Derechos Humanos

Belo Monte: El río se apaga, pero la búsqueda de justicia no muere

“¡El río está muerto!”, exclamó Raimundo mientras navegábamos en su lancha a motor desde Altamira —ciudad ubicada al norte de Brasil (estado de Pará) y la más cercana a la construcción de la represa Belo Monte— hacia la Volta Grande del río Xingú.  Al frente de Altamira, el paisaje es verdaderamente desolador. La gran isla de Arapujá ha sido completamente deforestada, lo que ha cambiado radicalmente las corrientes del río, y varias de las islas habitadas antes por pescadores, ahora están bajo el agua, dejando ver solo las copas de sus árboles. Junto con colegas de Justiça Global, visité Altamira y las comunidades indígenas y ribereñas aledañas para actualizar el caso e informar a las personas afectadas por Belo Monte de una nueva esperanza de justicia: en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso contra Brasil por violaciones de derechos humanos a causa de la represa. Destruyendo vidas A finales de enero, Norte Energía, empresa a cargo de la construcción y operación de Belo Monte, abrió las compuertas del aliviadero (sistema hidráulico que controla el paso del agua) de la represa sin avisar a las comunidades asentadas río abajo. El Xingú creció siete metros en una hora, comentan habitantes de la zona. En algunas de las comunidades, la crecida del caudal inundó las áreas más cercanas a las orillas y se llevó canoas, lanchas y ropa.  La lancha nos llevó hasta una isla grande con una casa al medio. Raimundo Nonato vivía allí, criaba animales y se dedicaba a la pesca. Era un lugar perfecto para bañarse en el río. En 2013, fue ahí donde Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, me bautizó como defensora de esas aguas. Ahora la isla está bajo el agua y lo que queda encima son ramas y algunas copas de árboles frutales. Leoncio Arara, indígena de la comunidad Arara da Volta Grande, cuenta que viven con miedo por el aumento inesperado del caudal, la pérdida de su modo de vida y cultura, y la muerte de 16 toneladas de peces. Han visto grietas en el dique de contención del canal de derivación de la represa y temen que éste se rompa, como ocurrió con la represa de desechos mineros de Fundão en Minas Gerais. En nuestro recorrido vimos parches de otro color en el dique, una señal de alarma sin duda. El miedo no los deja dormir, dice Leoncio. En las tierras indígenas Arara da Volta Grande y Paquiçamba la vida de sus habitantes ha cambiado radicalmente. Ahora deben ir a la ciudad (Altamira) para vender su cosecha y alimentarse pues la pesca y caza se han reducido. Leoncio cuenta que el conocimiento tradicional y la vida en comunidad se están perdiendo. Las viviendas ya no son las mismas, tampoco la conformación de la aldea. Norte Energía ha construido casas que rompen con el entorno cultural por el material utilizado y su ubicación. La comunidad no tiene un pozo para bombear agua potable, condición que debió ser cumplida hace más de cinco años.   Dolor, injusticia y lucha Estuvimos nueve días en la zona. Escuchamos muchas historias de dolor e injusticia, de niños indígenas que murieron debido la mala atención médica en las aldeas sin poder llegar a la ciudad, de indígenas que dejan sus aldeas buscando amparo en la ciudad y que viven hacinados en la Casa del Indio, rodeados de suciedad y en una mezcla de etnias muchas veces sin afinidad entre sí. Revivimos con las víctimas historias de lucha incansable como la de Socorro Arara, indígena ribereña cuya casa fue destruida, igual que la de todos sus familiares vecinos. Todos tuvieron que negociar con la empresa como si sus derechos fueran negociables. Algunos recibieron una indemnización ridícula y otros la opción de una casa en barrios prefabricados lejos del río. Los padres de Socorro viven en uno de esos barrios. Detrás de su vivienda de cemento construyeron un pequeño anexo con la madera de la casa destruida. Ese anexo es donde verdaderamente viven, a la luz de pequeños lamparines que funcionan con queroseno y durmiendo en hamacas. La energía eléctrica no es lo suyo. Vivimos de cerca las ironías de la ciudad más próxima a la que será la tercera represa más grande del mundo. El 28 de febrero, Altamira y varios municipios del estado de Pará se quedaron sin electricidad. El corte, calificado por la recepcionista de nuestro hotel como “de rutina”, se debió a pruebas en una de las turbinas de la represa. Falta poco para que la represa inicie operaciones. Si para los países de la región Belo Monte representa el sueño anhelado de desarrollo, para mí es una pesadilla de la que quiero despertar ya. Es una pesadilla de dolor y violaciones de derechos humanos, en la que un río vivo y hermoso se va apagando y con él las vidas y sueños de quienes viven y dependen de su caudal.  ¡Los derechos no se negocian y las víctimas de Belo Monte necesitan justicia ya! Ojalá que ese sueño sí se haga realidad. -- Escribí estas líneas en honor a todas las personas que han dedicado su vida a defender nuestra vida y nuestros ríos. 

