Minería

June 23 2015 Océanos, Minería

Fortaleciendo el tratado sobre tortugas marinas

Por Gladys Martínez Apenas rompen el cascarón, las crías de tortuga marina asoman la cabeza con letargo para luego dirigirse rápidamente a esa vasta masa de agua salada. Son animales migratorios que nadan y anidan en territorios de diferentes países. Su sobrevivencia está en riesgo por la pesca no sostenible, el desarrollo inmobiliario inadecuadamente planificado, y los proyectos mineros en zonas costeras y marinas, entre otros factores. En 2001 y para afrontar esas amenazas, se creó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. El tratado internacional promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Del 24 al 26 de junio, en la Ciudad de México, los representantes de los Estados firmantes del tratado analizarán los logros y planes de trabajo de la Convención en la 7ª Conferencia de las Partes. AIDA estará presente abogando para que los Estados sigan cumpliendo sus obligaciones ante la Convención y asuman nuevos compromisos. La Convención cuenta actualmente con quince Estados Partes: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos del Caribe, Perú, Uruguay y Venezuela. Está integrada además por 32 observadores acreditados, entre académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos observadores pueden participar de las reuniones de los diferentes Comités Científicos y Consultivos de Expertos de la Convención. Objetivos de la Conferencia La 7ª Conferencia de las Partes de la Convención tiene previsto aprobar tres resoluciones clave: Resolución sobre la conservación de la tortugas baula (Dermochelys Coriacea) del Pacífico Oriental. Resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona (Caretta Caretta). Resolución sobre excepciones para la cosecha de subsistencia de huevos de tortuga Lepidochelys olivácea en Costa Rica. En la Conferencia también se revisará el cumplimiento de los Estados respecto de sus informes anuales, se presentará el plan de trabajo de la Secretaría, y se elegirá nuevos Presidente, Vicepresidente y Relator. Nuestra contribución La participación de AIDA buscará que los Estados: Se comprometan a evitar amenazas a los hábitats de anidación de tortugas por proyectos de minería. Continúen restringiendo y prohibiendo los desarrollos inmobiliarios que afectan las rutas que las tortugas marinas transitan. Fortalezcan las medidas de pesca responsable y sin captura incidental (cuando las tortugas marinas son capturadas “por accidente” sin ser el objetivo de la pesca). Concentraremos nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover medidas para frenar los riesgos que el proyecto de minería marina Don Diego implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. En AIDA hemos trabajado desde 1998 por la firma de la Convención. Una campaña organizada por AIDA y otros defensores de la tortuga marina ayudó a conseguir las firmas necesarias para que el proceso de negociación continuara y para que la Convención entrara en vigencia. Hemos abogado con éxito ante Cortes y tomadores de decisiones por la protección de las tortugas marinas en diferentes países de América Latina con base en las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención. Como ejemplos de ello podemos mencionar que protegimos a la tortuga verde de la matanza ilegal en el Atlántico costarricense, evitamos la pérdida del hábitat de anidación de la tortuga baula y garantizamos que las tortugas carey y lora continúen disfrutando de uno de sus arrecifes de coral favoritos en Coiba Panamá. ¡Síguenos en Facebook y Twitter para saber más de la 7ª Conferencia de las Partes del tratado internacional sobre tortugas marinas!

June 10 2015 Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

ONG alertan a Ramsar que Colombia incumple obligación de proteger páramos

En el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, las organizaciones presentaron una petición al Secretariado de la Convención para informar de los riesgos que los páramos colombianos enfrentan por actividades como la minería a gran escala, y para solicitar que esa instancia tome acciones según sus competencias. Punta del Este, Uruguay. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentó al Secretariado de la Convención Ramsar sobre Humedales una petición en la que alerta que el Gobierno colombiano ha incumplido su obligación de proteger los páramos —humedales altoandinos— del país, conforme a ese tratado, del cual es parte. En la petición, las organizaciones llaman la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, y piden que el Secretariado monitoree la situación y tome acciones conforme a sus competencias. La petición fue presentada ayer en el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Ansur, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Red de Comités Ambientales de Tolima, la Corporación Semillas de Agua y Tierra Digna. “El Gobierno colombiano tiene una política de desarrollo que hace muy difícil proteger los páramos porque privilegia actividades que los dañan de forma irreversible”, dijo Johana Rocha, de Tierra Digna. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que busca la conservación y uso racional de los humedales a nivel mundial. Los países que como Colombia lo han ratificado están obligados a tomar las acciones necesarias para que los humedales de su territorio mantengan sus características ecológicas, de las que dependen la provisión de agua y otros servicios ambientales prestados por dichos ecosistemas. En el caso colombiano, los páramos, aunque ocupan sólo el 1,7% del territorio nacional, producen más del 70% del agua potable del país. “Queremos persuadir a la Convención de Ramsar de que la minería a gran escala en páramos desafía la idea de uso racional contenida en la Convención”, sostuvieron Robinson Mejía, de la Red de Comités Ambientales de Tolima, y Jorge Rubiano, de la Corporación Semillas de Agua. En la petición, “también llamamos la atención de la Convención Ramsar sobre la delimitación de Santurbán, un precedente que permite, de forma ilegal, la minería a gran escala en páramos”, afirmó Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Las organizaciones solicitan finalmente que, según sus competencias, el Secretariado de Ramsar requiera al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes frente a los páramos; que adopte prontamente una ampliación apropiada del sitio Ramsar Complejo de Humedales Laguna del Otún y que realice una visita para monitorear y conocer de cerca la situación de los humedales altoandinos de Colombia. Consulte la petición presentada a la Convención Ramsar.

