Minería



Informe de la Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar

Es un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas. AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay. AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención. “Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia. En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias. El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva. Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia. Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil. Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.

Leer más

Minería, Océanos

¡Buenas noticias para la tortuga caguama!

Por Gladys Martínez La semana pasada se dio un gran paso para la protección de las tortugas marinas caguama, especie amenazada por la pesca no sostenible y por proyectos inadecuadamente planeados. Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que tuvo lugar en la Ciudad de México, los países firmantes del tratado aprobaron una resolución orientada a la conservación de la tortuga caguama o cabezona (Caretta caretta), la cual reconoce a la minería como una de las amenazas que afecta a esa especie. Estamos orgullosos porque AIDA, presente en la Conferencia, tuvo la oportunidad de generar conciencia entre los delegados de los Estados sobre las potenciales amenazas que la minería marina de fosfato podría causar en las tortugas caguama y en el ecosistema marino en general. Lo hicimos al explicar los impactos del proyecto minero Don Diego que de ejecutarse afectaría a la población de tortuga caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México. También concientizamos a los Estados sobre la necesidad de que se comprometan a tomar acciones inmediatas para la conservación y preservación de esa especie. Con base en nuestra experiencia y conocimientos en derecho ambiental internacional, ayudamos a fortalecer las propuestas de resolución, logrando que la minería sea incluida en la resolución aprobada como una de las actividades que los Estados deben regular para evitar daños a las tortugas. Detalles de la resolución que favorece a la tortuga caguama En la resolución, los Estados reconocen que las poblaciones de tortuga caguama son amenazadas por del desarrollo y la pesca costera, la pesca en alta mar, los desechos marinos, la minería, la contaminación y el cambio climático. En ella los países se comprometen a trabajar juntos para implementar los planes de recuperación existentes para esa población y a desarrollar nuevos planes en aquellos países donde actualmente no existe ninguno. En ese sentido, se hicieron compromisos específicos: México y Estados Unidos trabajarán con Japón para desarrollar un Plan de Recuperación Trinacional para la tortuga caguama del Pacífico Norte. Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos trabajarán con la Secretaría Pro Tempore de la CIT y la Secretaría de la Convención de Especies Migratorias (CMS) para implementar un Plan de Acción de Especies Individuales para la tortuga caguama del Pacífico Sur. México y Estados Unidos continuarán trabajando con los países colaboradores del Atlántico Norte para compartir información sobre la situación y tendencias de la tortuga caguama del Atlántico Noroeste, e identificarán acciones conjuntas de conservación. Un balance de la Conferencia “Nos sentimos muy satisfechos por los avances alcanzados en esta Conferencia. Es un privilegio participar, y contribuir efectivamente con nuestra experiencia de trabajo en eventos como éste donde se toman decisiones a nivel internacional, las cuales son implementadas luego en cada país”, dijo Gladys Martínez, abogada de AIDA y representante de la organización en la Conferencia. “Hemos sido observadores y actores durante esta Conferencia, representando a otras organizaciones e individuos que son parte de la sociedad civil; seguiremos trabajando por la conservación marina y cumpliendo nuestra misión de usar la ley para defender el derecho de todos a un ambiente sano”. Tras la Conferencia, también la tortuga baula (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental estará mejor protegida. Los Estados aprobaron una resolución en la que se comprometen a: Entregar información anual a la Secretaría de la Convención sobre las capturas incidentales de tortuga baula hechas por sus flotas. Informar anualmente de las medidas que están adoptando para reducir las capturas incidentales de la especie. Identificar, con ayuda del Comité Científico, áreas y pesquerías criticas que requieren un manejo espacial y temporal para reducir las capturas incidentales de la especie. Fortalecer acciones para la protección de los huevos de tortuga baula. Establecer y evaluar los programas nacionales de manipulación y liberación de tortugas baula capturadas incidentalmente en las pesquerías. Confiamos que los Estados transformarán estos compromisos internacionales en acciones efectivas para la conservación de las tortugas marinas. Desde AIDA permaneceremos vigilantes para garantizar que así sea. 

