Minería

10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego

1. Es un proyecto propuesto de minería submarina en México.  La minería submarina es un proceso por el cual se recuperan minerales o metales del lecho marino. Don Diego es un proyecto que propone usar un sistema de dragado para obtener 7 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, a 19 kilómetros de la costa de Baja California Sur[1].  Los materiales sobrantes, aquellos que no son de interés —sobrecarga o residuos— podrían ser regresados al mar[2].   2. De ser implementada, sería la primera mina de fosfato en su tipo, con esa técnica,  y en esa región.  Ello hace imposible prever con exactitud los daños que la actividad puede generar y las medidas para evitarlos[3].  Otros países han rechazado proyectos de este tipo debido a la gravedad de sus impactos potenciales.  Namibia y Nueva Zelanda son ejemplos[4]. Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, no tiene experiencia suficiente en este rubro[5].  Tampoco la tiene el Gobierno mexicano para ejecutar y monitorear apropiadamente el proyecto. Además, aún bajo esta incertidumbre, la empresa no ha proporcionado una garantía financiera para asegurar el cumplimiento del plan de manejo, el de monitoreo y la fiscalización.     3. El proyecto alteraría el ecosistema marino.   La recolección de arena fosfática del mar y la deposición de residuos en el mismo generaría sedimentos que podrían bloquear la luz, afectando a su vez la fotosíntesis marina[6].  El dragado destruiría especies bentónicas como ostras y almejas, y su hábitat, afectando la cadena alimentaria y el equilibrio del sistema[7].  El ecosistema podría requerir años para recuperarse.   4. Su ejecución no implicaría necesariamente mayor seguridad alimentaria para México. El fosfato es usado en fertilizantes. Los promoventes del proyecto buscan enfrentar la disminución de reservas de fosfato en el mundo[8].  Pero iniciar una explotación de este tipo, sin conocer lo necesario sobre la técnica y sus impactos, podría generar un daño mayor al posible beneficio.  Además, extraer fosfato en aguas de México no garantiza que el mismo será utilizado para suplir la demanda de la agricultura en ese país ni en el continente americano.      5. La mina pondría en riesgo la pesca y a las familias que dependen de ella.  El área del proyecto minero se traslaparía con las concesiones de las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera “Puerto Chale” y “La Poza”[9].  En el Golfo de Ulloa se producen cerca de 8,450 toneladas por año de especies comerciales que incluyen al abulón, almejas, calamar, camarón, caracol, cazón, jaiba, langosta, ostión, pulpo, rayas y tiburón[10]. La pesca podría disminuir considerablemente debido a la afectación del fondo marino por el dragado[11]. 6. La mina impactaría una zona ecológicamente rica y vulnerable.   El proyecto está ubicado en el Golfo de Ulloa, región única en el mundo caracterizada por su alta productividad y biodiversidad.  Alberga especies de interés pesquero y de conservación.  Además, parte del proyecto estaría en 20% de la Región de Importancia Marina de Bahía Magdalena[12], sitio de manglar que brinda importantes servicios ambientales a las comunidades costeras, entre ellos la mitigación del cambio climático.   7. La mina pondría en mayor peligro el hábitat de la tortuga caguama.   El Golfo de Ulloa es un hábitat crítico para la tortuga caguama. El Estado mexicano creó allí un refugio pesquero para la protección de esa especie[13].  Estudios demuestran que un ruido como el que podría generar el proyecto causaría el desplazamiento del hábitat de esa tortuga y un cambio drástico en su comportamiento[14].  Además, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas incluyó recientemente a la minería como una de las actividades que ponen en peligro a las tortugas marinas[15].   8. La mina podría destruir un sitio seguro para la ballena gris.   Cada año, la ballena gris viaja de Alaska a las aguas cálidas de Baja California Sur para tener a sus crías y cuidarlas[16].  Las ballenas usan el sonido para identificar su grupo, ubicarse, encontrar y capturar comida[17].  El proyecto generaría ruido, aumento del tráfico marino y cambios en el ecosistema, alterando un sitio seguro para las ballenas desde hace siglos[18].   9. Aprobar el proyecto podría implicar el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano.   México tiene obligaciones de derecho internacional para proteger el ecosistema marino y las especies vulnerables que el proyecto podría dañar.  En especial, debe aplicar el principio precautorio en un caso como éste, en el que no existe certeza científica sobre la magnitud e intensidad de los daños ambientales.  