales. Según los medios, se prevé que los expertos entreguen sus conclusiones al gobierno a más tardar en un mes. ”Esperamos que la sociedad colombiana se apropie de las recomendaciones que emitirá la Misión Ramsar y que el Estado en su conjunto concurra para cumplirlas”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “El colapso de la Ciénaga puede provocar el desplazamiento de miles de personas que allí habitan y cuyo sustento depende del sitio”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad del Norte. “El Estado colombiano debe preservar la Ciénaga porque es crucial para enfrentar los efectos del cambio climático”, agregó. En el ecosistema han muerto cientos de miles de peces producto de la degradación ambiental causada, entre otros, por incendios forestales, deforestación y construcción ilegal de diques. Consideramos que también han contribuido al problema la falta de coordinación entre las entidades a cargo del tema, la escasez de recursos económicos para tareas de protección, la falta de educación ambiental y de persecución de los crímenes ambientales que allí se cometen. Además de las recomendaciones que surjan de la misión de Ramsar, creemos importante contar en el país con una entidad fuerte e independiente de presiones políticas para la evaluación adecuada de los proyectos de desarrollo que se implementan en la Ciénaga, incluyendo las carreteras, y la entrega de los permisos ambientales correspondientes. La Convención puede sugerir al Estado colombiano incluir a la Ciénaga Grande en la lista Montreaux, lo cual permitiría la obtención de ayuda económica solicitada por organizaciones no gubernamentales o por el Estado; así como asesoría técnica para generar recomendaciones orientadas a la recuperación y conservación del sitio. Esas orientaciones harían que las acciones de la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación del Magdalena y de otras autoridades responsables de la gestión de la Ciénaga sean más efectivas. Contactos de prensa Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, [email protected], +57 300 5514583 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +573005640282  

Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH: Puntos desde Sociedad Civil

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, grupos, comunidades y académicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, interesados en el tema de la responsabilidad de las empresas en derechos humanos, preparamos de forma coordinada insumos para el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su visita oficial a México, que tendrá lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. El objetivo del INFORME es dar una perspectiva de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional. Con base en los 68 casos documentados, se identifican patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros. Dicha información, también permite vislumbrar el grado de implementación de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país. Se elaboró además una INFOGRAFÍA ilustrativa sobre el tema.

Infografía: Empresas y Derechos Humanos en México

Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, una coalición de organizaciones de la sociedad civil elaboramos un INFORME que documenta 68 casos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y empresas, así como una INFOGRAFÍA ilustrativa sobre el tema:

Sociedad civil pide a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas

Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos.   Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional. El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales.   Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina. Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas. Más información en redes sociales #ONUenMx   El informe fue realizado con la participación de las siguientes organizaciones y grupos de derechos humanos (en orden alfabético): Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz   Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).   El proceso fue acompañado por Peace Brigrades International México (PBI)   La información fue recolectada con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC  https://goo.gl/YLhbSM [1] Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México el 7 de octubre de 2015: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=E [2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Situación de los derechos humanos en México, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II.  Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER  

Expertos internacionales visitan la Ciénaga Grande tras petición de la sociedad civil

Ante la crítica situación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Convención de Ramsar enviará una misión técnica de asesoramiento, con el beneplácito del gobierno colombiano. Bogotá, Colombia. Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de los humedales, realizarán una visita del 22 al 26 de agosto a Colombia para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este encuentro se confirma tras la petición que, en 2014, hicieran la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida con acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena, a la Secretaría de la Convención.  Los expertos sostendrán reuniones con representantes del Gobierno colombiano y de la sociedad civil el 23 de agosto, incluyendo a AIDA, apertura que celebramos. "Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar", dijo Gladys Martínez, abogada del Programa Marino de AIDA. "Creemos que el gobierno y la sociedad civil de Colombia pueden aprender de las experiencias de misiones Ramsar en México y Costa Rica, dónde AIDA ha participado", agregó.  En los últimos días se registró la muerte de cientos de miles de peces, debido a la severa crisis ambiental por la que atraviesa el ecosistema, uno de los más importantes del país. La Ciénaga Grande, pese a haber sido declarada como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, ha sufrido incendios forestales, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, pérdida de mangle y diques construidos ilegalmente.  Asimismo, enfrenta serios desafíos por proyectos para construir carreteras. La visita de expertos de distintas nacionalidades y altamente calificados para la evaluación de estos ecosistemas es una oportunidad para salvar la Ciénaga, de existir disposición para acatar las recomendaciones que emitan. "Los delegados encontrarán una verdadera crisis ambiental y humanitaria", dijo Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. "Las poblaciones locales cuya actividad económica es la pesca, están padeciendo privaciones en su alimentación, modo de vida, derecho al trabajo y acceso al agua", agregó.  Sandra Vilardy, considera que "el actual colapso de la Ciénaga significa el fracaso del modelo de gestión" y habló de la "necesidad de que la misión de asesoramiento recomiende de manera urgente al gobierno colombiano un cambio en el mismo."