Leer más

Océanos, Minería

México y la urgencia de proteger a la tortuga caguama

Por Haydée Rodríguez La tortuga Caretta caretta, conocida también como tortuga caguama o cabezona, está gravemente amenazada en México, principalmente por el uso de instrumentos de pesca inadecuados, y más recientemente  por los riesgos que implica el proyecto minero Don Diego. México tiene una gran oportunidad para trabajar a favor de la especie pues es sede de la 7ª Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, en la cual se discutirá una propuesta de resolución para la conservación de la tortuga caguama. La propuesta busca crear planes regionales para la protección de esa especie y dar seguimiento a la salud de las poblaciones de tortuga caguama por medio de informes anuales por parte de los Estados e informes del Comité Científico de la Convención cada cuatro años, entre otras medidas. Captura incidental de tortugas Analizar la protección de la tortuga caguama es importante para todos los Estados Parte de la Convención, en especial para México, donde en los últimos años se ha escuchado una voz de alerta ante los impactos que ciertas artes de pesca generan en la población de tortugas caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur.  Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. Incluso Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para México debido a la mortandad de tortugas caguama en la Bahía de Ulloa.  La tortuga caguama está enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además, en México es considerada una especie en peligro de extinción,  categoría asignada a especies cuyas áreas de distribución o poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en su hábitat natural. Los riesgos del proyecto minero Don Diego Adicionalmente a los impactos de la pesca no sostenible, existe una nueva amenaza para la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa: Don Diego, un proyecto de minería marina de fosfato. AIDA, como observador de la sociedad civil en la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, ha informado a la Secretaría y a las Partes de los riesgos que dicho proyecto implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. El dragado y el ruido que el proyecto generaría puede ocasionar daños a la tortuga caguama, animal que depende de su oído para comunicarse, moverse y defenderse de depredadores. Este ruido podría incluso llevar a la muerte a los ejemplares más jóvenes. El proyecto Don Diego es analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entidad que debe decidir su viabilidad ambiental. Buscando ayuda Durante la Conferencia de las Partes, los Estados se comprometen, mediante la firma de resoluciones, a avanzar en medidas de protección de las tortugas marinas. En ese sentido, esta Conferencia es una oportunidad para que las autoridades mexicanas demuestren compromiso firmando la resolución de protección de la tortuga caguama, reciban apoyo técnico calificado del Comité Científico y del Comité Consultivo de Expertos; y avancen en la preservación de la especie al trasladar sus compromisos internacionales al plano nacional. 

Leer más

Océanos, Minería

Fortaleciendo el tratado sobre tortugas marinas

Por Gladys Martínez Apenas rompen el cascarón, las crías de tortuga marina asoman la cabeza con letargo para luego dirigirse rápidamente a esa vasta masa de agua salada. Son animales migratorios que nadan y anidan en territorios de diferentes países. Su sobrevivencia está en riesgo por la pesca no sostenible, el desarrollo inmobiliario inadecuadamente planificado, y los proyectos mineros en zonas costeras y marinas, entre otros factores. En 2001 y para afrontar esas amenazas, se creó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. El tratado internacional promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Del 24 al 26 de junio, en la Ciudad de México, los representantes de los Estados firmantes del tratado analizarán los logros y planes de trabajo de la Convención en la 7ª Conferencia de las Partes. AIDA estará presente abogando para que los Estados sigan cumpliendo sus obligaciones ante la Convención y asuman nuevos compromisos.  La Convención cuenta actualmente con quince Estados Partes: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos del Caribe, Perú, Uruguay y Venezuela. Está integrada además por 32 observadores acreditados, entre académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos observadores pueden participar de las reuniones de los diferentes Comités Científicos y Consultivos de Expertos de la Convención. Objetivos de la Conferencia La 7ª Conferencia de las Partes de la Convención tiene previsto aprobar tres resoluciones clave: Resolución sobre la conservación de la tortugas baula (Dermochelys Coriacea) del Pacífico Oriental. Resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona (Caretta Caretta). Resolución sobre excepciones para la cosecha de subsistencia de huevos de tortuga Lepidochelys olivácea en Costa Rica.  En la Conferencia también se revisará el cumplimiento de los Estados respecto de sus informes anuales, se presentará el plan de trabajo de la Secretaría, y se elegirá nuevos Presidente, Vicepresidente y Relator. Nuestra contribución La participación de AIDA buscará que los Estados: Se comprometan a evitar amenazas a los hábitats de anidación de tortugas por proyectos de minería. Continúen restringiendo y prohibiendo los desarrollos inmobiliarios que afectan las rutas que las tortugas marinas transitan. Fortalezcan las medidas de pesca responsable y sin captura incidental (cuando las tortugas marinas son capturadas “por accidente” sin ser el objetivo de la pesca).  Concentraremos nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover medidas para frenar  los riesgos que el proyecto de minería marina Don Diego implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. En AIDA hemos trabajado desde 1998 por la firma de la Convención. Una campaña organizada por AIDA y otros defensores de la tortuga marina ayudó a conseguir las firmas necesarias para que el proceso de negociación continuara y para que la Convención entrara en vigencia.  Hemos abogado con éxito ante Cortes y  tomadores de decisiones por la protección de las tortugas marinas en diferentes países de América Latina con base en las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención. Como ejemplos de ello podemos mencionar que protegimos a la tortuga verde de la matanza ilegal en el Atlántico costarricense, evitamos la pérdida del hábitat de anidación de la tortuga baula y garantizamos que las tortugas carey y lora continúen disfrutando de uno de sus arrecifes de coral favoritos en Coiba Panamá. ¡Síguenos en Facebook y Twitter para saber más de la 7ª Conferencia de las Partes del tratado internacional sobre tortugas marinas!

