Derechos Humanos

5 Recomendaciones para Integrar la Acción Climática en el Sector Financiero

Esta entrada fue elaborada en colaboración con Andrea Rodríguez, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA. Durante las negociaciones climáticas de París, tuve el honor de participar en un panel sobre el clima y el sector financiero. Discutimos la importancia de asegurar que la lucha contra el cambio climático sea integrada de manera consciente en todas las decisiones financieras. El financiamiento es uno de los desafíos principales que ha retrasado, a nivel mundial, un progreso efectivo con relación al cambio climático. Ello se debe a que muchos países no tienen los recursos que necesitan y aquellos que los tienen no han contribuido en la medida que deberían. Actualmente, las instituciones financieras no están otorgando el financiamiento suficiente para combatir el cambio climático. De hecho, la mayoría de los recursos mundiales aún son invertidos en combustible fósiles o en otras actividades que tienen impactos negativos en el clima. AIDA ha estado abogando en los niveles más altos por un financiamiento climático más efectivo y que dure más de cinco años. Nos hemos enfocado en asegurar que la asignación de financiamiento climático sea transparente, participativa, respetuosa de los derechos humanos, y sensible a las necesidades del Sur Global. Hemos abogado por la inclusión y cumplimiento de esos principios ante instituciones financieras nacionales e internacionales, así como ante un nuevo mecanismo global: el Fondo Verde del Clima. Para avanzar en la discusión, AIDA solicitó un evento paralelo en las negociaciones climáticas de París. Resultó que, simultáneamente, una institución financiera regional solicitó un evento paralelo para presentar sus principios voluntarios para integrar el cambio climático dentro del sector financiero. Dado que existen cientos de solicitudes para eventos paralelos y un espacio limitado, el Secretariado de la Convención fusionó los dos eventos. Es así como AIDA coorganizó un evento junto con una coalición de instituciones financieras. Aunque las instituciones no habían planeado incluir comentarios de la sociedad civil en su presentación, estuvieron de acuerdo en colaborar. Este giro del destino creó una gran oportunidad para que las instituciones presenten sus principios, y para que nosotros demos una retroalimentación temprana desde el punto de vista de la sociedad civil. Veinte y seis instituciones han apoyado los principios voluntarios hasta ahora, incluyendo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los Cinco Principios Voluntarios descritos por las instituciones son: COMPROMETERSE con estrategias climáticas. MANEJAR riesgos climáticos.  PROMOVER objetivos climáticos inteligentes. MEJORAR el desempeño climático. DAR CUENTA de tu acción climática. Una evaluación inicial No es mi intención, en este momento, hacer un análisis exhaustivo de los principios. Mi objetivo por ahora es simplemente asegurar que los principios sean conocidos, y compartir un análisis preliminar, incluyendo observaciones iniciales y las cinco recomendaciones que presenté en el panel del evento. Como organización de la sociedad civil, AIDA celebra las iniciativas destinadas a avanzar en la acción climática, la rendición de cuentas y la participación. Por tanto, consideramos que los principios voluntarios son una iniciativa positiva del sector financiero, y un buen lugar desde el cual empezar a buscar formas concretas para que éste integre plenamente el cambio climático en sus actividades. Consideramos que la incorporación del financiamiento climático es un proceso continuo y vemos estos principios como un elemento más del mismo. Desde la perspectiva de AIDA, los principios en realidad beneficiarán al sector y ayudarán a disminuir los riesgos financieros y de otro tipo en las instituciones financieras. De ser implementados efectivamente, los principios pueden ayudar a incrementar las acciones climáticas, protegiendo a comunidades y ecosistemas, y a luchar contra la pobreza y la desigualdad, dos de los retos más importantes que el mundo enfrenta. Dicho esto, mejorar el acceso a la información es fundamental para asegurar que los principios impacten positivamente en el cambio climático. Información esencial debe estar públicamente disponible, incluyendo la cantidad de recursos, los tipos de actividad o sectores, y los proyectos en los cuales las instituciones financieras están invirtiendo. 