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Agosto 14 2018 Océanos

Abramos los ojos a los daños de la producción de salmón en Chile

Hace poco fui a cenar con unos amigos. Dos de ellos pidieron salmón. El plato era bastante costoso porque, pese a que Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial, es una especie introducida en el país y una de las más apetecidas para el consumo nacional. Me pregunté si mis amigos eran conscientes del daño que la producción industrial de salmón está causando en nuestros mares y respetuosamente les pedí su opinión. Su respuesta fue lapidaria: “Son exageraciones, no creo que sea para tanto…” Lamentablemente, esperaba esa respuesta. El daño ambiental de la salmonicultura en Chile es invisible. Es una realidad grave, pero oculta. Actualmente, tengo el privilegio de realizar una pasantía en AIDA y me gustaría compartir este espacio para generar conciencia sobre el tema. Una industria no sostenible El pasado 5 de julio, la fuga de cerca de 700 mil salmones de una granja de la empresa Marine Harvest en la Isla Huar, Región de Los Lagos, reavivó el debate público sobre los daños de la industria salmonera en Chile. El escape, causado por daños a la infraestructura de las jaulas de salmón tras una tormenta, podría representar una de las mayores catástrofes ambientales desde que el cultivo de salmón se inició en el país, en los años 80. Pero ¿cuál es el problema? No es uno, son varios. Y comenzaron a ser visibles el 2007, cuando se registró el primer caso de Anemia Infecciosa del Salmón, enfermedad que provoca la muerte de los peces. Aunque se adoptaron medidas sanitarias y de infraestructura, el problema de fondo no fue resuelto: la sobrecarga de peces en espacios marinos, que provoca falta de oxígeno y eventualmente zonas muertas. Esas malas prácticas llevan además al uso excesivo de antibióticos para tratar diversas enfermedades e infecciones en los peces y, eventualmente, a otros problemas como la generación de algas nocivas y luego de mareas rojas que arrasan con la vida marina. Tras la fuga masiva de salmones, existe un riesgo grave para la salud pública porque los peces que escaparon estaban recibiendo tratamiento con antibióticos, de manera que no son aptos para el consumo de personas ni de otros animales. Sin embargo, en los primeros días luego de la fuga y pese a las advertencias de las autoridades, pescadores de la zona capturaban salmones para venderlos a precios absurdamente bajos (entre 1 y 4 dólares el kilo). Un riesgo adicional es que los salmones fugados podrían asentarse en ecosistemas marinos de los que no son originarios. Al ser una especie carnívora, el salmón arrasa con todo a su paso, en especial con la fauna nativa. Es más, según Greenpeace, la fuga sería equivalente a una plaga de 140 millones de ratones que depredarán lo que encuentren en su camino. Aunque por norma la empresa debía recapturar al menos al 10% de los salmones, no lo ha logrado, pese a ofrecer recompensas de hasta 11 dólares por cada pez. La tarea es complicada porque los salmones son presa de lobos marinos y otros depredadores. Todo lo anterior desnuda un problema estructural: la falta de control y regulación del gobierno frente a una industria que no es sostenible. El caso de la empresa Marine Harvest es un ejemplo más de cómo la industria salmonera incumple normas ambientales. Según el Servicio Nacional de Pesca, unos 3.3 millones de salmones han escapado desde los distintos centros de cultivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en los últimos ocho años. Medidas urgentes De seguir así, la producción industrial de salmón podría acabar con la biodiversidad de los mares chilenos. Otros países han asumido acciones más drásticas frente a hechos similares al ocurrido en la Isla Huar. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado de Washington decidió apuntar a la eliminación gradual de las granjas de salmón, tras el escape de 300 ejemplares de un centro de cultivo. En AIDA trabajamos para proteger a la Patagonia chilena, la región más prístina del país y en cuyas aguas la industria del salmón pretende seguir expandiéndose. Presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que investigue los daños que los criaderos de salmón están generando en la región de Magallanes, y que sancione a las empresas responsables. Encargamos, además, la elaboración de un informe científico que evidencia la delicada situación en esa zona. Ojalá mis compatriotas puedan sacarse pronto el velo de los ojos y entender que la búsqueda de una solución es una causa común. Al final de cuentas, aquel delicioso bocado de salmón puede resultar más costoso de lo que creen.

