Derechos Humanos

Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Denuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos y ataques a defensores/as por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Comunidades y organizaciones hacen un llamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos.  Presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.  La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.   Washington D.C., Estados Unidos. Un grupo de organizaciones y comunidades denunciaron, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Las denuncias están contenidas en un informe presentado ante la Comisión que se basa en 10 casos. El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas  son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos. Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha  obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos. Por ello, las organizaciones y comunidades solicitamos al Estado guatemalteco: Respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Incluir la participación de las comunidades indígenas en el diseño y en la implementación de sus políticas de desarrollo energético. Y a las empresas: Cumplir con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Abstenerse de tomar acciones, como demandas penales, que resulten en la criminalización y en ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el papel positivo y fundamental que tienen las personas defensoras de derechos humanos en la democracia. Consulte aquí el informe completo. Acompañamiento de Austria (ADA); Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH); Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Asociación Indígena Ch`Orti` Nuevo Día, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Consejo del Pueblo Maya (CPO) Consejo Mam; Guatemala Human Rights Commission, USA (GHRC); Guatemala Solidarity Network; Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán; Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); PAYXAIL YAJAW KONOB (Gobierno Ancestral Plurinacional) AKATEKA, CHUJ, POPTI’, Q’ANJOB’AL; Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International; Proyecto Acompañamiento Quebec Guatemala Montréal, Canadá Resistencia Río Dolores y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Contactos de prensa: Karen Hudlet, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, [email protected] Rodrigo da Costa Sales, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected]  

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Sociedad civil alerta sobre omisiones en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México

El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones. Ciudad de México, México. A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada desde el inicio y durante la elaboración  del Programa no ha sido atendida. Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos) y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, este Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la Ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas. Esta denuncia de las omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren. El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ya no es tiempo de creer que las represas nos benefician

Érase una vez cuando los cigarros servían para curar la tos, el maquillaje con plomo estaba de moda y el DDT, un insecticida altamente tóxico para el ambiente y las personas, se utilizaba en los jardines donde jugaban niños y niñas. Lo que ahora nos escandaliza, en su tiempo era completamente normal e incluso se creía más beneficioso que dañino para la humanidad. Y fue gracias a la ciencia que pudimos saber que el cigarro, el plomo y el DDT son nocivos para la salud. Lo mismo ocurre ahora con las represas. La fotografía de una represa rodeada de árboles puede ser engañosa, así como alguna vez sucedió con la publicidad del cigarro, acompañada por la imagen de un médico que lo recomendaba. En los últimos años, hemos visto que los daños de las represas al equilibrio de los ecosistemas y a las comunidades cercanas, son proporcionalmente mayores a los beneficios que prometen. Hace poco, un estudio confirmó algo mucho más preocupante: las represas contribuyen al cambio climático. A finales de 2016, investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no sólo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producidos por la humanidad. Las represas, evidenciaron, son una fuente “subestimada” de emisiones contaminantes, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La noticia no se ha asimilado. Las represas continúan apareciendo como fuente de energía verde. Hay países que se jactan de que su energía es casi en su totalidad verde, pero al ver sus reportes, la mitad —o más— es energía hidroeléctrica: la que proviene, especialmente, de grandes represas. Vulneración de derechos humanos Incluso antes de saber del nuevo estudio, ya se había documentado que las represas provocan graves daños a las comunidades y al ambiente. Uno de ellos es la ruptura del estilo de vida. Los habitantes de zonas afectadas por represas deben adaptarse a las nuevas condiciones ambientales que implica el cambio de flujo en los ríos, las inundaciones o la migración de especies.  Pero no es lo único, muchas comunidades son víctimas además de desplazamiento forzado y caen en la pobreza. Un ejemplo de ello es lo que pasó con la represa Belo Monte, en la cuenca del río Xingú, en la Amazonía de Brasil. En AIDA, hemos trabajado de la mano con los pobladores —indígenas y ribereños—que vieron caer los árboles que les rodeaban, la expansión de tierra roja como mancha en medio de la selva, la ausencia de peces en sus aguas y la desaparición de pequeñas islas. Además, en la ciudad más cercana a la represa, las condiciones de vida se vieron muy afectadas.  Esta historia se repite millones de veces en el mundo. Según el estimado de International Rivers, para el año 2015, se habían construido 57,000 grandes represas, que implican la interrupción de más de la mitad de los ríos del mundo y el desplazamiento de al menos 40 millones de personas. ¿Qué podemos hacer? Aunque el estudio de la Universidad del Estado de Washington pueda sorprender a los países o empresas que promueven la construcción de represas, la salud del planeta requiere acciones efectivas que detengan esa tendencia equivocada. Las represas pueden convertirse en los cigarros del mundo, un sitio de por sí impactado por serios tipos de contaminación. Existen opciones mucho más amigables con el ambiente y que no implican los impactos sociales, económicos y climáticos de las represas. Un ejemplo de esperanza es el brindado por el pueblo Munduruku en Brasil. El año pasado, su lucha dio frutos con la cancelación de una represa hidroeléctrica en el río Tapajós, su fuente de vida. Esa noticia fue el resultado de acciones respaldadas con pruebas, entre ellas el caso Belo Monte. Recientemente, la comunidad se reunió para pensar qué soluciones existen ante las amenazas que todavía deben afrontar. Las alternativas deben estudiarse caso por caso y con base en los recursos disponibles. Estas incluyen la descentralización de las fuentes generadoras de energía, los proyectos a pequeña escala y el uso de tecnología solar y eólica, siempre acompañado de procesos adecuados de consulta a las comunidades. Hay soluciones energéticas que no son la mejor decisión para una comunidad que otra. En el financiamiento se debe evaluar cuidadosamente qué proyectos apoyar, analizando a detalle los impactos socioambientales. Puede sonar que a la larga todas las decisiones que tomamos son malas, pero no es momento para desanimarse. Hoy contamos con la información científica para cuidar nuestro planeta. Hemos dejado de producir no sólo maquillaje, sino otros productos con plomo; el número de fumadores ha disminuido para dar paso a espacios de convivencia más limpios; y el DDT se usa cada vez menos, acompañado de esfuerzos para tener insecticidas que controlen las plagas y sean biodegradables. Por tanto, en cuestión de represas, sólo es cuestión de re-pensar nuestra forma de producir energía y preservar los ríos que aun fluyen libres.