5 Recomendaciones para una mejor integración 1. Incluir una perspectiva de derechos humanos e incorporar evaluaciones de riesgo social Las inversiones financieras que no incorporan las perspectivas social y de derechos humanos pueden contribuir a violaciones de derechos humanos y tener impactos severos en comunidades. Además de las consecuencias que tales inversiones tienen en las personas, éstas se convierten en un riesgo financiero para la institución. Incorporar una perspectiva de derechos humanos en las evaluaciones de riesgo puede ayudar también a avanzar en las metas relacionadas con la luchas contra la pobreza y la desigualdad, aplicables particularmente a las entidades financieras públicas.  2. Definir conceptos comunes  Conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático y financiamiento climático pueden interpretarse muy ampliamente y generar confusión. Asimismo, la falta de consenso sobre el significado de esos conceptos puede llevar, por ejemplo, a que una institución considere una actividad como limpia o sostenible cuando no lo es. La definición de energía renovable es un buen ejemplo. Mientras varias instituciones financieras importantes coinciden en que las grandes represas no pueden considerarse energía renovable, aún existen algunas instituciones que incluyen a proyectos hidroeléctricos, e incluso de energía nuclear, en esa definición. La inclusión de expertos del sector no financiero —actores no estatales particularmente—puede ayudar a un mayor entendimiento sobre cuáles son las necesidades, a dónde debe dirigirse la inversión o en qué casos ésta debe ser mejorada. 3. Crear una hoja de ruta clara, transparente y participativa La forma en la cual los principios voluntarios sean implementados es crucial. Por tanto, es esencial un plan de implementación claro y medible. Está bien que las instituciones financieras resaltaran la necesidad de evitar la duplicación e incorporar las lecciones aprendidas. Sin embargo, para asegurar que los principios sean tan efectivos como sea posible, es importante también incorporar experiencias de mecanismos de rendición de cuentas existentes, así como la aplicación de salvaguardas. La iniciativa actual considera un grupo de planificación que, según entendemos, no ha sido creado, aunque existe la sugerencia de cómo debería estar conformado. En línea con la intención de las instituciones de incluir a otros actores interesados, este grupo de planificación debería involucrar a participantes ajenos al sector financiero para incrementar el impacto de las inversiones. El plan de trabajo debería incluir mecanismos efectivos para medir el avance, y ser lo suficientemente flexible para hacer la mejoras necesarias. Debería ser visto como un proceso dinámico que incorpore las lecciones aprendidas, y no como un mandato rígido. 4. Sumarse a la oportunidad que las economías bajas en carbono representan El sector financiero tiene un rol único que desempeñar en el fomento de acciones climáticas, ayudando a sus clientes a evitar el mismo y anticuado desarrollo de uso intensivo de carbono. Las instituciones financieras tienen el poder de dejar atrás este tipo de desarrollo e implementar soluciones reales y efectivas para el siglo 21. Pueden ser proactivas y fortalecer la capacidad de otros actores interesados en integrar plenamente estrategias climáticas en sus operaciones. El sector financiero se desarrolla naturalmente en la asunción del riesgo y la innovación. Las economías bajas en carbono representan una oportunidad importante de crecimiento. 5. Aumentar la rendición de cuentas En el panel se planteó la cuestión de si los principios deberían o no ser vinculantes. Si hay una voluntad fuerte de implementar los principios y mecanismos adecuados para medir los avances y hacer ajustes, tener un acuerdo vinculante no es el aspecto más importante. La rendición de cuentas es clave en este proceso y de ahí la importancia del Principio Cinco. El cambio climático es la amenaza más importante para la raza humana. Es un asunto urgente que impacta más profundamente en las poblaciones más vulnerables del mundo. No hay más tiempo que perder. Acciones efectivas deben seguir siendo implementadas y el sector financiero tiene una oportunidad importante de contribuir a las soluciones y no al problema. Es tiempo de que las instituciones financieras de todo el mundo pasen de las palabras a los hechos: es hora de que se comprometan seriamente a combatir el cambio climático y que empiecen a mostrar resultados. Para nosotros, como miembros de la sociedad civil, la oportunidad de sentarnos al lado de los representantes cuando presentaron públicamente sus cinco principios, fue un comienzo interesante. Ahora tenemos que dar seguimiento para que las instituciones financieras pongan en práctica estos principios, especialmente el Principio 5: rendir cuentas. Tener como base estos comentarios, y contar con recomendaciones de otros actores interesados en este ámbito, será un importante segundo paso.

