Este informe recoge información sobre las actuaciones criminales de grupos organizados en Venezuela e insurgentes colombianos que se han dedicado al control de la explotación del oro al sur del Orinoco. Asimismo, hace un análisis de sus efectos sociales y humanitarios, de las políticas estatales y de los riesgos y respuestas internacionales. Lee y descarga
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623
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Nuevamente la tragedia se cierne sobre Brasil. El viernes pasado y por segunda ocasión en menos de cuatro años, una presa de desperdicios mineros se rompió en el estado brasileño de Minas Gerais —esta vez en el municipio de Brumadinho—, dejando un saldo catastrófico, humano y ambiental. Otra vez las pérdidas son incalculables. Otra vez lamentamos desapariciones y muertes; y vemos nuevamente con desconcierto imágenes similares: personas, las que sobrevivieron y las que no, siendo evacuadas en helicóptero; árboles, animales, casas y ríos cubiertos por lodo tóxico. Una vez más, la naturaleza y la sociedad terminan dañadas, desgarradas. Como si de un bucle interminable se tratara, la tragedia se repite en Minas Gerais. Cinco incidentes similares al de Brumadinhho, al menos de los que se tiene constancia, ocurrieron en 1986, 2001, 2007, 2014 y 2015[1]. La tragedia de 2015, ocurrida en noviembre de ese año cerca de la ciudad de Mariana, es considerada el desastre ambiental más grave en la historia de Brasil. Destruyó el pueblo de Bento Rodrigues y contaminó la cuenca del río Doce y el océano Atlántico. UN TRÁGICO CICLO Lejos de ser eventos aislados, las fallas de presas de relaves mineros se han convertido en sucesos comunes y las estadísticas sugieren que ocurrirán muchas más en el futuro. Como toda obra de infraestructura, una presa tiene cierta vida útil, un periodo de funcionamiento adecuado que tiene un inicio y un final. Ese periodo depende de que su diseño, ejecución y mantenimiento sean adecuados, algo que muchas veces no ocurre. Gracias al Proyecto Uranium del Servicio Mundial de Información sobre Energía (WISE, por sus siglas en inglés), sabemos que en los últimos 30 años, entre 1988 y 2018, se han registrado 73 accidentes o incidentes en presas de desechos mineros (relaves) en todo el mundo. La lista de países afectados la lidera Estados Unidos, con 17; seguido por China, con 8; y Filipinas, con 7. La base de datos del proyecto da cuenta de los principales accidentes e incidentes, incluyendo rompimientos, sobrepasos, colapsos y fallos parciales, ruptura de geomembranas, etc. Estas cifras nos deben llevar a reflexionar sobre la gran minería a cielo abierto, en particular la de metales, que requiere de este tipo de presas y depósitos. En vez de seguir construyendo minas, ¿no es mejor concentrar nuestros esfuerzos en recuperar y reutilizar los metales que desechamos? ¿Cuándo vamos a transitar a una economía circular que evite estas catástrofes? ¿Cuántos desastres más podrán nuestros ecosistemas y nuestras poblaciones soportar? Con frecuencias, las comunidades en donde se implementan proyectos mineros no tienen información objetiva y suficiente sobre sus beneficios y perjuicios. Romper con esa brecha es urgente. En AIDA contribuimos a esa tarea brindando información útil sobre los daños potenciales de la minería, y usándola para fortalecer las acciones legales emprendidas para proteger a personas y entornos naturales. Es urgente que tanto el sector gubernamental como el no gubernamental y el privado hagan lo necesario para evitar más tragedias, para anteponer el valor de las personas y de la naturaleza al rédito económico. Para más información, consulta la base de datos de accidentes de presas de relaves (en inglés): http://www.wise-uranium.org/mdaf.html [1] Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014), Mariana (noviembre 5 de 2015).
