Derechos Indígenas

Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Indígenas, Minería

Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña

En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú.   La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto".  La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, ​[email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]  

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Fracking, Derechos Indígenas, Cambio Climático

Reflexiones para una Bolivia libre de fracking

Texto escrito en el marco de la serie #TRANSFORMAR LA CRISIS, Tomo II. Crisis Ecológica, extractivismo y poblaciones vulnerables de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Bolivia, que se publicará próximamente.   Todo comenzó con un estudio, publicado en 2011 por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que daba cuenta de la existencia de grandes cantidades de hidrocarburos no convencionales en Bolivia. El estudio generó gran expectativa y, dado que los yacimientos de petróleo y gas convencionales se están agotando gradualmente, el fracking se convirtió desde entonces en una amenaza latente para el país. El fracking es una técnica riesgosa, contaminante y costosa. En América Latina, existen cerca de 7.000 pozos de fracking. Su avance en la región —así como las políticas públicas, la normativa y la oposición social al respecto— presenta pocas diferencias y muchos rasgos comunes, siendo uno de ellos la afectación a poblaciones urbanas, rurales, indígenas e incluso áreas protegidas. Bolivia aún está libre de esta técnica. Sin embargo, sin una decisión política para evitarla y sin una población mejor informada sobre sus efectos, el fracking puede volverse una realidad en el país. Un riesgo potencial Bolivia es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles. En este contexto, la implementación del fracking es una amenaza latente. En 2013, la empresa estatal YPFB suscribió un acuerdo de cooperación con YPF Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales. Asimismo, solicitó a las empresas operadoras extraer muestras de la formación geológica Los Monos, en la región del Chaco, para realizar estudios posteriores. Ese mismo año, YPFB Chaco (subsidiaria de YPFB) realizó con el apoyo de Halliburton una “minifractura” en el pozo Ingre X-2, en la formación Tupambi, Chuquisaca. Esta operación habría permitido descubrir petróleo de arenas compactas. Con base en este descubrimiento, YPFB Chaco planteó realizar una fractura completa del reservorio en 2014. Se desconoce si ello ocurrió porque en los años siguientes YPFB dejó de generar información pública sobre el proyecto. En 2018, la empresa canadiense CanCambria Energy Corp. firmó con YPFB un convenio de estudio, la antesala a un contrato de exploración/explotación, para determinar el potencial de gas no convencional en Miraflores, también en Chuquisaca. Los datos preliminares de CanCambria señalan la posible existencia de un megayacimiento en la zona, cuyos recursos potenciales de gas serían comparables a los de Vaca Muerta en Argentina. La firma canadiense elaboró una propuesta para extraer gas mediante la perforación de 800 pozos sobre 202 km2 en el área de Miraflores, en el municipio Macharetí. Miraflores se encuentra en el Área Protegida Municipal Héroes del Chaco y es parte del Sistema Acuífero Yrenda Toba Tarijeño, que Bolivia comparte con Paraguay y Argentina. Además, la población que vive en Macharetí, incluidas las comunidades indígenas guaraní, recibieron con asombro la noticia del proyecto. La alarma despertada por la posibilidad de fracking en este territorio llevó a sus habitantes a informarse de las consecuencias de esta técnica; sobre todo con relación al uso y contaminación de inmensas cantidades de agua. Por ello, Macharetí incluyó en su estatuto autonómico la prohibición del fracking en su territorio, agudizando la controversia sobre el desarrollo de la técnica en el área. Entre la energía extrema y la transición energética Estamos así frente a dos caminos: el primero de profundización del modelo extractivista y de generación de una energía altamente contaminante, con impactos negativos graves e irreversibles en la Madre Tierra y en la población; el otro de una transición energética justa y democrática, que implica un cambio en la matriz energética, la desmercantilización de la energía y un cambio de paradigma de desarrollo. América Latina y Bolivia necesitan transformaciones profundas en materia energética, con una visión de largo plazo, respeto de los derechos humanos y resguardo de la naturaleza. El desarrollo del fracking, lejos de iniciar cualquier transición, va en contravía de esa tendencia porque sigue promoviendo un sistema energético contaminante, riesgoso y costoso; basado en la dependencia de fuentes no renovables de energía con impactos negativos en los territorios, inequidad y falta de participación ciudadana en la construcción de políticas energéticas. Bolivia debe apostar por una transición energética socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente sustentable. “Bolivia no debe avanzar hacia la implementación del fracking en su territorio pues representa uno de los mayores riesgos para sus ecosistemas, recursos y poblaciones”, opina Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). “Es urgente la generación de políticas sólidas que declaren una moratoria o prohibición indefinida a esta técnica a lo largo y ancho del país”. La experiencia de países latinoamericanos que han desarrollado el fracking demuestra claramente los riesgos e impactos económicos, ambientales y sociales de apostar por esta técnica. En este contexto, muchas organizaciones, comunidades y pueblos se han organizado para hacer frente a la amenaza. La pandemia obliga a reflexionar sobre el futuro de los combustibles fósiles y de la transición energética. En lugar de considerar al fracking como una salida fácil para generar empleos en tiempos difíciles, es necesario enfrentar en conjunto las crisis sanitaria, económica y climática. Necesitamos pensar en una recuperación resiliente y, por tanto, en un sistema energético que no esté basado en el fracking. Una idea usualmente asociada a la transición es el cambio de la matriz energética. Pero, aunque necesaria, la desfosilización rápida y eficaz de esa matriz no es suficiente. La transición energética debe ser integral e incorporar las dimensiones ambientales, económicas y sociales para apuntar a una transición que sea también justa y democrática. Es importante entonces abordar la cuestión con un enfoque sistémico.  