June 08 2015 Océanos, Minería

Una mina amenaza la vida del gran migrante marino

Por Haydée Rodríguez Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 20 mil kilómetros de ida y vuelta desde Alaska, donde se alimenta, hasta las aguas templadas de Baja California Sur, México, donde da a luz a sus crías y las cuida. Se ha calculado que para cuando una ballena gris haya cumplido 50 años, habrá recorrido el equivalente a un viaje de la Tierra a la Luna y de regreso. Este impresionante mamífero marino (llega a medir 15 metros de largo en su edad adulta) y su hazaña migratoria están en riesgo por un proyecto de minería marina. De ejecutarse como está propuesto, el proyecto dañará gravemente el entorno y las condiciones de vida de la ballena gris. A finales de febrero de este año, 2,652 ejemplares de ballena gris llegaron a las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio en Baja California Sur, muy cerca de la Bahía de Ulloa. Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino 350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca. Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato. Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. En sus comentarios, AIDA evidenció la necesidad de contar con información más detallada por parte de la empresa promotora de Don Diego sobre los impactos potenciales del proyecto. Así también lo hizo el Gobierno mexicano, quien analiza actualmente la MIA del proyecto luego de solicitar información adicional a la empresa. Nos interesa particularmente tener mayor información sobre los impactos del ruido y el dragado en el ecosistema marino-costero, y acerca del posible perjuicio a la pesca en la zona. Ante la duda, es mejor prevenir el daño que lamentar cuando éste sea un hecho. La ballena gris aún tiene muchos kilómetros que recorrer.

April 14 2015 Océanos, Minería

Proyecto minero Don Diego pone en grave riesgo a ecosistema marino en México

AIDA hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería marina de fosfato ubicado en Baja California Sur, el cual debe ser rechazado porque no existe la información suficiente para garantizar que no dañará gravemente un entorno vital para especies amenazadas y comunidades costeras. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería de fosfato Don Diego, ubicado en la Bahía de Ulloa, Baja California Sur. Evidenciamos que el documento carece de información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará gravemente la Bahía, ecosistema marino del que dependen comunidades costeras y especies de fauna como las ballenas Azul, Jorobada y la Tortuga Caguama. Los comentarios fueron presentados en nuestro nombre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra organización participante. "Los comentarios demuestran que el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en la región, podría causar daños ambientales serios", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En ese sentido, las razones principales por las que el proyecto no debe ser autorizado, tal y como ha sido presentado, son las siguientes: El proyecto podría generar daños irreversibles en una zona ecológicamente vulnerable y rica en biodiversidad que incluye a la Bahía Magdalena, ecosistema de manglar considerado Región Marina de Importancia. La zona es además hogar de especies marinas amenazadas y de otras vitales para la industria pesquera. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. El proyecto implica un proceso minero que alteraría en gran medida el entorno marino: grandes barcos dragarán el lecho marino y extraerán arena en busca de fosfato, pero al hacerlo podrían también extraer organismos vivos. El proyecto implica la alteración del ecosistema marino con sedimentos que, tras ser procesados, serán devueltos al océano exponiendo elementos tóxicos como el Uranio. Los sedimentos tóxicos expuestos, el dragado y el ruido de la operación minera alterarán el hábitat de especies vulnerables de ballena y tortuga. El Estado mexicano tiene obligaciones nacionales e internacionales para aplicar el Principio Precautorio. De ese modo, debe negar el permiso al proyecto hasta asegurar que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles. De autorizar el proyecto, el Estado mexicano podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir sobre la protección de entornos marinos y especies vulnerables. El proyecto pone en riesgo actividades de pesca y turismo de las que depende el sustento de comunidades costeras de la zona. Consulte aquí nuestros comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