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

10 preguntas para saber si tu empresa respeta los derechos humanos

Hoy en día las empresas son parte de nuestra vida diaria y es muy difícil evitar estar vinculado a alguna en cierto grado. Si bien algunas empresas han contribuido al progreso mundial y a beneficiar a las personas, también es innegable que múltiples empresas son responsables de diversos impactos negativos, entre ellos graves daños al ambiente y a los derechos humanos. Actualmente, la relación entre la actividad empresarial y el respeto a los derechos de las personas es indivisible. Es por ello que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional aprobó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 31 en total; luego y para promover su cumplimiento, creó un Grupo de Trabajo específico sobre el tema. Si bien los Principios Rectores deberían ser obligatorios y más estrictos para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos y del ambiente, constituyen un referente mínimo para que las empresas cumplan con su obligación. En esta semana, en Santiago de Chile, la ONU realiza una consulta sobre cómo las empresas deberían respetar los derechos humanos. El liderazgo de América Latina ha sido clave en el desarrollo del tema. “Fueron los países de América Latina que levantaron ante las Naciones Unidas el tema del impacto de las empresas en los derechos humano”, ha resaltado el Presidente en Turno del Grupo de Trabajo. En contraste, en la región se registran los mayores impactos por parte de las empresas, incluyendo los relacionados con riesgos para las personas que defienden los derechos humanos. Para entender de forma más sencilla qué implican los Principios Rectores en la práctica, comparto una lista de 10 preguntas sencillas orientada a saber si cualquier empresa —aquella que diriges, en la que trabajas o donde comprar algún producto o servicio— respeta los derechos humanos. Preguntas Vale la pena aclarar que la siguiente lista no pretende ser una evaluación exhaustiva del cumplimiento de los Principios Rectores de la ONU, ni abarcar todas las obligaciones que las empresas tienen, sin importar su sector. Ello requiere un análisis más profundo. La intención de estas preguntas sencillas es más bien entender cómo los principios se aplican en la práctica y qué tipo de acciones están vinculadas al respeto de los derechos humanos. ¿Tiene tu empresa un plan de derechos humanos alineado con los Principios Rectores de la ONU? ¿Tu empresa trata con equidad a todas las personas? Por ejemplo, ¿contrata a las personas más calificadas sin discriminarlas por género, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico o cualquier otra razón? ¿Tu empresa paga el mismo salario a hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo? ¿Hay mujeres que ocupen cargos directivos? ¿En qué porcentaje? ¿Alguna vez una mujer ha dirigido la empresa? Si tu empresa está involucrada en proyectos extractivos, de infraestructura, de turismo o similares que puedan afectar a comunidades indígenas o étnicas, ¿lleva a cabo procesos de consulta previa y de consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar y comenzar el proyecto? ¿Sabes qué es consulta previa o consentimiento libre, previo e informado? ¿Cumple tu empresa con todas las leyes aplicables? ¿Cuenta con todos los permisos para operar, entre ellos concesiones de agua, autorizaciones de uso de suelo, licencias ambientales y otros? ¿Usa tu empresa las mejores prácticas y estándares internacionales para evitar, prevenir y manejar riesgos para el ambiente y los derechos humanos, incluso si conllevan costos mayores? Ante incidentes que hayan afectado fuentes de agua, bosques u otro entorno natural, ¿hizo tu empresa todo lo necesario para evaluar los daños y remediarlos? ¿Tiene tu empresa planes para reducir las emisiones contaminantes presentes y futuras que contribuyen al cambio climático? ¿Cuenta tu empresa con un mecanismo de quejas y compensación ante eventuales impactos a derechos humanos de personas o comunidades? En caso de tenerlo, ¿el mecanismo ha sido efectivo en la compensación de daños? De contar con un servicio externo de seguridad para proteger sus operaciones ¿tu empresa ha garantizado que ese servicio evite abusos contra las personas, incluidas aquellas que protestan pacíficamente contra algo que la empresa podría haber hecho? Tu empresa y quienes trabajan en ella, ¿exigen respeto, evitan atacar de cualquier manera y promueven la protección de las personas que denuncian acciones negativas, entre ellas periodistas, incluso si consideran que están equivocadas? Obligación moral y legal Responder a las preguntas anteriores puede ayudarnos a entender cuáles son y qué implican las obligaciones de las empresas con relación a los derechos humanos. Si la respuesta a una o más de ellas fue negativa, es muy probable que la empresa en cuestión esté violando derechos humanos e ignorando los Principios Rectores de la ONU. Sería útil que revise esos principios y, con base en ellos, elabore un plan de acción efectivo. Respetar los derechos humanos es un imperativo moral y una exigencia legal. Puede además contribuir a que un negocio disminuya costos y riesgos. Te invito a hacer el test con tu empresa y a compartir los resultados. ¡Muchas personas tenemos interés en conocerlos! Si quieres conocer más del tema, aquí puedes encontrar mayor información. 