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Sociedad civil lamenta asesinato de Tomás Rojo y pide inmediata protección y garantías de seguridad efectivas para el pueblo yaqui

Las autoridades de Sonora y el gobierno federal han sido omisas en garantizar la integridad del territorio y los derechos humanos del pueblo yaqui y de sus defensores/as. El año pasado, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, según documenta el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).   Organizaciones de la sociedad civil lamentamos profundamente el asesinato de Tomás Rojo, integrante del pueblo yaqui, así como las constantes agresiones de la que es objeto el pueblo yaqui.  Además del caso de Tomás, en meses recientes se han presentado otros casos de desapariciones y violaciones a derechos humanos en contra de integrantes y personas defensoras del pueblo yaqui, que hasta el momento no han sido investigados y castigados. Al respecto, las autoridades del estado de Sonora y el gobierno federal han sido omisos en brindar la protección y la seguridad necesarias a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, particularmente a las personas del pueblo yaqui, quienes históricamente han enfrentado diversas agresiones y violaciones a sus derechos humanos debido a las constantes presiones de las que son objeto frente a megaproyectos que interfieren con su territorio, sus recursos naturales, así como con sus usos y costumbres. Asimismo, dichas autoridades han sido omisas en garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras realicen su labor, tal y como se mandata en el artículo noveno del Acuerdo de Escazú. En México, esta situación se replica en varios estados del país, donde las personas que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos se encuentran cada vez más expuestas y vulnerables a agresiones de todo tipo, las cuales, en muchos lamentables casos llegan hasta el asesinato, y sin que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones al respecto. Recordemos, por ejemplo, que a fines del año pasado el Congreso desapareció el fideicomiso que garantizaba la operación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores. El Informe 2020 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha dado cuenta desde hace 8 años de las agresiones y  violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden los ecosistemas, la tierra y el territorio. Tan sólo el año pasado se cometieron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de los cuales 18 fueron asesinatos. Desde la sociedad civil organizada, demandamos enérgicamente que cesen inmediatamente las agresiones hacia el pueblo yaqui y sus defensores, que sus derechos sean garantizados, así como que sea una prioridad del Estado mexicano la seguridad y protección de las personas defensoras del medio ambiente. Igualmente, demandamos que las personas desaparecidas sean localizadas y que se realice una investigación diligente para que los hechos no queden impunes.   Enviamos nuestra solidaridad al pueblo yaqui, así como nuestras más sentidas condolencias a la familia de Tomás Rojo en estos difíciles momentos.    Firmas de organizaciones:   Alianza Internacional de Habitantes Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C.  (CEMDA) Controla Tu Gobierno, A.C. Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C (Centro Prodh) Pobladores A.C. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARLl) Alianza Mexicana contra el Fracking Amigos del Río San Rodrigo, A.C. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo Consejo Tiyat Tlali Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan (CORASON) Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA) FIAN sección México Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México A. C. Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos. Guardianes de los Arboles Indignación A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA La Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida Grupo Territorio Género y Extractivismo (Grupo TGE) NoFracking Tamaulipas Oxfam México A. C. Programa Universitario para la Sustentabilidad, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (conformada por 85 organizaciones en 23 entidades del país) Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAS)     Firmas a título personal:   Alejandra Serrano Pavón Eckart Boege Emanuel Gómez Martínez Gerardo Alatorre Frenk  Jacobo Espinoza Hilario Pedro Moctezuma Barragán Waldo Terry Carrillo CONTACTOS DE PRENSA: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

“Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno”

Si buscas reducir los niveles de polución del aire en tu ciudad o tratas de impedir el avance de un proyecto que implica riesgos para el ambiente y para las personas de tu comunidad, eres un defensor o una defensora ambiental, aunque probablemente no lo hayas visto de esa manera. Las personas defensoras están en la primera línea de batalla en la protección del ambiente y los derechos humanos, desafiando intereses públicos y privados. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan grandes dificultades para hacerlo, sufriendo violaciones graves a sus derechos, como persecuciones, amenazas, uso de la fuerza pública, sanciones legales e incluso asesinatos. Según el informe más reciente de la organización Global Witness, en el año 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. La región más afectada fue América Latina, siendo Colombia el país que lidera la lista con 64 asesinatos. Pese a que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos de quienes defienden el ambiente, la violencia en su contra se agudiza. El pasado 22 de abril —en el Día de la Tierra— entró en vigor el Acuerdo de Escazú: el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que pone en valor el trabajo de las personas defensoras del ambiente y obliga a los Estados a protegerlas y a castigar las acciones que vulneren sus derechos. En una entrevista con Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, hablamos sobre la realidad que viven quienes defienden el ambiente en América Latina y el rol preponderante que los Estados deben tener para su protección. ¿Cuál es la situación actual de las personas defensoras ambientales a nivel mundial y particularmente en América Latina? Estamos pasando por un momento de vulnerabilidad extra. Al iniciar la pandemia —y principalmente en los países que albergan a la Amazonía— los medios de comunicación se enfocaron solo en cubrir noticias relacionadas a la COVID-19. En ese contexto, las personas defensoras fueron cada vez más amenazadas y algunas incluso asesinadas sin que hubiera repercusión pública. ¿En qué sentido exacerbó la pandemia su vulnerabilidad? Voy a hablar desde la perspectiva de Brasil, donde estoy. Las y los defensores de derechos humanos ambientales —con quienes trabajamos en AIDA— tienen que defenderse tanto del Estado como de las empresas, que buscan entrar a sus territorios e implementar una visión de desarrollo que no está en consonancia con la de las comunidades. ¿Por qué es importante proteger a las personas que defienden el ambiente? Porque son la primera fuerza que hay para la defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos, no desde una perspectiva individual, sino colectiva. Lo que hacen es protegernos a todos y a todas, nuestros derechos, nuestro aire y nuestra agua, incluso nuestra seguridad alimentaria. Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno: una vez que la selva esté demasiado deforestada o una vez que el río esté contaminado, no habrá forma de recuperar esos ecosistemas. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ¿cómo cambia la situación de estas personas y cómo pueden tener garantizado el acceso a la justicia?   El Acuerdo de Escazú es el primer marco jurídico internacional centrado completamente en las personas defensoras y busca que la justicia garantice sus derechos, pero no todos los países de América Latina lo han ratificado. Este acuerdo complementa y apoya, pero para que sea efectivo necesitamos que los países integren realmente esas responsabilidades dentro de sus sistemas internos para que las y los defensores puedan usarlo a su favor. La voluntad política es vital para proteger a quienes defienden el ambiente, ¿cómo evalúas los avances en ese sentido? Es cada vez más evidente que las personas defensoras de América Latina son las que han sido más amenazadas, incluso asesinadas. Los informes sobre este tema han ganado visibilidad y creo que ahí vemos un cambio y una preocupación de los Estados, aunque no sea totalmente genuina. Es difícil creer en la voluntad política, autónoma y altruista de los países latinoamericanos, pero creo que la visibilidad que han logrado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas y las ONG que trabajan en documentar y vincular las lógicas específicas detrás de estos asesinatos, nos da cada vez más fuerza. Los megaproyectos deben ser pensados bajo un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, pero ¿qué ocurre cuando un Estado se opone a la voluntad de rechazo de personas o comunidades? Desafortunadamente, en América Latina los Estados llegan con la decisión de que un proyecto va a ser implementado sin importar la resistencia ni los riesgos en relación al ambiente. Y eso no está conectado con el desarrollo, sino con la corrupción. Insistir con proyectos que sabes que van a poner en riesgo miles de vidas tiene una conexión directa con acuerdos de corrupción. Necesitamos que quienes trabajan con personas defensoras y en temas de derechos humanos y ambiente estén muy conectados con quienes investigan la corrupción para intentar quebrar esas lógicas antes de que sean implementadas.   Teniendo en cuenta que su labor es fundamental para el cuidado del bien común de toda la humanidad y la violencia creciente que enfrentan, en AIDA elaboramos una guía que recopila y explica las obligaciones de los Estados relativas a la protección de las personas defensoras del ambiente. ¡Consúltala aquí!  