Julio 27 2018 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Nuestras razones para proteger los derechos humanos en América Latina

Quienes conforman el equipo legal de nuestro Programa de Derechos Humanos y Ambiente trabajan para proteger a personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados o están en riesgo debido a la degradación de su entorno natural. Tienen claro que el nexo entre derechos humanos y ambiente es innegable. Para ellas y ellos, garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina importa y mucho. Conoce sus razones: “LO HAGO PORQUE LO LLEVO EN LA SANGRE” Astrid Puentes, Codirectora de AIDA “Trabajo en la protección del ambiente y los derechos humanos, dos aspectos esenciales y vinculados. Lo hago porque lo llevo en la sangre: mi papá fue campesino, mis abuelos y bisabuelos también. Parte de mi conexión con la naturaleza viene de familia, es una herencia. Mi esencia ha sido poder contribuir a que las cosas en el mundo estén mejores, sobre todo en Colombia, que tiene tantas riquezas naturales y desafortunadamente tantas diferencias sociales e injusticia. Dediqué mi carrera como abogada a contribuir a que mi país estuviera mejor y luego, al ser mamá, esa motivación creció y ahora siento una responsabilidad gigante por hacer lo mejor posible para que mis hijos tengan un mejor planeta”. Al comienzo de su carrera, Astrid ayudó a frenar una propuesta absurda de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: la fumigación de un hongo transgénico en el Amazonas, que implicaba graves daños a un entorno único y del que dependen muchas personas. Fue el primer caso en el que se involucró directamente y con éxito. “DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE CREO EN LA DIGNIDAD Y EN LA IGUALDAD COMO PRINCIPIOS ESENCIALES” Liliana Ávila, Abogada Sénior “Defiendo los derechos humanos porque creo en la dignidad y en la igualdad como principios esenciales. Creo en el valor de las diferencias y en las luchas de quienes no han conocido sus derechos. Estas convicciones me hacen sentir indignación, rabia y vergüenza ante la vulneración de derechos humanos en Colombia, mi país, en América Latina y en el mundo. Los defiendo porque para mí los derechos humanos son la realización de las aspiraciones de hombres y mujeres de construir un mundo más justo”. En mayo pasado, Liliana quedó conmovida con el relato de una mujer indígena en Guatemala, cuya comunidad se está quedando sin el agua de sus ríos debido a la construcción de una represa. Con esa agua, la mujer riega las flores de su jardín, aquellas que le alegran la vida cuando está triste. Esa historia llena a Liliana de fuerza pues sabe que con su trabajo puede ayudar a que esas flores sigan brotando. “MI MAYOR MOTIVACIÓN NACE DE TOMAR CONCIENCIA DE LAS DESIGUALDADES E INJUSTICIAS” Daniel Iglesias, Becario “Mi mayor motivación para defender los derechos humanos y el ambiente nace de tomar conciencia de las desigualdades e injusticias que caracterizan al mundo contemporáneo, dominado por los efectos de la globalización capitalista. Es nuestra responsabilidad luchar por eliminar estas desigualdades. Y la defensa de los derechos humanos es una herramienta fundamental para lograrlo, basada en la solidaridad y en la indignación ante las injusticias”. Como abogado en materia de derechos humanos, Daniel ha visto de cerca situaciones injustas como la que sufren pueblos indígenas despojados de sus tierras, la de personas privadas de su libertad de expresión y la de aquellas afectadas por los daños ambientales causados por industrias extractivas. Esa experiencia la vuelca en su trabajo con AIDA desde México y lo alienta a seguir aprendiendo y aportando a lograr justicia social y ambiental en la región. “YO CRECÍ PENSANDO QUE TENÍA DERECHOS” Marcella Ribeiro, Asesora Legal “Yo crecí pensando que tenía derechos, que nunca me debía faltar agua ni comida y que la playa frente a mi casa, en Brasil, no podría ser contaminada porque tenía derecho a la salud. Pero cuando entendí que las personas que viven en favelas o aquellas afectadas por sequías no creían, como yo, que tenían derechos y no se organizaban para reclamarlos, decidí unirme a quienes luchan para que la voz de esas personas sea escuchada, para que su humanidad sea reconocida”. Marcela trabajó en proyectos de educación sobre derechos humanos en favelas de Brasil. Desde entonces tiene claro que la justicia social es posible siempre y cuando las personas gocen de sus derechos humanos de carácter social, cultural, ambiental y económico.

