Derechos Humanos

Derechos Humanos

Carta de Organizaciones sobre Detención Arbitraria de Activistas en Nicaragua

En una carta abierta, organizaciones de la sociedad civil del continente americano exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación en Nicaragua y exijan a ese país que cumpla con sus obligaciones. Desde el pasado sábado 25 y hasta el lunes 27, se desconocía el paradero y estado de seis jóvenes, tras ser detenidos por la policía de Nicaragua en el municipio de Nueva Guinea. Luego de 48 horas de detención, el grupo fue liberado y dirigido a las fronteras de Honduras y Costa Rica. El hecho que originó la detención tuvo lugar en la comunidad La Fonseca del municipio nicaragüense de Nueva Guinea, cuando el pasado sábado 25, Byron Reyes Ortiz (Costa Rica), Daniel Espinoza Jiménez (España-México), Ana Laura Rodríguez (Argentina), Salvador Tenorio Perez (México), Emmanuel de la Luz Ruiz (México) y Eugenio Pancelli Chávez (México) se encontraban impartiendo un taller de nuevas tecnologías para fabricar hornos como parte del programa “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”. En medio de una demostración, un barril que contenía restos de gasolina prendió fuego, de acuerdo a la declaración pública de Francisca Ramírez, lideresa campesina e integrante del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía. Además del grupo de jóvenes extranjeros, Francisca también fue detenida junto a varios nicaragüenses, que quedaron en libertad el mismo día. La dirigente ha sido reconocida por su oposición a la construcción del canal interoceánico en el país. Según los activistas, los policías habían estado vigilando la casa en que se encontraban reunidos, desde antes del accidente. Inicialmente, la policía justificó los arrestos señalando que hubo una manipulación de “sustancias explosivas”. Sin embargo, el lunes 27, el Ministerio Público de Nicaragua informó en una conferencia de prensa que no presentaría cargos contra ninguno de los jóvenes y que los extranjeros serían puestos a la orden de las autoridades migratorias. Esto, después de dos días en los que ni sus familiares ni las autoridades de sus países correspondientes, tuvieron información sobre el lugar donde estaban detenidos no pudiendo, por lo tanto,  darles apoyo legal alguno. Las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, además de otras organizaciones de la sociedad civil, consideran que lo ocurrido en Nicaragua es una detención arbitraria que violenta los derechos humanos de los jóvenes detenidos. Es preocupante que pasaran más de 48 horas incomunicados, sin asistencia consular, ni acceso a un/a abogado/a defensor/a, mientras las solicitudes de información de sus representantes y allegados fueron ignoradas.  No es la primera vez que el Estado nicaragüense actúa de manera arbitraria. Desde 2010, al menos 14 personas han sido detenidas y expulsadas del país, entre las que se encuentran destacados defensores y defensoras de derechos humanos del continente. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación nicaragüense y exijan a este país que cumpla con sus obligaciones. Organizaciones firmantes Argentina Fundación M'Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental. Paraná. Entre Ríos Colombia Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (CODHES) Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) El Salvador Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) Guatemala Fundación Myrna Mack Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) Honduras Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús México Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) Consultoría Técnica Comunitaria AC Anahi Martinez Encinas Daniel Alejandro Chávez Macedo Marina Ortiz Ondine Rosenthal Sievers Sylvir Guillemin Tamara Ortiz-Avila Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Centro de la Mujer "Acción Ya" Colectivo de mujeres ITZA Mujeres por la Democracia Unión Ciudadana por Democracia Carlos Tünnermann Bernheim Marlen Auxiliadora Chow Cruz Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) CooperAcción Paz y Esperanza Venezuela Juventud Alianza Bravo Pueblo Programa Venezolano de Educación (Provea) Organizaciones regionales Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) IPAS Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Leer más
Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