Recordando a Berta Cáceres ante el Fondo Verde del Clima

El 3 de marzo, Berta Cáceres, una defensora de los derechos indígenas en Honduras, fue asesinada. Como lideresa de COPINH, Berta estaba luchando contra la implementación de un proyecto de una gran represa financiado internacionalmente. Estaba luchando por la salud del río Gualarque, y por las vidas y medios de subsistencia de las comunidades indígenas que dependen del mismo. Su muerte es una muestra de los impactos que los megaproyectos pueden tener en la vida real. Es por eso que, en el cierre de la 12ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, presenté un mensaje a la Junta a nombre de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el desarrollo y el proceso de toma de decisiones del mecanismo.  El mensaje fue pensado como un recordatorio del cuidado con el que las decisiones financieras deben ser tomadas, dado que la Junta prepara la revisión y autorización de más proyectos:  “Nos gustaría pedir un momento para recordar a Berta Cáceres, la indígena defensora de la justicia ambiental y los derechos humanos asesinada brutalmente la semana pasada en Honduras. Ella estaba liderando la lucha contra una gran represa financiada internacionalmente que amenazaba su agua, su tierra, y a su gente. Nos gustaría pedir a todos ustedes que hagan lo posible para garantizar justicia para Berta, y el retorno seguro de Gustavo Castro, coordinador de Amigos de la Tierra México, quien resultó herido durante el asesinato y cuya vida está ahora en peligro. El asesinato de Berta sirve como un trágico recordatorio para el FVC de los riesgos enormes que los defensores de derechos enfrentan, y de la profunda necesidad de salvaguardar sus derechos y los derechos de las personas y territorios por los que ellos luchan. El FVC no debe apoyar proyectos cuestionables como aquel que le costó la vida a Berta y debe obtener en todos sus programas y proyectos el consentimiento libre, previo e informado de las personas y comunidades para proteger sus medios de vida y supervivencia.”

Mi primera visita a La Oroya

“¿Qué piensas de La Oroya?”, un residente local me preguntó al conocerme. Siendo sincero, no estaba seguro qué responder. Percibiendo rápidamente mi incomodidad, él bromeó: “Es muy bonito, hay mucha biodiversidad y el cielo es tan azul…”. Aliviado, me reí con él y, desde ese momento, he estado buscando las palabras que describan este sitio. La Oroya es una ciudad de 33.000 habitantes, ubicada al margen del río Mantaro, en la región central de Perú, a casi 5.000 metros de altitud. Fue mi primera vez allí y me quedé solo dos días. Son cinco horas de viaje desde Lima por una carretera con curvas terribles y vistas impresionantes de las montañas alrededor. Una vez en La Oroya, el paisaje cambia drásticamente. La ciudad está cubierta por un manto gris, tiene poco o nada de vida natural, sus calles están llenas de camiones transportando hierro y otros metales pesados…Nada más destaca.  Lo que más quería al estar en La Oroya era conocer a las personas que representamos en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de trabajar en él por seis meses, quería finalmente ponerle rostros a los nombres que tan bien había llegado a conocer en el papel. Nuestra reunión fue programada para el final del día, cuando los residentes estaban libres de sus compromisos laborales y familiares. Allí les presentamos a estudiantes de la Universidad de Yale, quienes están elaborando un informe importante sobre la relación entre la calidad del aire de La Oroya y la salud de sus habitantes. Aunque interesados en el estudio, y felices de oír del mismo, los residentes nos bombardearon pronto con preguntas acerca del caso. Lo  que más querían saber —algo que han estado esperando desde que presentamos nuestra petición hace siete años— era cuándo la Comisión tomaría su decisión. Nos hicieron saber los muchos comentarios ofensivos que han tenido que soportar, tanto de los trabajadores del complejo metalúrgico como de sus propios vecinos, durante su larga espera por un fallo. Ellos han sufrido amenazas de otros residentes de La Oroya, quienes erróneamente creen que el propósito del caso es cerrar el complejo, lo cual dejaría sin trabajo a muchas personas. En una ocasión especialmente preocupante, un “doctor” dijo en televisión que la contaminación por plomo no causaba ningún problema de salud. Afirmó que los habitantes de la Oroya eran la prueba de que las personas, aunque contaminadas con plomo y otros metales pesados, aún podían tener una vida normal. Nosotros les recordamos que un proceso ante un organismo internacional involucra años de espera, y que nos solidarizábamos con ellos por todo lo que habían tenido que pasar en los pasados años. Pero la verdad es que yo también sentí tal frustración. Fue la primera vez que vi, así de cerca, ese deseo personal por una decisión internacional. Entendí que una decisión en el papel podría en realidad constituir una forma de reparación. El largamente esperado informe de la Comisión mostrará al mundo que los efectos de la contaminación con metales pesados en una población constituyen de hecho una violación a su integridad personal y a su derecho a la salud. El objetivo de este caso no es cerrar el complejo metalúrgico, sino forzar la adopción de medidas para garantizar cierta calidad de vida para los residentes de La Oroya. En este caso, el informe de la Comisión será el instrumento por el cual las normas internacionales y de derechos humanos se harán reales, efectivas y transformadoras. Regresé de La Oroya hace casi una semana y aún estoy buscando las palabras para describir un lugar como ése. A decir verdad, La Oroya no se veía muy bien al principio. Pero rápidamente me di cuenta que la belleza de un lugar no proviene solo de sus atracciones naturales o aquellas hechas por el hombre; también resulta, y tal vez de una manera más importante, de la belleza de su gente. En ese sentido, nunca he visto una ciudad tan hermosa como La Oroya. Esta entrada está dedicada a todas las víctimas del caso de La Oroya. Espero que logren justicia y que, gracias a ellas, un caso como éste no se repita nunca en ningún lugar del mundo. También está dedicada a Astrid Puentes y María José, las abogadas de AIDA a cargo del caso, quienes me inspiran cada día a trabajar por un mundo más justo.

