Derechos Humanos

Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU".  Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas.  Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto".  La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos.  Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.

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Derechos Humanos

Organizaciones rechazan la absolución de los acusados del asesinato de Jairo Mora en Costa Rica

En una carta dirigida a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Zarella Villanueva, y al Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, organizaciones locales e internacionales expresan su enérgico rechazo y profunda preocupación por la absolución por parte del Tribunal de Juicio de Limón de los acusados del asesinato del biólogo y protector de las tortugas Baula, Jairo Mora Sandoval, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2013 en Playa Moín, en la provincia de Limón, Costa Rica. Hacen un llamado para que el Estado costarricense tome medidas administrativas, disciplinarias y penales, urgentes y adecuadas para: Agotar todos los mecanismos existentes para que el caso sea enviado a un nuevo debate a fin de esclarecer la muerte de Jairo Mora Sandoval y establecer y sancionar la responsabilidad de los hechos; e Investigar, identificar y sancionar a las y los funcionarios públicos que, con sus acciones u omisiones, contribuyeron a la denegación de justicia y consiguiente impunidad de los hechos. En el último párrafo de la carta, las organizaciones resaltan "la importancia que los órganos de administración de justicia actúen pronta y efectivamente para evitar la impunidad en casos de graves agresiones contra quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Esto no solo constituye un presupuesto básico para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado, sino un elemento para garantizar la sostenibilidad ambiental. Confiamos plenamente en que Costa Rica, como un Estado comprometido con la defensa del ambiente, tomará acciones efectivas para evitar que hechos como el de Jairo Mora queden en la impunidad y se repitan."

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático

Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Buscando compromisos y soluciones sostenibles en la COP20

La reunión mundial más importante sobre cambio climático esta cada vez más cerca. Las expectativas son altas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú, debe concluir con un borrador del nuevo acuerdo climático que será suscrito en 2015. La conferencia ofrece además una oportunidad clave para que los países mantengan los compromisos financieros adquiridos en conferencias previas. AIDA participará de la conferencia bajo dos objetivos principales. El primero es defender el financiamiento pleno del Fondo Verde del Clima. El segundo es participar en la conversación para asegurar que el nuevo acuerdo climático tome en cuenta el impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el Fondo Verde del Clima para financiar programas y proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático tendrán prioridad en las inversiones. “Buscamos que se hagan compromisos concretos, tener claridad sobre la ruta que seguirán los países desarrollados para que la lucha contra el cambio climático tenga un apoyo financiero sostenible en el tiempo”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Hasta la fecha, el Fondo Verde del Clima ha recibido 9.6 mil millones de dólares en promesas de contribuciones. Nuestro objetivo en la conferencia de Lima es generar compromisos adicionales que eleven esa cifra a por lo menos 15 mil millones. También vamos a trabajar con los gobiernos para asegurar que cumplan con su compromiso de contribuir con 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para garantizar así recursos predecibles y sostenibles. AIDA trabajará con redes globales como Climate Action Network International (CAN-I) para supervisar estas contribuciones financieras. AIDA, junto con organizaciones socias, está organizando el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe el sábado 6 de diciembre. El evento reunirá a actores de persos sectores para facilitar el diálogo y la construcción de capacidades sobre aspectos clave de financiamiento climático que afectan a la región. Una de las sesiones abordará el rol del Fondo Verde del Clima en la contribución a un cambio transformador en América Latina. “Aprovechando el contexto de negociaciones climáticas, les recordaremos a los tomadores de decisiones que las medidas para mitigar el cambio climático deben ser realmente sostenibles y eficientes”, afirmó Rodríguez. “Los esfuerzos de mitigación no deben promover proyectos como las grandes represas, consideradas fuente de energía limpia a pesar de que emiten grandes cantidades de metano, especialmente en zonas tropicales.” La conferencia brindará una oportunidad para que AIDA trabaje con los negociadores para garantizar que consideraciones de derechos humanos, las cuales fueron reconocidas en acuerdos climáticos previos, formen parte del siguiente acuerdo. De forma paralela a la COP20, participaremos la Cumbre de los Pueblos, un importante encuentro alternativo de las organizaciones de la sociedad civil. En él AIDA compartirá su experiencia sobre la fracturación hidráulica o fracking y sus implicaciones para el ambiente en América Latina y para el clima global. Ta mantendremos al tanto a lo largo de la conferencia en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. ¡No dejes de seguirnos! #RumboCOP20

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Derechos Humanos

Propuestas de la sociedad civil para la estrategia de la Unidad DESC de la CIDH

AIDA y organizaciones de la sociedad civil mexicanas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuestas para la estrategia de su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El documento complementa y desarrolla aquellas propuestas planteadas durante la consulta de la CIDH en Ciudad de México, realizada el 16 de agosto de 2014. Las opiniones son producto de un proceso de reflexión sobre algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad y próxima Relatoría Especial DESC, e incluyen sugerencias de carácter temático y administrativo consideradas útiles para diseñar la estrategia de ésta a futuro.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema.   Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo".  Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega.   Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente.  Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización.  Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.    