El Estado mexicano está obligado entonces a tomar las medidas necesarias para evitar esos posibles daños.  Ello incluye disponer la inviabilidad del proyecto hasta que se demuestre que es posible evitarlos o reducirlos al mínimo.   10. Los detalles del proyecto son confusos y la información pública disponible al respecto es incompleta.  La duración y el área específica del proyecto aún no son claras.  Por ejemplo, se prevé que el proyecto dure 50 años, pero podría extenderse 50 años más al estar amparado por la Ley Minera[19].   [1] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, pp. 4, 5 y 7. Disponible aqui. [2] Todo el proceso es descrito por el promovente,  con mayor énfasis en el Capítulo II de la Manifestación de Impacto Ambiental, pp. 23-42.  [3] Rofomex era un proyecto de fosfato en San Juan de la Costa, esto es cerca de ciudad de La Paz, Baja California; la mina producía dos millones de toneladas anuales de fosfato, información disponible en http://www.dredge.com/dred2-10.html , http://defiendelasierra.org/wp-content/uploads/San-Juan-de-la-Costa.pdf y http://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10048963  ; sin embargo, el proyecto está en tierra y no se encuentra en la Bahía de Ulloa, ver ubicación exacta  [4] La primera mina marina de fosfato que entraría en operación se propuso en Namibia en 2013, sin embargo el proyecto no se ha aprobado ya que entró a regir una moratoria a esta actividad.  Ver: http://www.scoop.co.nz/stories/WO1307/S00188/marine-phosphate-mining-cannot-be-sustained-by-namibia.htm ; http://www.worldfuturecouncil.org/sandpiper-project.html;  Nueva Zelanda utilizó el principio precautorio para negar el permiso de minería de fosfato submarina, ver http://www.stuff.co.nz/business/industries/66038589/Chatham-Rock-Phosphate-aghast-mining-consent-refused [5] Página web de Exploraciones Océanicas y actividad en la Bolsa NASDAQ donde se aprecia que la empresa no ha realizado ningún proyecto de minería submarina en el pasado. [6] La industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear con elementos como el Uranio (238U) y Torio (232Th).  Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos, incluida la presencia de estos elementos, que fueron expuestos mediante el proceso de separación en búsqueda del fosfato. Al-Masri, M., Mamish, S. et al.  (2002).  “The impact of phosphate loading activities on near marine environment: The Syrian Coast”.  Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 35-44. P. 1. [7] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64, y Capítulo V, p. 48, disponible en http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf [8]U.S Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Enero 2015.  Disponible en: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2015-phosp.pdf [9] Instituto Nacional de la Pesca Oficio RJL/INAPESACA/DGAIPP/978/2014 [10] CONABIO.  Estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área Golfo de Ulloa, BCS (2010).  Disponible en: http://goo.gl/7An5o5 [11]Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”,  Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64. Disponible aqui.  [12] Instituto Nacional de la Pesca. Oficio RJL/INAPESCA/DGAIPP/757/2014 [13] El Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio de la Tortuga Amarilla (CarettaCaretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en:  http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?submitid=33808 [14] Convenio sobre Diversidad Biológica.  “Sea turtle hearing and sensitivity to acoustic impacts”. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2014-01/other/mcbem-2014-01-submission-boem-03-en.pdf Pg. 3 y 4 [15] Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas Séptima Conferencia de las Partes 24-26 de Junio, 2015, Ciudad de México, Resolución CIT-COP7-2015-R3. Disponible en: http://www.iacseaturtle.org/docs/resolucionesCOP7CIT/CIT-COP7-2015-R3_Cabezona_%20%20Resolucion_ESP_7.15.15_ADOPTADA.pdf [16] Guerrero Ruiz, M., Urbán Ramírez, J. y Rojas Bracho, L. 2006. Las ballenas del golfo de California. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de Ecología (INE). 537 pp. [17] Baker C. S. y C. M. Herman. 1984. Aggressive behavior between Humpback whales (Megaptera novaeangliae) wintering in Hawaiian waters. Can. J. Zool. 62(10): 1,922-1,937.; Croll, D. A., C. W. Clark, A. Acevedo, B. R. Tershy, S. Flores, J. Gedamke y J. Urbán. 2002. Only male fin whales sing loud songs. Nature 417: 809. [18] El Anexo 13 es un documento de tres páginas que no respaldan las conclusiones de la empresa en la manifestación de impacto ambiental. [19] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”,  Capítulo II, p. 4. Disponible en: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf  

