Minería


Seminario web "Minería metálica en Centroamérica: Actualidad y perspectivas en cuatro países"

En este primer seminario virtual sobre Centroamérica, nuestros panelistas presentaron su visión sobre la situación actual, impactos y proyecciones a futuro de la minería metálica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.   Además, socializaron los resultados del reciente informe Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica.     PANELISTAS Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Bienvenida e introducción. Pedro Cabezas, Coordinador regional del Programa de Minería y Derechos Humanos de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES); y Angélica Alfaro Alemán, investigadora ambiental y asesora en políticas públicas: Actualidad y perspectivas de la minería metálica en Centroamérica   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Angélica Alfaro Alemán, investigadora ambiental y asesora en políticas públicas:  

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Ecuador apuesta por un auge minero a costa de la naturaleza

En el sur de la región oriental de Ecuador, en plena Amazonía, se alza imponente un macizo montañoso de más de 160 kilómetros de longitud: la Cordillera del Cóndor, que permaneció desconocida por años y que hoy conserva un extenso territorio intacto y sin explorar. En esa zona, de importancia clave para la vida, la ciencia y la conservación, comenzó a operar en julio el proyecto Mirador, una mina a cielo abierto para la extracción de cobre por un periodo previsto de 30 años. La puesta en marcha del proyecto marca también el inicio de la minería a gran escala en Ecuador, con la cual el gobierno pretende sostener la economía y dejar atrás su dependencia del petróleo. Se trata de una triste novedad porque la minería a gran escala implica riesgos de enormes daños ambientales, los cuales son más graves en un ecosistema de gran biodiversidad y próximo a fuentes de agua como la Cordillera del Cóndor, donde además viven comunidades indígenas y campesinas. Este impulso a la actividad extractiva contradice el avance de 2008, cuando Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Cuando la Amazonía arde en llamas y con ella nuestro futuro, Ecuador debe cambiar el rumbo y ser un ejemplo de protección efectiva de ese ecosistema y de quienes dependen de él para los otros países de la Cuenca Amazónica y para el mundo. Los recursos que necesitamos conservar “Al país le hacen falta recursos”. Con esas palabras justifican el proyecto Mirador los voceros de la empresa china Ecuacorriente —a cargo la concesión minera— y también los representantes del gobierno, que ha intensificado sin precedentes la industria minera en el país. Pero ¿qué pasará con la biodiversidad y con los servicios ambientales de la Cordillera del Cóndor, cuyo valor es incalculable? Esa cordillera amazónica protege bosques de neblina y páramos (humedales de alta montaña), ambos sumideros naturales de carbono. Alberga más de 2.000 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras de Ecuador, y tiene 613 especies de aves. Según estudios, en este entorno único hay otras 2.000 especies de plantas por descubrir. Es ahí donde se realizarán excavaciones de 300 a 500 metros de profundidad para acceder a los minerales del subsuelo, y donde se construirán riesgosas presas para depositar toneladas de desechos. Los daños ya están ocurriendo. La empresa confirmó que se han talado 1.422 hectáreas de bosque para el proyecto. Y organizaciones locales han denunciado graves violaciones legales y constitucionales en torno al mismo. El discurso de las grandes ganancias para el país por la explotación y venta de los recursos del subsuelo ha cobrado fuerza en los últimos meses en el gobierno. Datos oficiales dan cuenta que actualmente el 7,5% del territorio está concesionado para la exploración de minerales, pero el gobierno analiza entregar nuevas concesiones. Para ello tiene previsto contar en 2020 con un mapa de las nuevas áreas donde estará permitido hacer minería. Estos planes ignoran los impactos perpetuos de la minería a gran escala. Entre ellos están la afectación del paisaje y los daños a la calidad del agua. En el caso de Mirador, el proyecto ya ha causado el desvío del río Tundayme, solo por nombrar uno de sus impactos, reconocidos como irreversibles por la misma empresa. “Sean coherentes, dejando de utilizar celulares y bicicletas y más objetos que provienen de materiales extraídos de las minas”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, uno de los grandes promotores de la minería en el gobierno, retando a quienes se oponen a los proyectos mineros. “Le propongo otro reto: usted deje de utilizar agua y alimentos”, le respondió Yaku Pérez, defensor del agua y prefecto de la provincia de Azuay. La anterior es la metáfora más clara de lo que está en juego con el avance ciego de la minería a cielo abierto en Ecuador. La crisis climática exige una nueva visión de desarrollo El paso acelerado hacia la minería a gran escala en Ecuador significa actuar de forma negligente frente a la crisis climática global, la cual nos obliga a cambiar de modelo de desarrollo en esta misma década para lograr las metas de mitigación y adaptación. La comunidad científica internacional advirtió en 2018 que solo tenemos una docena de años para que el calentamiento global se mantenga a un máximo de 1.5 ° C (respecto de la era preindustrial) y que pasar ese límite haría peores los riesgos de sequías, inundaciones y calor extremo. Ello nos exige transiciones sin precedentes en sectores como la energía y los sistemas industriales. Impulsar la minería a gran escala es ir en reversa y profundizar el modelo de desarrollo que ha causado la emergencia climática. Significa arrasar con los sumideros naturales de carbono como los que alberga la Cordillera del Cóndor y el conjunto de la Amazonía. Ecuador puede y debe dar un nuevo paso al frente. Debe, al igual que hizo en 2008 con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, encontrar un modelo de desarrollo que efectivamente respete sus obligaciones con el clima y con los derechos humanos. No puede seguir hipotecando el presente y futuro de comunidades y ecosistemas enteros bajo el pretexto de las ganancias inmediatas y efímeras de la minería. Nuevos caminos son posibles y, sobre todo, urgentes.  

