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Minería, Fuentes de Agua Dulce

El páramo de Santurbán: Un lugar más cerca del cielo

La Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, le dijo “no” al proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. ¿Qué implica esa decisión? Con ella, se da un paso importante en la protección de un sitio único y de valor incalculable. En Santurbán, las rocas se convierten en guardianes de espejos de agua que imitan al cielo. Frailejones escoltan y vigilan los vestigios de glaciares. Los cóndores posan sus ojos sobre los visitantes. Allí, el cielo está más cerca. Santurbán es un páramo, un ecosistema exclusivo de los Andes. La empresa canadiense Eco Oro Minerals fijó su mirada en el sitio porque así como es rico en agua, también lo es en minerales. La CFI había invertido en la empresa y en su proyecto Angostura. Pero, a finales de 2016, tomó la sabia decisión de retirar su inversión. Ello implicó una victoria importante en la lucha por preservar el agua de millones de personas. Pero, ¿qué es exactamente lo que se salva? ¿Qué magia tiene Santurbán que enamora? Alberto Peña Kay, fotógrafo y senderista, enlista con retratos del páramo las razones que le inspiran a cuidar este ecosistema único: Los frailejones (espeletias) son plantas endémicas que por las drásticas condiciones del clima de los páramos, se han adaptado de forma única para sobrevivir al frío, la alta radiación ultravioleta y la escasez de nutrientes.    Las hojas suculentas de los frailejones absorben el agua de la neblina y la conservan en su tronco. A veces, sólo crecen un centímetro al año. “Cuando conocí este páramo y lo retraté, me di cuenta que debía seguir visitándolo. Me inspiró a seguir más con mi pasión por la fotografía”.  “Muchos no lo ven así y casi siempre lo ven con ojos de ganancias por la explotación minera”.  “En su máxima expresión, vemos que tiene potencial y es algo que podemos perder. Son muchas las razones para conservarlo”.  ¿Por qué? “Primero, está en mi región, en el gran Santander. Segundo, su biodiversidad: allí hay íconos como el cóndor, el puma y el frailejón. Tercero, abastece de agua a más de la mitad de los nortesantandereanos y santandereanos”. “Desde que conocí el páramo de Santurbán, me di cuenta que se puede llegar más cerca del cielo”.  Santurbán habla por sí mismo. ¡Salvar este trozo de cielo en la tierra, bien vale la pena!

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Derechos Indígenas, Minería, Cambio Climático