Conservando la Ciénaga Grande de Santa Marta

Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental

Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana. 

Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia

Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte. El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas."Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH. 

Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la represa Belo Monte

Para português, clique aquiA cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía.Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico. Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte.“Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA.Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios. "La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global.En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada.Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple.A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico.El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas.Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.

5 Recomendaciones para Integrar la Acción Climática en el Sector Financiero

Esta entrada fue elaborada en colaboración con Andrea Rodríguez, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA. Durante las negociaciones climáticas de París, tuve el honor de participar en un panel sobre el clima y el sector financiero. Discutimos la importancia de asegurar que la lucha contra el cambio climático sea integrada de manera consciente en todas las decisiones financieras. El financiamiento es uno de los desafíos principales que ha retrasado, a nivel mundial, un progreso efectivo con relación al cambio climático. Ello se debe a que muchos países no tienen los recursos que necesitan y aquellos que los tienen no han contribuido en la medida que deberían. Actualmente, las instituciones financieras no están otorgando el financiamiento suficiente para combatir el cambio climático. De hecho, la mayoría de los recursos mundiales aún son invertidos en combustible fósiles o en otras actividades que tienen impactos negativos en el clima. AIDA ha estado abogando en los niveles más altos por un financiamiento climático más efectivo y que dure más de cinco años. Nos hemos enfocado en asegurar que la asignación de financiamiento climático sea transparente, participativa, respetuosa de los derechos humanos, y sensible a las necesidades del Sur Global. Hemos abogado por la inclusión y cumplimiento de esos principios ante instituciones financieras nacionales e internacionales, así como ante un nuevo mecanismo global: el Fondo Verde del Clima. Para avanzar en la discusión, AIDA solicitó un evento paralelo en las negociaciones climáticas de París. Resultó que, simultáneamente, una institución financiera regional solicitó un evento paralelo para presentar sus principios voluntarios para integrar el cambio climático dentro del sector financiero. Dado que existen cientos de solicitudes para eventos paralelos y un espacio limitado, el Secretariado de la Convención fusionó los dos eventos. Es así como AIDA coorganizó un evento junto con una coalición de instituciones financieras. Aunque las instituciones no habían planeado incluir comentarios de la sociedad civil en su presentación, estuvieron de acuerdo en colaborar. Este giro del destino creó una gran oportunidad para que las instituciones presenten sus principios, y para que nosotros demos una retroalimentación temprana desde el punto de vista de la sociedad civil. Veinte y seis instituciones han apoyado los principios voluntarios hasta ahora, incluyendo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los Cinco Principios Voluntarios descritos por las instituciones son: COMPROMETERSE con estrategias climáticas. MANEJAR riesgos climáticos.  PROMOVER objetivos climáticos inteligentes. MEJORAR el desempeño climático. DAR CUENTA de tu acción climática. Una evaluación inicial No es mi intención, en este momento, hacer un análisis exhaustivo de los principios. Mi objetivo por ahora es simplemente asegurar que los principios sean conocidos, y compartir un análisis preliminar, incluyendo observaciones iniciales y las cinco recomendaciones que presenté en el panel del evento. Como organización de la sociedad civil, AIDA celebra las iniciativas destinadas a avanzar en la acción climática, la rendición de cuentas y la participación. Por tanto, consideramos que los principios voluntarios son una iniciativa positiva del sector financiero, y un buen lugar desde el cual empezar a buscar formas concretas para que éste integre plenamente el cambio climático en sus actividades. Consideramos que la incorporación del financiamiento climático es un proceso continuo y vemos estos principios como un elemento más del mismo. Desde la perspectiva de AIDA, los principios en realidad beneficiarán al sector y ayudarán a disminuir los riesgos financieros y de otro tipo en las instituciones financieras. De ser implementados efectivamente, los principios pueden ayudar a incrementar las acciones climáticas, protegiendo a comunidades y ecosistemas, y a luchar contra la pobreza y la desigualdad, dos de los retos más importantes que el mundo enfrenta. Dicho esto, mejorar el acceso a la información es fundamental para asegurar que los principios impacten positivamente en el cambio climático. Información esencial debe estar públicamente disponible, incluyendo la cantidad de recursos, los tipos de actividad o sectores, y los proyectos en los cuales las instituciones financieras están invirtiendo. 