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Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Personas defensoras del planeta: Guía de obligaciones de los Estados para su protección

¿Quiénes son y qué hacen las personas defensoras de los derechos humanos ambientales? Las y los “defensores de los derechos humanos ambientales” son aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el ambiente. Según el informe de 2016 del entonces Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, "sus orígenes son diversos y trabajan de diferentes maneras. Algunos son abogados o periodistas, pero muchos son personas comunes que viven en aldeas remotas, bosques omontañas, que tal vez ni siquiera sean conscientes de que están actuando como defensores ambientales en procura del respeto los derechos humanos". A su vez, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un defensor o defensora de derechos humanos es "toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional". En resumen, a los y las defensoras de los derechos humanos ambientales les define principalmente lo que hacen. Estas personas enfrentan grandes desafíos para llevar adelante su labor. Por oponerse a los diferentes actores involucrados en la explotación y extracción masiva de recursos naturales, o la destrucción de ecosistemasasí como por denunciar la contaminación ambiental o los impactos del cambio climático son frecuentemente víctimas de violencia, hostigamiento y violaciones a sus derechos humanos. La CIDH señaló que "los ataques, agresiones y hostigamientos cometidos en contra de defensores y defensoras del medio ambiente, han tendido a visibilizarse más en algunos Estados de la región, principalmente en contextos en los cuales existen serias tensiones entre los sectores que apoyan algunas actividades industriales, como las extractivas, que tienen grandes intereses económicos comprometidos, y los sectores que resisten a la implementación de los proyectos". Identificó a Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ecuador, Panamá y Perú como los países con mayores riesgos para las personas defensoras del ambiente y el territorio. Según Global Witness, de los 212 asesinatos de personas defensoras ambientales ocurridos en 2019, 148 fueron en Latinoamérica. Las personas defensoras ambientales son indispensables para el cuidado del bien común de toda la humanidad: el ambiente. Además, son vitales para combatir el cambio climático. Por su importante función en la protección de este bien intergeneracional y debido al contexto de riesgo cada vez más profundo en el que realizan su labor, la comunidad internacional ha reconocido una serie de obligaciones de los Estados para garantizar la protección necesaria de los defensores y defensoras, y de su herramienta de defensa: el derecho a defender derechos. En esta serie de publicaciones, AIDA, con apoyo de la Fundación Mott, busca esclarecer y promover las obligaciones de los Estados relativas a la protección de estas personas, particularmente en el continente americano. De ese modo, esperamos contribuir a la conformación de un entorno seguro y constructivo para su trabajo, así como poner de relieve cuestiones y problemas urgentes que merecen la atención prioritaria de los Estados del continente.       