2016: Seis razones para mantener la esperanza ambiental

El 2016 no fue un año fácil para el mundo y eso incluye a la lucha ambiental, especialmente la que se libra en América Latina. La pérdida de defensores y defensoras ambientales nos rompió el corazón. El ambiente político internacional, particularmente tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se tensó a tal grado que aprendimos a no dar todo por sentado. Y los efectos del cambio climático nos golpean cada vez más fuerte. Pero no todo ha sido sombrío. Este año nos ha dado motivos importantes para mantener la esperanza de que la preservación del ambiente es posible. Logros, buenas noticias y luchas que han triunfado, abren un gran camino para el próximo año. A continuación, seis razones para recargar energía y seguir dando pelea: 1. El Banco Mundial le dijo “no” a la minería en el páramo de Santurbán, Colombia A diez días de que el año termine, la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, decidió retirar su inversión de la empresa canadiense Eco Oro Minerals y su proyecto minero Angostura, el cual amenaza desde hace años con dañar el páramo de Santurbán, fuente de agua para millones de personas en Colombia. Es un resultado al que AIDA y sus aliados hemos contribuido ampliamente. Esperamos ahora que el Gobierno colombiano no otorgue permisos ambientales a proyectos mineros en Santurbán y en ningún otro páramo. Además, daremos seguimiento a la demanda internacional que la empresa inició contra Colombia por las medidas que adoptó para proteger sus páramos, entre ellas, la decisión judicial de ratificar que la minería en esos entornos está prohibida. 2. La lucha indígena cobra fuerza y gana La lucha de los indígenas Sioux contra un oleoducto en Estados Unidos, le dio la vuelta al mundo. Al movimiento se unieron artistas, veteranos, activistas y otros grupos indígenas. Por ahora, el proyecto está suspendido. En Brasil, tras años de esfuerzo, el pueblo Mundurukú logró que el gobierno negara el permiso ambiental a una hidroeléctrica sobre el río Tapajós, en la Amazonía. Son logros que nos devuelve la esperanza y resaltan la necesidad de darle voz a los pueblos indígenas que, según el Banco Mundial, resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta. 3. Un nuevo acuerdo por el clima está en marcha El 4 de noviembre, el Acuerdo de París contra el cambio climático entró en vigencia. Ocurrió más pronto de lo esperado. Al logro político contribuyeron países de América Latina y Europa, así como China y Estados Unidos (los mayores emisores de gases contaminantes), al ratificar el nuevo pacto. La vigencia del acuerdo permite que los compromisos para contrarrestar el problema, de naciones desarrolladas y en desarrollo, comiencen a ser una realidad. Un paso importante hacia ese objetivo se dio en la vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos. Allí hubo avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima, rubro en el que AIDA aporta como miembro de la sociedad civil. Y este año recibimos otra noticia esperanzadora: ¡La capa de ozono se está recuperando! Fue posible gracias al Protocolo de Montreal, muestra de que el compromiso entre países sí tiene frutos. 4. El mar está más protegido México creó la mayor extensión de áreas naturales protegidas de su historia. De ellas, las que están en el mar equivalen a casi la mitad de su territorio terrestre. En Estados Unidos, la reserva marina de Hawái fue ampliada y se convirtió en la más grande del mundo. Similar acción fue adoptada en Ecuador, que amplió la reserva de las Islas Galápagos para proteger a las especies marinas que allí habitan. En AIDA, hemos participado y llevado la voz de América Latina a la discusión internacional para la construcción de un nuevo tratado para proteger las aguas de alta mar, aquellas que son de todos. 5. Ríos libres de represas En Chile, tras una fuerte oposición, una empresa anunció que desistió de construir hidroeléctricas en cinco ríos vírgenes. Perú anunció que las hidroeléctricas, particularmente en la Amazonía, están fuera de los planes del nuevo gobierno. Además, como ya mencionamos, Brasil desistió de interrumpir el curso del río Tapajós. Y, en Estados Unidos, se ha comenzado a remover represas en ríos, permitiendo el regreso de especies a sus aguas y una mejora del equilibrio natural. Además, un nuevo estudio científico confirmó que las represas contribuyen al cambio climático al ser una fuente importante de gases de efecto invernadero. 6. Tu apoyo Nuestro trabajo este año no habría sido posible sin tu ayuda. Cuando nos escribes, nos permites usar tus fotos, te unes a nuestro equipo de voluntarios y pasantes o haces un donativo, nos alientas a seguir adelante. Son mensajes de esperanza y una muestra de que no estamos solos y de que siempre valdrá la pena trabajar por tus hijos, los nuestros y los de cada comunidad a la que apoyamos. ¡Gracias por ser parte de la esperanza! Sabemos que no sólo sigues nuestra lucha, sino que en casa realizas una propia y haces todo lo que está en tus manos para cuidar este planeta, nuestro hogar. ¡Feliz 2017!  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

Banco Mundial retira inversión de la empresa Eco Oro Minerals y su proyecto minero en el páramo de Santurbán