5 Recomendaciones para una mejor integración 1. Incluir una perspectiva de derechos humanos e incorporar evaluaciones de riesgo social Las inversiones financieras que no incorporan las perspectivas social y de derechos humanos pueden contribuir a violaciones de derechos humanos y tener impactos severos en comunidades. Además de las consecuencias que tales inversiones tienen en las personas, éstas se convierten en un riesgo financiero para la institución. Incorporar una perspectiva de derechos humanos en las evaluaciones de riesgo puede ayudar también a avanzar en las metas relacionadas con la luchas contra la pobreza y la desigualdad, aplicables particularmente a las entidades financieras públicas.  2. Definir conceptos comunes  Conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático y financiamiento climático pueden interpretarse muy ampliamente y generar confusión. Asimismo, la falta de consenso sobre el significado de esos conceptos puede llevar, por ejemplo, a que una institución considere una actividad como limpia o sostenible cuando no lo es. La definición de energía renovable es un buen ejemplo. Mientras varias instituciones financieras importantes coinciden en que las grandes represas no pueden considerarse energía renovable, aún existen algunas instituciones que incluyen a proyectos hidroeléctricos, e incluso de energía nuclear, en esa definición. La inclusión de expertos del sector no financiero —actores no estatales particularmente—puede ayudar a un mayor entendimiento sobre cuáles son las necesidades, a dónde debe dirigirse la inversión o en qué casos ésta debe ser mejorada. 3. Crear una hoja de ruta clara, transparente y participativa La forma en la cual los principios voluntarios sean implementados es crucial. Por tanto, es esencial un plan de implementación claro y medible. Está bien que las instituciones financieras resaltaran la necesidad de evitar la duplicación e incorporar las lecciones aprendidas. Sin embargo, para asegurar que los principios sean tan efectivos como sea posible, es importante también incorporar experiencias de mecanismos de rendición de cuentas existentes, así como la aplicación de salvaguardas. La iniciativa actual considera un grupo de planificación que, según entendemos, no ha sido creado, aunque existe la sugerencia de cómo debería estar conformado. En línea con la intención de las instituciones de incluir a otros actores interesados, este grupo de planificación debería involucrar a participantes ajenos al sector financiero para incrementar el impacto de las inversiones. El plan de trabajo debería incluir mecanismos efectivos para medir el avance, y ser lo suficientemente flexible para hacer la mejoras necesarias. Debería ser visto como un proceso dinámico que incorpore las lecciones aprendidas, y no como un mandato rígido. 4. Sumarse a la oportunidad que las economías bajas en carbono representan El sector financiero tiene un rol único que desempeñar en el fomento de acciones climáticas, ayudando a sus clientes a evitar el mismo y anticuado desarrollo de uso intensivo de carbono. Las instituciones financieras tienen el poder de dejar atrás este tipo de desarrollo e implementar soluciones reales y efectivas para el siglo 21. Pueden ser proactivas y fortalecer la capacidad de otros actores interesados en integrar plenamente estrategias climáticas en sus operaciones. El sector financiero se desarrolla naturalmente en la asunción del riesgo y la innovación. Las economías bajas en carbono representan una oportunidad importante de crecimiento. 5. Aumentar la rendición de cuentas En el panel se planteó la cuestión de si los principios deberían o no ser vinculantes. Si hay una voluntad fuerte de implementar los principios y mecanismos adecuados para medir los avances y hacer ajustes, tener un acuerdo vinculante no es el aspecto más importante. La rendición de cuentas es clave en este proceso y de ahí la importancia del Principio Cinco. El cambio climático es la amenaza más importante para la raza humana. Es un asunto urgente que impacta más profundamente en las poblaciones más vulnerables del mundo. No hay más tiempo que perder. Acciones efectivas deben seguir siendo implementadas y el sector financiero tiene una oportunidad importante de contribuir a las soluciones y no al problema. Es tiempo de que las instituciones financieras de todo el mundo pasen de las palabras a los hechos: es hora de que se comprometan seriamente a combatir el cambio climático y que empiecen a mostrar resultados. Para nosotros, como miembros de la sociedad civil, la oportunidad de sentarnos al lado de los representantes cuando presentaron públicamente sus cinco principios, fue un comienzo interesante. Ahora tenemos que dar seguimiento para que las instituciones financieras pongan en práctica estos principios, especialmente el Principio 5: rendir cuentas. Tener como base estos comentarios, y contar con recomendaciones de otros actores interesados en este ámbito, será un importante segundo paso.

