Minería

Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria

Proyecto minero Don Diego pone en grave riesgo a ecosistema marino en México

AIDA hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería marina de fosfato ubicado en Baja California Sur, el cual debe ser rechazado porque no existe la información suficiente para garantizar que no dañará gravemente un entorno vital para especies amenazadas y comunidades costeras.Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería de fosfato Don Diego, ubicado en la Bahía de Ulloa, Baja California Sur. Evidenciamos que el documento carece de información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará gravemente la Bahía, ecosistema marino del que dependen comunidades costeras y especies de fauna como las ballenas Azul, Jorobada y la Tortuga Caguama.Los comentarios fueron presentados en nuestro nombre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra organización participante. "Los comentarios demuestran que el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en la región, podría causar daños ambientales serios", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.En ese sentido, las razones principales por las que el proyecto no debe ser autorizado, tal y como ha sido presentado, son las siguientes:El proyecto podría generar daños irreversibles en una zona ecológicamente vulnerable y rica en biodiversidad que incluye a la Bahía Magdalena, ecosistema de manglar considerado Región Marina de Importancia. La zona es además hogar de especies marinas amenazadas y de otras vitales para la industria pesquera.La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos.El proyecto implica un proceso minero que alteraría en gran medida el entorno marino: grandes barcos dragarán el lecho marino y extraerán arena en busca de fosfato, pero al hacerlo podrían también extraer organismos vivos.El proyecto implica la alteración del ecosistema marino con sedimentos que, tras ser procesados, serán devueltos al océano exponiendo elementos tóxicos como el Uranio.Los sedimentos tóxicos expuestos, el dragado y el ruido de la operación minera alterarán el hábitat de especies vulnerables de ballena y tortuga.El Estado mexicano tiene obligaciones nacionales e internacionales para aplicar el Principio Precautorio. De ese modo, debe negar el permiso al proyecto hasta asegurar que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles.De autorizar el proyecto, el Estado mexicano podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir sobre la protección de entornos marinos y especies vulnerables.El proyecto pone en riesgo actividades de pesca y turismo de las que depende el sustento de comunidades costeras de la zona.Consulte aquí nuestros comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares[1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta. La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente. El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA trabaja para combatir ambas amenazas. El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares. La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento. Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando. A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos? El camino a la ley El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados "la bancada glaciar" planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una "indicación sustantiva" (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras. A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas: Aspectos positivos Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público. Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas. Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares. Aspectos negativos No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica. Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados "reservas estratégicas de agua" por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras. Dispone que los glaciares no considerados "reservas estratégicas" quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados "reservas estratégicas". De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando. Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan. Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones. También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general. También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales. Visita por favor este blog para conocer más sobre minería, agua y los esfuerzos de AIDA para defender el derecho humano a un ambiente sano. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/

Alertando a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el hemisferio

Juana [1] padece problemas respiratorios y su hermana tiene asma. Vive en La Oroya, una pequeña ciudad ubicada en los Andes centrales de Perú. Pasaron años antes de que ella accediera a la información necesaria para entender el origen de sus males: la contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. A la fecha, aunque ha habido avances, Juana y el resto de las personas afectadas por el aire contaminado de La Oroya no reciben la atención médica integral y especializada que requieren. En casos como el descrito, las víctimas no siempre encuentran justicia en sus países y es necesario elevar sus reclamos a nivel internacional. Un espacio para hacerlo, además del sistema de peticiones y casos, son las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra dos veces al año, en marzo y octubre. AIDA ha participado activamente en estas audiencias, en aquellas referidas a casos específicos como el de La Oroya o en audiencias temáticas sobre problemas que aquejan a países de América Latina o a la región en su conjunto. Hemos participado solos y en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. "Al proporcionar información y argumentos, buscamos que la Comisión visibilice situaciones preocupantes de violaciones de derechos humanos causadas por la degradación del ambiente, y que haga algo al respecto: que desarrolle estándares, realice el seguimiento respectivo y le haga recomendaciones a los Estados", explica María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. De ese modo, por  ejemplo, en octubre del año pasado, AIDA y organizaciones aliadas llamamos la atención de la Comisión sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. Además, solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. "Estas audiencias son la herramienta más amplia y flexible para que la Comisión reciba información sobre los temas que preocupan a la región. Son tantas las preocupaciones y tantas las organizaciones que buscan ser escuchadas que el tiempo no es suficiente. Las audiencias son un indicador de las problemáticas más relevantes en un momento determinado y a través de ellas la sociedad civil establece una agenda", dice Ana María Mondragón, abogada de AIDA. AIDA regresó este mes a Washington D.C., sede de la CIDH, para participar de una audiencia en la que puso sobre la mesa una preocupación actual y cada vez más profunda: el rol preponderante que las empresas están jugando en la violación de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Máxima Acuña Chaupe en Cajamarca, Perú. La empresa minera Yanacocha busca desarrollar un proyecto minero en sus tierras y a fin de conseguirlo, la acusó de usurpación de predios. Aunque un fallo judicial estableció la inocencia de Máxima, ella y su familia viven con el miedo de que intenten quitarles su hogar nuevamente. El caso de la familia Chaupe y de muchas otras en la región evidencia la importancia de llevar el tema ante la Comisión.  "En la audiencia presentamos información para alimentar el debate sobre las oportunidades que tiene la Comisión para crear, implementar y fortalecer estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Al hacerlo, la Comisión podrá instar a que los Estados controlen y/o sancionen las actividades de empresas que como Doe Run Perú o Yanacocha generan daños en el ambiente y los derechos humanos, y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas", señala Veramendi Villa. [1] El nombre real de la persona se mantiene en reserva para su protección.