March 23 2015 Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares[1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta. La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente. El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA trabaja para combatir ambas amenazas. El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares. La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento. Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando. A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos? El camino a la ley El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados "la bancada glaciar" planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una "indicación sustantiva" (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras. A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas: Aspectos positivos Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público. Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas. Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares. Aspectos negativos No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica. Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados "reservas estratégicas de agua" por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras. Dispone que los glaciares no considerados "reservas estratégicas" quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados "reservas estratégicas". De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando. Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan. Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones. También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general. También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales. Visita por favor este blog para conocer más sobre minería, agua y los esfuerzos de AIDA para defender el derecho humano a un ambiente sano. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/

March 23 2015 Minería, Derechos Humanos

Alertando a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el hemisferio

Juana [1] padece problemas respiratorios y su hermana tiene asma. Vive en La Oroya, una pequeña ciudad ubicada en los Andes centrales de Perú. Pasaron años antes de que ella accediera a la información necesaria para entender el origen de sus males: la contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. A la fecha, aunque ha habido avances, Juana y el resto de las personas afectadas por el aire contaminado de La Oroya no reciben la atención médica integral y especializada que requieren. En casos como el descrito, las víctimas no siempre encuentran justicia en sus países y es necesario elevar sus reclamos a nivel internacional. Un espacio para hacerlo, además del sistema de peticiones y casos, son las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra dos veces al año, en marzo y octubre. AIDA ha participado activamente en estas audiencias, en aquellas referidas a casos específicos como el de La Oroya o en audiencias temáticas sobre problemas que aquejan a países de América Latina o a la región en su conjunto. Hemos participado solos y en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. "Al proporcionar información y argumentos, buscamos que la Comisión visibilice situaciones preocupantes de violaciones de derechos humanos causadas por la degradación del ambiente, y que haga algo al respecto: que desarrolle estándares, realice el seguimiento respectivo y le haga recomendaciones a los Estados", explica María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. De ese modo, por ejemplo, en octubre del año pasado, AIDA y organizaciones aliadas llamamos la atención de la Comisión sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. Además, solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. "Estas audiencias son la herramienta más amplia y flexible para que la Comisión reciba información sobre los temas que preocupan a la región. Son tantas las preocupaciones y tantas las organizaciones que buscan ser escuchadas que el tiempo no es suficiente. Las audiencias son un indicador de las problemáticas más relevantes en un momento determinado y a través de ellas la sociedad civil establece una agenda", dice Ana María Mondragón, abogada de AIDA. AIDA regresó este mes a Washington D.C., sede de la CIDH, para participar de una audiencia en la que puso sobre la mesa una preocupación actual y cada vez más profunda: el rol preponderante que las empresas están jugando en la violación de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Máxima Acuña Chaupe en Cajamarca, Perú. La empresa minera Yanacocha busca desarrollar un proyecto minero en sus tierras y a fin de conseguirlo, la acusó de usurpación de predios. Aunque un fallo judicial estableció la inocencia de Máxima, ella y su familia viven con el miedo de que intenten quitarles su hogar nuevamente. El caso de la familia Chaupe y de muchas otras en la región evidencia la importancia de llevar el tema ante la Comisión. "En la audiencia presentamos información para alimentar el debate sobre las oportunidades que tiene la Comisión para crear, implementar y fortalecer estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Al hacerlo, la Comisión podrá instar a que los Estados controlen y/o sancionen las actividades de empresas que como Doe Run Perú o Yanacocha generan daños en el ambiente y los derechos humanos, y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas", señala Veramendi Villa. [1] El nombre real de la persona se mantiene en reserva para su protección.

March 18 2015 Océanos, Minería

Comentarios a la MIA del proyecto Don Diego

Comentarios de derecho internacional a la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Don Diego (Baja California Sur, México), modalidad regional con clave 03BS2014M0007, sobre dragado marino para la extracción de arenas fosfáticas. La información que presentamos a continuación demuestra que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Don Diego es técnicamente insuficiente para garantizar que el proyecto minimizará y evitará potenciales graves daños al ecosistema marino, razón por la cual solicitamos que se niegue la viabilidad ambiental de dicho proyecto. Nuestros comentarios se dividen en tres secciones. En la primera sección presentamos las generalidades del proyecto, la segunda sección expone las principales obligaciones internacionales que el Estado Mexicano estaría incumpliendo de otorgarse la viabilidad del proyecto, y finalmente, la tercera sección, presenta un estudio de caso sobre la aplicación del principio precautorio en un caso similar en el Estado de Namibia. Lee y descarga los comentarios Lee y descarga los comentarios adicionales