Leer más

ONG alertan a Ramsar que Colombia incumple obligación de proteger páramos

En el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, las organizaciones presentaron una petición al Secretariado de la Convención para informar de los riesgos que los páramos colombianos enfrentan por actividades como la minería a gran escala, y para solicitar que esa instancia tome acciones según sus competencias. Punta del Este, Uruguay. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentó al Secretariado de la Convención Ramsar sobre Humedales una petición en la que alerta que el Gobierno colombiano ha incumplido su obligación de proteger los páramos —humedales altoandinos— del país, conforme a ese tratado, del cual es parte. En la petición, las organizaciones llaman la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, y piden que el Secretariado monitoree la situación y tome acciones conforme a sus competencias. La petición fue presentada ayer en el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Ansur, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Red de Comités Ambientales de Tolima, la Corporación Semillas de Agua y Tierra Digna. “El Gobierno colombiano tiene una política de desarrollo que hace muy difícil proteger los páramos porque privilegia actividades que los dañan de forma irreversible”, dijo Johana Rocha, de Tierra Digna. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que busca la conservación y uso racional de los humedales a nivel mundial. Los países que como Colombia lo han ratificado están obligados a tomar las acciones necesarias para que los humedales de su territorio mantengan sus características ecológicas, de las que dependen la provisión de agua y otros servicios ambientales prestados por dichos ecosistemas. En el caso colombiano, los páramos, aunque ocupan sólo el 1,7% del territorio nacional, producen más del 70% del agua potable del país. “Queremos persuadir a la Convención de Ramsar de que la minería a gran escala en páramos desafía la idea de uso racional contenida en la Convención”, sostuvieron Robinson Mejía, de la Red de Comités Ambientales de Tolima, y Jorge Rubiano, de la Corporación Semillas de Agua. En la petición, “también llamamos la atención de la Convención Ramsar sobre la delimitación de Santurbán, un precedente que permite, de forma ilegal, la minería a gran escala en páramos”, afirmó Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Las organizaciones solicitan finalmente que, según sus competencias, el Secretariado de Ramsar requiera al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes frente a los páramos; que adopte prontamente una ampliación apropiada del sitio Ramsar Complejo de Humedales Laguna del Otún y que realice una visita para monitorear y conocer de cerca la situación de los humedales altoandinos de Colombia.  Consulte la petición presentada a la Convención Ramsar.