Consulta y descarga la guía completa 1. Deber de protección: La obligación de adoptar normas de protección Varios tratados y convenciones internacionales reconocen la importancia del rol que tienen los defensores y defensoras. En virtud de ello, los Estados tienen obligaciones reforzadas de proteger, respetar y garantizar sus derechos, lo que incluye la promoción y adecuación de marcos jurídicos. Lee y descarga 2. Impunidad y accceso a la justicia: La obligación de investigar, procesar y castigar violaciones de derechos humanos Los Estados deben abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, al tiempo que actúan con la diligencia debida para prevenir e investigar las violaciones de las que defensores y defensoras son objeto, así como para garantizar que las personas responsables comparezcan ante la justicia. Lee y descarga 3. Género y ambiente: Obligaciones relativas a mujeres defensoras Los Estados tienen la obligación de garantizar a las defensoras ambientales un entorno seguro y propicio para su labor; así como investigar, procesar y castigar las violaciones de sus derechos.Para ello, deben asegurar marcos jurídicos no discriminatorios que garanticen su acceso a la justicia, teniendo en cuenta los factores que lo entorpecen, los cuales incluyen el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos. Lee y descarga 4. Pueblos indígenas y ambiente: Obligaciones relativas a pueblos indígenas defensores Existe una serie de instrumentos internacionales que protegen de manera específica a los pueblos indígenas y que brindan garantías importantes a sus tierras, sus modos de vida y su autodeter-minación. El principio de la consulta libre, previa e informada (CLPI) es una de las principales he-rramientas para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Lee y descarga 5. Megaproyectos y personas defensoras: Obligaciones relativas a proyectos de desarrollo de gran escala La resistencia de las comunidades a megaproyectos de desarrollo debe considerarse en el marco de los derechos a participar de la gestión de los asuntos públicos, al acceso a la información y a tener una vida digna. Los Estados están obligados a proteger, respetar y promover estos derechos. Lee y descarga 6. Empresas e instituciones financieras: Obligaciones relativas a las actividades empresariales, el financiamiento y los derechos humanos Todos los actores involucrados en un proyecto de desarrollo —incluidos el Estado, la empresa y el financiador— deben cumplir con las salvaguardas socioambientales y las normas internacionales en materia de derechos humanos. Sus acciones y omisiones deben ser sometidas debidamente a rendición de cuentas, especialmente si resultan en violaciones de derechos humanos. Lee y descarga 7. Ambiente sano: Obligaciones relativas a personas defensoras en el marco del derecho a un ambiente sano En los últimos años, los órganos a cargo del cum-plimiento de tratados, los tribunales regionales, los relatores especiales y otros órganos de derechos humanos han reconocido la importancia funda-mental de un ambiente sano para el disfrute de una amplia gama de derechos humanos. LEE Y DESCARGA 8. Niñas y niños que defienden el ambiente: Obligaciones relativas a personas defensoras en el marco de los derechos de las niñas y los niños El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció que las niñas y los niños son uno de los grupos más vulnerables al cambio climático, lo cual puede repercutir seriamente en su disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como en su acceso a educación, alimentación adecuada, vivienda adecuada, agua potable y saneamiento. Lee y descarga  

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Derechos Indígenas, Océanos

Chile: Informe señala que aprobación de salmoneras en Reserva Nacional Kawésqar es ilegal