La Muerte de Activistas Exige Rendición de Cuentas

El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina. De los 10 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, siete están en la región. Perdimos a estas valientes personas que fueron asesinadas por resistirse a minas, represas y otros proyectos industriales destructivos. Ahora, más que nunca, debemos exigir rendición de cuentas. Debemos hacerlo por las consecuentes pérdidas para el ambiente, para las culturas indígenas y para los derechos humanos. La situación empeoró recientemente. El 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una crisis financiera severa que le llevó a la “suspensión de las audiencias [programadas] y al despido inminente de cerca de la mitad de su personal”. Aunque històricamente ha tenido financiamiento reducido, la actual es la peor crisis financiera que ha vivido. La Comisión depende del financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos en América y Europa, organizaciones y fundaciones. Casi todos los gobiernos han reducido o incumplido sus compromisos financieros. La crisis financiera demuestra que nuestro trabajo, y el de colegas, comunidades y movimientos, está teniendo un impacto. La Comisión ha tomado decisiones que involucran derechos indígenas y de comunidades, protección de tierras y del ambiente y proyectos de desarrollo destructivos. Por unos  años, algunos países se han quejado de que la Comisión ha excedido su mandato en casos que involucran proyectos de desarrollo. Pero, por supuesto, cuando esos proyectos violan derechos humanos, encajan claramente en el ámbito de competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso de la represa Belo Monte es un claro ejemplo de que esta crisis es resultado de nuestra efectividad. El 2011, la Comisión otorgó las medidas cautelares que junto con colegas de Brasil solicitamos a nombre de las comunidades indígenas afectadas. Brasil reaccionó retirando inmediatamente a su embajador ante la OEA y reteniendo su financiamiento por el resto de ese año. Solo hasta 2015 envió un nuevo embajador y sus pagos no se han regularizado desde entonces. Además, después que las medidas cautelares fueron emitidas, Brasil comenzó un proceso agresivo de “reforma” de la Comisión que terminó debilitando su poder. En AIDA hemos analizado cómo la crisis afecta nuestros casos ante la Comisión, los casos futuros que necesitan atención internacional, y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Los casos actuales sufrirán posiblemente un retraso. Nuestro caso sobre contaminación tóxica en La Oroya, Perú, ya está seriamente dilatado. La Comisión ha prometido emitir un informe de fondo, lo que hará que el caso pase al siguiente nivel: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos han dicho que pese a la pérdida del 40% de su personal, la Comisión aprobará este año el informe, el cual al parecer ya fue concluido. Ello aún está por verse. Por supuesto, nosotros hemos contactado a la Comisión y resaltado la importancia de que el caso avance. De manera informal, algunos jueces de la Corte Interamericana han expresado su predisposición a recibir el caso. Después de cuatro años, la Comisión comenzó recién a procesar el caso Belo Monte. Es probable que la fuerte presión política de Brasil demore aún más ese proceso. Pero la Comisión y la presión política sobre Brasil pueden ayudar a que el caso avance más rápido. Al estar Belo Monte ligado al mayor escándalo de corrupción del país, es posible que la Comisión entienda la relevancia de que el caso avance. Continuaremos abogando por un procesamiento prioritario. Los nuevos casos requerirán mayor evaluación. Planeamos llevar pronto al menos un nuevo caso a la Comisión. Si no cumplimos con una fecha límite en unas cuantas semanas, corremos el riesgo de que el caso no sea admitido. Todos los recursos internos han sido agotados; la Comisión representa la última esperanza de justicia. Pese a la incertidumbre de la situación actual, es importante preservar los derechos de nuestros clientes en caso de que el financiamiento de la Comisión retorne a un nivel adecuado. Para otros casos, estamos buscando otras maneras de conseguir justicia. Estamos, por ejemplo, explorando más que nunca la opción de recurrir a tribunales y autoridades nacionales. Estamos buscando además nuevas formas para que  instituciones financieras se comprometan a evitar financiar proyectos que dañan el ambiente y los derechos humanos. Estamos trabajando con otras organizaciones para desarrollar estrategias de respuesta. Rodrigo Sales, brasileño y uno de nuestros abogados, representó recientemente a AIDA en la Asamblea General de la OEA. Abogó, entre otras cosas, por soluciones en materia de derechos humanos en la región. Consideramos esencial la cooperación entre las comunidades ambientales y las de derechos humanos. Necesitamos estar unidos, mostrando a los gobiernos y al público que lo derechos humanos y la Comisión son de vital importancia. La crisis financiera de la Comisión —una entidad internacional para escuchar y resolver las preocupaciones del continente en materia de derechos humanos— es un asunto urgente que todos debemos entender, en el que debemos pensar y por cuya solución debemos actuar  estratégicamente. AIDA está trabajando para que eso ocurra.