En un avance importante para la protección de los páramos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, toma la decisión positiva de retirar su inversión de la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals, cuyo proyecto minero de oro Angostura está ubicado en el páramo de Santurbán, entorno natural que abastece de agua a millones de personas en Colombia. Bogotá, Washington, Ottawa, Amsterdam. La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, decidió retirar su inversión en la empresa canadiense Eco Oro Minerals. El proyecto minero Angostura, a cargo de Eco Oro, está ubicado en el páramo de Santurbán, Colombia, un ecosistema de alta montaña que provee de agua a millones de personas en el país. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. “Aplaudimos esta decisión del Banco, que le da la razón al Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sobre la inviabilidad de la minería en el páramo”, sostuvo Alix Mancilla, representante del Comité. “Ahora pedimos al gobierno colombiano que se abstenga de otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto minero que afecte a Santurbán”. “El retiro de la inversión por parte de la CFI es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El gobierno colombiano debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos, que es ilegal”. La CFI toma su decisión tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento del Banco Mundial (CAO, por sus siglas en inglés), un mecanismo independiente de quejas, en el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contrariando las políticas internas de la institución financiera. En 2012, el Comité, con asesoría de las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado, presentó ante la CAO la queja que dio origen al informe en mención. "Después de una intensa presión pública, la CFI por fin escuchó el mensaje y al retirar la inversión, lo amplifica. La decisión de retirarse fortalece el derecho del Estado colombiano para legislar sobre el interés público y proteger su agua. Aplaudimos esta decisión de la CFI, la cual tendrá repercusiones para todos los colombianos", declaró Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). La decisión de la CFI también sucede en el contexto del anuncio de la empresa Eco Oro, quien ha iniciado una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. La medida se habría presentado por las decisiones adoptadas por el Estado para proteger sus páramos. “El interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana. Con el retiro, la CFI no solo libera al Banco Mundial de un claro conflicto de interés, sino que también resalta la existencia de proyectos mineros desacertados en el páramo colombiano, así como la ilegitimidad de esta demanda", agregó García Zendejas. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, comiteparamosanturban@gmail.com, +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, clozano@aida-americas.org, +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, cgarcia@ciel.org, +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canada, jen@miningwatch.ca, +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, k.genovese@somo.nl, +31 65 277 3272  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

Sociedad civil pide en sede del Banco Mundial el retiro de la inversión a un proyecto minero en Colombia

Organizaciones de la sociedad civil harán su solicitud ante funcionarios del organismo financiero, y discutirán la situación del páramo de Santurbán y sus defensores con representantes del Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Argumentarán que la Corporación Financiera Internacional (CFI) invirtió en una mina de oro sin tener en cuenta los impactos ambientales de la misma y desconociendo así sus propios estándares. La mina pone en peligro un ecosistema esencial para el agua de millones de personas. Washington D.C., Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil estarán en la sede del Grupo del Banco Mundial para pedir que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo para el sector privado de ese grupo, retire su inversión del proyecto minero Angostura, propuesto en el páramo de Santurbán, ecosistema de alta montaña ubicado a gran altura que abastece a más de dos millones de personas en Colombia. Una investigación independiente de la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), el Ombudsman del Banco Mundial, concluyó que al momento de invertir, la IFC no tomó en cuenta los potenciales impactos ambientales del proyecto, incumpliendo sus políticas internas. A fin de realizar su solicitud, las organizaciones se reunirán con funcionarios de la IFC. También dialogarán con representantes del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el estado del páramo y los riesgos para sus defensores. Se trata de la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, apoyada por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) y MiningWatch Canadá. La investigación realizada por la CAO derivó de una queja presentada por el Comité y apoyada por las ONG internacionales.   La visita tiene lugar luego de que la empresa Eco Oro anunció que demandará al Estado colombiano ante un tribunal internacional de arbitramento, por la sentencia de la Corte Constitucional que reafirmó la prohibición de minería en páramos. La petición a la IFC para que retire su inversión está respaldada por una petición lanzada vía internet y con miles firmas de personas de todo el continente americano, que serán entregadas durante la reunión.  Contactos de prensa Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, alixmancillamor@hotmail.com, +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, clozano@aida-americas.org, +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, cgarcia@ciel.org, +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, jen@miningwatch.ca, +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, K.Genovese@somo.nl, +31 65 277 3272  

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Minería

Estudio sobre lineamientos, incentivos y regulación para el manejo de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM)

La autora del informe presenta las definiciones de Pasivo Ambiental Minero para Bolivia, Chile, Colombia y Perú, la legislación asociada, así como las regulaciones sobre cierres mineros y normativa ambiental. Además, brinda información sobre instrumentos de gestión preventiva y correctiva de los pasivos, incluyendo herramientas económicas, de sistematización y tecnológicas. Lee y descarga  