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Desde hace décadas se viene desarrollando en Venezuela una de las mayores tragedias socioecológicas de América Latina. En ese país, al sur del río Orinoco, está una de las zonas más biodiversas del continente, que alberga cataratas majestuosas e impresionantes tepuyes (mesetas gigantescas con paredes verticales y cimas planas) y que es hogar de comunidades indígenas. Allí y como ha ocurrido en otros países, la minería de oro de pequeña escala está causando daños ambientales irreversibles. Esa actividad ha avanzado silenciosamente en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. Hasta hace pocos años, no muchos investigadores le prestaban atención. Dicha situación cambió en 2011, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, proyecto que se concretó cinco años después, en febrero de 2016, mediante un decreto de su sucesor en el cargo. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía. Daños a gran escala de la minería El proyecto del Arco Minero implica habilitar 111,843 kilómetros cuadrados —un área más grande que Guatemala o Cuba y de casi el doble de tamaño de la Faja Petrolífera del Orinoco— para la realización de proyectos mineros aún no definidos. Su implementación ha legitimado y exacerbado los daños causados por la pequeña minería, entre ellos la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos fértiles. El proyecto apunta además al desarrollo de gran minería en esta región megadiversa. Ahora, investigadores independientes como Carlos Eduardo Pacheco y otros de organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ecología y Provita advierten de esos daños y de otros mayores por la falta de regulación ambiental en el país. Gracias a sus estudios, investigaciones y análisis de imágenes satelitales, sabemos que en el área del Arco Minero y sus alrededores existen al menos 5 o 6 grandes focos de deforestación asociada a la minería y cientos de menor tamaño, que los ríos Caroní e Ikabarú y sus cuencas están siendo destrozados por la actividad y que se han provocado daños en los Parques Nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras. Las consecuencias, alertan los investigadores, no son sólo ecológicas, sino también sociales. Una de ellas es el éxodo de miles de personas, desde las ciudades principales hacia la Orinoquía, escapando de la pobreza y en busca de oportunidades económicas en la minería. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía. Además, en torno a la actividad minera, existen múltiples denuncias de trata de personas, prostitución, tráfico de drogas, extorsiones, masacres, presencia de grupos paramilitares e incluso de guerrillas procedentes de Colombia, así como daños a la salud de los mineros informales y sus familias debido al uso de mercurio. Estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud dan cuenta de un fuerte incremento en la mortalidad de mínimo 500% y de hasta 700% entre 2002 y 2013 en municipios como Sifontes, El Callao, Cedeño y Roscio. Muchos de los proyectos mineros de la zona están bajo el control de una mafia conocida como “Pranato Minero” de cuyos líderes poco se sabe. Por otro lado, la gran minería transnacional no ha quedado al margen del proyecto. Incluso empresas canadienses que hace poco demandaron internacionalmente a Venezuela por controversias relacionadas con sus inversiones, han vuelto como socias del país en la explotación minera en la Orinoquía. Alertando del problema en la Orinoquía ¿Dónde queda la responsabilidad social y ambiental? Parece no haber lugar para ella en un país con instituciones inexistentes y normas inaplicables. Nos queda entonces preguntarnos qué podemos hacer desde las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ante esta nueva crónica de una muerte anunciada, la del sur del Orinoco por deforestación y por mercurio. En AIDA brindamos apoyo técnico y científico a las organizaciones que estudian esta problemática en Venezuela. Contribuimos a visibilizarla y a construir las redes necesarias para que la misma adquiera la relevancia que merece en la agenda pública —como uno de los atentados ecológicos y sociales más graves de la región y probablemente del mundo— y para que sea atendida con urgencia.
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El informe contiene el marco conceptual de la debida diligencia y de la participación significativa según las entiende la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como recomendaciones de planificación y otras para llevar a cabo la debida diligencia en terreno. Lee y descarga
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Esta publicación, actualizada anualmente por el Ministerio de Energía y Minas de Perú, contiene la información básica del sector minero del país. Incluye una descripción básica del sector, datos estadísticos relevantes y también información sobre la gestión ambiental minera y gestión de pasivos ambientales. Lee y descarga