Julio 25 2018 Minería, Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

El pueblo que le hace frente a la minería de carbón en Colombia

“Partir sin regreso es doloroso”, dice con nostalgia Flower Arias Rivera, de 58 años. No quiere dejar su tierra. Hacerlo significa dejar atrás su identidad y su historia. Flower es de Boquerón, un pueblo de cerca de 900 habitantes del municipio La Jagua de Ibirico, situado al noroeste de Colombia, en el departamento de Cesar. Sus antepasados, afrodescendientes, fueron los primeros habitantes de ese poblado y de otros de la zona. Vivían de la ganadería y del cultivo de arroz. Pero las tierras de Boquerón, alguna vez fértiles, fueron reemplazadas hace más de 30 años por minas de carbón de grandes corporaciones. Desde entonces, el pueblo fue absorbido por el carbón y por los daños que su explotación deja: emisión de partículas contaminantes en el aire en grados altamente peligrosos para la salud, así como el uso excesivo del agua de ríos y otras fuentes naturales. Por ello el gobierno ordenó en 2010 que las empresas trasladen a los habitantes de Boquerón a otro sitio. Eso todavía no pasa. Por el contrario, a Boquerón llegan con frecuencia nuevas familias que buscan recibir dinero como indemnización cuando la reubicación ocurra. “Queremos que mueven las minas, que nos dejen de contaminar”, dice Flower, uno de los líderes más importantes de su comunidad, cuyos miembros resisten pacíficamente el traslado en medio de enfermedades respiratorias y en la piel causadas por el aire contaminado. Flower no es un líder convencional. Habla bajito y sonriendo. Su piel negra contrasta con su cabello blanco. Es dulce y está lleno de calma, pero sobre todo de fe y esperanza. Lo conocí hace dos meses cuando participó, junto con líderes de otras comunidades, en un foro de discusión pública organizado por Tierra Digna, CENSAT Agua Viva, la Universidad del Magdalena, AIDA, la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, y la Fundación Rosa Luxemburgo. En el evento se discutieron los factores necesarios para que Colombia deje de basar su economía en la explotación de carbón y opte por alternativas energéticas respetuosas con el clima y con las personas. También se debatió sobre rol de cada uno de los actores involucrados en esa urgente tarea. “El carbón no nos ha dejado nada, solo tristezas”, lamenta Flower. Colombia es el cuarto país que más exporta carbón en el mundo. Por tanto, tiene el compromiso ético y moral de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, aquellas responsables de gran parte de la crisis climática que sufrimos actualmente. En AIDA seguiremos apoyando la articulación de esfuerzos hacia una América Latina libre de carbón. Para finalizar, quiero compartir un poema escrito por Flower. En él expresa la añoranza y el amor por su tierra, y su temor por “la maldita piedra negra”: A mi Boquerón Boquerón del alma mía Terruño de mis entrañas Estoy perdiendo mi alegría Mis costumbres y mis esperanzas Camino lento y con tristeza Con solo pensar en tu partida Historia mía, historia tuya Es como un llanto en noche buena Quisiera morirme en tus recuerdos Donde viví muchas nostalgias De amores y vivencias de este mundo Cómo te llevo Boquerón en el alma Voces de recuerdos se escuchan a lo lejos De un niño y un viejo Como añorando el pasado De Boquerón y sus hermosos tiempos Partir sin regreso es doloroso Y un diciembre sin ti es morir Como regresar después a pajuil Cuando mis zapatos se han roto Ya inerme camina un boqueronero Y la historia del tucuy, el manantial y la lomita está muriendo Hoy hasta el mismo cielo está llorando En gotas de agua convertidas en desespero Quisiera regresar a las faldas de mi madre Como cuando niño me escondía debajo de ella Escucho a lo lejos la voz del patriarca Rivera Ángel Que desde su tumba como deseando una esperanza Adiós diablito caño, palma y paralú donde di mi grito de libertad y olvidé mi esclavitud de mi raza palenquera y también de chambacú y olvidé por mis ancestros lo juro por ese cielo azul Maldita piedra negra Que hizo cambiar mi historia Un humilde pueblo llora La funesta partida de toda una vida