Un enfoque de derechos humanos para abordar el cambio climático

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, y Camila Bustos, investigadora de Nivela Unos cuantos días antes del inicio de las negociaciones climáticas en París, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un documento oficial sobre “entender los derechos humanos y el cambio climático”. Para muchos, la relación entre ambos aún no es clara. ¿No existen ya otros acuerdos internacionales que abordan este tema en profundidad? ¿Cuál es el punto de incluir un lenguaje de derechos humanos en un acuerdo sobre cambio climático? El vínculo entre derechos humanos y cambio climático ha sido reconocido hace mucho tiempo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha aprobado varias resoluciones para llamar la atención sobre este asunto. Varios países ya están sintiendo los impactos del cambio climático: aumento del nivel del mar, sequías, sucesos climáticos extremos e inundaciones, entre otros desastres, son cada vez más comunes. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. A lo largo del continente, personas y comunidades están sufriendo impactos devastadores como el derretimiento de glaciares en los Andes, el aumento de los niveles del mar y la acidificación del océano. Muchos enfrentan el riesgo de perder sus modos de vida tradicionales y ser desplazados. Los impactos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos en América Latina han sido ampliamente documentados por la AIDA en su informe de 2011. Uno de los efectos más dramáticos es la reducción drástica del agua en la región. Para el 2025, el derretimiento de los glaciares, la degradación de los humedales, las sequías intensas y los patrones meteorológicos erráticos limitar el acceso al agua de más de 50 millones de personas en la región Andina tropical. Otros efectos anticipados incluyen inundaciones y cambios en los patrones de lluvia. En Colombia, las inundaciones afectan a más de 2,2 millones de personas y, solo en 2010, generaron pérdidas por 300 millones de dólares. Respecto de la transición a una economía resiliente y baja en carbono, los países ya están trabajando para diseñar e implementar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y protejan a los ciudadanos de los impactos del cambio climático. Hacer referencia a los derechos humanos en la sección operativa del acuerdo puede garantizar que los mismos sean tomados en cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de políticas climáticas. Esa referencia permitiría: Fortalecer el acuerdo y hacerlo más ambicioso, promoviendo que la implementación del mismo garantice que los Estados partes cumplan sus obligaciones ya existentes en materia de  derechos humanos. Apoyar los objetivos del acuerdo al prevenir la discriminación, exclusión y desigualdad. Las comunidades afectadas tienen que tener voz y voto en las políticas y proyectos destinados a ayudarlas. Evitar la creación de obligaciones adicionales, pero asegurar coherencia en el régimen internacional. Los Estados partes ya están obligados a cumplir con otros instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A medida que el mundo vuelca su atención en París, no podemos olvidarnos de humanizar el cambio climático. Debemos recordar que aquello que contribuyeron menos al problema son y continuarán siendo los más afectados. Si queremos asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras, el nuevo acuerdo climático debe incluir el respeto, protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Exhortamos a todos los Estados partes, y especialmente a aquellos de América Latina, a que apoyen la inclusión de protecciones de los derechos humanos en el acuerdo.

Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada

O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas. Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas. "Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa. No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente". "A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte. "O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida. A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos. Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.