Leer más
Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Colombia solicita visita de Ramsar a la Ciénaga Grande y avanza hacia su protección

La visita de expertos de la Convención Ramsar permitirá mejorar el manejo del humedal de importancia internacional, actualmente en deterioro por actividades ilegales. La participación de todos los actores involucrados en la defensa del sitio contribuirá al éxito de la misión. Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano solicitó oficialmente que una misión de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, visite la Ciénaga Grande, la laguna costera más grande y productiva del país. Con ello, el gobierno da un gran paso hacia la protección del sitio pues la visita permitirá conocer objetivamente su grado de deterioro y generar recomendaciones para mejorar su manejo. “Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Estamos en toda la disposición de apoyar al gobierno y al Secretariado de Ramsar durante la visita como lo hemos hecho en otras misiones en México, Costa Rica y Panamá”. AIDA, el Grupo de Litigio de la Universidad del Norte y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida solicitaron la misión de asesoramiento a Ramsar el 2014. Y, por más de un año, abogaron para se concrete junto con Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga. "Es importante que a esta visita puedan acudir distintos actores de la sociedad para conocer los aspectos sociales, económicos y político-jurídicos que han contribuido al deterioro de la Ciénaga. Las distintas voces evidenciarán los múltiples factores que amenazan la existencia del ecosistema, y los intereses privados que se ciernen sobre el mismo", aconsejó Juan Pablo Sarmiento, abogado y director del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte. La Ciénaga Grande, pese a ser  Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, sufre actualmente una degradación ambiental grave a causa de incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente. “La visita será muy útil porque le dará al gobierno una mirada objetiva sobre el estado actual del humedal y le permitirá tomar medidas para mejorar su gestión”, señaló Villardy. La fecha específica de la misión Ramsar está en proceso de definición. Contactos de prensa Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +50683214263 Juan Pablo Sarmiento, Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, [email protected] Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga Grande, [email protected]  

Leer más
Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por empresas enfrentan obstáculos para obtener justicia

La asimetría de poder entre las empresas y las personas y comunidades afectadas, entre otros factores, dificulta el acceso a la justicia en el continente americano. Organizaciones brindaron información detallada sobre esta problemática en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Santiago, Chile. En el continente americano personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido violados por actividades empresariales enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a acceder a la justicia y lograr reparación por los daños causados. La criminalización acoso y amenazas de las que son objeto son algunas de las trabas. Entre otras razones, la situación responde a que, en muchos países, las empresas no son fiscalizadas adecuadamente e incluso tienen apoyo estatal o reciben incentivos para seguir operando pese a que vulneran derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil[1] informaron, a través de casos emblemáticos en América del Sur, de esta problemática que se registra en el todo continente. Uno de esos casos fue el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en Brasil. Ese día, la ruptura de la presa de relaves mineros de la empresa Samarco en la cuenca del río Doce, provocó el peor desastre socioambiental de la historia de ese país: toneladas de lodo tóxico afectaron a su paso casas, escuelas, cultivos y ganado hasta llegar al Océano Atlántico. El gobierno y la empresa dieron por cerrado el conflicto en torno al daño ocasionado con un acuerdo extrajudicial en el que no participaron las víctimas. “Yo vivía tranquilo, no esperábamos ver lo que pasó, las familias fueron desruidas. Necesitamos empleo, pero con responsabilidad, no de una forma que mate a las personas. El pueblo pide socorro, no podemos dejar que estas empresas hagan lo que quieran y si esta Comisión nos puede ayudar, se lo agradeceríamos”, expresó Antonio, víctima del caso ocurrido en Brasil. En la aduiencia, las organizaciones se refirieron también al caso de la empresa Southern Peaks Mining, financiada con capitales ingleses de Barclays Bank, acusada de incumplir convenios con comunidades de Mala, en Perú, Aquí las víctimas encontraron persecución y detenciones ilegales en su búsqueda de justicia. “Hemos identificado varios retos al acceso a la justicia para las víctimas. Algunos —como las barreras socioeconómicas, culturales y lingüísticas— ya fueron identificados en el Informe de la CIDH sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las organizaciones solicitantes de la audiencia. “Muchos obstáculos se agudizan en las disputas con empresas debido, en gran parte, a la pronunciada asimetría que existe en esta relación, expresada por ejemplo en la interferencia política de las empresas y la falta de resguardos adecuados a la independencia del Poder Judicial en muchos países de América del Sur”. Las organizaciones solicitaron que la Comisión recuerde a los Estados su obligación de garantizar el acceso a la justicia para quienes sufren violaciones de derechos humanos por parte de empresas y los inste a fortalecer su legislación interna en ese sentido.  Asimismo, solicitaron a la Comisión que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales —así como en sus informes temáticos, de países y en otras actividades de monitoreo y promoción— estándares vinculantes sobre empresas y derechos humanos, en particular en lo referido al acceso a mecanismos de reparación. Finalmente, le solicitaron enfatizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos frente a la actuación de las empresas y recordar a los Estados que deben brindarles condiciones adecuadas para su actividad. [1] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, regional); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH, regional); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, regional); Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, Argentina); Campanha para parar o poder das Corporações (Brasil); Justiça Global (Brasil); Pensamiento y Acción Social (PAS, Colombia); Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México); Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C (México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC, México); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México); Código DH - Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México) y Asociación Pro Derechos Humanos (Perú).  