El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva.   Las comunidades Kawésqar Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro, entregaron a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un informe técnico elaborado por las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), que busca aportar información respecto al grave impacto que la industria salmonera genera en los ecosistemas marinos, para ser considerado en el plan de manejo que la entidad de gobierno debe elaborar y ejecutar para dar cumplimiento a la protección de las aguas marinas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar. "Hoy CONAF debe garantizar el cumplimiento de lo que se estableció en la Consulta Indígena y prohibir explícitamente la salmonicultura en el plan de manejo de la Reserva, esta definición es clave para la salud futura de los ecosistemas marinos patagónicos", explica Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace "La falta de regulación interna que existe sobre las áreas protegidas, ha permitido una interpretación que arbitrariamente le ha abierto la puerta a la instalación de 57 concesiones salmoneras dentro de esta área protegida y más de 1.000 en toda la zona austral, con desastrosas consecuencias expresadas en el daño ambiental provocado por esta industria, hoy la salmonicultura es completamente incompatible con la mantención de ecosistemas marinos sanos", agrega. Proceso histórico para la protección de los mares australes La creación de la Reserva Nacional Kawésqar en 2018 fue un hito clave para la participación de las comunidades y personas de este pueblo originario en la decisión sobre los ecosistemas que componen su territorio ancestral. En esa oportunidad, a través de la consulta indígena se estableció expresamente la necesidad de proteger las aguas y de impedir el desarrollo de actividades como la salmonicultura, considerando la particular situación de fragilidad ecosistémica del área y el legado cultural Kawésqar, firmemente ligado al mar. En el informe, las organizaciones llegan a la conclusión de que la salmonicultura es una actividad incompatible con los objetivos de protección de las Reservas Nacionales, desde el punto de vista legal y ecosistémico, y en particular con la Reserva Nacional Kawésqar debido a la gran cantidad de riesgos que implica la actividad. Entre los daños que esta industria causa, se encuentran la contaminación biológica al introducir especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las periódicas fugas masivas de salmones y los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino los cuales generan condiciones anaeróbicas y mareas rojas. Todo lo anterior pone en peligro un área marina con una diversidad única en el mundo y que el mismo Estado ha decidido proteger. "Permitir la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar haría inútil la protección entregada al área. Este punto ha sido reconocido incluso por la dirección nacional de CONAF que al ser consultada en 2019 por la contraloría sobre el cultivo de salmones dentro de áreas protegidas, señaló que de acuerdo con el marco legal vigente nacional e internacional, entre los que se encuentran la Convención de Washington, no sería admisible una actividad como la salmonicultura en un área que protege el ecosistema marino", agrega Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA. Pronunciamiento de Contraloría Por su parte, AIDA presentó un escrito ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la aprobación de un proyecto de ampliación de biomasa de un centro de salmonicultura ubicado en la Reserva Alacalufes, hoy Reserva Nacional Kawésqar, que se encontraba operando en condiciones anaeróbicas. "La aprobación de este proyecto implicó que se autorizó aumentar la producción de salmones en una zona donde ya había evidencia de que la capacidad de carga del lugar estaba superada. El hecho de que el centro estaba ubicado en las aguas bordeando la Reserva Alacalufes (hoy Kawésqar) lo hace aún más grave", comenta Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El bajo nivel de oxígeno que afectaba las aguas fue evidenciado por documentación oficial que reconoce la normativa para ese fin - la Caracterización Preliminar del Sitio que el titular del centro presentó para solicitar la ampliación y varios informes preliminares (INFA) que confirmaban la situación-. Con la aprobación, el centro adquirió autorización para casi triplicar su producción original. Subpesca había notado la situación, incluso interponiendo una observación al respecto dentro del proceso. Sin embargo, poco después emitió su pronunciamiento conforme al proyecto. Luego, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el proyecto mediante RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Consulte aquí el informe Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Fortalecimiento de Capacidades, Minería

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en Brasil: Análisis del marco normativo vigente y el caso Belo Sun

El objetivo de este seminario web, el último de una serie de tres, fue discutir la aplicación de las buenas prácticas a nivel mundial para estudios de impacto ambiental (EIA) a partir de un caso particular: Brasil.En ese sentido, las y los panelistas analizaron los principales aspecto del marco normativo de Brasil y su aplicación práctica en el estudio de impacto ambiental realizado para el proyecto minero Belo Sun, ubicado en plena Amazonía, a la luz de los principios básicos y características que deben regir a los EIA. PanelistasTayná Lemos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Thais Mantovanelli, Instituto Socioambiental (ISA).Andréia Barreto, Defensora Pública del estado de Pará.Moderó: Marcella Ribeiro, AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Tayná Lemos, AIDA: 3. Presentación de Thais Mantovanelli, ISA: Más informaciónLee y descarga el informe Boas Práticas Globais Para Estudos de Impacto Ambiental: Um Guia Para Políticas Públicas na América Latina e no Caribe. 