Brasil autoriza operación de represa Belo Monte desconociendo los derechos de la población afectada

Para português, clique aqui La autoridad ambiental otorgó la licencia de operación al proyecto ignorando la evidencia del incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de indígenas y demás población afectada. Altamira, Brasil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó hoy la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual puede comenzar su llenado. La autorización se hizo pese al incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada por el proyecto, mismas que la propia entidad consideró esenciales en un informe técnico del 22 de septiembre pasado. La decisión del IBAMA ni siquiera hace referencia a las condicionantes para proteger a las comunidades indígenas. "No lo podemos creer. Todo es un crimen y una gran responsabilidad del Gobierno e IBAMA por la licencia a ese monstruo. La Presidenta de IBAMA estuvo en Altamira el 5 de noviembre y recibió muchas denuncias; todos —ribereños, representantes indígenas, pescadores, integrantes del movimiento— hablaron de los impactos que estamos viviendo, y ahora dan la licencia con más y más condicionantes, solo para que se incumplan", dijo Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo para Siempre y desplazada por la represa. El pasado 12 de noviembre, en un oficio enviado al IBAMA, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) concluyó que las condiciones para la protección de los pueblos indígenas afectados por la represa no se habían cumplido plenamente. No obstante, le dio vía libre a la autoridad ambiental para otorgar la licencia de operación “en caso de que lo estime pertinente”. “La autorización viola claramente los compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos, especialmente respecto de los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingú afectados por Belo Monte, quienes están protegidos por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado brasileño sigue sin cumplir", dijo María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última licencia de Belo Monte. “El licenciamiento ambiental es una forma de mitigar los efectos, controlar los daños y minimizar los riesgos que el emprendimiento implica para la población y el medio ambiente. Al irrespetar y flexibilizar los procedimientos de licenciamiento, el Estado deja que los intereses económicos prevalezcan y niega su deber de velar por el interés público”, señaló Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. AIDA, Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos hemos argumentado en los ámbitos nacional e internacional que no existen las condiciones para que la represa Belo Monte obtenga los permisos para operar. Sigue pendiente garantizar aspectos esenciales como el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y otros derechos mínimos a la población afectada y desplazada. "La autorización de Belo Monte, proyecto implicado en escándalos de corrupción, contradice lo expresado por la Presidenta Rousseff hace unas semanas ante las Naciones Unidas, cuando aseguró que Brasil no tolerará la corrupción y que quiere un país donde los gobernantes se comporten estrictamente de acuerdo con sus deberes; esperamos que Brasil entre en razón y que sus acciones estén alineadas con sus discursos", sostuvo Astrid Puentes, codirectora de AIDA. La luz verde para Belo Monte no podría haber llegado en peor momento. Hace poco, el 5 de noviembre, dos represas de desechos mineros de Samarco, empresa propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompieron en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, causando una de las mayores tragedias ambientales del país. Una inundación de lodo y otros productos químicos arrasó con un poblado, dejó 11 muertos y 12 desaparecidos, afectó el abastecimiento de agua de la región, y destruyó fauna y flora. El mar de lodo llegó al mar abierto. Las licencias de operación de la empresa estaban vencidas hace dos años.  Asimismo, el permiso de operación para Belo Monte tiene lugar a seis días de que inicie la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, la más decisiva hasta ahora. La operación de Belo Monte emitirá gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, agravando así el cambio climático.  Por ende, la autorización de Belo Monte es un pésimo mensaje del gobierno de Brasil que ignora sus compromisos en materia de derechos humanos y cambio climático, generando, con este proyecto, un ejemplo de cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. 