Leer más
Derechos Humanos

Carta de Organizaciones sobre la Selección del Nuevo Secretario Ejecutivo de la CIDH

En una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil hacemos recomendaciones sobre la evaluación de los finalistas al cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión. Anexamos un documento con sugerencias sobre cómo debe ser el perfil de la nueva autoridad. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos PRESENTE Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes deseamos manifestar nuestro mayor interés por el proceso de selección de la persona que ocupará el cargo y que estará al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período de agosto de 2016 a agosto de 2020, por tratarse de una designación que entraña una enorme importancia para la protección y promoción de los derechos humanos en la región americana. De acuerdo con el artículo 11.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la/el Secretaria/o Ejecutiva/o debe ser una persona independiente y de alta autoridad moral, que además, exhiba experiencia y una reconocida trayectoria en derechos humanos. Asimismo, el Reglamento establece que la CIDH debe hacer públicos los criterios y calificaciones para el cargo, así como las tareas a ser desempeñadas, lo que ha sido comprendido en el llamado a concurso que se encuentra disponible en su página institucional. Sobre la base del perfil, la Ilustre Comisión ha realizado una preselección de las y los aspirantes, y presentado por medio de un comunicado el pasado 21 de abril, una relación de cinco finalistas, que de manera general, cumplirían con cada uno de los elementos que lo componen, lo que resulta fundamental para que entre ellos, sea elegida la persona más idónea para el cargo. En atención a ello, anexamos a la presente un documento en el que respetuosamente aportamos sugerencias sobre cómo debe ser el perfil de quien ocupe la Secretaría Ejecutiva da la CIDH. Consideramos que es importante prestar especial atención, a la evaluación de las habilidades de los candidatos para el manejo y administración de recursos humanos y financieros, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis que afecta al personal de la Secretaria Ejecutiva, cuya estabilidad se ve actualmente amenazada por la falta de recursos económicos, lo que redundará finalmente en la protección y promoción de los derechos humanos en la región. Asimismo, reiteramos nuestro interés de que el proceso sea conducido con base en los más altos estándares de publicidad, transparencia, y participación de las organizaciones de sociedad civil, que estamos interesadas en contribuir al  fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en las Américas. En ese orden, en aras de optimizar el proceso previsto en el Reglamento de la CIDH y construir confianza y legitimidad en la decisión final, solicitamos a la Honorable Comisión que, en las etapas subsiguientes de este proceso de selección se sirva hacer pública toda la información relevante y pertinente sobre los perfiles de las candidatas y los candidatos, y que además, tome en cuenta la importancia de: Transmitir en vivo las entrevistas a las y los candidatos que las y los Comisionados llevarán a cabo entre el 18 y 29 de julio, a efectos de que las organizaciones de la sociedad civil interamericana podamos escuchar las posiciones y opiniones de los finalistas. Introducir mecanismos adicionales de publicidad, consulta y participación efectiva de la sociedad civil mediante la organización, por ejemplo, de un webinar con las y los finalistas, en el que puedan entablar un diálogo directo, lo cual brindaría mayores elementos a la Comisión Interamericana para emitir su decisión final. Promover que, en el marco de las entrevistas a los candidatos, y de preferencia antes de que se lleven a cabo por la CIDH, los finalistas se reúnan con el personal de la Secretaria Ejecutiva, para abordar los principales problemas de personal y financieros que la vienen afectando gravemente. Dar a conocer las razones que fundan y motivan la decisión en favor de quien resulte designado/a al final del proceso. Así, de la manera más respetuosa, le solicitamos a la Ilustre Comisión tomar en consideración las propuestas expuestas anteriormente. Su finalidad consiste en fortalecer el mecanismo existente de selección de la Secretaría Ejecutiva y propiciar una deliberación pública e informada sobre la designación, que abone a la legitimidad de la designación que se realice.    