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Sobre represas y cambio climático

(Columna publicada originalmente en El País) "Nuestro clima se está calentando a un ritmo alarmante y sin precedentes al que tenemos que responder con urgencia", concluyeron el 22 de noviembre pasado los representantes de casi 200 Estados del mundo, reunidos en Marruecos, para la décimosegunda Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la primera reunión de las Partes del Acuerdo de París. En efecto, debemos responder con urgencia, pero también con inteligencia. Hoy en día, miles de grandes represas están siendo planeadas y en construcción a nivel mundial para sumarse a las ya más de un millón de represas en más de la mitad de los ríos en el planeta. Solo en la Amazonía, hay cientos de proyectos de hidroeléctricas planeadas o en construcción. Muchos de ellas son promocionados como energía limpia y solución al cambio climático. Pero la realidad es otra. Investigadores de la Universidad del Estado de Washington (WSU) concluyeron recientemente, en un artículo publicado en la revista científica Bioscience, que las represas son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en particular de dióxido de carbono, de óxido nitroso y mayormente de metano. Este último es un gas 34 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Esto implica que, lejos de ser una solución, las represas agravan el cambio climático. Hasta el momento, la evidencia científica apuntaba a que las emisiones contaminantes se presentaban en represas ubicadas en zonas tropicales. Pero la investigación de la WSU concluye que los embalses de todas las represas emiten GEI, sin importar su latitud ni propósito (generación de energía, control de inundaciones, navegación o riego). Para la investigación los científicos analizaron diferentes variables y métodos de medición de emisiones provenientes de embalses. Como resultado de ello concluyeron que, en el mundo, emiten aproximadamente el 1,3% de las emisiones de GEI generadas por la humanidad. Esto es más que las emisiones anuales de todo Canadá. Aún se requieren mayores estudios para cuantificar con exactitud la cantidad de emisiones provenientes de las represas y para entender cómo estas varían según las condiciones particulares de cada embalse. Por ahora, parece que variables como la eutrofización (el aumento de nutrientes en el agua que puede incrementar las algas) y la temperatura pueden ser relevantes. Hasta el momento las emisiones de cambio climático causadas por las represas no son contabilizadas. Sin embargo, cada día la atmósfera recibe dichas emisiones, aumentado los impactos al clima. Esto quiere decir que, a nivel mundial, las cuentas climáticas no cuadran. Por tanto, el estudio de la WSU marca un hito para entender el verdadero papel de las represas y el cambio climático. Es esencial entonces tomarlo en cuenta en las políticas, normas, programas y análisis científicos. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Verde del Clima; autoridades nacionales y empresas, deben incorporar en sus evaluaciones las emisiones contaminantes, actuales y futuras, de las represas. Solo así tendremos las cuentas claras y evitaremos que, por ignorar una situación ya probada, continuemos incrementando el cambio climático que ya nos afecta a todos. Aunque en mayor medida a quienes están en situación más vulnerable. Vale recordar que las represas causan también graves impactos en el ambiente y en los derechos humanos. Son proyectos muy costosos y que toman décadas entre la planeación y la implementación. De otra parte, en los últimos años ya se están dando resultado soluciones viables para reemplazar la necesidad de represas. En el caso de la energía hay otras fuentes más eficientes, baratas y rápidas que podrían implementarse. Como se dice popularmente: "Las cuentas claras y el chocolate espeso". Tener claridad y asegurar que todas las fuentes que contribuyen significativamente al cambio climático sean tomadas en cuenta, es una tarea esencial para responder con la urgencia, efectividad e inteligencia requerida. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ya no tenemos más tiempo que perder.