Por la salud y vida de mis hijos: DEBEMOS incluir los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático

Texto publicado originalmente en IntLawGrrls Los seres humanos hemos causado el cambio climático, una amenaza real a nuestra especie que requiere por tanto de soluciones humanas. También y a pesar de la evidencia inminente, hemos perdido tiempo valioso en discusiones eternas sobre la existencia del cambio climático. Nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones tienen que ser ambiciosos e incluyentes si queremos garantizar protección para la vida y el bienestar de todas las personas. Cómo incluir los derechos humanos en el texto de negociación del nuevo acuerdo climático fue uno de los temas más arduos durante las rondas de negociación en Bonn, Alemania. El nuevo acuerdo será firmado este diciembre en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París. En Bonn, la protección de los derechos humanos fue dejada de lado en el no-texto presentado por los copresidentes y luego, incluido nuevamente ante la insistencia de varios países, muchos del Sur Global, y de cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo AIDA. Podría escribir una larga lista de argumentos jurídicos, éticos, políticos y económicos por los cuales los derechos humanos deben ser incluidos en el acuerdo de París. Sin embargo, para mí, todo se resume a dos poderosos argumentos: ¡Mi hijo y mi hija! De cuatro y casi dos años, ellos ya están viviendo los impactos del cambio climático. Algunos días, por ejemplo, no pueden ir al parque por el aumento de los niveles de contaminación del aire en la Ciudad de México con carbono negro y ozono, dos de los contaminantes vinculados con el cambio climático. Desafortunadamente, lo peor aún está por venir: huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares, todos fenómenos en aumento. Ahora la pregunta no es si mis hijos van a sufrir los impactos del cambio climático, sino en qué medida. Algunos pueden decir que exagero y que mis hijos no están entre los más afectados (indígenas o habitantes de países insulares y zonas costeras). Tienen razón. Muchas otras personas están sufriendo, y continuarán sufriendo, consecuencias aún peores. Es el caso de los indígenas Kuna en Panamá, quienes están perdiendo sus tierras debido al aumento del nivel del mar; los 62 millones de personas de los 52 Pequeños Estados Insulares, incluyendo Tuvalú y Barbados; los 70 millones de personas de la Región Andina, cuya agua depende de los glaciares y  páramos que en dos o tres décadas podrían desaparecer a causa del cambio climático. A pesar de la evidente urgencia, las respuestas son vergonzosamente lentas. Naciones Unidas anunció hace poco que los actuales compromisos nacionales no son suficientes para evitar que la temperatura del planeta supere los 2ºC para el 2100, cuando mis hijos tendrán 89 y 87 años. Entonces, ¿cómo podemos acelerar los acuerdos, incrementar el nivel de ambición, y cerrar la brecha entre lo que se necesita y lo que Estados y otros sectores tomadores de decisiones prometen? Los derechos humanos son una parte importante de la respuesta. Pueden ayudar a: Reconocer las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de los derechos humanos de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Recordar a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos. Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Evitar un mayor riesgo para la estabilidad mundial que ha sido vinculado con el cambio climático por impactos como la competencia por recursos naturales locales, la inseguridad de modos de vida, la migración, eventos y desastres climáticos extremos, la volatilidad de los precios de los alimentos, el manejo del agua transfronteriza, el aumento del nivel del mar, la degradación costera y los efectos no previstos de las políticas climáticas. Promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Por los derechos de mi hijo, mi hija, y los millones de niños y niñas del mundo, debemos aceptar que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos. Por la salud de las futuras generaciones y de quienes ya están sufriendo los impactos del cambio climático, debemos hacer todo lo que podamos para brindar soluciones efectivas. Es momento de tomar la crisis climática con seriedad.  El acuerdo climático que salga de París debe incluir la protección de los derechos humanos en su preámbulo y en su parte operativa. Solo entonces, cuando exista un respeto general por los derechos de todas las personas, se comenzarán a ver los resultados que necesitamos en la lucha contra el cambio climático. De no ser así, estaremos atrapados en negociaciones miopes que no le darán a mis hijos la esperanza de una vida saludable y digna. Ellos no podrán ir a jugar al parque ni disfrutar del mundo fuera de nuestra puerta. Y quienes viven situaciones más vulnerables quedarán sin ningún refugio a dónde ir.