March 04 2015 Minería, Fuentes de Agua Dulce

Páramos: Defendiendo el agua en Colombia

En Colombia, los páramos ocupan apenas el 1,7% del territorio nacional, pero producen el 85% del agua potable. Pero esta rica fuente de vida está en peligro por actividades como la minería a gran escala y su protección es un asunto de interés nacional. ¿Cómo ocurre la magia? Los páramos son humedales de alta montaña. Al estar ubicados en la zona ecuatorial, permanecen fríos todo el año, lo que hace que sus suelos se mantengan ricos en nutrientes de origen volcánico. Todas esas características hacen de los páramos verdaderas esponjas que capturan la humedad en las alturas, purifican el agua y regulan su flujo hacia abajo. El crecimiento de la economía, la producción de electricidad y la vida misma son posibles gracias al agua provista por los páramos en Colombia: En Bogotá el agua proviene de los páramos de Sumapaz, Chingaza (en riesgo) y Cruz Verde(en riesgo por exploración minera). El agua de Medellín llega desde el páramo de Belmira. El páramo de Santurbán (en riesgo por proyectos mineros de oro) abastece de agua a Bucaramanga. En Cali, los Farallones cumplen la función vital de ser manantiales de agua. La vida en todas estas ciudades depende de los páramos. Es por ello que en AIDA estamos comprometidos con la protección de estos ecosistemas.Se trata de defender nuestras fuentes de agua dulce, nuestro derecho a vivir. Esta lucha nos llevó recientemente a: Llamar la atención del Banco Mundial sobre los riesgos de su inversión en el proyecto minero Angostura, ubicado en el páramo de Santurbán y el cual implica daños para el ambiente y las personas. Organizar junto con otras instituciones un conversatorio sobre páramos y minería en la Universidad Sergio Arboleda para conocer las últimas regulaciones jurídicas y técnicas sobre el tema y debatir en torno a ellas. No estamos solos Movimientos sociales en defensa del agua, la vida y los páramos han florecido por todo el país. ElComité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbány elComité de Cruz Verdeson dos ejemplos. Y, entre otros casos, la oficina en Colombia de la organización internacionalGreenpeacepromueve el fin de la minería en el páramo de Pisba, en Boyacá. Por otra parte y después de varias prórrogas, el Ministerio de Ambiente expidió la delimitación del páramo de Santurbán en diciembre del año pasado. Sin embargo, anunció que se permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y pcencia ambiental. En ese sentido, la empresa canadiense Eco Oro informó en un comunicado público que aún con la depmitación de Santurbán, su proyecto aurífero Angostura, el cual pretende desarrollar en la zona, continuará aunque en un área menor. Esta depmitación abre el camino para acciones similares de las cuales dependerán el reconocimiento y la protección del resto de los páramos colombianos. Desde la sociedad civil debemos permanecer vigilantes para que dichas acciones cumplan con los estándares ambientales y sociales, internacionales y nacionales. El agua y por ende la vida están en juego. ¿De dónde provendrá nuestra agua dulce en el año 2050, cuando seamos varios millones más de colombianas y colombianos? Si no protegemos nuestros páramos hoy, generaciones presentes y futuras de Colombia se verán privadas del acceso al agua, algo que ya afecta a ciudades de la región como pma en Perú y Sao Paulo en Brasil.

December 30 2014 Minería

Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros

Este documento, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), tiene como objetivo recomendar los lineamientos mínimos o términos de referencia básicos para elaborar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de minería. Estos requisitos constituyen una base para que cualquier gobierno pueda analizar las implicaciones de un proyecto minero según todos los impactos posibles y, de esta manera, tomar una decisión informada sobre la viabilidad y conveniencia de dicho proyecto. En cada una de las secciones se indica el contenido y criterios básicos a tener en cuenta para preparar una evaluación de impacto ambiental detallada que permita evitar los impactos negativos de la actividad. Al ser requisitos mínimos, los gobiernos pueden, y debenampliar estos lineamientos para cada caso en particular y respondiendo a su realidad. Esto es especialmente importante para la protección efectiva de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la actividad minera. A pesar de que analizar a fondo la relación entre minería y derechos humanos está más allá de los objetivos de este estudio, se debe enfatizar que los Estados en cumplimiento con obligaciones internacionales deben además de lo propuesto en este documento, aplicar las metodologías y sugerencias existentes para evitar efectivamente los impactos de la minería en los derechos humanos. Lee y descarga

November 30 2013 Minería

La Colosa: Una Muerte Anunciada

Informe alternativo acerca del proyecto de minería de oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia. La empresa AngloGold Ashanti (AGA), cuyas acciones se transan en la bolsa de Londres, y su proyecto La Colosa en el departamento colombiano de Tolima, son tema de un importante debate en Colombia por las implicaciones sociales, ambientales y económicas que conlleva la minería de oro a cielo abierto. Frente a las bondades de la minería postuladas por el gobierno y frente a la publicidad de AGA para seducir a la opinión pública, se han generado, por parte de académicos, periodistas, comunidades y organizaciones ambientales, serios cuestionamientos tanto a la política minera del gobierno como a las actuaciones de AGA. Este estudio busca dar una mirada de conjunto y más detenida sobre el comportamiento empresarial de AGA, con base en documentos y trabajo de campo. Lee y descarga