Derechos Humanos

Diciembre 19 2017 Océanos, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Cuando la naturaleza es tu mejor cliente

Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países. Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia. En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales. Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”. Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017. “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba. Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.

Diciembre 14 2017 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el fallecimiento del defensor de derechos humanos Carlos Isaías Güitz Pop

Las organizaciones firmantes, lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Isaías Güitz Pop el día 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Carlos, de 36 años de edad, maya q’eqchi’, era un defensor de derechos humanos de la organización comunitaria en Defensa del Río Dolores, municipio de Cobán, Alta Verapaz. El 8 de noviembre del año 2013, Carlos, su hermano y otras personas de las comunidades, fueron atacados con armas de fuego. A raíz de este ataque armado, Carlos resultó gravemente herido, quedando desde ese entonces y hasta los últimos días de su vida, postrado en una silla de ruedas. Según denuncias realizadas por las comunidades, el ataque referido fue perpetrado por el terrateniente David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y Carlos Ponce, quien violentando el proceso de negociación de compra-venta de tierras que sostenía con estas comunidades, decidió finalmente negociar estas tierras con la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., lo que fue una de las causas que ocasionó el desalojo violento e ilegal que finalmente, llevó a la muerte de Carlos Isaías Güitz Pop. Este grave incidente ocurrió en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, en el marco de la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre los ríos Cangüinic y Dolores, sin haberse realizado una consulta previa e informada a las comunidades afectadas por dicho proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que se realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el caso de Carlos Isaías al igual que los asesinatos y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores, siguen en total impunidad. Contrario a ello, la criminalización en contra de las y los comunitarios organizados en defensa del Río Dolores está avanzando. Ante el ataque que dejó en silla de ruedas a Carlos Isaías Güitz Pop y los asesinatos y las graves agresiones contra las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, instamos a las autoridades competentes a que: Emprendan una investigación pronta y eficaz con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra Carlos Isaías Güitz Pop, al igual que de los asesinatos y las graves agresiones contra las y los defensores del Río Dolores. Emprendan acciones de resarcimiento de los casos en los cuales las y los defensores de las comunidades en resistencia Río Dolores han sido heridos y asesinados. Tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores. Tomen todas las medidas necesarias para que cesen los casos de criminalización de las y los defensores del Río Dolores, quienes, en defensa de bienes naturales, se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.

Noviembre 08 2017 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer su situación de derechos humanos y colectivos

La Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero para conocer las problemáticas específicas en los territorios. Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Ciudad de México. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; las Eólicas del Sur en Juchitán; el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; el proyecto minero de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, entre otros. Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento radica en que es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto, se han multiplicado. Por ello, la visita y su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve. A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora. Organizaciones firmantes: Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA AC (Ciudad de México). Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).

Noviembre 01 2017 Cambio Climático, Derechos Humanos

Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre medio ambiente y derechos humanos

Noviembre de 2017 Respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la consulta hecha por Colombia sobre las obligaciones de los Estados del continente en relación con el medio ambiente, y en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. La Corte concluyó que el medio ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños y niñas, y las personas viviendo en pobreza extrema. Con ello acogió y se sumó a similar reconocimiento por parte de organismos de Naciones Unidas y de Cortes regionales. En su decisión, tomada en noviembre y dada a conocer ayer, la Corte estableció también que la obligación de los Estados de respetar los derechos a la vida e integridad personal, en relación con la protección del ambiente, implica: Evitar causar daños ambientales “significativos” en su territorio y fuera de éste, para lo cual deben reglamentar, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan provocarlos. Asegurar, entre otros, la realización de estudios de impacto ambiental efectivos e independientes, así como de planes de contingencia y mitigación ante posibles daños. Cooperar con otros Estados y brindarles información ante el riesgo de daños a sus entornos naturales. Aplicar el principio de precaución para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal por degradación ambiental grave e irreversible, incluso ante incertidumbre científica. Garantizar los derechos a la participación pública, al acceso de información relacionada con daños ambientales potenciales, y al acceso a la justicia en la toma de decisiones que puedan afectar al ambiente. Lee y descarga INFOGRAFÍA Descarga la infografía en inglés Descarga la infografía en portugués Descarga la infografía en francés SEMINARIO VIRTUAL "¿Qué es la Opinión Consultiva sobre DDHH y ambiente de la Corte IDH?"