Comentarios a la MIA del proyecto Don Diego

Comentarios de derecho internacional a la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Don Diego (Baja California Sur, México), modalidad regional con clave 03BS2014M0007, sobre dragado marino para la extracción de arenas fosfáticas. La información que presentamos a continuación demuestra que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Don Diego es técnicamente insuficiente para garantizar que el proyecto minimizará y evitará potenciales graves daños al ecosistema marino, razón por la cual solicitamos que se niegue la viabilidad ambiental de dicho proyecto. Nuestros comentarios se dividen en tres secciones. En la primera sección presentamos las generalidades del proyecto, la segunda sección expone las principales obligaciones internacionales que el Estado Mexicano estaría incumpliendo de otorgarse la viabilidad del proyecto, y finalmente, la tercera sección, presenta un estudio de caso sobre la aplicación del principio precautorio en un caso similar en el Estado de Namibia. Lee y descarga los comentarios Lee y descarga los comentarios adicionales

Páramos: Defendiendo el agua en Colombia

En Colombia, los páramos ocupan apenas el 1,7% del territorio nacional, pero producen el 85% del agua potable. Pero esta rica fuente de vida está en peligro por actividades como la minería a gran escala y su protección es un asunto de interés nacional. ¿Cómo ocurre la magia? Los páramos son humedales de alta montaña. Al estar ubicados en la zona ecuatorial, permanecen fríos todo el año, lo que hace que sus suelos se mantengan ricos en nutrientes de origen volcánico. Todas esas características hacen de los páramos verdaderas esponjas que capturan la humedad en las alturas, purifican el agua y regulan su flujo hacia abajo. El crecimiento de la economía, la producción de electricidad y la vida misma son posibles gracias al agua provista por los páramos en Colombia: En Bogotá el agua proviene de los páramos de Sumapaz, Chingaza (en riesgo) y Cruz Verde(en riesgo por exploración minera). El agua de Medellín llega desde el páramo de Belmira. El páramo de Santurbán (en riesgo por proyectos mineros de oro) abastece de agua a Bucaramanga. En Cali, los Farallones cumplen la función vital de ser manantiales de agua. La vida en todas estas ciudades depende de los páramos. Es por ello que en AIDA estamos comprometidos con la protección de estos ecosistemas.Se trata de defender nuestras fuentes de agua dulce, nuestro derecho a vivir. Esta lucha nos llevó recientemente a: Llamar la atención del Banco Mundial sobre los riesgos de su inversión en el proyecto minero Angostura, ubicado en el páramo de Santurbán y el cual implica daños para el ambiente y las personas. Organizar junto con otras instituciones un conversatorio sobre páramos y minería en la Universidad Sergio Arboleda para conocer las últimas regulaciones jurídicas y técnicas sobre el tema y debatir en torno a ellas. No estamos solos Movimientos sociales en defensa del agua, la vida y los páramos han florecido por todo el país. ElComité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbány elComité de Cruz Verdeson dos ejemplos. Y, entre otros casos, la oficina en Colombia de la organización internacionalGreenpeacepromueve el fin de la minería en el páramo de Pisba, en Boyacá. Por otra parte y después de varias prórrogas, el Ministerio de Ambiente expidió la delimitación del páramo de Santurbán en diciembre del año pasado. Sin embargo, anunció que se permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y pcencia ambiental. En ese sentido, la empresa canadiense Eco Oro informó en un comunicado público que aún con la depmitación de Santurbán, su proyecto aurífero Angostura, el cual pretende desarrollar en la zona, continuará aunque en un área menor. Esta depmitación abre el camino para acciones similares de las cuales dependerán el reconocimiento y la protección del resto de los páramos colombianos. Desde la sociedad civil debemos permanecer vigilantes para que dichas acciones cumplan con los estándares ambientales y sociales, internacionales y nacionales. El agua y por ende la vida están en juego. ¿De dónde provendrá nuestra agua dulce en el año 2050, cuando seamos varios millones más de colombianas y colombianos? Si no protegemos nuestros páramos hoy, generaciones presentes y futuras de Colombia se verán privadas del acceso al agua, algo que ya afecta a ciudades de la región como pma en Perú y Sao Paulo en Brasil.

Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros

Este documento, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), tiene como objetivo recomendar los lineamientos mínimos o términos de referencia básicos para elaborar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de minería. Estos requisitos constituyen una base para que cualquier gobierno pueda analizar las implicaciones de un proyecto minero según todos los impactos posibles y, de esta manera, tomar una decisión informada sobre la viabilidad y conveniencia de dicho proyecto. En cada una de las secciones se indica el contenido y criterios básicos a tener en cuenta para preparar una evaluación de impacto ambiental detallada que permita evitar los impactos negativos de la actividad. Al ser requisitos mínimos, los gobiernos pueden, y debenampliar estos lineamientos para cada caso en particular y respondiendo a su realidad. Esto es especialmente importante para la protección efectiva de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la actividad minera. A pesar de que analizar a fondo la relación entre minería y derechos humanos está más allá de los objetivos de este estudio, se debe enfatizar que los Estados en cumplimiento con obligaciones internacionales deben además de lo propuesto en este documento, aplicar las metodologías y sugerencias existentes para evitar efectivamente los impactos de la minería en los derechos humanos.   Lee y descarga

La Colosa: Una Muerte Anunciada

Informe alternativo acerca del proyecto de minería de oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia. La empresa AngloGold Ashanti (AGA), cuyas acciones se transan en la bolsa de Londres, y su proyecto La Colosa en el departamento colombiano de Tolima, son tema de un importante debate en Colombia por las implicaciones sociales, ambientales y económicas que conlleva la minería de oro a cielo abierto. Frente a las bondades de la minería postuladas por el gobierno y frente a la publicidad de AGA para seducir a la opinión pública, se han generado, por parte de académicos, periodistas, comunidades y organizaciones ambientales, serios cuestionamientos tanto a la política minera del gobierno como a las actuaciones de AGA. Este estudio busca dar una mirada de conjunto y más detenida sobre el comportamiento empresarial de AGA, con base en documentos y trabajo de campo. Lee y descarga  

Declaración Colectiva al Gobierno de Colombia en relación con la caída de la Ley 1382 de 2010 que reformó el Código de Minas

Las organizaciones y personas firmantes de la Declaración presentamos al Gobierno de Colombia nuestras preocupaciones por las implicaciones de la caída del Código de Minas vigente hasta el 11 de mayo pasado (Ley 1382 de 2010) y la consecuente regresión al Código de Minas anterior (Ley 685 de 2001), particularmente por las graves consecuencias para el medio ambiente en el país (detalladas en el documento). Para prevenir esos impactos pedimos que se tomen las siguientes medidas: Presentar en el menor tiempo posible un proyecto de Código de Minas que supere las deficiencias de la normatividad minera y que armonice esta legislación con los deberes de protección del agua y la biodiversidad; garantizando previamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de los grupos étnicos. Mantener la moratoria de títulos mineros hasta tanto no se presente y apruebe un nuevo Código de Minas. Decretar una moratoria de licencias ambientales de manera inmediata con el objetivo de evitar la eliminación de las cláusulas de protección ambiental.

