Derechos Humanos

Pronunciamiento ante denuncia de violencia contra comunidades en Guatemala

Comunidades de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, denunciaron públicamente represión e intimidaciones debido a sus manifestaciones pacíficas en rechazo a la presencia en su territorio de fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional. Actualmente, existe un gran temor por un uso indebido del derecho penal contra las personas que han expresado su oposición al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en Ixquisis, municipio de San Mateo Ixatán. AIDA, junto a varias organizaciones, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grave escenario de criminalización de  personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Por todo lo anterior, AIDA, como organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos y del ambiente en América Latina, expresa lo siguiente: Resulta sumamente preocupante la represión a la libertad de asociación y expresión, así como el riesgo al que se enfrentan los miembros de las comunidades en Ixquisis. Es también alarmante el incremento de hechos de violencia en su contra. Rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación física o verbal por parte de fuerzas de seguridad privadas y públicas contra personas que ejercen sus derechos individuales y colectivos. Asimismo, condenamos cualquier campaña de desinformación, deslegitimación y estigmatización que pueda surgir de las manifestaciones pacíficas de las comunidades. Los actos denunciados no solo vulneran las garantías de las personas, sino que afectan la estabilidad social y el modo de vida tradicional de las comunidades. AIDA manifiesta su solidaridad, apoyo y respaldo a la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis y a su lucha por defender su derecho al territorio y conseguir justicia ambiental. Exhortamos a que el Estado de Guatemala garantice el disfrute de los derechos humanos de los miembros de las comunidades de Ixquisis, proteja a quienes los defienden, lleve a cabo acciones diligentes para investigar los recientes actos de violencia contra las comunidades, asegure el debido proceso para las personas que defienden sus derechos ante el avance de los mencionados proyectos hidroeléctricos, y evalúe las formas de actuación de la fuerza pública denunciadas por las comunidades. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107  

El pueblo que le hace frente a la minería de carbón en Colombia

“Partir sin regreso es doloroso”, dice con nostalgia Flower Arias Rivera, de 58 años. No quiere dejar su tierra. Hacerlo significa dejar atrás su identidad y su historia. Flower es de Boquerón, un pueblo de cerca de 900 habitantes del municipio La Jagua de Ibirico, situado al noroeste de Colombia, en el departamento de Cesar. Sus antepasados, afrodescendientes, fueron los primeros habitantes de ese poblado y de otros de la zona. Vivían de la ganadería y del cultivo de arroz. Pero las tierras de Boquerón, alguna vez fértiles, fueron reemplazadas hace más de 30 años por minas de carbón de grandes corporaciones. Desde entonces, el pueblo fue absorbido por el carbón y por los daños que su explotación deja: emisión de partículas contaminantes en el aire en grados altamente peligrosos para la salud, así como el uso excesivo del agua de ríos y otras fuentes naturales. Por ello el gobierno ordenó en 2010 que las empresas trasladen a los habitantes de Boquerón a otro sitio.   Eso todavía no pasa. Por el contrario, a Boquerón llegan con frecuencia nuevas familias que buscan recibir dinero como indemnización cuando la reubicación ocurra. “Queremos que mueven las minas, que nos dejen de contaminar”, dice Flower, uno de los líderes más importantes de su comunidad, cuyos miembros resisten pacíficamente el traslado en medio de enfermedades respiratorias y en la piel causadas por el aire contaminado. Flower no es un líder convencional. Habla bajito y sonriendo. Su piel negra contrasta con su cabello blanco. Es dulce y está lleno de calma, pero sobre todo de fe y esperanza.  Lo conocí hace dos meses cuando participó, junto con líderes de otras comunidades, en un foro de discusión pública organizado por Tierra Digna, CENSAT Agua Viva, la Universidad del Magdalena, AIDA, la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, y la Fundación Rosa Luxemburgo. En el evento se discutieron los factores necesarios para que Colombia deje de basar su economía en la explotación de carbón y opte por alternativas energéticas respetuosas con el clima y con las personas. También se debatió sobre rol de cada uno de los actores involucrados en esa urgente tarea. “El carbón no nos ha dejado nada, solo tristezas”, lamenta Flower. Colombia es el cuarto país que más exporta carbón en el mundo. Por tanto, tiene el compromiso ético y moral de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, aquellas responsables de gran parte de la crisis climática que sufrimos actualmente. En AIDA seguiremos apoyando la articulación de esfuerzos hacia una América Latina libre de carbón. Para finalizar, quiero compartir un poema escrito por Flower. En él expresa la añoranza y el amor por su tierra, y su temor por “la maldita piedra negra”:   A mi Boquerón   Boquerón del alma mía Terruño de mis entrañas Estoy perdiendo mi alegría Mis costumbres y mis esperanzas   Camino lento y con tristeza Con solo pensar en tu partida Historia mía, historia tuya Es como un llanto en noche buena   Quisiera morirme en tus recuerdos Donde viví muchas nostalgias De amores y vivencias de este mundo Cómo te llevo Boquerón en el alma   Voces de recuerdos se escuchan a lo lejos De un niño y un viejo Como añorando el pasado De Boquerón y sus hermosos tiempos   Partir sin regreso es doloroso Y un diciembre sin ti es morir Como regresar después a pajuil Cuando mis zapatos se han roto   Ya inerme camina un boqueronero Y la historia del tucuy, el manantial y la lomita está muriendo Hoy hasta el mismo cielo está llorando En gotas de agua convertidas en desespero   Quisiera regresar a las faldas de mi madre Como cuando niño me escondía debajo de ella Escucho a lo lejos la voz del patriarca Rivera Ángel Que desde su tumba como deseando una esperanza   Adiós diablito caño, palma y paralú donde di mi grito de libertad y olvidé mi esclavitud de mi raza palenquera y también de chambacú y olvidé por mis ancestros lo juro por ese cielo azul   Maldita piedra negra Que hizo cambiar mi historia Un humilde pueblo llora La funesta partida de toda una vida  