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Océanos, Minería

México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego

AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La entidad encontró que las medidas planteadas por Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, para resguardar a la tortuga marina se basan en información inconsistente. Ciudad de México, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antepuso la protección de la tortuga caguama, especie amenazada, al beneficio económico que podría traer la mina submarina de fosfato Don Diego, cuya ubicación propuesta es el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. La entidad negó la autorización del proyecto a cargo de Exploraciones Oceánicas al encontrar que las medidas planteadas por la empresa para proteger a la Caguama se sustentan en información que no es consistente. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la decisión de la SEMARNAT en la que se señala que los aspectos económicos del proyecto “no pueden prevalecer sobre la protección de los recursos naturales existentes el Golfo de Ulloa”, más cuando algunos de ellos como la tortuga Caguama (Caretta Caretta), “se encuentran sujetos a estrictos estándares de protección por encontrarse en peligro de extinción”. Según la entidad, no es factible armonizar el resguardo de las poblaciones de esa especie con una actividad “que adiciona una presión antropogénica (fruto de la actividad humana) a las existentes en la zona y que incrementa el riesgo de extinción de dicha especie, que es compartida internacionalmente (página 232 del documento que contiene la decisión de la SEMARNAT)”. AIDA presentó a la SEMARNAT argumentos sobre las obligaciones internacionales que México incumpliría de autorizar el proyecto, así como de la información insuficiente con la cual la empresa evaluó el impacto ambiental de la mina en los ecosistemas marinos del lugar y en la que basó sus medidas de mitigación. Según la Secretaría, Exploraciones Oceánicas propuso un Programa de Monitoreo de las Tortugas Marinas que es más bien uno de “salvamento” y que no se sustenta en datos cuantitativos del hábitat de la Caguama. Además, la empresa no planteó medidas de mitigación y prevención para garantizar la disponibilidad de alimento suficiente para la especie, y su modelo de restauración del fondo marino —el cual busca dragar para extraer fosfato— no tomó en cuenta las características particulares del Golfo de Ulloa (páginas 225 y 226). La SEMARNAT se amparó en normas internacionales para negar el permiso ambiental a Don Diego. Recurrió por ejemplo a las obligaciones de México de proteger su medio marino y de utilizar los datos científicos más fidedignos posibles en la protección de las tortugas marinas, contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), respectivamente. Más información 10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego  