La Oroya Aún Espera por Justicia

Juana[1] está cansada. Ella y sus vecinos llevan ocho años esperando por un fallo; por una decisión que pueda mejorar sus vidas, limpiar su aire y atender a sus hijos y familias enfermas. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia valiente y llena de esperanza se ha convertido en un compás de espera desalentador. En 2007, un grupo de residentes de La Oroya, Perú, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Por casi un siglo, su ciudad ha sido contaminada por las operaciones de un complejo metalúrgico (fundición) ubicado dentro de sus confines. La fundición ha oscurecido su aire, envenenado sus cuerpos, y liberado químicos tóxicos en sus tierras y agua. La Oroya fue identificada alguna vez como una de las ciudades más contaminadas del mundo. La contaminación severa tuvo, y aún tiene, impactos graves en la salud de los habitantes de la ciudad. Las realidades de La Oroya Cuando Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de AIDA, visitó La Oroya por primera vez, en 1997, vio a mujeres que caminaban con bufandas cubriendo sus rostros, en un intento vano de evitar el dolor que les producía respirar. Juana, por su parte, explica que desde que tiene memoria sentía un ardor constante en sus ojos y garganta por efectos de la contaminación, pero que no le prestaba atención. Como la mayoría de la población, ella pensaba que era normal. No sabía en realidad lo que era el aire limpio porque nunca lo había respirado. AIDA ha trabajado por casi dos décadas con la comunidad de La Oroya. En 2002, presentamos el informe La Oroya No Espera junto con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ese informe comenzó a revelarle a la comunidad la gravedad de la contaminación y de los riesgos a la salud que estaba enfrentando a diario. La comunidad supo que tenía que hacer algo. A decir de Juana, fue en 2003, más de 80 años después de que la fundición comenzara a operar, cuando ella se percató de la contaminación. Mediante el trabajo con su parroquia, pudo acceder a información y aprendió sobre lo que estaba ocurriendo en su ciudad. A partir de entonces, ató cabos: los problemas respiratorios en su familia eran, de hecho, resultado de la contaminación extrema de su ciudad. La búsqueda de justicia Los residentes llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que sus intentos ante la justicia en Perú no dieran resultado. En 2006, un fallo del Tribunal Constitucional peruano le ordenó al Estado adoptar medidas para proteger la salud de la comunidad, pero el Estado no hizo tal cosa. En 2007, la Comisión solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 residentes de La Oroya consistentes en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal. Juana cuenta que recibir la noticia del otorgamiento de las medidas cautelares fue una alegría. “Sabíamos que estábamos ganando algo; al inicio todo estuvo muy bien y creíamos que todo se podía solucionar, [pero] con el pasar de los meses, los años, no hubo respuestas”. En 2009, la Comisión emitió un informe admitiendo la petición de AIDA, y declarando que las omisiones del Estado ante la contaminación podrían, de ser probadas, constituir violaciones de derechos humanos. Aún así, casi una década después de haber acudido a la Comisión, las víctimas aún esperan una decisión de fondo, las medidas cautelares aún tienen que ser implementadas plenamente y la responsabilidad del Estado por los hechos todavía no ha sido establecida. “Está tomando mucho tiempo, y no todos tienen la paciencia o el deseo de seguir esperando”, afirma Juana. El tiempo afecta a las víctimas, las desgasta hasta que comienzan a flaquear o renunciar a luchar por su derecho a la justicia. Ellas se hacen aún más vulnerables mientras se enfrentan a un ciudad que es hostil con cualquiera que lucha por sus derechos a la salud y a la vida, a un Estado que niega su responsabilidad y busca cualquier excusa para no asumirla, y a una empresa que quiere limpiar su reputación y que usa su poder económico para manipular al gobierno. ¿Dónde está la ley en estos casos? ¿Dónde está la justicia? Juana señala que dejar La Oroya sería imposible para su familia porque allí tienen trabajo. Ella mantiene su compromiso de conseguir un cambio mediante la demanda, pero eso no ocurre con todos. La Oroya alberga miles de historias de familias cuyas vidas cambiaron radicalmente por la contaminación de la ciudad y los consecuentes daños a su vida y a salud.  Están quienes tuvieron que abandonar sus hogares porque no veían un futuro en la ciudad, personas que no se han podido ir de La Oroya porque toda su vida y su familia están ahí. También están aquellos que han sufrido con dolor ataques e insultos de sus propios vecinos y de toda su comunidad, pero que siguen adelante con la firme convicción de que algún día llegará el cambio y de que La Oroya será un lugar mejor y más justo para ellos/as, sus hijos/as y nietos/as. Espero y confío que la decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegue con justicia a reivindicar esos años de espera. [1] El nombre fue cambiado para proteger a la persona. Esta entrada de blog está basada en La Oroya: A Painful Wait for Justice (La Oroya: Los Años de una Dolorosa Espera por Justicia), un artículo más extenso escrito por María José y publicado como Capítulo 8 del libro de DeJusticia Human Rights in Minefields: Extractive Economies, Environmental Conflicts and Social Justice in the Global South. Lea aquí el relato completo.