2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

● La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida. ● Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.   Ciudad de México. Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio? Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales. Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí. Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial. México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural: El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país: Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad. Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales. Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras. Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México. La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio Contactos de prensa Ben Leather, Global Witness, [email protected], +447841 337 034 Hannah Matthews, PBI, [email protected], 55 2370 3010 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Brasil debe responder por violaciones de derechos humanos

¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.  

Seminario virtual "Viviendo de cerca los daños de la extracción de gas y petróleo"

La extracción de gas y petróleo causa diversos daños en las personas que viven en o cerca de donde la explotación ocurre. Lamentablemente, muchas comunidades sufren a diario consecuencias graves como la contaminación del agua, el aire y el suelo. Ello afecta directamente la salud, particularmente la de niños y niñas, mujeres (más si están embarazadas) y adultos mayores.  Ni las mejores regulaciones, aun cuando fueran adecuadamente aplicadas, pueden evitar estos daños. En este seminario en línea se dieron a conocer las experiencias de comunidades de Caigua, Bolivia; Los Ángeles, Estados Unidos; y Papantla, México. Panelistas Jorge Campanini, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB): Actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, el caso de la comunidad de Caigua en Bolivia. Nalleli Cobo, STAND-L.A.: Impactos de la extracción de hidrocarburos en Los Ángeles. Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan: Afectaciones del fracking en Papantla, Veracruz (México). ​Grabación   Presentaciones 1. Presentación de Jorge Campanini, Centro de Documentación e Información Bolivia:   2. Presentación de Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan:  

La lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala

Pronunciamiento ante la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde AIDA, como organización que trabaja por la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina, expresamos lo siguiente: Consideramos que es una medida preocupante y desafortunada, que podría aislar a Estados Unidos de la comunidad internacional y de la oportunidad de influir positivamente para mejorar la protección de los derechos humanos globalmente. Esta decisión envía un mensaje negativo, en especial a países con situaciones graves de derechos humanos, respecto de los cuales Estados Unidos ha expresado preocupación. Desde nuestra perspectiva, con esta decisión, el gobierno ignora a miles de personas y organizaciones que en Estados Unidos se han pronunciado contra políticas internas como aquella que implica la separación de familias de migrantes, y la postura frente el cambio climático.  Es importante tener en cuenta que, pese a su salida del Consejo, la situación de derechos humanos en Estados Unidos podrá continuar siendo evaluada por dicho órgano, de la misma manera que ocurre con los demás Estados que participan en la Organización de Naciones Unidas. Ante esta decisión, instamos a los demás Estados a responder y a demostrar su liderazgo para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos a nivel global. La importancia de los derechos humanos no es una cuestión de política ni de partidos, sino de humanidad y decencia. CONTACTOS DE PRENSA: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Insumos de la sociedad civil a informe de la CIDH sobre empresas y derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un cuestionario a fin de recibir insumos de la sociedad civil para su informe temático Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos. Junto con diversas organizaciones del Grupo de Trabajo sobre Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC (Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), AIDA participó de la elaboración y presentación de un documento colectivo de insumos al cuestionario de la Comisión. AIDA aportó reflexiones sobre temas como los obstáculos existentes para la realización y el disfrute de los derechos humanos en contextos de operaciones empresariales en ecosistemas sensibles y/o complejos; así como respecto de las obligaciones y estándares jurídicos internacionales sobre investigación, rendición de cuentas, prevención, debida diligencia, supervisión y reparación en materia de empresas y derechos humanos.