Los páramos: protegidos por la Corte

El fallo de la Corte Constitucional que hace unos días prohibió la minería en los páramos vino a zanjar una prolongada controversia sobre el tema. Ahora queda claro que los derechos o expectativas económicas de particulares deben subordinarse al interés general. Pero la disputa seguirá y habrá reacomodo de fuerzas en torno a la interpretación del  fallo. La sentencia en cuestión responde a una demanda contra el Plan de Desarrollo 2014-2018 interpuesta por la Cumbre Agraria y el Polo Democrático Alternativo, y sin duda es el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional en materia ambiental en su historia reciente. El debate sobre extractivismo en páramos es uno de los pulsos ambientales más intensos que hayamos visto en Colombia en los últimos años. A diferencia de otros temas, esta cuestión se instaló para quedarse en el debate nacional. El movimiento ambiental fue muy hábil al conectar la importancia de los ecosistemas de páramo con el agua que los ciudadanos del común reciben en sus casas y con ello logró el consenso en la opinión sobre la necesidad de protegerlos. El asunto fue ampliamente comentado por los medios y por las redes sociales, de modo que hoy la gente sabe bien que sin páramos no hay agua en las ciudades. Esto tuvo una gran influencia sobre el “ambiente” que rodeó el litigio en la Corte. El gobierno perdió el caso ante la opinión y volvió a perderlo ante el tribunal. Antes de la sentencia, no había un pronunciamiento autorizado que impidiera contundentemente la minería en páramos. Pese a algunas decisiones de la propia Corte y a un concepto del Consejo de Estado, este debate seguía estando en vigencia. Pero cuando el gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo, cometió un error estratégico porque lo expuso a la competencia de la Corte. En resumen, la Corte sostuvo que: La minería en páramos pone en peligro el derecho al agua porque desconoce la obligación del Estado de proteger sus fuentes. La licencia ambiental no otorga derechos adquiridos en los páramos y el Estado puede prohibir la minería en esas zonas incluso después de haberla expedido. Es desproporcionado afectar los páramos para garantizar derechos patrimoniales de privados. Los páramos tienen un déficit de protección inaceptable desde el punto de vista constitucional, pues no todos ellos se encuentran en áreas protegidas y no hay reglas claras sobre hasta dónde llega la discrecionalidad del gobierno en la delimitación. Los páramos son interdependientes con otro tipo de ecosistemas y dañarlos libera carbono y contribuye al cambio climático. El primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos le quitó piso jurídico a la minería en páramos, pero el segundo se lo devolvió y esa regresión es inconstitucional. Asimismo, la Corte hizo uso del derecho ambiental internacional y reconoció que los páramos son sumideros de carbono, reservas de biodiversidad y fuentes de agua dulce. También utilizó datos científicos para demostrar que son ecosistemas muy frágiles y difíciles de restaurar. Con esta decisión el tribunal avanzó bastante en la jurisprudencia y demostró que el litigio ambiental por tipo de ecosistemas es más comprehensivo que aquel que se realiza por especies. Además, envió un mensaje a los países de la región que también tienen páramos, pues la minería avanza a paso firme en áreas protegidas de Ecuador y Bolivia. La cuestión de los páramos es un debate andino y el movimiento ambiental en esos países está seriamente debilitado. Pero, sobre todo, la Corte innovó con la regla según la cual el gobierno no puede apartarse de la delimitación de páramos hecha por el Instituto Humboldt, a menos que tenga una base científica y que ello represente un mayor nivel de protección para los páramos. Este es un diseño constitucional de incentivos sin precedentes que, al tiempo que garantiza la independencia del Instituto, mantiene cierto margen de discrecionalidad para el Ministerio de Ambiente. Por último, la Corte reconoció implícitamente que el sistema de licencias ambientales no da garantías de protección a los páramos y que el margen de discrecionalidad del gobierno en la delimitación, tal como venía operando, no podía seguir. Este es un claro llamado de atención al funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las CAR, y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer nuevamente el Sistema Nacional Ambiental. Sin duda, la Corte sentó un precedente que dificulta el avance de la minería en los páramos. Pero la disputa por el sentido del fallo y las presiones sobre el tribunal continuarán, porque el diablo está en los detalles. La Ley 1450 de 2011 daba como referencia mínima para hacer efectiva la prohibición de minería en páramos el Atlas del Humboldt, si no se tenía una más detallada. Esa regla desapareció con en la Ley 1753 de 2015. Si bien la Corte hizo ajustes en su reciente decisión, el argumento según el cual si no hay delimitación no hay prohibición de minería, será utilizado para seguir pidiendo licencias en zonas de páramo, o para defender las que ya han sido aprobadas. Por otro lado, los ambientalistas sostendrán que las licencias en esas zonas, al ser actos administrativos, pierden sustento jurídico con la sentencia de la Corte y deben ser revocadas o anuladas. En todo caso, la protección de los páramos no debe estar supeditada a la delimitación. Las decisiones de la Corte tienen efectos inmediatos y la protección de los derechos fundamentales relacionados con páramos no puede estar sujeta a la expedición de un acto administrativo. El otro desafío que surge tras la decisión es qué hacer con los pequeños mineros. Si bien la Corte dijo que los derechos patrimoniales no están por encima del interés general, en el caso de productores artesanales el acceso al trabajo o al mínimo vital puede verse en peligro, particularmente en Santander y Boyacá. El gobierno debe ofrecer alternativas para evitar el desplazamiento de estos grupos. Finalmente, vendrá la discusión sobre los costos económicos de la decisión. Sin duda habrá un ajuste en los planes de inversión e incluso pérdidas en el sector minero, que cuenta con vías legales para reclamarlas frente al Estado. Pero los costos de los pasivos ambientales por la explotación (pérdida de servicios ecosistémicos, impacto de la contaminación sobre la agricultura y la salud) son mucho más importantes y, en últimas, también tendrán que ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos. El problema radica en que esos costos ambientales normalmente no son contabilizados. Con esta decisión ganó la Corte, que demostró ser capaz de decisiones audaces para proteger los ecosistemas del país. También ganó el movimiento ambiental, que supo combinar la movilización ciudadana con el litigio estratégico. Pierden el gobierno, porque su punto de vista sobre el tema resultó derrotado (por ahora), así como el sector minero, que sin duda verá reducidas sus expectativas de ganancias. Pero el debate sigue y la implementación de la sentencia puede ser aún más disputada que el litigio.

Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México

La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo  En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia

El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que  declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7  por ciento  del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.

Seminario Virtual "Minería marina y evaluación de impacto ambiental: El proyecto Don Diego en México"

La Bahía de Ulloa, ubicada en Baja California Sur, México, es hogar de especies vulnerables y de interés pesquero como tiburones, rayas, almejas, langostas, camarones, aves y mamíferos. También es un área importante para el tránsito, alimentación y refugio de la tortuga Caguama, la Ballena Azul, la Ballena Jorobada y la Ballena Gris. Allí se propone realizar el primer desarrollo de minería marina de fosfato de la región: el “Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto está siendo analizada por la autoridad ambiental mexicana y el proceso de consulta pública ha comenzado. Es el momento de informarnos sobre los posibles impactos del proyecto Don Diego y conocer los requisitos mínimos que la MIA de una iniciativa como ésta debería tener para permitir una decisión adecuada acerca de si debe o no ser autorizada. En este seminario virtual, la discusión de los panelistas giró en torno a esos temas. Programa (presentaciones disponibles): Características y situación actual del proyecto Don Diego: Agustín Bravo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. ¿Qué es la minería marina y cuáles son sus posibles impacto?: Heidi Weiskel, científica de Environmental Law Alliance Worldwide, ELAW. Lineamientos mínimos para la evaluación ambiental del proyecto Don Diego: Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Oportunidades de participación en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero Don Diego: Maria Llano, abogada de Defensa Ambiental del Noroeste, DAN.   Los posibles impactos ambientales del proyecto Don Diego: Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.   Moderó:  Aída Navarro, AIDA. Notas Consúltelas aquí. Video:   Encuentra aquí más información sobre el proyecto Don Diego y consulta nuestra guía sobre lineamientos básicos para la evaluación de impactos ambientales de proyectos mineros. 