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Dos niños ven el Complejo Metalúrgico de La Oroya en Perú
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La Oroya: Una década de lucha y espera por justicia

Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre.Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud.Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes.Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas.Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción. Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad.El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha."¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista.  Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia.En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable.Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado. Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más.A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos.Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos.__* El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.

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Derechos Humanos

Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento apoyamos la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia.  En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los diferentes niveles de participación de quienes están imputados.  Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, de conformidad con los estándares internacionales.  Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países, en este sentido, se puede citar como experiencia reciente el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en México. En el caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos.  También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias indebidas. Finalmente, exhortamos a las autoridades a dar acceso a la investigación en curso así como aprovechar esta oportunidad de colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la comunidad internacional.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

HOY, más que nunca, necesitamos seguir trabajando por la justicia y la protección del planeta

Quienes trabajamos para proteger nuestro planeta, para mejorar el ambiente en el que vivimos, para preservar nuestras fuentes de agua, y para concretar acciones que contrarresten efectivamente el cambio climático, estamos convencidos que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, nuestro trabajo es más necesario que nunca. Es igual de esencial el involucramiento de cada uno de ustedes para lograr la justicia ambiental. Hoy, especialmente, reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con el ambiente y con los derechos humanos. Cada una de las personas que trabajamos en AIDA estamos comprometidas con hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Estamos conscientes que la tarea es dura. Tenemos la responsabilidad histórica de mostrar que podemos encontrar soluciones pacíficas que aseguren un futuro promisorio para las generaciones presentes y futuras. Trabajar juntos es HOY un imperativo. Es necesario que todos reaccionemos al unísono, nos involucremos y colaboremos para construir la esperanza y el camino hacia un futuro pacífico, próspero, respetuoso y tolerante; un futuro en el que las y los guardianes de la naturaleza sigan cumpliendo esa tarea, conservando su cultura y sus modos de vida. ¡Agradecemos el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes, algo que nos llena de energía para juntos seguir adelante!  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Lucha contra el cambio climático: Tiempo de convertir las promesas en acciones