Las defensoras del agua en Guatemala

Lo primero que María hace al levantarse cada mañana es abrir el grifo de su casa para ver si hay agua. Con ella preparará café y, dentro de unas horas, la comida para su familia. Su casa está llena de plantas y de animales. Perros, gatos y gallinas la rodean mientras enciende la cocina de leña, cargando a su hijo pequeño en la espalda. Donde vive, en Ixquisis —región ubicada en el departamento de Huehuetenango, al noroccidente de Guatemala, cerca de la frontera con México—, existen muchos nacimientos de agua y ríos caudalosos, entre ellos el Pojom y el Negro. Para María, el río es un lugar especial. Allí lava ropa, una actividad tradicional de las mujeres de su comunidad, la mayoría indígenas. Pero también es un lugar de encuentro para ellas. Cada tarde, mientras el caudal avanza sin reparo, hablan de sus familias, de las tareas diarias y de sus preocupaciones. El mes pasado, junto con otras mujeres de Ixquisis, María habló de los riesgos que las represas Pojom II y San Andrés, que se construyen en la zona, implican para sus modos de vida. Lo hizo en un taller organizado por AIDA, en colaboración con colegas de Protección Internacional y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. La vida de María ha cambiado mucho en los últimos años debido a la construcción de las represas, algo que no la deja dormir. Antes que la construcción de las represas iniciara, María solía pescar. Con ayuda de un canasto que sumergía en el río, recogía —como si se tratara de magia— caracoles, camarones y peces pequeños. Pero el río ya no le ofrece qué pescar. Los ríos se han convertido de a poco en basureros. Quienes trabajan en las obras tiran allí escombros y otros desechos. Sus aguas, antes limpias, se usan para lavar coches y maquinaria. “Un día nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir, nuestros hijos van a sufrir”. La frase de María resume el principal temor entre las mujeres de Ixquisis. Ese miedo no es infundado. La construcción de las represas ha dañado ya las fuentes de agua de la región. Familias como la de María padecen enfermedades estomacales y en la piel que antes no tenían. Las asocian con la contaminación del agua. Hasta antes del taller, las mujeres de Ixquisis no habían tenido la oportunidad de hablar espontáneamente de la importancia del agua y los ríos en sus vidas y de cómo las mismas comenzaron a cambiar debido a la construcción de las represas. Nadie les había dado tampoco información sobre los proyectos. Aun desconociendo los detalles, María y sus vecinas tiene claro que el agua en sus casas ya no llega tan limpia como antes y con la misma frecuencia. Y han expresado pacíficamente su oposición a las hidroeléctricas. Su voz se ha topado con la estigmatización y con el miedo a represalias. Si antes caminaba tranquila, incluso al caer la noche, ahora María sale de su casa con temor. Pero la gente de Ixquisis tiene el apoyo de personas y organizaciones que trabajan para proteger el ambiente y los derechos humanos. La organización internacional Front Line Defenders, por ejemplo, les entregó el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Un día después del taller con mujeres, organizamos un segundo encuentro al que asistieron los hombres de la región. La falta de agua ha afectado su principal actividad de subsistencia: el cultivo de banano, cardamomo, hortalizas y otros productos que luego venden. Sus cosechas han disminuido y ahora deben trabajar más horas para obtener la misma ganancia. Aprendí mucho de conocer a María. Su fortaleza, así como la de todos y todas en Ixquisis, viene de su respeto por la naturaleza y por lo que ésta les brinda. Comparto ese sentimiento y lo vuelco en mi trabajo como abogada en AIDA, asesorando legalmente a los hombres y mujeres de Ixquisis para que defiendan su territorio, para que sigan viendo agua salir de sus grifos y para que caminen sin miedo en busca de un futuro sano para sus hijos.  

Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID

En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]