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Océanos, Minería

10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego

1. Es un proyecto propuesto de minería submarina en México.  La minería submarina es un proceso por el cual se recuperan minerales o metales del lecho marino. Don Diego es un proyecto que propone usar un sistema de dragado para obtener 7 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, a 19 kilómetros de la costa de Baja California Sur[1].  Los materiales sobrantes, aquellos que no son de interés —sobrecarga o residuos— podrían ser regresados al mar[2].   2. De ser implementada, sería la primera mina de fosfato en su tipo, con esa técnica,  y en esa región.  Ello hace imposible prever con exactitud los daños que la actividad puede generar y las medidas para evitarlos[3].  Otros países han rechazado proyectos de este tipo debido a la gravedad de sus impactos potenciales.  Namibia y Nueva Zelanda son ejemplos[4]. Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, no tiene experiencia suficiente en este rubro[5].  Tampoco la tiene el Gobierno mexicano para ejecutar y monitorear apropiadamente el proyecto. Además, aún bajo esta incertidumbre, la empresa no ha proporcionado una garantía financiera para asegurar el cumplimiento del plan de manejo, el de monitoreo y la fiscalización.     3. El proyecto alteraría el ecosistema marino.   La recolección de arena fosfática del mar y la deposición de residuos en el mismo generaría sedimentos que podrían bloquear la luz, afectando a su vez la fotosíntesis marina[6].  El dragado destruiría especies bentónicas como ostras y almejas, y su hábitat, afectando la cadena alimentaria y el equilibrio del sistema[7].  El ecosistema podría requerir años para recuperarse.   4. Su ejecución no implicaría necesariamente mayor seguridad alimentaria para México. El fosfato es usado en fertilizantes. Los promoventes del proyecto buscan enfrentar la disminución de reservas de fosfato en el mundo[8].  Pero iniciar una explotación de este tipo, sin conocer lo necesario sobre la técnica y sus impactos, podría generar un daño mayor al posible beneficio.  Además, extraer fosfato en aguas de México no garantiza que el mismo será utilizado para suplir la demanda de la agricultura en ese país ni en el continente americano.      5. La mina pondría en riesgo la pesca y a las familias que dependen de ella.  El área del proyecto minero se traslaparía con las concesiones de las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera “Puerto Chale” y “La Poza”[9].  En el Golfo de Ulloa se producen cerca de 8,450 toneladas por año de especies comerciales que incluyen al abulón, almejas, calamar, camarón, caracol, cazón, jaiba, langosta, ostión, pulpo, rayas y tiburón[10]. La pesca podría disminuir considerablemente debido a la afectación del fondo marino por el dragado[11]. 6. La mina impactaría una zona ecológicamente rica y vulnerable.   El proyecto está ubicado en el Golfo de Ulloa, región única en el mundo caracterizada por su alta productividad y biodiversidad.  Alberga especies de interés pesquero y de conservación.  Además, parte del proyecto estaría en 20% de la Región de Importancia Marina de Bahía Magdalena[12], sitio de manglar que brinda importantes servicios ambientales a las comunidades costeras, entre ellos la mitigación del cambio climático.   7. La mina pondría en mayor peligro el hábitat de la tortuga caguama.   El Golfo de Ulloa es un hábitat crítico para la tortuga caguama. El Estado mexicano creó allí un refugio pesquero para la protección de esa especie[13].  Estudios demuestran que un ruido como el que podría generar el proyecto causaría el desplazamiento del hábitat de esa tortuga y un cambio drástico en su comportamiento[14].  Además, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas incluyó recientemente a la minería como una de las actividades que ponen en peligro a las tortugas marinas[15].   8. La mina podría destruir un sitio seguro para la ballena gris.   Cada año, la ballena gris viaja de Alaska a las aguas cálidas de Baja California Sur para tener a sus crías y cuidarlas[16].  Las ballenas usan el sonido para identificar su grupo, ubicarse, encontrar y capturar comida[17].  El proyecto generaría ruido, aumento del tráfico marino y cambios en el ecosistema, alterando un sitio seguro para las ballenas desde hace siglos[18].   9. Aprobar el proyecto podría implicar el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano.   México tiene obligaciones de derecho internacional para proteger el ecosistema marino y las especies vulnerables que el proyecto podría dañar.  En especial, debe aplicar el principio precautorio en un caso como éste, en el que no existe certeza científica sobre la magnitud e intensidad de los daños ambientales.  