$Pozo de fracking en Pensilvania$

Octubre 13 2017 Fracking, Derechos Humanos

Recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking

El fracking se está expandiendo con rapidez en América Latina. Si dejamos que se desarrolle a ciegas, podría causar daños irreparables no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas. Para Claudia Velarde, abogada ambientalista boliviana, la Madre Tierra y las personas no deben ser entendidas como seres diferentes o aislados. “Las actividades que afecten la conservación de la naturaleza, necesariamente van a tener una repercusión en nuestra vida”. Esa firme creencia la llevó a unirse al equipo de abogados de AIDA a comienzos de este año, y a ser parte de los esfuerzos para proteger el ambiente de actividades extractivas tan dañinas como el fracking y la minería a gran escala. Desde el Programa de Agua Dulce, Claudia ayuda a coordinar el trabajo de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que promueve el debate público, la concientización y la educación entre grupos de la sociedad civil, y que apoya esfuerzos de resistencia de comunidades en toda la región frente al avance del fracking. Riesgos confirmados La extracción de gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica o fracking podría tener “un efecto nefasto” en la calidad y la disponibilidad de agua potable. Así lo concluyó el estudio más completo realizado hasta la fecha en Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental del país pionero en el uso de esa técnica. Según el estudio, los impactos se deben a que en los pozos de fracking se utilizan grandes cantidades de agua, la cual es inyectada en el subsuelo junto con altas concentraciones de químicos para fracturar rocas que llevan hidrocarburos dentro. Esos fluidos pueden contaminar yacimientos subterráneos de agua. Además, las estructuras de salida de los pozos no son lo suficientemente sólidas como para evitar la contaminación. Al dañar fuentes de agua, el fracking también afecta la vida de personas, animales, plantas y ecosistemas enteros que dependen de ese recurso. Cerca de la Laguna de Llancanelo, una de las más importantes del norte argentino, se busca desarrollar actividades de fracking. Ignorando el peligro “La dependencia a los combustibles fósiles nos está llevando a una crisis ambiental y climática sin precedentes”, afirma Claudia. “El fracking tiene graves impactos por lo que es importante que la población tenga la información real y completa sobre las políticas y los procedimientos relacionados con esta técnica”. Uno de esos procedimientos es la evaluación adecuada de los posibles daños ambientales y la identificación de medidas para mitigarlos, paso previo a la autorización de cualquier operación de fractura hidráulica. Sin embargo, gobiernos en la región no están haciendo respetar ese requisito. En Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina, la autoridad ambiental dio el permiso para que la empresa Petrolera El Trebol S.A. explore y explote cuatro pozos petroleros del modo convencional, es decir, sin usar fracking. El procedimiento para otorgar el permiso sí incluyó una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, meses después, la empresa decidió cambiar su forma de trabajo por la técnica de fracturación hidráulica. Y mediante un proceso abreviado, el gobierno autorizó el cambio sin exigir un nuevo estudio de los posibles daños ambientales de la actividad, a ser desarrollada cerca de la Laguna de Llancanelo, humedal de importancia internacional. Ante ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, recurrió a la justicia y presentó un amparo para invalidar las autorizaciones emitidas por el gobierno. Entre sus argumentos está que además de vulnerar la obligación de presentar y requerir una Evaluación de Impacto Ambiental, el gobierno tampoco respetó el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades que podrían verse afectadas por la operación de fracking en Mendoza. “Acudimos a la justicia para que le pongan un freno a este atropello y la sociedad tenga la oportunidad de discutir, con información, si quiere o no este tipo de actividades que dañan el ambiente irremediablemente”, dice Santiago Cané, Asistente de Participación de FARN. “En caso de aceptar el fracking, éste deberá hacerse teniendo los cuidados necesarios, regulación específica y las medidas suficientes para evitar daños o mitigarlos”. AIDA apoyará el trabajo legal de FARN con argumentos de derecho internacional. El más importante se basa en el principio de precaución, que debe ser aplicado ante la existencia de peligro o riesgo de daños graves al ambiente y la salud humana, y la incertidumbre sobre los mismos. “Dado que no existe un estudio con la información técnica suficiente sobre los posibles daños del fracking, debe aplicarse este principio para la adopción de medidas que eviten la consolidación de dichos impactos en este y otros casos”, explica Claudia. Pese a la evidencia científica sobre las consecuencias nefastas del fracking, el uso de la técnica se está expandiendo en América Latina. Ante esa tendencia y junto con nuestros aliados, en AIDA seguiremos trabajando para encontrar, mediante el uso de la ley, soluciones locales que repercutan en toda la región.