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Este año se caracterizó por triunfos en la creación de protecciones legales y en el establecimiento de políticas favorables al ambiente y los derechos humanos en la región. Pocas veces existen, en un solo año, tantos avances institucionales que sientan precedentes. Aquí te presentamos diez ejemplos: 1. Por primera vez, la Corte Interamericana reconoció el ambiente sano como derecho “fundamental” La Corte concluyó que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. La relación entre ambiente y derechos humanos puede sonar obvia, pero hasta febrero de este año, cuando la decisión de la Corte se dio a conocer públicamente, no había precedentes de esta magnitud en el reconocimiento de ese vínculo. La decisión es una opinión que responde a una consulta hecha por Colombia. En ella, la Corte reconoció además que el cambio climático impacta en el goce de los derechos humanos, en especial en las poblaciones más vulnerables. La OC-23, como se le conoce, estableció un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente y será una herramienta importante para lograr justicia ambiental en la región. CONOCE MÁS 2. Se aprueba el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región Hasta finales de este año, 16 países han firmado el Acuerdo de Escazú, único en su tipo. No sólo es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, es también el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su objetivo principal es garantizar los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. CONOCE MÁS 3. Peces loro reciben protección especial en México Los peculiares y coloridos peces loro se alimentan de las macroalgas que crecen sobre los corales quitándoles luz y oxígeno. Debido a la sobrepesca y otros factores, las poblaciones de peces loro han disminuido y, por lo tanto, los corales están en mayor riesgo. Por ello, diez especies de este pez están en proceso de ser incluidas por el gobierno en la lista mexicana de fauna protegida. CONOCE MÁS 4. Pueblos indígenas reconocidos en el financiamiento climático Tras años de trabajo por parte de organizaciones indígenas alrededor del mundo, el Fondo Verde del Clima aprobó una Política de Pueblos Indígenas con el objetivo de proteger, reconocer, respetar y promover sus derechos dentro del financiamiento de proyectos climáticos. La decisión fue recibida con esperanza en un mundo que requiere acciones inmediatas de mitigación y adaptación al cambio climático. Políticas como ésta contribuyen a evitar que el financiamiento climático vulnere los derechos de las personas más afectadas. CONOCE MÁS 5. Un plan regional para proteger a los jaguares Catorce países y organizaciones conservacionistas lanzaron el Plan Jaguar 2030, con la intención de proteger los corredores o rutas naturales de vinculación de las poblaciones de esta especie, el carnívoro más grande de América Latina sin depredadores naturales. Las poblaciones del jaguar se extienden por 18 países, pero disminuyen aceleradamente por la caza furtiva, la fragmentación de su hábitat y los conflictos con actividades humanas. En El Salvador y Uruguay, se ha declarado extinto. El el plan es una esperanza para su protección a nivel internacional y entre fronteras. CONOCE MÁS 6. Colombia le dice no a pruebas piloto de fracking La Autoridad de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) negó el permiso para que la empresa ConocoPhillips realizara las primeras pruebas piloto de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en San Martin y Aguachica, Cesar. La ANLA argumentó que la información presentada por la empresa era “insuficiente” para conocer el manejo y disposición del agua, también cuestionó su evaluación ambiental y su plan de contingencia. Por lo pronto, la iniciativa está archivada. Continuar apostando por los combustibles fósiles nos aleja de las metas climáticas, es importante apostar por una transición energética. CONOCE MÁS 7. Una lucha regional ante el fracking llega a la CIDH Organizaciones y comunidades de toda la región unieron esfuerzos para llevar por primera vez ante la Comisión Interamericana casos de violaciones de derechos humanos y amenazas al ambiente provocados por la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Después de varias luchas locales, éste fue el primer momento en que se evidenció ante un organismo regional los daños documentados en varios países, desde Estados Unidos hasta Argentina. La información presentada llamó el interés de la Comisión. ¡La unión hace la fuerza! A propósito de este tema, el nuevo presidente de México dijo que no se hará más fracking. CONOCE MÁS 8. Un tratado para proteger dos terceras partes de los océanos Tras una década de debates, este año inició la negociación en la ONU de un tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar, como se conoce a las áreas marinas que están fuera de jurisdicciones nacionales. Las negociaciones se llevarán a cabo hasta 2020. Pese a que alta mar representa el 64% de la superficie total de los océanos y a que los mares absorban el 90% del calor provocado por el calentamiento global, no existe un tratado que proteja este ecosistema, solo regulaciones fragmentadas. CONOCE MÁS 9. Chile clausura definitivamente la mina Pascua Lama En octubre de este año, autoridades chilenas confirmaron la clausura definitiva de Pascua Lama, un proyecto minero de explotación de oro en la frontera entre Chile y Argentina. Barrick Gold, la empresa a cargo del proyecto, fue multada por 33 violaciones a la normativa ambiental chilena. Pascua Lama generó daños a fauna y flora nativa. Pueblos indígenas de la región, que documentaron la contaminación de un río y afectaciones a los glaciares, fuente importante de agua, celebraron la decisión. Ahora se busca detener el proyecto en el lado argentino. CONOCE MÁS 10. Argentina rompe récord de creación de parques nacionales Antes de terminar el año, Argentina anunció la creación de dos áreas marinas protegidas: Estricta y Namuncurá-Banco Burdwood II, importantes para la cría y desove de peces con alto valor comercial. Con este par, el país suma seis áreas naturales declaradas como parques nacionales solo en 2018, algo histórico. Los otros parques son: Traslasierra, Aconquija, Ciervo de los pantanos e Iguerá. Argentina se ha propuesto lograr para 2020 la protección del 10% de sus mares. CONOCE MÁS