Leer más
Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

La crisis del aire y el camino para hacerle frente

(Texto publicado originalmente en Animal Político) El ozono está provocando continuas alertas ambientales en la Ciudad de México, pero ¿sabías que ya existe un marco legislativo y regulatorio para combatir no sólo el ozono sino otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)?  La Ciudad de México estuvo recientemente a punto de entrar en emergencia por la mala calidad del aire. Faltó muy poco para que se ordenara el cierre de las gasolineras, se prohibiera la circulación de la mitad de los vehículos, se suspendieran clases y el trabajo de oficinas de gobierno, se cerraran varios comercios gastronómicos y se redujeran a 60% ciertas actividades industriales, entre otras medidas extremas. El protagonista de una crisis que no se vivía en 14 años es el ozono tropósferico, considerado uno de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), grupo en el que también entran el carbono negro, al metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Los CCVC son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Por ello la reducción de sus emisiones supone una oportunidad inmediata para lograr resultados a corto plazo en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la mejora de la calidad del aire en México y el mundo, lo que incide en la salud de las personas. Cerca del colapso En la Ciudad de México se utiliza un parámetro llamado IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) para medir el equilibrio químico del aire con números enteros y fáciles de entender. El 5 de mayo, el ozono (O3) llegó a 192 puntos IMECA, lo que equivale a 0.1929 ppm (partículas por millón). Cuando este contaminante llega a 0.2 ppm (alrededor de los 200 IMECA) puede provocar lesiones en los tejidos de las personas. ¡Sólo faltaron ocho puntos para que eso ocurriera! La urbe lleva varios meses en un ir y venir de la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental, cuya medida más famosa e impopular es el programa “Doble Hoy No Circula”, el cual dispone que los autos dejen de circular dos veces por semana en lugar de una, como es lo habitual. Sin embargo, de haberse declarado la Fase 2, la más extrema, se hubiera dividido a los autos en placas con números pares o nones y ordenado que una mitad no circulara. Pero circular o no, es lo menos importante, cuando nuestra salud está en juego. Sobre el ozono troposférico El ozono es un gas que existe en dos capas diferentes de la atmósfera. El que se encuentra en la estratósfera (la parte más alta) absorbe la radiación ultravioleta y nos protege de los rayos peligrosos del sol. El que está en la tropósfera (atmósfera inferior, desde el suelo hasta unos 10 o 15 kilómetros) es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático, además de perjudicar la salud humana y afectar el crecimiento de los cultivos agrícolas. El ozono troposférico es un contaminante secundario, lo que implica que no se emite directamente por fuente alguna. Es, más bien, el resultado de una reacción química entre el sol y otros gases conocidos como “gases precursores” que pueden ocurrir naturalmente o ser producidos por el hombre. Los precursores más importantes del ozono son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógenos (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos últimos abarcan una amplia gama de sustancias, entre ellas el metano, y se generan principalmente en las gasolineras, la industria química y los hogares. Una vez que se forma, el ozono permanece en la atmósfera de