Leer más

Océanos, Minería

Una mina amenaza la vida del gran migrante marino

Por Haydée Rodríguez Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 20 mil kilómetros de ida y vuelta desde Alaska, donde se alimenta, hasta las aguas templadas de Baja California Sur, México, donde da a luz a sus crías y las cuida. Se ha calculado que para cuando una ballena gris haya cumplido 50 años, habrá recorrido el equivalente a un viaje de la Tierra a la Luna y de regreso. Este impresionante mamífero marino (llega a medir 15 metros de largo en su edad adulta) y su hazaña migratoria están en riesgo por un proyecto de minería marina. De ejecutarse como está propuesto, el proyecto dañará gravemente el entorno y las condiciones de vida de la ballena gris. A finales de febrero de este año, 2,652 ejemplares de ballena gris llegaron a las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio en Baja California Sur, muy cerca de la Bahía de Ulloa. Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino  350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca.   Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato.  Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. En sus comentarios, AIDA evidenció la necesidad de contar con información más detallada por parte de la empresa promotora de Don Diego sobre los impactos potenciales del proyecto. Así también lo hizo el Gobierno mexicano, quien analiza actualmente la MIA del proyecto luego de solicitar información adicional a la empresa. Nos interesa particularmente tener mayor información sobre los impactos del ruido y el dragado en el ecosistema marino-costero, y acerca del posible perjuicio a la pesca en la zona. Ante la duda, es mejor prevenir el daño que lamentar cuando éste sea un hecho.  La ballena gris aún tiene muchos kilómetros que recorrer. 

Leer más

Océanos, Minería

Proyecto minero Don Diego pone en grave riesgo a ecosistema marino en México

AIDA hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería marina de fosfato ubicado en Baja California Sur, el cual debe ser rechazado porque no existe la información suficiente para garantizar que no dañará gravemente un entorno vital para especies amenazadas y comunidades costeras. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería de fosfato Don Diego, ubicado en la Bahía de Ulloa, Baja California Sur. Evidenciamos que el documento carece de información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará gravemente la Bahía, ecosistema marino del que dependen comunidades costeras y especies de fauna como las ballenas Azul, Jorobada y la Tortuga Caguama. Los comentarios fueron presentados en nuestro nombre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra organización participante. "Los comentarios demuestran que el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en la región, podría causar daños ambientales serios", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En ese sentido, las razones principales por las que el proyecto no debe ser autorizado, tal y como ha sido presentado, son las siguientes: El proyecto podría generar daños irreversibles en una zona ecológicamente vulnerable y rica en biodiversidad que incluye a la Bahía Magdalena, ecosistema de manglar considerado Región Marina de Importancia. La zona es además hogar de especies marinas amenazadas y de otras vitales para la industria pesquera. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. El proyecto implica un proceso minero que alteraría en gran medida el entorno marino: grandes barcos dragarán el lecho marino y extraerán arena en busca de fosfato, pero al hacerlo podrían también extraer organismos vivos. El proyecto implica la alteración del ecosistema marino con sedimentos que, tras ser procesados, serán devueltos al océano exponiendo elementos tóxicos como el Uranio. Los sedimentos tóxicos expuestos, el dragado y el ruido de la operación minera alterarán el hábitat de especies vulnerables de ballena y tortuga. El Estado mexicano tiene obligaciones nacionales e internacionales para aplicar el Principio Precautorio. De ese modo, debe negar el permiso al proyecto hasta asegurar que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles. De autorizar el proyecto, el Estado mexicano podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir sobre la protección de entornos marinos y especies vulnerables. El proyecto pone en riesgo actividades de pesca y turismo de las que depende el sustento de comunidades costeras de la zona. Consulte aquí nuestros comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

Leer más

pascua lama mining project

Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares[1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta. La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente. El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA trabaja para combatir ambas amenazas. El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares. La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento. Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando. A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos? El camino a la ley El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados "la bancada glaciar" planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una "indicación sustantiva" (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras. A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas: Aspectos positivos Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público. Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas. Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares. Aspectos negativos No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica. Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados "reservas estratégicas de agua" por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras. Dispone que los glaciares no considerados "reservas estratégicas" quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados "reservas estratégicas". De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando. Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan. Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones. También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general. También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales. Visita por favor este blog para conocer más sobre minería, agua y los esfuerzos de AIDA para defender el derecho humano a un ambiente sano. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/

Leer más