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Fracking, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Consejo de Derechos Humanos aborda la crisis del agua y la protección de las personas defensoras del ambiente

La 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la primera que se celebra íntegramente en línea, debido a la pandemia de COVID-19. Comenzó en febrero y concluye el 23 de marzo. El formato virtual de esta sesión permitió que AIDA participara por primera vez del Consejo y que se uniera a las discusiones sobre dos de los temas que están en el centro de su trabajo en materia de derechos humanos: el derecho a un ambiente sano y la protección de las personas defensoras ambientales. El 3 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, presentó al Consejo su informe “Derechos Humanos y la Crisis Global del Agua”, en el cual resalta los graves impactos que la contaminación del agua, su escasez y los desastres relacionados con ese recurso tienen en el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al desarrollo y a un ambiente sano. Boyd enfatizó que el cambio climático es un multiplicador de riesgos, exacerbando los problemas de derechos humanos relacionados con el agua. El Relator Especial exhortó a los Estados a incorporar un enfoque basado en derechos tanto en sus estrategias climáticas como en sus planes en materia de agua. Finalmente, reiteró su llamado para que el Consejo de Derechos Humanos apoye la iniciativa de una resolución que reconozca el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. En el Diálogo Interactivo que siguió a la presentación de Boyd, Rosa Peña, abogada de AIDA, denunció los impactos negativos de las megarepresas, la minería de carbón y el fracking en los derechos humanos y en el acceso al agua en América Latina. Señaló que estos proyectos no sólo amenazan los derechos humanos de las comunidades locales, sino que también agravan la crisis climática. Llamó la atención del Relator Especial sobre las comunidades afectadas por la megarepresa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Actualmente, la implementación del llamado hidrograma de consenso en el río Xingú amenaza la vida de las comunidades locales, contamina el agua, seca el río y provoca inseguridad alimentaria y una pérdida grave de biodiversidad. El 4 de marzo, fue la Relatora Especial sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos, May Lawlor, quien entabló un Diálogo Interactivo sobre la “Advertencia Final: amenazas de muerte y asesinatos de defensores/as de derechos humanos”. Lawlor concluyó que la falta de voluntad política es una de las razones por la que varios Estados incumplen su obligación moral y legal de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, por lo que pidió medidas más efectivas para frenar las amenazas contra ellas. En representación de AIDA, Marcella Ribeiro, abogada de AIDA, resaltó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden los derechos humanos ambientales e instó a los Estados a protegerlas de manera efectiva. Ella puso el foco en la situación de las personas defensoras del ambiente en Brasil, Guatemala y Colombia, países donde la invasión de tierras indígenas, las megarepresas y el fracking están relacionados estrechamente con el aumento de la violencia contra las y los defensores. Concluyó su intervención recordando a los Estados que la protección de las personas defensoras del ambiente debe promover el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y brindar garantías para que todas las personas sean libres de ejercer su derecho a defender los derechos humanos. Vea los videos completos de los aportes de AIDA en los Diálogos Interactivos (en inglés):      

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Derechos Indígenas, Océanos, Contaminación Tóxica