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Seminario virtual "La Oroya: Aportes a una política integral para personas afectadas por metales pesados en Perú"

El 14 de agosto de 2019 se cumplen 10 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación con metales pesados proveniente de una planta metalúrgica. Fue el primer caso en evidenciar la problemática generada por ese tipo de contaminación en Perú.   Este seminario web sirvió como foro para exponer desde distintas perspectivas las experiencias, los aprendizajes y los desafíos del caso en esta década. El propósito central fue aportar al debate nacional sobre la necesidad de una política pública integral para las personas vulnerables y/o afectadas por metales pesados provenientes de la extracción de recursos mineros y petroleros, y de un aparato institucional que implemente efectivamente esa política en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos.   Panelistas Liliana Ávila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Presentación y bienvenida. Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya: Una década en la defensa de la salud y el ambiente sano en la ciudad de la Oroya. Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA: Antecedentes y relevancia del litigio ante la CIDH. Christian Huaylinos, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH): Aprendizajes y desafíos de la implementación de las medidas cautelares y de la presentación del caso. Fernando Serrano, Ph.D., M.A. College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University: Aportes a la Política Pública Nacional de afectados por metales pesados y desafíos para garantizar una atención afectiva. Yolanda Zurita, Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas: El camino hacia el reconocimiento de la problemática de contaminación por metales pesados en Perú: ¿qué hemos logrado y qué falta? Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana: Aprendizajes y desafíos de la generación de la Política Pública Nacional de Afectados por metales pesados. Moderaron: Liliana Ávila y Rosa Peña, abogadas de AIDA.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya:   3. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA:   4. Presentación de Fernando Serrano, College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University:   5. Presentación de Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana:  

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Un camino seco fue lo que dejó el desvío del arroyo Bruno en la Guajira, Colombia

Caminando por donde alguna vez corrió un arroyo: ¿Carbón o vida?

La cita fue en un domingo caluroso de julio. Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno. Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo. El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema. El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región. Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida. Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira. Varias cosas me impresionaron ese día. Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo. Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería. Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua. “Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak'abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos. El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón. Recorriendo caminos de justicia Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza. El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones. La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma.  “Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”. Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo. Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen. El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo. En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas. Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas. AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.  

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Infografía: Lagos Poopó y Uru Uru, humedales bolivianos en riesgo

Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.   

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Comunidades y organizaciones piden asistencia técnica internacional para rescatar lagos Poopó y Uru Uru en Bolivia

Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas. La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas. “El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de aves endémicas y migratorias. El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca. Son el hábitat donde se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola (Rollandia microptera), especie en peligro de extinción. De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o “pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia. “Justamente para preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a éstos y a otros humedales altoandinos”. En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados por la crisis climática. Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. “Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA). “Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños ocasionados por actividades mineras”. La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato, antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. “Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades". Consulta y descarga la infografía del caso Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Minería