Septiembre 20 2017 Fortalecimiento de Capacidades, Fracking, Derechos Humanos

Seminario virtual "¿Cómo América Latina defiende su territorio del fracking?

Varios países de América Latina están apostando por la explotación de gas y petróleo no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica (fracking). Esta práctica, prohibida ya en diversas partes del mundo, tiene impactos negativos serios sobre los territorios y la vida de las personas. Ante esta amenaza, la respuesta de comunidades campesinas e indígenas afectadas ha sido contundente: exigen que se protejan, respeten y garanticen sus derechos, que no se den permisos para actividades de fracking en sus tierras y territorios, y que esa técnica se prohíba. Grabación Presentaciones Otros documentos La lucha en México contra la fractura hidráulica

Septiembre 12 2017 Cambio Climático, Derechos Humanos

Cambio climático: El combustible perfecto para huracanes

Una sucesión de huracanes inusuales golpeó con una fuerza brutal al continente en sólo un par de semanas. Harvey e Irma dejaron ciudades sumergidas bajo el agua, daños graves en hogares e infraestructura e incluso la pérdida de vidas; mientras que Lidia, Katia y José llegaron con lluvias intensas que provocaron inundaciones y otros daños. ¿Cómo es que estos fenómenos tomaron tanta fuerza? El cambio climático es una gran parte del problema. Los huracanes Harvey e Irma son ejemplos de lo que una tormenta alimentada con suficiente combustible puede hacer: territorios inundados, deslaves, inmuebles dañados, muertes y miles de afectados. En este caso, es el cambio climático el que da energía a los huracanes y les agrega potencia. Lo hace al aumentar la temperatura del aire y producir a su vez mayor humedad, de la cual se alimentan las tormentas, haciéndose por tanto más intensas y realmente violentas. Además, el calentamiento global ha acelerado el deshielo en las regiones más gélidas del mundo. Y el derretimiento de glaciares ha hecho que el nivel se eleve. En los últimos 20 años, el nivel del mar ha aumentado anualmente 3,2 milímetros. Esto, sumado al aumento de la temperatura en los océanos, que deriva en mayor humedad, significa más potencia disponible para los huracanes, que también obtienen energía de los océanos. Sin embargo, los huracanes no son fenómenos aislados. América Latina se enfrenta año tras año a una serie de catástrofes naturales que el cambio climático agrava, de la más variada naturaleza. Al ser una región vulnerable, los daños causados son también más intensos. La vulnerabilidad de una región Eventos relacionados con el clima extremo, la crisis del agua, los desastres naturales y la capacidad para sobrellevar los efectos del cambio climático, son los riesgos con mayor impacto a nivel mundial este año, según el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial. Estos riesgos ya se viven en América Latina, donde la vulnerabilidad ambiental es un hecho. Revisemos algunos ejemplos recientes ocurridos en diferentes países: Este mes en México, el huracán Katia causó inundaciones, deslaves, infraestructura dañada y pérdidas humanas. Ese país es uno de los más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación entre los océanos —que lo dejan expuesto a tormentas, inundaciones y huracanes— y sus altos niveles de pobreza. El noroeste de Perú, lluvias intensas que ocurrieron luego de un periodo de sequía extrema, causaron el desborde de ríos, el colapso del sistema de alcantarillado, derrumbes y deslizamientos. Lo anterior dejó como saldo más de 90 muertos, 110.000 damnificados y unas 150.000 personas sin hogar. En Colombia, el 1 de abril, una gran avalancha producida por lluvias intensas arrasó con el pueblo de Mocoa, en el departamento de Putumayo. En Chile, los cambios extremos del clima provocaron intensas sequías que causaron en el verano incendios forestales que destruyeron más de 500 mil hectáreas y arrasaron el centro y sur del país. El fenómeno natural El Niño, potenciado por el cambio climático, afectó gravemente al Corredor Seco Centroamericano el año pasado. La falta de lluvias, que comenzó a mediados de 2014 y tuvo una duración inusual, provocó la pérdida de cultivos de cereales básicos y la muerte de ganado en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y ¿cómo apagamos el fuego? La ola de sucesos climáticos extremos a lo largo de la región y del mundo debería ser visto como un llamado a la acción. Gobiernos y ciudadanos deben actuar juntos para buscar soluciones y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los gobiernos deberían orientar sus esfuerzos a: Reducir la emisión de los contaminantes climáticos de vida corta, gases que permanecen poco tiempo en la atmósfera y cuya disminución permite tener resultados en menos tiempo. Planificar y gestionar adecuadamente el territorio, identificando los lugares más vulnerables y construyendo infraestructura estratégica y flexible, que soporte y aminore el impacto de los fenómenos naturales. Preservar entornos naturales que cumplen funciones climáticas vitales, como los bosques y manglares que capturan dióxido de carbono de la atmósfera, o los arrecifes de coral, que sirven de barrera natural contra tormentas y huracanes. Usar los recursos económicos destinados a combatir el cambio climático con base en las necesidades de las propias comunidades, que a menudo no son debidamente consultadas, desaprovechando su conocimiento local para tomar mejores decisiones. Todos podemos contribuir a la lucha. Acciones cotidianas como un consumo responsable de agua y energía, usar menos el automóvil, reciclar y cambiar nuestros hábitos de consumo dañinos para el ambiente, hacen una gran diferencia. AIDA trabaja junto con gobiernos, organizaciones y comunidades para promover en América Latina un desarrollo compatible con los retos impuestos por el cambio climático. ¡Conoce más de a qué nos enfrentamos con el cambio climático y cómo hacerlo mejor en un seminario en línea este 29 de septiembre!