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En este seminario virtual se habló del cianuro en la minería: el objetivo de su uso, su toxicidad y riesgos, impactos directos e indirectos, alternativas, así como de algunos incidentes ocurridos por el uso de este químico en el sector extractivo. PANELISTA Dr. Glenn C. Miller: Profesor emérito de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales, Universidad de Nevada-Reno; PhD. Química Ambiental y Agrícola, Universidad de California-Davis. Moderación y traducción: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA, y Emilia Carrara, Asistente Ejeutiva de AIDA. Grabación 0:00 - 5:29 Presentación del seminario / Greetings and Introduction (A. Ángel). 5:30 - 1:06:41 Seminario virtual "Uso del cianuro en minería" / "Use of cyanide in the mining sector" webinar (G. Miller). 1:06:42 - 1:47:55 Sesión de preguntas y respuestas / Q&A Section (A. Ángel, G. Miller y E. Carrara). 1:47:56 - 1:50:50 Comentarios finales y despedida / Final comments and closure ( A. Ángel, G. Miller y E. Carrara). Presentaciones 1. Presentación introductoria: 2. Presentación del Profesor Glenn C. Miller, PhD:
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Las y los profesionales que integran el Programa de Agua Dulce de AIDA defienden uno de nuestros recursos más preciados: el agua. La naturaleza nos la brinda de diversas formas, pero son también diferentes los riesgos que esas fuentes de agua enfrentan, entre ellos los daños irreversibles de actividades como la minería y el fracking. En AIDA lo sabemos y no estamos dispuestos a bajar la guardia. ¡Conoce qué nos mueve a cuidar nuestra fuente de vida! “SIN AGUA, NO HAY FUTURO” Carlos Lozano Acosta, Abogado Sénior “El agua es una fuerza viva en la naturaleza y en las sociedades. Es un rasgo distintivo de nuestra experiencia en el planeta. Las culturas, economías y ecosistemas dependen del agua y por eso, sin ella, no hay futuro”. Siendo niño, Carlos solía caminar junto a su familia en los alrededores de un páramo, un humedal de alta montaña que captura el agua de la neblina y la baja al suelo en forma de caudales. Cerca de allí su papá tenía una finca. Desde entonces tenía claro que los páramos son cruciales para la provisión de agua en su natal Colombia. “CRECÍ CON LA IDEA DE QUE EL AGUA ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO” Claudia Velarde, Asesora Legal “Lo que me motiva a cuidar las fuentes de agua es la vida misma. La reproducción de los sistemas de vida no es posible sin agua limpia, entendiéndola como recurso indispensable, como bien común y como derecho. Yo crecí con la idea de que el agua es un derecho y no un privilegio”. Claudia nació en Cochabamba, Bolivia, una ciudad cuyo nombre proviene del quechua y significa “llanura de lagos”. Pese a ello, su población sufre hace décadas sequías y escasez de agua. Cochabamba es conocida también por la Guerra del Agua del año 2000, cuando sus habitantes salieron a las calles a defender ese recurso de la privatización. Claudia creció en ese contexto y, como las demás cochabambinas, tiene una conexión muy fuerte con el agua y con lo que ésta vale. “MI MAYOR MOTIVACIÓN ES SER CONSCIENTE DE QUE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES DEPENDE DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS FLUJOS DE AGUA” Andrés Ángel, Asesor Científico “Mi mayor motivación es ser consciente de que la salud de los ecosistemas terrestres de nuestros países depende en gran parte del funcionamiento correcto de los flujos de agua superficial y subterránea. Saber que los daños que ocasionamos con nuestras actividades económicas tienen el potencial de trastornarlos irreversiblemente es darse cuenta de la necesidad de proteger las fuentes y la calidad de agua en el continente”. A Andrés no le fue fácil estudiar Geología, una carrera orientada al extractivismo, pero su principal motivación para hacerlo fue constatar los conflictos y daños socioecológicos del avance de la minería y la exploración petrolera en su país, Colombia. Al comprender que esos impactos eran perpetuos, decidió orientar su profesión a cuestionar el modelo de desarrollo y aportar alternativas. “PROTEGER EL AGUA ES DEFENDER EL NACIMIENTO Y EL SIGNIFICADO DE LA VIDA” Juana Hofman, Coordinadora Legal de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia “Lo que me motiva es la vida. Proteger los ecosistemas de agua dulce y a la gente que depende de ellos es defender el nacimiento y el significado de la vida. Me motiva también el profundo respeto que siento por los ecosistemas, porque me siento parte de ellos, y necesitan protección. Me motivan los frailejones, plantas milenarias que son fábricas de agua, y me motivas las montañas, paisajes que me cobijan desde mi nacimiento y que con su fuerza y belleza nos permiten vivir”. Juana nació en un pueblo pequeño ubicado a la mitad de una región montañosa, en Colombia. Cuando era niña, su padre le enseñó la grandeza de los robles, árboles que para ella significan fortaleza y sabiduría. Su vida ha estado profundamente ligada, desde la infancia y hasta ahora, a las montañas, los ríos y los páramos colombianos.
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Luis Álvaro Pardo introduce al lector en el contexto colombiano y discute cómo los poderes fácticos han cooptado al Estado para favorecer sus intereses, en especial en el sector extractivo. Luego analiza a fondo los incentivos y beneficios tributarios del extractivismo en el país y sus consecuencias. Lee y descarga
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