algunos días hasta unas pocas semanas, lo que es muy poco comparado con otros gases, como el CO2 por ejemplo, que permanece en la atmósfera siglos e incluso milenios después de emitido. Esto es precisamente lo que hace que la mitigación del ozono sea una interesante oportunidad: si reducimos sus emisiones podremos ver los beneficios climáticos y de salud en el corto y mediano plazo. Los impactos del ozono en la salud humana se asocian con enfermedades como la bronquitis, el enfisema, el asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. De acuerdo con un informe de la Coalición del Clima y Aire Limpio, organismo internacional cuya misión es reducir los CCVC, el ozono troposférico es responsable cada año de alrededor de 150 mil muertes prematuras en el mundo. Además, afecta la seguridad alimentaria mundial, al disminuir la capacidad de los cultivos para absorber CO2, lo que reduce su rendimiento. En la Ciudad de México, el ozono ha aumentado a causa de la combinación de las altas temperaturas registradas últimamente, que rebasan los 30°C, la radiación solar y otras reacciones químicas. El tema es tan complejo que reducir la actividad vehicular puede incrementar el ozono. Así lo ha advertido el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Controlando los CCVC El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que, en conjunto, los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento climático global, aunque estudios más recientes calculan que ese porcentaje está entre el 40 y 45%. De ello da cuenta el informe Controlando los contaminantes climáticos de vida corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el objetivo de incentivar la implementación de acciones para reducir los CCVC. En el documento se analiza la situación legislativa y regulatoria de los CCVC en los tres países mediante la revisión de políticas, leyes y programas sobre calidad del aire y cambio climático, relacionados con los CCVC. Según el informe, de los tres países estudiados, México es por ahora el único que ha incorporado a estos contaminantes en su política de cambio climático. Hace poco dio un paso más al incluir los CCVC en las contribuciones nacionales determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Sin embargo, el reconocimiento del concepto en diversos instrumentos de política pública no es suficiente para lograr su reducción efectiva. Para esto se necesitan mayores esfuerzos en el diseño de acciones concretas que puedan poner en práctica los diferentes instrumentos de política pública y fortalecer capacidades nacionales, generando sistemas de evaluación de políticas y programas que garanticen la aplicación efectiva de los instrumentos existentes. De igual forma, es necesario mejorar los sistemas de monitoreo de contaminantes y contar con recursos suficientes y confiables para aplicar las medidas diseñadas”, se lee en el informe. Lo que sucede en la Ciudad de México nos obliga no sólo a buscar soluciones urgentes y a pensar en las medidas que nos ayduarán a evitar contigencias ambientales similares. Los CCVC afectan la calidad del aire y aumentan el índice de muertes prematuras al causar enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, reducen el rendimiento de los cultivos, causando importantes pérdidas económicas y poniendo en riesgo la alimentación mundial. Por ello, el desarrollo de estrategias que permitan identificar sus fuentes principales de emisión, así como acciones efectivas para reducirlos, debe ser prioridad de corto plazo no sólo para la capital mexicana, también para todos los gobiernos de América Latina.