Las 6 cosas que debes saber sobre las negociaciones climáticas en París 2015

Comunidades en toda América Latina y el mundo entero están enfrentando los severos efectos del cambio climático. A medida que las inundaciones destruyen formas de vida ancestrales y las sequías amenazan la supervivencia de las comunidades, se hace cada vez más evidente la urgencia de que los líderes mundiales actúen. Bajo estas circunstancias apremiantes, líderes del mundo se reunirán este diciembre en París para celebrar la COP21, una reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que será un parteaguas. Se espera que esta conferencia dé como resultado un nuevo acuerdo global que, esperamos, cree las condiciones para generar una economía más resiliente al cambio climático y con menos emisiones de carbono. Andrea Rodríguez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA, ha dado seguimiento a algunos elementos clave de las negociaciones climáticas y brindado información y análisis a los creadores de las políticas y a organizaciones de la sociedad civil en todo el continente americano. Con el fin de prepararte para la avalancha de noticias que saldrán de la COP21, hemos pedido a Andrea que nos responda algunas preguntas: ¿Qué es la COP21? La reunion de París será la vigésimoprimera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como la CMNUCC.  Los líderes del mundo se reunirán con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo climático global.  La meta primordial de este acuerdo será reducir las emsiones de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global a 2° C por encima de los niveles pre-industriales, para que podamos adaptarnos a los nuevos cambios del clima. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? El cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales.  No importa lo que los gobiernos hagan, si no trabajan en colaboración y toman acciones conjuntas, nunca vamos a lograr brindar una solución efectiva.  Por eso es crucial que exista un espacio global que coordine lo que los países hacen para enfrentar el problema. El tratado global del cambio climático existe desde hace más de 20 años.  Lo que necesitamos de la COP21 es una guía más detallada para garantizar su efectiva implementación.  Si no brindamos claridad con respecto a los pasos exactos que tomaremos para reducir las emisiones de manera oportuna, estamos arriesgando el futuro mismo del planeta. ¿Cuáles son los aspectos clave que AIDA sigue? AIDA da seguimiento a dos componentes clave en el desarrollo de un nuevo acuerdo climático: el financiamiento climático y la protección de los derechos humanos en actividades relacionadas con el clima. Financiamiento climático se refiere a los fondos que se otorgarán a países en desarrollo, que generalmente son los menos responsables y los más impactados por el cambio climático, para que implementen acciones efectivas para enfrentar el cambio climático.  La COP21 necesita ofrecer claridad con respecto a los aspectos específicos de dicho apoyo: ¿cuándo y cómo se entregarán los fondos y de dónde provendrá el dinero?  Ya se acordó una base de $100 mil millones de dólares anuales para el 2020.  Pero ¿cómo garantizaremos que se cumpla esa meta y que siga creciendo?  Y, una vez que se distribuyan los recursos, deben existir mecanismos para garantizar que esos recursos se apliquen de manera adecuada y efectiva.  AIDA también está presionando a los gobiernos para que incorporen protección a los derechos humanos en el acuerdo, puesto que el cambio climático afecta directamente los derechos humanos.  Necesitamos generar amplia conciencia de las dimensiones de los derechos humanos que el cambio climático conlleva.  Eso incluye incorporar lenguaje específico para garantizar la protección de los derechos humanos en todas las acciones climáticas.  Cuando los gobiernos o instituciones planeen proyectos, programas y estrategias enfocadas al clima, también deben considerar cómo esos proyectos afectarán a la gente y sus derechos humanos. ¿Qué significará el acuerdo para los gobiernos? Los gobiernos del mundo necesitan empezar a ver hacia adentro.  Deben hacer un análisis interno para ver qué tienen y qué necesitan, para asegurar que puedan implementar el acuerdo estratégicamente.  Para que un país pueda comprometerse a actuar, primero debe asegurarse de tener la capacidad institucional y los medios para lograrlo. ¿Qué significará para la gente común? El acuerdo climático es un compromiso político, pero definitivamente tendrá repercusiones a nivel local, ya que influirá sobre las políticas nacionales.  Si los líderes pueden crear un acuerdo efectivo, verás al gobierno de tu país cambiar hacia desarrollos de bajas emisiones y mayor resiliencia al clima.  Habrá mejores regulaciones locales, y comenzarás a ver mejoras en las políticas, y eventualmente más acciones resilientes al clima en tu propia comunidad.  Serás menos vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Cómo puede la gente común involucrarse en este tema? Puedes comenzar por exigir más a tu gobierno.  El cambio climático es una lucha política, y tu voz puede ayudar a influir en los resultados.  Investiga qué es lo que tu gobierno quiere y cuáles son sus expectativas; puedes comenzar por familiarizarte con la  Contribución Nacionalmente Designada (INDC por sus sigles en inglés) en tu país.  Después organízate para presionar a tu gobierno para tomar una postura más proactiva. Familiarízate con  el financiamiento climático, y sigue las negociaciones, y ayuda a informar a otros compartiendo nuestro trabajo. Es nuestra tarea como ciudadanos responsabilizar a nuestros gobernantes, y hacer nuestra parte por defender este hermoso planeta tanto como podamos.