Juntos por un Caribe sin carbón

Los días 18 y 19 de julio de 2019 se encontraron en la ciudad de Valledupar en la Universidad Popular del Cesar, un diverso grupo de procesos, comunidades y pueblos afros e indígenas, organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales comunitarias, universidades y estudiantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira para unirse en torno a las afectaciones producidas por la cadena del carbón en el caribe colombiano. Discusiones en torno al extractivismo fueron abordadas desde diversas aristas y perspectivas por parte de los distintos actores. Una preocupación generalizada son los proyectos energéticos, denominados alternativos, que siguen avanzando con la misma lógica extractivista y que están generando graves impactos en la tierra y el territorio, y en la vida de las comunidades, en particular mujeres, comunidades étnicas y campesinas. Frente a las preocupaciones surgidas en ese encuentro, decidimos conformar un espacio de articulación que tenga como objetivos principales la defensa de la tierra, el agua y el territorio del Caribe Colombiano frente a las amenazas de la expansión extractivista y empresarial, y sus proyectos en curso asociados a la cadena de carbón y otras empresas. Así como la construcción y fortalecimiento de alternativas al desarrollo y de proyectos propios de las comunidades. Convocamos a todos los sectores, procesos, organizaciones, universidades y ciudadanía en general a sumarse a las acciones colectivas que luchan por la autonomía y las necesidades locales para hacer frente al modelo extractivista y a construir y compartir alternativas, que integren el respeto a los derechos humanos y el ambiente, a este modelo. Suscriben:   Alianza Contra el Fracking en La Sierra Nevada de Santa Marta Asociación de Campesinos Asocamlirsal Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Business & Human Rights Resource Centre CENSAT-Agua Viva Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Comité Cívico San Antonio Comisión Colombiana de Juristas Consejo Comunitario NEGROS ANCESTRALES DE TABACO Consejo Comunitario El NEGRO DE MINGUEO. C.C.N.M Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales- Prodeter Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) Oraloteca Semillero Transición Energética Unimagdalena – GACE  

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Ante crisis ambiental y de salud humana en Peru: Urge conformación de Comisión Multisectorial y aprobación de Plan Nacional

Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas.  En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones.  Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas.  Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores.  Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes

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Seminario virtual "La minería submarina y sus riesgos"

Los minerales han sido insumos esenciales para el desarrollo de tecnología en nuestra civilización. Lamentablemente, en nuestro afán de crecimiento económico, hemos aumentando la demanda incluso por encima de los límites del planeta. Al agotarse dichos recursos en los continentes, la búsqueda de minerales se dirige ahora a uno de los lugares más inaccesibles y frágiles: los suelos de los océanos.  En este seminario virtual hablamos de la minería submarina y de los graves riesgos que ésta implica para los ecosistemas marinos y para las especies que dependen de ellos.    panelistas Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Tipos de depósitos marinos y su explotación. María José González-Bernat, bióloga y asesora científica de AIDA: Impactos ecológicos de los procesos de extracción submarina. Gadir Lavadenz, ingeniero ambiental y coordinador global de CBD Alliance: Visión de CBD Alliance respecto de la minería submarina.    grabación   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de AIDA:    2. Presentación de María José González-Bernat, bióloga y asesora científica de AIDA:   3. Presentación de Gadir Lavadenz, ingeniero ambiental y coordinador global de CBD Alliance:   

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Seminario virtual "Minería en glaciares: Impactos y alternativas"

Los glaciares de alta montaña en el continente americano cumplen un rol esencial para el correcto funcionamiento de las cuencas y además abastecen de agua a muchas ciudades en nuestra región, por lo cual son elementos de conservación estratégica tanto para el balance ecológico y climático como para el bienestar de las comunidades. Pero los glaciares están bajo la gran amenaza de la minería en alta montaña.   En este seminario hablamos acerca de la actividad minera en glaciares, sus impactos, antecedentes y las alternativas para proteger a esos valiosos ecosistemas.    Panelistas Daniel Taillant: Fundador y Director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Fue uno de los líderes que desde la sociedad civil logró incidir en el Congreso para la adopción en 2010 de la Ley de Glaciares de Argentina, la primera a nivel mundial. En su extenso trabajo de crioactivismo (la protección del hielo), relevó por imagen satelital a más de mil glaciares en zonas de impacto minero y es autor de numerosos informes sobre el impacto minero en glaciares y en el ambiente periglacial.   Sara Larraín: Excandidata a la presidencia en Chile, dirige el Programa Chile Sustentable, fundación dedicada al análisis y diseño de políticas públicas. Sara es coautora de uno de los primeros estudios sobre los glaciares de Chile, por su importancia como reserva estratégica de agua dulce. Chile Sustentable elaboró la primera Ley de Protección de Glaciares en 2006, la cual fue bloqueada en el Congreso por las empresas mineras. También contribuyó con ONG y diputados argentinos para normar la protección de los glaciares en ese país. Chile Sustentable promueve hoy, junto a parlamentarios, la tramitación de dos iniciativas de ley de protección de glaciares en el Senado y en la Cámara de Diputados de Chile, y aspira a que todos los países andinos protejan su criósfera como estrategia esencial para la seguridad hídrica ante el cambio climático.   Grabación   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Daniel Taillant:   3. Presentación de Sara Larraín:   Más información Programa Chile Susentable Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)  

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