Cuidando la biodiversidad de México de la minería submarina

¡Cuidado! La minería propone llevar sus desechos al mar

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, y Karol Rodríguez, pasante de AIDA La minería implica un problema grave: la producción de desechos generados por la extracción de mineral. Éstos son acumulados en “relaves mineros”, un conjunto de desechos tóxicos con alto potencial de dañar el ambiente. En Chile ya no quedan espacios en tierra para depositar estos desperdicios y ahora las empresas mineras apuntan a dejarlos en el fondo del mar. La historia nos ha enseñado, a duros golpes, que estos desechos pueden tener efectos nefastos en las comunidades cercanas a los lugares donde son depositados. Por ello su manejo responsable es clave en la minería si queremos un desarrollo económico que traiga más beneficios que problemas. En Chile, los desastres causados por la mala disposición de relaves mineros son cuantiosos. Las empresas mineras se están quedando sin lugares para deshacerse de estos peligrosos subproductos. Nadie los quiere cerca ni lejos de su hogar o comunidad. Depositarlos en zonas alejadas o en zonas áridas con poca biodiversidad no es garantía, porque fenómenos naturales como la lluvia o los aluviones arrastran los contaminantes hasta las comunidades. En ese contexto, a las empresas mineras en Chile se les ocurrió una idea “brillante”: depositar los relaves mineros en el mar, a través de un ducto que llevaría toneladas de residuos a una especie de valle en el fondo marino. El océano: Misteriosa y delicada cuna de vida El océano es uno de los grandes misterios del planeta. De hecho, 95% del fondo marino no ha sido mapeado, lo que significa que conocemos apenas un 5% de él. Podemos decir que hoy se conoce más sobre la superficie lunar que de las profundidades oceánicas. Más aún, los océanos son los ecosistemas más complejos del planeta. Las variables involucradas en su salud y dinámica son infinitas. Por todo lo anterior, es imposible predecir el comportamiento que tendrían los desechos mineros una vez depositados en el fondo del mar. Esta incertidumbre es razón suficiente para aplicar el tan importante Principio Precautorio, clave para prevenir la degradación de la naturaleza por actividades económicas humanas. No sabemos cómo los desechos podrían afectar al tan complejo ecosistema marino, a sus especies y a nosotros, quienes nos nutrimos de la pesca. ¿Cómo podríamos entonces dormir tranquilos mientras un ducto deja caer residuos contaminantes y ciertamente peligrosos? Los efectos del daño ambiental podrían serían amplios e incontrolables, pues una vez que los desechos son liberados en el fondo marino, no hay vuelta atrás. Un taller internacional para discutir la idea Para saber más de esta preocupante iniciativa, dos renombrados ambientalistas chilenos —Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, y Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram— asistieron en junio a un taller internacional realizado en Lima, en el cual se discutió la viabilidad de depositar relaves mineros en el mar. El taller fue organizado por el Grupo Conjunto de Expertos Sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina y la Organización Marítima Internacional. Consulta aquí el artículo que Orrego escribió sobre el tema. En el taller se conoció que la idea de llevar desperdicios mineros al mar no es nueva. Es algo que ya ocurre en Canadá, Turquía, Papúa Nueva Guinea y en  algunos países africanos como Togo. El Gobierno noruego autorizó hace poco el uso de un fiordo (estrecha entrada de mar) prístino como depósito para los relaves de una mina de rutilo. En el taller, un funcionario del Gobierno de Noruega argumentó la decisión señalando que “el beneficio social de la mina es superior a la destrucción del fiordo”. ¿Según quién? Los partidarios de la propuesta consideran que tirar relaves al mar no conlleva necesariamente un peligro. Afirman que los riesgos son mínimos porque, al no haber oxígeno en el fondo del mar, no se produce el efecto químico que hace que los relaves contaminen cuando están en la superficie. En este sentido, Leonel Sierralta J., ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y actual Director Científico de Iniciativas Sustentables para la Minería, escribió una carta abierta en respuesta al artículo de Orrego. En ella expresa que aunque ha habido casos desastrosos de depósitos mineros al mar, también existen casos en los que la iniciativa se ha llevado a cabo en países desarrollados siguiendo criterios ambientales exigentes y basados en la ciencia. Esos argumentos no convencen a quienes se oponen a la propuesta. Es el caso de los cinco senadores chilenos que presentaron un proyecto de ley para prohibir la descarga de relaves en el mar.  Una alternativa: Neutralizar el peligro Orrego propone regular la minería de forma más severa, exigiendo que antes de depositar los relaves, las empresas mineras extraigan de ellos todos los  metales pesados y neutralicen sus químicos. De ese modo sería factible depositar relaves prácticamente inertes en lugares apropiados, tales como antiguos piques mineros (perforaciones verticales profundas). Las empresas tendrían incluso una oportunidad de negocio al extraer y reciclar los elementos peligrosos. La neutralización de los relaves es una alternativa adecuada para no seguir degradando el ambiente. La propuesta es sensata. Es razonable que las actividades económicas riesgosas para el ambiente continúen sólo en la medida en que puedan neutralizar sus impactos. Si generamos más desechos de los que podemos tratar es porque no estamos actuando sosteniblemente, lo que significa, que no estamos asegurando la conservación de un planeta sano para nuestra descendencia. Por ello en AIDA trabajamos a diario para preservar la salud de los ecosistemas frente a la contaminación de actividades como la minería.

Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos

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Informe de la Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar

Es un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas. AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay. AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención. “Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia. En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias. El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva. Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia. Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil. Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.