El Estado mexicano está obligado entonces a tomar las medidas necesarias para evitar esos posibles daños.  Ello incluye disponer la inviabilidad del proyecto hasta que se demuestre que es posible evitarlos o reducirlos al mínimo.   10. Los detalles del proyecto son confusos y la información pública disponible al respecto es incompleta.  La duración y el área específica del proyecto aún no son claras.  Por ejemplo, se prevé que el proyecto dure 50 años, pero podría extenderse 50 años más al estar amparado por la Ley Minera[19].   [1] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, pp. 4, 5 y 7. Disponible aqui. [2] Todo el proceso es descrito por el promovente,  con mayor énfasis en el Capítulo II de la Manifestación de Impacto Ambiental, pp. 23-42.  [3] Rofomex era un proyecto de fosfato en San Juan de la Costa, esto es cerca de ciudad de La Paz, Baja California; la mina producía dos millones de toneladas anuales de fosfato, información disponible en http://www.dredge.com/dred2-10.html , http://defiendelasierra.org/wp-content/uploads/San-Juan-de-la-Costa.pdf y http://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10048963  ; sin embargo, el proyecto está en tierra y no se encuentra en la Bahía de Ulloa, ver ubicación exacta  [4] La primera mina marina de fosfato que entraría en operación se propuso en Namibia en 2013, sin embargo el proyecto no se ha aprobado ya que entró a regir una moratoria a esta actividad.  Ver: http://www.scoop.co.nz/stories/WO1307/S00188/marine-phosphate-mining-cannot-be-sustained-by-namibia.htm ; http://www.worldfuturecouncil.org/sandpiper-project.html;  Nueva Zelanda utilizó el principio precautorio para negar el permiso de minería de fosfato submarina, ver http://www.stuff.co.nz/business/industries/66038589/Chatham-Rock-Phosphate-aghast-mining-consent-refused [5] Página web de Exploraciones Océanicas y actividad en la Bolsa NASDAQ donde se aprecia que la empresa no ha realizado ningún proyecto de minería submarina en el pasado. [6] La industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear con elementos como el Uranio (238U) y Torio (232Th).  Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos, incluida la presencia de estos elementos, que fueron expuestos mediante el proceso de separación en búsqueda del fosfato. Al-Masri, M., Mamish, S. et al.  (2002).  “The impact of phosphate loading activities on near marine environment: The Syrian Coast”.  Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 35-44. P. 1. [7] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64, y Capítulo V, p. 48, disponible en http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf [8]U.S Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Enero 2015.  Disponible en: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2015-phosp.pdf [9] Instituto Nacional de la Pesca Oficio RJL/INAPESACA/DGAIPP/978/2014 [10] CONABIO.  Estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área Golfo de Ulloa, BCS (2010).  Disponible en: http://goo.gl/7An5o5 [11]Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”,  Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64. Disponible aqui.  [12] Instituto Nacional de la Pesca. Oficio RJL/INAPESCA/DGAIPP/757/2014 [13] El Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio de la Tortuga Amarilla (CarettaCaretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en:  http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?submitid=33808 [14] Convenio sobre Diversidad Biológica.  “Sea turtle hearing and sensitivity to acoustic impacts”. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2014-01/other/mcbem-2014-01-submission-boem-03-en.pdf Pg. 3 y 4 [15] Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas Séptima Conferencia de las Partes 24-26 de Junio, 2015, Ciudad de México, Resolución CIT-COP7-2015-R3. Disponible en: http://www.iacseaturtle.org/docs/resolucionesCOP7CIT/CIT-COP7-2015-R3_Cabezona_%20%20Resolucion_ESP_7.15.15_ADOPTADA.pdf [16] Guerrero Ruiz, M., Urbán Ramírez, J. y Rojas Bracho, L. 2006. Las ballenas del golfo de California. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de Ecología (INE). 537 pp. [17] Baker C. S. y C. M. Herman. 1984. Aggressive behavior between Humpback whales (Megaptera novaeangliae) wintering in Hawaiian waters. Can. J. Zool. 62(10): 1,922-1,937.; Croll, D. A., C. W. Clark, A. Acevedo, B. R. Tershy, S. Flores, J. Gedamke y J. Urbán. 2002. Only male fin whales sing loud songs. Nature 417: 809. [18] El Anexo 13 es un documento de tres páginas que no respaldan las conclusiones de la empresa en la manifestación de impacto ambiental. [19] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”,  Capítulo II, p. 4. Disponible en: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf  