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada.  Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas.  Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas.  Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos.  Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción.  Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. Tras haber sido un férreo defensor de los beneficios que en su criterio las grandes represas traen, en especial a las comunidades más pobres, Scudder cambió de opinión. A sus 84 años, reconoció que “las grandes represas no solo no valen lo que cuestan, sino que muchas de las que están en construcción ‘tendrían desastrosas consecuencias ambientales y socio-económicas’”. Así lo admitió hace poco según lo escrito por Jacques Leslie en su editorial del New York Times.  El giro de 180º de Scudder me lleva a otra de las conclusiones del estudio de Oxford: Una de las razones por las que los costos y tiempo de construcción de las grandes represas son subvalorados es el excesivo positivismo de quienes las planean. Entiendo que las personas seamos positivas. Sin embargo, negar la realidad es otra cosa y premiar esa negación, supera los límites. Así que felicito al Sr. Briscoe por un premio que sorprendió a más de uno. Lo hago solo con la esperanza de que este premio sea el comienzo del fin de las grandes represas. El galardón otorgado la semana pasada debería ser lo último que veamos en la promoción de las grandes represas. Espero, por el contrario, que ahora y por fin tengamos la genialidad y el coraje de considerar las verdaderas oportunidades viables de energía que existen, aquellas que en el mediano y largo plazo son más baratas y que realmente podrían contribuir a solucionar las emergencias energéticas que enfrentamos. Que así sea para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso.  La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro.  El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Desmantelando el mito de las grandes represas

En nuestro planeta, menos del 2.5% del agua es dulce. De ella, menos de un tercio se encuentra en estado líquido y de ese porcentaje, menos del 1.7% fluye por ríos. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), al año 2000 se habían construido más de 45,000 represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del mundo.  Las represas son barreras artificiales edificadas para detener o regular el curso de un río, produciendo un embalse de agua. Antes se construían también para riego o control de inundaciones, pero hoy, en su mayoría, para generar electricidad. La energía hidroeléctrica generada por las represas es barata, pues una vez construida la obra el agua funciona como recurso inagotable que se renueva gratuita y constantemente. Además, es considerada “no contaminante” porque no requiere la quema de combustibles ni la adición de elementos externos al agua. Por ello se han construido tantas represas en muy poco tiempo. En los años 70, cuando se alcanzó un pico en la tendencia, se inauguraban en promedio de dos a tres grandes represas por día en alguna parte del mundo. Pero las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre.  Impactos de las grandes represas Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas. Estas obras también dejan su huella en el ambiente causando deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras agravantes del cambio climático. Estos impactos resultan más alarmantes si consideramos que las represas tienen una vida útil limitada, de 50 a 150 años. La CMR fue creada por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998, como respuesta a la creciente oposición mundial a las grandes represas. Su mandato fue revisar la eficacia de las grandes represas y desarrollar lineamientos para su planificación y desarrollo. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de intereses relacionados con represas, incluyendo gobiernos, ONG y operadores de represas, entre otros. El resultado fue el informe Represas y Desarrollo: El Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, publicado en 2000. En él se concluye que si bien las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, otorgando considerables beneficios, el precio ha sido en demasiados casos inaceptable y a menudo innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Además, la CMR demostró que en muchos casos las represas no logran los beneficios proyectados y que los mismos son en general exagerados. Para conocer más detalles sobre los costos socio-ambientales de las represas, consulta Grandes Represas en América, ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, informe publicado por AIDA en 2009. La represa Belo Monte, construida en el río Xingú en la Amazonía brasileña, es un ejemplo de cómo estas enormes obras de infraestructura pueden traer más problemas que beneficios. De concluirse, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y ya está causando graves estragos en pueblos indígenas, comunidades ribereñas y en el ambiente. Las irregularidades en torno a la obra se han plasmado en más de 20 acciones judiciales en su contra. En AIDA trabajamos de cerca con las personas afectadas. Conoce más detalles de la obra y de nuestra labor. Lo impactante es que, al final del día, Belo Monte parece no ser tan buena idea. Además de los daños irreversibles y conflictos generados, estudios técnicos dan cuenta que la represa será ineficiente e insuficiente: producirá solo 40% de su capacidad instalada durante los 3 a 5 meses de la temporada seca, y para un óptimo funcionamiento requiere la construcción de represas adicionales río arriba, causando más daños a la selva y sus habitantes.  Conclusión Si bien las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente.  También es importante cuestionar el paradigma que plantea el aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad. A la vez, es crucial promover la  eficiencia energética como política pública fundamental en el desarrollo de los países. Las grandes represas solo deberían implementarse tras un análisis real de sus costos y beneficios, teniendo la plena seguridad de que no existen mejores alternativas. De llegarse a esa conclusión, su construcción debe hacerse con plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas, y garantizado el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Si los ríos del mundo son como las venas del cuerpo, no es mero romanticismo considerar que el flujo continuo del agua tiene una razón de ser. "Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias" (Indígena Embera-Katio, Colombia)

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