Leer más
Derechos Humanos

Carta a los Estados Miembros de la OEA ante la crisis financiera de la CIDH

AIDA se une a más de 300 organizaciones en el llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para actuar rápidamente ante la crisis financiera que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La carta llama a una acción urgente para garantizar el inmediato financiamiento de esta importante institución protectora de los derechos humanos, así como la creación de un fondo sostenible que dé continuidad a su financiamiento. Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos, La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por eso que suscribimos la presente carta, apelando a todos los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que tomen las medidas necesarias que garanticen su inmediato y adecuado financiamiento. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la creación de un fondo sostenible de financiamiento para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de atender la precaria  situación que se viene dando desde hace años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es uno de los órganos principales de protección cuyo mandato consiste en promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Es el único mecanismo regional que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la OEA en esta materia, y constituye el último recurso de defensa frente a violaciones de los derechos fundamentales en el continente. La CIDH es un referente internacional por su gran labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano, vela por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, entre otros colectivos, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de habitantes a lo largo y ancho de la región. A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones básicas y de su mandato, asignado por los Estados Miembro de la OEA. La propia Comisión anunció que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% de su personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año. En contraste con otros órganos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, el financiamiento que recibe la CIDH del fondo regular de la OEA, es decir, de los Estados miembro, es contradictorio con los deseos de los países de aspirar a una región más democrática. En 2016, dicho fondo le asignó un monto de alrededor de 5.4287,9 millones de dólares, lo que constituye un 6,44% del total del presupuesto anual de la OEA ⎯el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos. Si bien la Asamblea General de la OEA, ha aprobado en el pasado resoluciones comprometiéndose a atender esta situación, las mismas no se han materializado con el necesario aumento de recursos que le permita tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte ⎯la cual, si nada cambia, verá reducido su presupuesto una tercera parte, para finales de este año⎯, contar con el financiamiento adecuado para llevar a cabo sus mandatos. Así, esta petición tiene como fin no sólo el que la CIDH pueda continuar con sus actividades programadas para el año en curso, que pueda renovar los contratos del 40% de su personal, así como llevar a cabo sus períodos 159 y 160, sino también el que se pueda crear definitivamente una estructura que convierta en una práctica sostenible la financiación de este órgano y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentando significativamente el presupuesto que la OEA asigna a la SIDH. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, vemos en esta crisis una oportunidad única para consolidar el compromiso de los Estados miembro de la OEA, con los derechos humanos en el continente. Es por eso que les emplazamos a encontrar la manera de construir una estructura sólida y robusta, que garantice la protección de las herramientas que el SIDH proporciona a millones de personas en las Américas. 

Leer más
Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH

Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva.  En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana.  La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada.  Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia.  Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”   

Leer más
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La CIDH pide a Perú proteger a otras 14 personas afectadas por contaminación en La Oroya

Lo hizo al ampliar la medida cautelar otorgada originalmente en 2007. La decisión llegó después de seis años de ser solicitada y ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que su vida e integridad continúan en riesgo y que requieren atención adecuada e urgente por parte del Estado peruano. Washington D.C., Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya, las cuales se suman a las 65 personas incluidas en la medida cautelar que el organismo internacional otorgó en 2007. La decisión ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que continúan en riesgo y que requieren que el gobierno de su país les brinde atención adecuada y pronta. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice— representa ante la CIDH a las víctimas del caso y beneficiarias y beneficiarias de la medida cautelar. Expresamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión, la cual llegó después de seis años de ser solicitada.  La contaminación con metales pesados en La Oroya proviene de las operaciones de la fundidora de la empresa Doe Run Perú. La Comisión estableció que la falta de atención médica integral y especializada, así como el deterioro de su salud con el paso del tiempo, podrían afectar el derecho a la vida e integridad de las personas beneficiadas con la medida cautelar, las cuales ahora son 79 en total. “La ampliación de la medida cautelar reafirma de forma importante la situación grave y urgente de la vida e integridad de las personas de La Oroya. Esperamos que el Estado cumpla plenamente lo dispuesto en favor de todas y todos los beneficiarios, brindándoles atención médica adecuada y especializada”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La decisión de la Comisión dispone que el Estado peruano debe realizar las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de las personas afectadas a fin de suministrarles una atención médica adecuada, acorde a estándares internacionales. Debe además informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las personas afectadas, existe un caso en trámite ante la Comisión cuya decisión final está pendiente. AIDA y APRODEH esperan que la misma responsabilice al Estado peruano por dichas violaciones.  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Brasil inauguró Belo Monte: ¡No hay nada que celebrar!

El Gobierno brasileño inauguró a lo grande la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en plena selva amazónica. Desde AIDA y como organización que representa legalmente a las comunidades indígenas y ribereñas, así como a moradores de la ciudad de Altamira afectados por la hidroeléctrica, consideramos que no hay motivos para festejar. La represa ha sido construida pasando por alto normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.  ¡CONOCE MÁS de esta injusticia en palabras de nuestra abogada sénior María José Veramendi Villa! 

Leer más