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Los páramos: protegidos por la Corte

El fallo de la Corte Constitucional que hace unos días prohibió la minería en los páramos vino a zanjar una prolongada controversia sobre el tema. Ahora queda claro que los derechos o expectativas económicas de particulares deben subordinarse al interés general. Pero la disputa seguirá y habrá reacomodo de fuerzas en torno a la interpretación del  fallo. La sentencia en cuestión responde a una demanda contra el Plan de Desarrollo 2014-2018 interpuesta por la Cumbre Agraria y el Polo Democrático Alternativo, y sin duda es el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional en materia ambiental en su historia reciente. El debate sobre extractivismo en páramos es uno de los pulsos ambientales más intensos que hayamos visto en Colombia en los últimos años. A diferencia de otros temas, esta cuestión se instaló para quedarse en el debate nacional. El movimiento ambiental fue muy hábil al conectar la importancia de los ecosistemas de páramo con el agua que los ciudadanos del común reciben en sus casas y con ello logró el consenso en la opinión sobre la necesidad de protegerlos. El asunto fue ampliamente comentado por los medios y por las redes sociales, de modo que hoy la gente sabe bien que sin páramos no hay agua en las ciudades. Esto tuvo una gran influencia sobre el “ambiente” que rodeó el litigio en la Corte. El gobierno perdió el caso ante la opinión y volvió a perderlo ante el tribunal. Antes de la sentencia, no había un pronunciamiento autorizado que impidiera contundentemente la minería en páramos. Pese a algunas decisiones de la propia Corte y a un concepto del Consejo de Estado, este debate seguía estando en vigencia. Pero cuando el gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo, cometió un error estratégico porque lo expuso a la competencia de la Corte. En resumen, la Corte sostuvo que: La minería en páramos pone en peligro el derecho al agua porque desconoce la obligación del Estado de proteger sus fuentes. La licencia ambiental no otorga derechos adquiridos en los páramos y el Estado puede prohibir la minería en esas zonas incluso después de haberla expedido. Es desproporcionado afectar los páramos para garantizar derechos patrimoniales de privados. Los páramos tienen un déficit de protección inaceptable desde el punto de vista constitucional, pues no todos ellos se encuentran en áreas protegidas y no hay reglas claras sobre hasta dónde llega la discrecionalidad del gobierno en la delimitación. Los páramos son interdependientes con otro tipo de ecosistemas y dañarlos libera carbono y contribuye al cambio climático. El primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos le quitó piso jurídico a la minería en páramos, pero el segundo se lo devolvió y esa regresión es inconstitucional. Asimismo, la Corte hizo uso del derecho ambiental internacional y reconoció que los páramos son sumideros de carbono, reservas de biodiversidad y fuentes de agua dulce. También utilizó datos científicos para demostrar que son ecosistemas muy frágiles y difíciles de restaurar. Con esta decisión el tribunal avanzó bastante en la jurisprudencia y demostró que el litigio ambiental por tipo de ecosistemas es más comprehensivo que aquel que se realiza por especies. Además, envió un mensaje a los países de la región que también tienen páramos, pues la minería avanza a paso firme en áreas protegidas de Ecuador y Bolivia. La cuestión de los páramos es un debate andino y el movimiento ambiental en esos países está seriamente debilitado. Pero, sobre todo, la Corte innovó con la regla según la cual el gobierno no puede apartarse de la delimitación de páramos hecha por el Instituto Humboldt, a menos que tenga una base científica y que ello represente un mayor nivel de protección para los páramos. Este es un diseño constitucional de incentivos sin precedentes que, al tiempo que garantiza la independencia del Instituto, mantiene cierto margen de discrecionalidad para el Ministerio de Ambiente. Por último, la Corte reconoció implícitamente que el sistema de licencias ambientales no da garantías de protección a los páramos y que el margen de discrecionalidad del gobierno en la delimitación, tal como venía operando, no podía seguir. Este es un claro llamado de atención al funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las CAR, y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer nuevamente el Sistema Nacional Ambiental. Sin duda, la Corte sentó un precedente que dificulta el avance de la minería en los páramos. Pero la disputa por el sentido del fallo y las presiones sobre el tribunal continuarán, porque el diablo está en los detalles. La Ley 1450 de 2011 daba como referencia mínima para hacer efectiva la prohibición de minería en páramos el Atlas del Humboldt, si no se tenía una más detallada. Esa regla desapareció con en la Ley 1753 de 2015. Si bien la Corte hizo ajustes en su reciente decisión, el argumento según el cual si no hay delimitación no hay prohibición de minería, será utilizado para seguir pidiendo licencias en zonas de páramo, o para defender las que ya han sido aprobadas. Por otro lado, los ambientalistas sostendrán que las licencias en esas zonas, al ser actos administrativos, pierden sustento jurídico con la sentencia de la Corte y deben ser revocadas o anuladas. En todo caso, la protección de los páramos no debe estar supeditada a la delimitación. Las decisiones de la Corte tienen efectos inmediatos y la protección de los derechos fundamentales relacionados con páramos no puede estar sujeta a la expedición de un acto administrativo. El otro desafío que surge tras la decisión es qué hacer con los pequeños mineros. Si bien la Corte dijo que los derechos patrimoniales no están por encima del interés general, en el caso de productores artesanales el acceso al trabajo o al mínimo vital puede verse en peligro, particularmente en Santander y Boyacá. El gobierno debe ofrecer alternativas para evitar el desplazamiento de estos grupos. Finalmente, vendrá la discusión sobre los costos económicos de la decisión. Sin duda habrá un ajuste en los planes de inversión e incluso pérdidas en el sector minero, que cuenta con vías legales para reclamarlas frente al Estado. Pero los costos de los pasivos ambientales por la explotación (pérdida de servicios ecosistémicos, impacto de la contaminación sobre la agricultura y la salud) son mucho más importantes y, en últimas, también tendrán que ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos. El problema radica en que esos costos ambientales normalmente no son contabilizados. Con esta decisión ganó la Corte, que demostró ser capaz de decisiones audaces para proteger los ecosistemas del país. También ganó el movimiento ambiental, que supo combinar la movilización ciudadana con el litigio estratégico. Pierden el gobierno, porque su punto de vista sobre el tema resultó derrotado (por ahora), así como el sector minero, que sin duda verá reducidas sus expectativas de ganancias. Pero el debate sigue y la implementación de la sentencia puede ser aún más disputada que el litigio.

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Océanos, Minería

Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México

La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo  En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

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