El Acuerdo de París contra el cambio climático comenzó a regir hoy y con él la implementación efectiva de los compromisos que los países del mundo, desarrollados y en camino de serlo, hicieron para contrarrestar el problema. Esos aportes nacionales hicieron posible el consenso global y ahora no pueden ser menos ambiciosos, pero sí mejores. El 5 de octubre, los países de la Unión Europea ratificaron el Acuerdo de París adoptado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de diciembre de 2015. De ese modo se alcanzó la ratificación de al menos 55 países que juntos representaran el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, requisito para la entrada en vigor del acuerdo. Esa vigencia es un logro político global importante al que contribuyeron varios países de América Latina que ratificaron el acuerdo de forma temprana: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros. Luego, China y Estados Unidos, los más grandes emisores mundiales, también le dijeron sí al nuevo pacto por el clima. Ahora todos los países que ratificaron el Acuerdo de París pueden poner en marcha sus compromisos nacionales contra el cambio climático, aquellos que presentaron como aportes para la adopción del acuerdo el año pasado. Los compromisos incluyen, entre otras cosas, reducción de emisiones contaminantes, financiamiento de acciones climáticas, actividades de adaptación y mitigación. “Estas contribuciones son legalmente vinculantes y solo podrán ser mejoradas, aumentando así la ambición de las medidas establecidas en las mismas, pero ya no se podrá ir hacia atrás en ellas”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Para que los compromisos sean una realidad, en cada país se tienen que impulsar acciones orientadas a contar con las normas necesarias y con instituciones fortalecidas. Así se podrán implementar con éxito estrategias climáticas de las que salgan programas, proyectos y tareas específicas de adaptación y mitigación. Desde el punto de los recursos económicos, aquellos de los que dependen los países más vulnerables para hacerle frente a los impactos de los cambios extremos en el clima, la puesta en vigencia del Acuerdo de París puede resultar en un marco financiero internacional más solido, predecible y transparente. Contar oportunamente con dinero suficiente y administrado adecuadamente es clave para que los compromisos se concreten y sean cada vez más ambiciosos. “La entrada en vigor del Acuerdo de París es hito a nivel mundial para al fin comenzar la transformación urgente de la economía y la sociedad hacia un futuro realmente sostenible; la evidencia irrefutable de los impactos del cambio climático nos obliga a ejercer la responsabilidad histórica de actuar rápido y mostrar resultados”, afirma Astrid Puentes, codirectora de AIDA. “América Latina debe demostrar su liderazgo mundial, implementando soluciones adecuadas y alejándose de decisiones anticuadas que aumentan la vulnerabilidad de nuestros países, sacrifican el desarrollo y afectan aún más a personas y comunidades”.

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Grandes Represas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Belo Monte: Reavivando Nuestra Lucha por Justicia

Pese a que las turbinas de la represa Belo Monte han comenzado a girar, la lucha por justicia continúa. El funcionamiento de la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú —plagada de corrupción y negligencia— no puede detenernos. De hecho, cada nueva denuncia de corrupción y abuso solo alimenta nuestro deseo de justicia para quienes han sido afectados por la represa. Nuestra batalla más importante —el caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue abierto a trámite a finales del año pasado— sigue firmemente su curso. En el caso, estamos trabajando para responsabilizar a Brasil por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la represa Belo Monte: la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas; la falta de una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales; desplazamiento forzado; y otras graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas y residentes de Altamira. Estamos en proceso de hacer que el caso sea admitido ante la Comisión, y que la misma pueda establecer —como un organismo internacional e independiente— si estas violaciones ocurrieron y si el Estado debe responder por ellas. Como parte del proceso, Brasil tenía que responder a nuestros reclamos ante la Comisión. Recibimos su respuesta el 9 de agosto y recientemente enviamos nuestros argumentos legales para contrarrestar sus afirmaciones. Necesitamos asegurar que la Comisión comprenda la importancia de su rol en la investigación de las violaciones de derechos humanos causadas por Belo Monte. Incluso mientras escribo esto, el Estado y los operadores de la represa continúan ignorando abiertamente los derechos humanos de las personas de la cuenca del río Xingú, quienes viven a la sombra de la hidroeléctrica. El 1º de septiembre, por ejemplo, la licencia de operación de la represa fue suspendida una vez más porque los sistemas de saneamiento de la ciudad de Altamira —una obligación legal que los operadores debían cumplir hace tiempo— nunca fueron instalados. Las calles de Altamira aún son inundadas por aguas residuales, amenazando con convertir el embalse de Belo Monte en un charco de agua estancada. Desafortunadamente, como con muchas decisiones legales que intentaron proteger los derechos de los afectados, la suspensión fue revocada unas semanas más tarde. Está claro que las fuerzas detrás de Belo Monte no tienen respeto por el ambiente en el que están trabajando, y menos por las personas que dependen del río y de la selva para sobrevivir. Muchas de las personas a las que representamos, viven en barrios de Altamira y están expuestas a las aguas sin tratar. Quienes viven fuera de la ciudad han sido desplazados de su fuente primaria de agua, o han visto destruida su forma de vida. Debemos garantizar que el Estado brasileño se haga responsable por el inmenso daño social y ambiental que la represa ha causado. Ten la seguridad que no vamos a detenernos hasta lograr justicia para la gente del Xingú.

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