Un enfoque de derechos humanos para abordar el cambio climático

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, y Camila Bustos, investigadora de Nivela Unos cuantos días antes del inicio de las negociaciones climáticas en París, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un documento oficial sobre “entender los derechos humanos y el cambio climático”. Para muchos, la relación entre ambos aún no es clara. ¿No existen ya otros acuerdos internacionales que abordan este tema en profundidad? ¿Cuál es el punto de incluir un lenguaje de derechos humanos en un acuerdo sobre cambio climático? El vínculo entre derechos humanos y cambio climático ha sido reconocido hace mucho tiempo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha aprobado varias resoluciones para llamar la atención sobre este asunto. Varios países ya están sintiendo los impactos del cambio climático: aumento del nivel del mar, sequías, sucesos climáticos extremos e inundaciones, entre otros desastres, son cada vez más comunes. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. A lo largo del continente, personas y comunidades están sufriendo impactos devastadores como el derretimiento de glaciares en los Andes, el aumento de los niveles del mar y la acidificación del océano. Muchos enfrentan el riesgo de perder sus modos de vida tradicionales y ser desplazados. Los impactos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos en América Latina han sido ampliamente documentados por la AIDA en su informe de 2011. Uno de los efectos más dramáticos es la reducción drástica del agua en la región. Para el 2025, el derretimiento de los glaciares, la degradación de los humedales, las sequías intensas y los patrones meteorológicos erráticos limitar el acceso al agua de más de 50 millones de personas en la región Andina tropical. Otros efectos anticipados incluyen inundaciones y cambios en los patrones de lluvia. En Colombia, las inundaciones afectan a más de 2,2 millones de personas y, solo en 2010, generaron pérdidas por 300 millones de dólares. Respecto de la transición a una economía resiliente y baja en carbono, los países ya están trabajando para diseñar e implementar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y protejan a los ciudadanos de los impactos del cambio climático. Hacer referencia a los derechos humanos en la sección operativa del acuerdo puede garantizar que los mismos sean tomados en cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de políticas climáticas. Esa referencia permitiría: Fortalecer el acuerdo y hacerlo más ambicioso, promoviendo que la implementación del mismo garantice que los Estados partes cumplan sus obligaciones ya existentes en materia de  derechos humanos. Apoyar los objetivos del acuerdo al prevenir la discriminación, exclusión y desigualdad. Las comunidades afectadas tienen que tener voz y voto en las políticas y proyectos destinados a ayudarlas. Evitar la creación de obligaciones adicionales, pero asegurar coherencia en el régimen internacional. Los Estados partes ya están obligados a cumplir con otros instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A medida que el mundo vuelca su atención en París, no podemos olvidarnos de humanizar el cambio climático. Debemos recordar que aquello que contribuyeron menos al problema son y continuarán siendo los más afectados. Si queremos asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras, el nuevo acuerdo climático debe incluir el respeto, protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Exhortamos a todos los Estados partes, y especialmente a aquellos de América Latina, a que apoyen la inclusión de protecciones de los derechos humanos en el acuerdo.

Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada

O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas.Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas."Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa.No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente"."A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte."O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global.AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida.A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos.Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.