Minería

Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México

La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo  En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia

El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que  declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7  por ciento  del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.

Seminario Virtual "Minería marina y evaluación de impacto ambiental: El proyecto Don Diego en México"

La Bahía de Ulloa, ubicada en Baja California Sur, México, es hogar de especies vulnerables y de interés pesquero como tiburones, rayas, almejas, langostas, camarones, aves y mamíferos. También es un área importante para el tránsito, alimentación y refugio de la tortuga Caguama, la Ballena Azul, la Ballena Jorobada y la Ballena Gris. Allí se propone realizar el primer desarrollo de minería marina de fosfato de la región: el “Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto está siendo analizada por la autoridad ambiental mexicana y el proceso de consulta pública ha comenzado. Es el momento de informarnos sobre los posibles impactos del proyecto Don Diego y conocer los requisitos mínimos que la MIA de una iniciativa como ésta debería tener para permitir una decisión adecuada acerca de si debe o no ser autorizada. En este seminario virtual, la discusión de los panelistas giró en torno a esos temas. Programa (presentaciones disponibles): Características y situación actual del proyecto Don Diego: Agustín Bravo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. ¿Qué es la minería marina y cuáles son sus posibles impacto?: Heidi Weiskel, científica de Environmental Law Alliance Worldwide, ELAW. Lineamientos mínimos para la evaluación ambiental del proyecto Don Diego: Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Oportunidades de participación en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero Don Diego: Maria Llano, abogada de Defensa Ambiental del Noroeste, DAN.   Los posibles impactos ambientales del proyecto Don Diego: Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.   Moderó:  Aída Navarro, AIDA. Notas Consúltelas aquí. Video:   Encuentra aquí más información sobre el proyecto Don Diego y consulta nuestra guía sobre lineamientos básicos para la evaluación de impactos ambientales de proyectos mineros. 

Cuidando la biodiversidad de México de la minería submarina

¡Cuidado! La minería propone llevar sus desechos al mar

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, y Karol Rodríguez, pasante de AIDA La minería implica un problema grave: la producción de desechos generados por la extracción de mineral. Éstos son acumulados en “relaves mineros”, un conjunto de desechos tóxicos con alto potencial de dañar el ambiente. En Chile ya no quedan espacios en tierra para depositar estos desperdicios y ahora las empresas mineras apuntan a dejarlos en el fondo del mar. La historia nos ha enseñado, a duros golpes, que estos desechos pueden tener efectos nefastos en las comunidades cercanas a los lugares donde son depositados. Por ello su manejo responsable es clave en la minería si queremos un desarrollo económico que traiga más beneficios que problemas. En Chile, los desastres causados por la mala disposición de relaves mineros son cuantiosos. Las empresas mineras se están quedando sin lugares para deshacerse de estos peligrosos subproductos. Nadie los quiere cerca ni lejos de su hogar o comunidad. Depositarlos en zonas alejadas o en zonas áridas con poca biodiversidad no es garantía, porque fenómenos naturales como la lluvia o los aluviones arrastran los contaminantes hasta las comunidades. En ese contexto, a las empresas mineras en Chile se les ocurrió una idea “brillante”: depositar los relaves mineros en el mar, a través de un ducto que llevaría toneladas de residuos a una especie de valle en el fondo marino. El océano: Misteriosa y delicada cuna de vida El océano es uno de los grandes misterios del planeta. De hecho, 95% del fondo marino no ha sido mapeado, lo que significa que conocemos apenas un 5% de él. Podemos decir que hoy se conoce más sobre