Septiembre 04 2017 Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Las represas que no pudieron contener al huracán Harvey

Las represas Addicks y Barker fueron construidas cerca de Houston, Texas, precisamente para salvar a esa ciudad estadounidense de posibles inundaciones. Pero la enorme capacidad de almacenamiento de los embalses no fue suficiente para contener los más de 15 mil millones de galones de agua que el huracán Harvey llevó a Texas en menos de una semana. Ante una realidad climática con fenómenos naturales cada vez más intensos, ¿son las represas la mejor opción? El Huracán Harvey apareció en las costas de Houston la noche del 25 de agosto. Sus lluvias intensas convirtieron la ciudad en un inmenso lago. El huracán causó muertes y la evacuación forzada de más de 30,000 personas. Al ser una ciudad prácticamente plana y ubicada casi al nivel del mar, Houston es particularmente susceptible a las inundaciones. Para protegerla, se construyeron en los años 40, dos represas en sus inmediaciones: Addicks y Barker. En conjunto, las represas pueden contener más de 132 mil millones de galones de agua. La enorme capacidad de estos embalses significa que si llegaran a romperse, toda la ciudad quedaría sumergida. Con la lluvia de Harvey, ha caído tal cantidad de agua que las represas recibieron más de lo que pueden albergar. Para evitar desbordes descontrolados, que podrían haber resultado catastróficos, las autoridades se vieron obligadas a liberar gradualmente agua de los embalses. Sin embargo, las medidas de precaución no bastaron para evitar el desborde de una de las represas. Addicks comenzó a desbordarse el lunes 28 de agosto y se preveía que la represa Barker correría la misma suerte, lo que finalmente no pasó. Lo ocurrido con Addicks llenó de más agua una ciudad prácticamente anegada por completo. El colapso no debería haber sido una sorpresa para nadie. Desde el 2009 se sabía del peligro que representaban las dos grandes infraestructuras. Antes, las represas estaban ubicadas en un territorio rural sin nada alrededor, en los condados de Harris y Fort Bend. Ahora han sido llevadas a sus límites, en gran medida debido a las personas y edificios que coexisten actualmente aguas arriba y aguas debajo de los embalses. De hecho, antes de la llegada del huracán, ambas represas estaban en un proceso de renovación por un costo de 75 millones de dólares. Pero los esfuerzos e inversiones no fueron suficientes para que pudieran adaptarse adecuadamente a los sucesos extremos que trae el cambio climático. Lo más grave es que Houston se ha vuelto menos resiliente a los embates climáticos. Sumado al natural envejecimiento de las represas que habrían de defenderla, y a la intensificación de los fenómenos climáticos, 50% de sus humedales fueron reemplazados por concreto. Desde 2001, se construyeron en la ciudad alrededor de 360 mil edificios sin adoptar medidas de mitigación que eviten que las nuevas construcciones cubran esos entornos naturales. Con esto, atribuido a una planificación urban inadecuada y a regulaciones débiles, se destruyó la defensa natural que tenía la ciudad contra tormentas e inundaciones. Las represas ante la realidad climática El momento que vivimos nos hace preguntarnos si los costos que implica construir y mantener grandes represas, valen la pena en tiempos de fenómenos climáticos cada vez más devastadores. Las represas son excesivamente costosas de implementar y encima de reparar. Desde 2010, unas 70 represas han fallado en Estados Unidos. La vulnerabilidad que presentan ante las lluvias hace que cuestionemos su compatibilidad con un mundo sacudido por los graves e inciertos efectos del cambio climático. Además, los embalses de las represas también pueden contribuir a exacerbar el cambio climático. Entre otras cosas, al inundar materia orgánica, emiten una gran cantidad de metano, un gas de efecto invernadero hasta 20 veces más potente que el CO2. De esta manera, contribuyen a que fenómenos como Harvey sean cada vez más intensos. Es hora de cuestionar y detener este peligroso círculo vicioso.