Derechos del ambiente: el Papa está de nuestro lado

En su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas hoy en Nueva York, el Papa Francisco instó apasionadamente por la defensa del ambiente, proclamando que el mundo natural debe tener los mismos derechos y protección que la humanidad. El Papa insistió en el “derecho del ambiente”, porque, según el Sumo Pontífice: “los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. (…) Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. (…) Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental”. El Papa también proclamo el carácter fundamental del esfuerzo contra el cambio climático que requiere acciones concretas y efectivas. Este esfuerzo tendrá un momento decisivo este diciembre en la Conferencia de París donde gobiernos de todo el mundo se darán cita para decidir las acciones globales ante la crisis climática. El Papa declaró: "Confío también que la Conferencia de París sobre cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces”. En la Asamblea de Naciones, con presencia de dirigentes y representantes de los pueblos del mundo, el Papa agregó: “El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural”. Este discurso histórico es un hito en la lucha por la defensa del ambiente y en contra de la crisis climática. Es un impulso más para todos los días seguir luchando por la preservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, del agua dulce, del equilibrio de este planeta, creación maravillosa que los humanos compartimos con otras formas de vida. En AIDA todos los días luchamos por defender el derecho a un ambiente sano en las Américas, y en nuestro programa de Cambio Climático acompañamos y apoyamos los procesos de negociación y decisión ante la crisis climática.  Mientras la humanidad y el ambiente sufran por causa del desarrollo irresponsable, continuaremos nuestra lucha por la defensa del ambiente.

Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido.  Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia.  Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA.  "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia".   Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte.  Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos.   "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.   AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte.  Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada.   En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú.  La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal.   AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación.  La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

Fazendo com que o Brasil se responsabilize pelos danos da represa Belo Monte