la superficie lunar que de las profundidades oceánicas. Más aún, los océanos son los ecosistemas más complejos del planeta. Las variables involucradas en su salud y dinámica son infinitas. Por todo lo anterior, es imposible predecir el comportamiento que tendrían los desechos mineros una vez depositados en el fondo del mar. Esta incertidumbre es razón suficiente para aplicar el tan importante Principio Precautorio, clave para prevenir la degradación de la naturaleza por actividades económicas humanas. No sabemos cómo los desechos podrían afectar al tan complejo ecosistema marino, a sus especies y a nosotros, quienes nos nutrimos de la pesca. ¿Cómo podríamos entonces dormir tranquilos mientras un ducto deja caer residuos contaminantes y ciertamente peligrosos? Los efectos del daño ambiental podrían serían amplios e incontrolables, pues una vez que los desechos son liberados en el fondo marino, no hay vuelta atrás. Un taller internacional para discutir la idea Para saber más de esta preocupante iniciativa, dos renombrados ambientalistas chilenos —Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, y Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram— asistieron en junio a un taller internacional realizado en Lima, en el cual se discutió la viabilidad de depositar relaves mineros en el mar. El taller fue organizado por el Grupo Conjunto de Expertos Sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina y la Organización Marítima Internacional. Consulta aquí el artículo que Orrego escribió sobre el tema. En el taller se conoció que la idea de llevar desperdicios mineros al mar no es nueva. Es algo que ya ocurre en Canadá, Turquía, Papúa Nueva Guinea y en  algunos países africanos como Togo. El Gobierno noruego autorizó hace poco el uso de un fiordo (estrecha entrada de mar) prístino como depósito para los relaves de una mina de rutilo. En el taller, un funcionario del Gobierno de Noruega argumentó la decisión señalando que “el beneficio social de la mina es superior a la destrucción del fiordo”. ¿Según quién? Los partidarios de la propuesta consideran que tirar relaves al mar no conlleva necesariamente un peligro. Afirman que los riesgos son mínimos porque, al no haber oxígeno en el fondo del mar, no se produce el efecto químico que hace que los relaves contaminen cuando están en la superficie. En este sentido, Leonel Sierralta J., ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y actual Director Científico de Iniciativas Sustentables para la Minería, escribió una carta abierta en respuesta al artículo de Orrego. En ella expresa que aunque ha habido casos desastrosos de depósitos mineros al mar, también existen casos en los que la iniciativa se ha llevado a cabo en países desarrollados siguiendo criterios ambientales exigentes y basados en la ciencia. Esos argumentos no convencen a quienes se oponen a la propuesta. Es el caso de los cinco senadores chilenos que presentaron un proyecto de ley para prohibir la descarga de relaves en el mar.  Una alternativa: Neutralizar el peligro Orrego propone regular la minería de forma más severa, exigiendo que antes de depositar los relaves, las empresas mineras extraigan de ellos todos los  metales pesados y neutralicen sus químicos. De ese modo sería factible depositar relaves prácticamente inertes en lugares apropiados, tales como antiguos piques mineros (perforaciones verticales profundas). Las empresas tendrían incluso una oportunidad de negocio al extraer y reciclar los elementos peligrosos. La neutralización de los relaves es una alternativa adecuada para no seguir degradando el ambiente. La propuesta es sensata. Es razonable que las actividades económicas riesgosas para el ambiente continúen sólo en la medida en que puedan neutralizar sus impactos. Si generamos más desechos de los que podemos tratar es porque no estamos actuando sosteniblemente, lo que significa, que no estamos asegurando la conservación de un planeta sano para nuestra descendencia. Por ello en AIDA trabajamos a diario para preservar la salud de los ecosistemas frente a la contaminación de actividades como la minería.

Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos

Libro que contiene los análisis de caso del tráfico de minerales en Riberalta (Bolivia), Rondonia (Brasil), Caquetá y Amazonas (Colombia), Zamora-Chinchipe (Ecuador) y Madre de Dios (Perú). Lee y descarga    

Informe de la Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar

Es un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas. AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay. AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención. “Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia. En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias. El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva. Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia. Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil. Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.

¡Buenas noticias para la tortuga caguama!

Por Gladys Martínez La semana pasada se dio un gran paso para la protección de las tortugas marinas caguama, especie amenazada por la pesca no sostenible y por proyectos inadecuadamente planeados. Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que tuvo lugar en la Ciudad de México, los países firmantes del tratado aprobaron una resolución orientada a la conservación de la tortuga caguama o cabezona (Caretta caretta), la cual reconoce a la minería como una de las amenazas que afecta a esa especie. Estamos orgullosos porque AIDA, presente en la Conferencia, tuvo la oportunidad de generar conciencia entre los delegados de los Estados sobre las potenciales amenazas que la minería marina de fosfato podría causar en las tortugas caguama y en el ecosistema marino en general. Lo hicimos al explicar los impactos del proyecto minero Don Diego que de ejecutarse afectaría a la población de tortuga caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México. También concientizamos a los Estados sobre la necesidad de que se comprometan a tomar acciones inmediatas para la conservación y preservación de esa especie. Con base en nuestra experiencia y conocimientos en derecho ambiental internacional, ayudamos a fortalecer las propuestas de resolución, logrando que la minería sea incluida en la resolución aprobada como una de las actividades que los Estados deben regular para evitar daños a las tortugas. Detalles de la resolución que favorece a la tortuga caguama En la resolución, los Estados reconocen que las poblaciones de tortuga caguama son amenazadas por del desarrollo y la pesca costera, la pesca en alta mar, los desechos marinos, la minería, la contaminación y el cambio climático. En ella los países se comprometen a trabajar juntos para implementar los planes de recuperación existentes para esa población y a desarrollar nuevos planes en aquellos países donde actualmente no existe ninguno. En ese sentido, se hicieron compromisos específicos: México y Estados Unidos trabajarán con Japón para desarrollar un Plan de Recuperación Trinacional para la tortuga caguama del Pacífico Norte. Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos trabajarán con la Secretaría Pro Tempore de la CIT y la Secretaría de la Convención de Especies Migratorias (CMS) para implementar un Plan de Acción de Especies Individuales para la tortuga caguama del Pacífico Sur. México y Estados Unidos continuarán trabajando con los países colaboradores del Atlántico Norte para compartir información sobre la situación y tendencias de la tortuga caguama del Atlántico Noroeste, e identificarán acciones conjuntas de conservación. Un balance de la Conferencia “Nos sentimos muy satisfechos por los avances alcanzados en esta Conferencia. Es un privilegio participar, y contribuir efectivamente con nuestra experiencia de trabajo en eventos como éste donde se toman decisiones a nivel internacional, las cuales son implementadas luego en cada país”, dijo Gladys Martínez, abogada de AIDA y representante de la organización en la Conferencia. “Hemos sido observadores y actores durante esta Conferencia, representando a otras organizaciones e individuos que son parte de la sociedad civil; seguiremos trabajando por la conservación marina y cumpliendo nuestra misión de usar la ley para defender el derecho de todos a un ambiente sano”. Tras la Conferencia, también la tortuga baula (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental estará mejor protegida. Los Estados aprobaron una resolución en la que se comprometen a: Entregar información anual a la Secretaría de la Convención sobre las capturas incidentales de tortuga baula hechas por sus flotas. Informar anualmente de las medidas que están adoptando para reducir las capturas incidentales de la especie. Identificar, con ayuda del Comité Científico, áreas y pesquerías criticas que requieren un manejo espacial y temporal para reducir las capturas incidentales de la especie. Fortalecer acciones para la protección de los huevos de tortuga baula. Establecer y evaluar los programas nacionales de manipulación y liberación de tortugas baula capturadas incidentalmente en las pesquerías. Confiamos que los Estados transformarán estos compromisos internacionales en acciones efectivas para la conservación de las tortugas marinas. Desde AIDA permaneceremos vigilantes para garantizar que así sea. 

México y la urgencia de proteger a la tortuga caguama

Por Haydée Rodríguez La tortuga Caretta caretta, conocida también como tortuga caguama o cabezona, está gravemente amenazada en México, principalmente por el uso de instrumentos de pesca inadecuados, y más recientemente  por los riesgos que implica el proyecto minero Don Diego. México tiene una gran oportunidad para trabajar a favor de la especie pues es sede de la 7ª Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, en la cual se discutirá una propuesta de resolución para la conservación de la tortuga caguama. La propuesta busca crear planes regionales para la protección de esa especie y dar seguimiento a la salud de las poblaciones de tortuga caguama por medio de informes anuales por parte de los Estados e informes del Comité Científico de la Convención cada cuatro años, entre otras medidas. Captura incidental de tortugas Analizar la protección de la tortuga caguama es importante para todos los Estados Parte de la Convención, en especial para México, donde en los últimos años se ha escuchado una voz de alerta ante los impactos que ciertas artes de pesca generan en la población de tortugas caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur.  Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. Incluso Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para México debido a la mortandad de tortugas caguama en la Bahía de Ulloa.  La tortuga caguama está enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además, en México es considerada una especie en peligro de extinción,  categoría asignada a especies cuyas áreas de distribución o poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en su hábitat natural. Los riesgos del proyecto minero Don Diego Adicionalmente a los impactos de la pesca no sostenible, existe una nueva amenaza para la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa: Don Diego, un proyecto de minería marina de fosfato. AIDA, como observador de la sociedad civil en la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, ha informado a la Secretaría y a las Partes de los riesgos que dicho proyecto implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. El dragado y el ruido que el proyecto generaría puede ocasionar daños a la tortuga caguama, animal que depende de su oído para comunicarse, moverse y defenderse de depredadores. Este ruido podría incluso llevar a la muerte a los ejemplares más jóvenes. El proyecto Don Diego es analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entidad que debe decidir su viabilidad ambiental. Buscando ayuda Durante la Conferencia de las Partes, los Estados se comprometen, mediante la firma de resoluciones, a avanzar en medidas de protección de las tortugas marinas. En ese sentido, esta Conferencia es una oportunidad para que las autoridades mexicanas demuestren compromiso firmando la resolución de protección de la tortuga caguama, reciban apoyo técnico calificado del Comité Científico y del Comité Consultivo de Expertos; y avancen en la preservación de la especie al trasladar sus compromisos internacionales al plano nacional.