Agosto 21 2017 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Participación Ciudadana

Berta vive: Manteniendo la lucha, pese a los riesgos

El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres —la activista ambiental hondureña asesinada—, sobrevivió a un atentado contra su vida. Viajaba a casa con dos colegas cuando unos hombres, machetes en mano, detuvieron su vehículo. Cuando los sujetos levantaron sus armas, el chofer de Zúñiga aceleró y esquivó a los atacantes, pero no antes que uno de ellos lanzara una roca que golpeó el parabrisas. Los atacantes persiguieron a los activistas, intentando llevar su auto por el borde de un acantilado. Por fortuna, Zúñiga y sus compañeros lograron escapar. Seis días después, el FMO y el FinnFund, dos bancos de desarrollo europeos, anunciaron el retiro oficial de su inversión de la represa Agua Zarca, contra la cual Zúñiga está peleando porque inundaría un sitio sagrado para comunidades indígenas Lenca. “El momento de nuestro anuncio de salida no está relacionado con el ataque a la Sra. Berta Zúñiga Cáceres”, dijo Christiaan Buijnsters, vocero del FMO. “Es una coincidencia”. En un comunicado de prensa, el FMO y el FinnFund informaron que su retiro “buscaba reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”. Antes de ser asesinada en su casa el 2016, Berta Cáceres llevó adelante una campaña enérgica contra la represa, ganando por su trabajo el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Zúñiga, de 26 años, asumió el rol de liderazgo de su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en junio de 2017. Activistas ambientales en Honduras aún están luchando contra la represa, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no retira su apoyo financiero del proyecto. “Yo nací en un pueblo con gran dignidad y fortaleza”, dijo Zúñiga en una entrevista con Democracy Now, un medio independiente de Estados Unidos. “Mi madre, Berta Cáceres, nos inculcó desde muy jóvenes que la lucha está arraigada en la dignidad y que debemos continuar defendiendo los derechos de nuestra gente”. Sistemas de corrupción e impunidad El ataque a Zúñiga es el más reciente en la región más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. En Honduras, entre el 95 y el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. La complicidad entre gobiernos y corporaciones encubre con frecuencia a los asesinos y a quienes los contratan para silenciar a activistas ambientales y de derechos humanos. Desafortunadamente, las familias de activistas como Cáceres rara vez obtienen justicia. Pero aún hay esperanza. A raíz de una protesta mundial por la muerte de Cáceres y de pedidos de investigación, nueve personas fueron arrestadas en relación con su asesinato. Algunas tienen conexión con Desarrollos Energéticos S. A., la empresa que construye la represa Agua Zarca. Documentos judiciales sugieren además que el asesinato fue planificado por especialistas en inteligencia militar ligados a las Fuerzas Especiales de Honduras, entrenadas en Estados Unidos. Pese a estos arrestos, los principales autores intelectuales del asesinato aún no han sido sindicados. COPINH ha denunciado en las audiencias del caso que la acusación, a cargo de la Fiscalía, está llena de defectos e irregularidades. Mientras, asesinatos y ataques como aquel a Zúñiga, continúan. “Sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para cometer asesinatos”, dijo Zúñiga a TeleSur en 2016. “Pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas con dinero y todo un aparato que les permite cometer estos crímenes”. Pero Zúñiga y el COPINH permanecen fieles a su lucha. “Vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, dijo Zúñiga a Democracy Now. “Parte de ella es romper este ciclo de impunidad”. Su motivación viene del consejo de su madre: “¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal… Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los espíritus”. Si tomamos esas palabras con el corazón, la lucha por un mundo más verde y más justo —junto con el espíritu de Berta Cáceres— continuará.

Julio 27 2017 Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo

La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.