Minería y derechos humanos en Colombia

Como lo anotó recientemente Manuel Rodríguez Becerra, somos muchos los que esperamos que el estudio Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista, promovido por la Contraloría General de la República, “sea punto de partida de un debate profundo y transparente que sirva para reorientar la política minera” del país.   Una de las virtudes del estudio es la utilización de un sofisticado marco teórico que ubica a la minería en el contexto de la globalización contemporánea y por el que se concluye que la política minero-energética colombiana encaja en el modelo del extractivismo extremo. Dicho modelo se manifiesta en los diferentes conflictos sociales y ambientales que vive el país. Según el estudio, se trata de un proyecto económico que aplica políticas que profundizan la apertura a los capitales nacionales y extranjeros para la explotación del subsuelo; cuestión ya preocupante si se considera la debilidad del régimen regulatorio, de la institucionalidad pública y del sistema tributario en el país. Pero además es un proyecto político que ha profundizado la violencia, el desplazamiento forzado de comunidades rurales, el resurgimiento de bandas emergentes del paramilitarismo, y que ha derivado en que casi el 20% del territorio continental de Colombia esté sujeto a la solicitud y aprobación de licencias mineras. En Colombia, los impactos de los proyectos minero-energéticos están relacionados con la generación de conflictos y con la exacerbación de los ya existentes. Aquellos en los que se hace visible la tensión entre derechos inpiduales y colectivos ocupan un lugar preponderante en el estudio de la Contraloría, y algunas de sus dimensiones resultan clave en la relación minería-derechos humanos. Una primera muestra de esa tensión es que mientras la población campesina no tiene derecho formal de propiedad en cerca del 40% de la tierra que habita; poderosos capitales nacionales y extranjeros titulan bienes agrícolas y recursos naturales, logran el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, e implantan modalidades para la mercantilización del uso de la tierra como el derecho real de superficie (DRS). Asimismo, el grave impacto que causan las actividades mineras legales e ilegales contradice el modelo de desarrollo sostenible adoptado en la Constitución Política de 1991. La tensión se traduce también en la pérdida de vigencia de derechos fundamentales relacionados con el derecho a disfrutar de una vida digna. El estudio menciona finalmente el nexo entre la presencia minera en los territorios en conflicto y violaciones a los derechos humanos. Teniendo en cuenta la complejidad de la dinámica minería-derechos humanos, la investigación apunta a la necesidad de considerar a la primera como un macro-sistema y no como un mero sector inpidual. Desde ese punto de vista, sus conclusiones son tajantes. De un lado, señala, la minería a gran escala es un factor constitutivo del conflicto armado y una de las principales causas del desplazamiento forzado. Por tanto, es un componente central para superar el Estado de Cosas Inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional ante la vulneración sistemática de derechos fundamentales provocada por el delito de desplazamiento forzado, con documentación de casos en los que se ha puesto en evidencia la relación funcional entre la minería y el actuar macro-criminal (Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento). Así, es inconsistente que se siga presentando a la minería como un sector de utilidad pública cuando está claro que sectores como la agricultura tienen una jerarquía constitucional superior por su importancia para garantizar la seguridad alimentaria y la provisión de tierra a la gran mayoría de la población rural del país. De otra parte, en términos de economía política, la globalización contemporánea ha producido una suerte de "plusvalía ecológica y cultural". La primera acumula materiales contaminantes sobrantes de los procesos extractivos en los países periféricos y consume productos “limpios” en los centrales. La segunda impone los valores “humanos” del modelo de desarrollo extractivista, negando así modelos de desarrollo sostenible como los de las comunidades étnicas y los sectores campesinos.   Como bien lo anota la profesora Astrid Ulloa en su libro Perspectivas Culturales del Clima, los escenarios de transnacionalización de la naturaleza han supuesto cambios radicales en la economía del país. En los 80, el filósofo francés Michel Foucault develó con el concepto de "gubernamentalidad" las complejas redes de poder en las que el sujeto es construido y controlado y en las que se autoconstruye y autocontrola. En la globalización contemporánea, señala Ulloa, es preciso descubrir las complejas redes de poder que construyen y controlan la naturaleza. En el caso de la política minero-energética de Colombia, esta "ecogubernamentalidad" tendrá que centrarse en al menos cuatro puntos: la pérdida del control territorial de los sectores rurales por las presiones de las bandas emergentes del paramilitarismo, las guerrillas y el propio Estado; la cosificación de la naturaleza y el mercado emergente de los servicios ambientales (sumideros de carbono y proyectos de reforestación); la agenda de una geopolítica del conocimiento que defiende modelos de desarrollo extractivistas; y la construcción de un territorio global que desconoce las prácticas concretas de los territorios locales. En buena hora el estudio de la Contraloría  pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno colombiano proponga un modelo de desarrollo que respete sus compromisos nacionales e internacionales de protección ambiental derivados de la Constitución Política (Artículos 8º, 58º, 79º, 80º, 333 y 334º) y de los tratados internacionales ratificados por el país (como los Convenios 169 de la OIT, de persidad Biológica y de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, y la Convención de Cambio Climático). De lo contrario, como lo demuestra la investigación, la violación a los derechos humanos y la exclusión social será cada vez más profunda en las poblaciones próximas a las áreas de explotación minera.