Resistencia legal frente a los daños de la salmonicultura en Chile

Por Claudia Arancibia (AIDA), Victoria Belemmi (FIMA) y Estefanía González (Greenpeace Chile) Las comunidades indígenas Kawésqar, Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro sostienen actualmente una lucha contra los daños ambientales de la expansión de la industria salmonera a la Región de Magallanes, la más prístina del país. La presencia de este pueblo en los fiordos y canales patagónicos se remonta a 6.000 años atrás. En febrero pasado, las comunidades Kawésqar y las organizaciones que apoyan la defensa de sus tierras y mares obtuvieron una importante victoria legal. Después de que en 2018 el Tercer Tribunal Ambiental rechazara los reclamos de la comunidad Kawésqar As wal Lajep en contra de la autorización de una salmonera en el Lago Balmaceda, Magallanes, la Corte Suprema de Justicia dio vuelta la sentencia y anuló el permiso ambiental, puesto que la evaluación ambiental del proyecto no consideró las observaciones de las comunidades locales. El precedente es sumamente importante ya que el máximo tribunal del país reconoció el valor de la participación indígena en la evaluación ambiental de proyectos susceptibles de afectar territorios ancestrales. Reafirmó también la obligación del Estado de respetar el proceso de consulta indígena y de cumplir con lo dispuesto en la legislación ambiental nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile. El fallo de la Corte Suprema es un paso adelante en el entendimiento de que la participación de las comunidades indígenas, locales y tradicionales —además de ser un derecho— es un insumo valioso para la toma de decisiones sobre el desarrollo. En noviembre de 2020, en otro avance legal importante, el Tercer Tribunal Ambiental reconoció que la falta de oxígeno en aguas de la Patagonia chilena se relaciona con la operación de centros salmoneros. La situación había sido denunciada ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pero dicha entidad desconoció la relación de causalidad entre la salmonicultura y esos daños ambientales, argumentando que muchas veces, la disminución de oxígeno se debía a causas naturales como las corrientes marinas, la geografía de la zona y el cambio climático. La sentencia emitida por el Tribunal Ambiental, tras conocer el caso, constituye un precedente clave, pues asocia la producción industrial de salmón con el peligroso porcentaje de zonas con bajos niveles de oxígeno en los mares de la Patagonia chilena. Estas condiciones, conocidas como anaerobismo, se deben a la gran cantidad de materia orgánica (alimento no consumido y heces) que la industria salmonera descarga en el mar, al manejo inadecuado de los peces muertos y a la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado, que supera la capacidad de carga de las aguas. ¿Y las sanciones? Pese a los avances descritos, las autoridades chilenas todavía enfrentan problemas graves para fiscalizar adecuadamente la salmonicultura y para evitar los daños que su expansión está causando. Un problema es que las sanciones impuestas a las empresas infractoras no han sido suficientemente ejemplificadoras ni disuasivas. A pesar de múltiples procedimientos sancionatorios en contra de varias empresas, no se observan esfuerzos por mejorar estándares sanitarios y ambientales, antecedentes que no han sido considerados por las autoridades ambientales a la hora de otorgarles permisos para operar. Un ejemplo es el escándalo protagonizado por la empresa Nova Austral S.A., conocido como “Salmon Leaks”. En 2019, una investigación periodística destapó que la empresa escondía la información real de la cantidad de peces que moría diariamente en las granjas ubicadas en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes. Posteriormente, un segundo reportaje reveló que además la empresa adulteraba con maquinaria pesada el fondo marino —prácticamente muerto— para esconder su condición anaeróbica y obtener permiso para seguir cultivando salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas sancionó estos hechos con la multa máxima y con la suspensión de un ciclo productivo. Posteriormente, en 2020, el Consejo de Defensa del Estado demandó a la empresa por posible fraude debido a que cobraba beneficios tributarios de la Ley Navarino incumpliendo su obligación de “efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región de Magallanes, preservando la naturaleza y el medioambiente”. Producto de ello, la Tesorería General de la República retuvo cuatro pagos que cubren hasta cuatro meses de subsidios de la ley. Pese a los múltiples escándalos y sanciones impuestas, la empresa sigue publicitando la “sustentabilidad” de su salmón como el rasgo principal de su producción. El futuro de la Reserva Kawésqar Previa aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, Nova Austral ahora busca relocalizar cuatro de sus concesiones acuícolas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, mientras que otros seis proyectos están actualmente en evaluación ambiental para lo mismo. Lo más grave es que esta reserva no cuenta aún con un Plan de Manejo que salvaguarde sus objetivos de protección, lo que la deja expuesta a impactos graves tanto a su riqueza ecosistémica como a los derechos ancestrales de las comunidades indígenas Kawésqar. Es urgente que la incompatibilidad de la salmonicultura con los objetivos de creación de la reserva quede expresada de manera clara en el plan de manejo con la prohibición de esta actividad. Tenemos mucho que aprender de las comunidades Kawésqar, que reafirman la protección de los mares del archipiélago patagónico como la base para proteger su cosmovisión, su identidad cultural y sus modos de vida. ¿Qué necesita el resto del país para defender con el mismo énfasis una zona vital no sólo para Chile, sino para el mundo?  

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