Julio 12 2018 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Brasil debe responder por violaciones de derechos humanos

¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.

Junio 28 2018 Minería, Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Entendiendo los verdaderos costos de la minería en América Latina

¿Aceptarías un negocio que te ofrece ganancias limitadas, pero costos infinitos? En América Latina, la minería es fuertemente promocionada por los gobiernos como una fuente de empleo y de dinero para financiar la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y otras obras. Hasta ahí, parece un excelente negocio. Pero, lamentablemente, es sólo la mitad de la historia. Los Estudios de Impacto Ambiental que las empresas mineras presentan para obtener la autorización del gobierno omiten incluir temas poco favorables como los denominados impactos a perpetuidad, un término técnico referido a los daños ambientales que persisten por siglos o incluso milenios. Entre esos daños, que tampoco son mencionados cuando los proyectos son presentados a las comunidades que resultarán afectadas, destacan dos: Modificaciones severas del paisaje: por ejemplo, la excavación de una mina a cielo abierto en una montaña o el relleno de un valle con desechos mineros. Contaminación de fuentes de agua: por ejemplo, la formación de ácidos y de metales tóxicos que llegan a ríos, arroyos y a otros nacimientos de agua o el aumento de nitratos y amoniaco derivados del material explosivo. En países como Estados Unidos, estos daños son discutidos en el proceso de evaluación ambiental y existe legislación al respecto y mecanismos de mitigación. En América Latina, quienes promueven grandes proyectos mineros, muchas veces ni siquiera han oído hablar de ellos y no entienden que los costos a largo plazo superan por mucho sus beneficios. El mantenimiento constante de minas a cielo abierto tras su cierre y abandono para minimizar el riesgo de colapso (que nunca desaparece), así como el monitoreo y tratamiento de fuentes de agua para evitar su contaminación con desechos tóxicos, son algunas de las acciones que se deben adoptar, pero cuestan mucho dinero. ¿Quién pagará los daños? No es fácil saber quién asume los costos porque depende de varios factores: marco legal, fortaleza institucional y hasta factores sociales. En muchos países, los gobiernos exigen que las empresas construyan e instalen sistemas de monitoreo y remediación (pozos, plantas de tratamiento de aguas y drenajes, por ejemplo). En otros casos, les piden que además paguen por un tiempo los costos de operación de esos sistemas. Los países más exigentes piden seguros de remediación (Reclamation Bonds) de daños y el aporte a fondos financieros cuyos rendimientos se destinarán a esas labores. Es el caso del Superfondo (Superfund) en Estados Unidos, con el cual se administra la remediación de daños en aproximadamente 1.341 sitios industriales. Pero estos seguros suelen considerar que los costos a largo plazo son menores de lo que realmente son y, al final, son los ciudadanos quienes los cubren con el pago de impuestos. Según el Center for Science in Public Participation, para remediar los daños causados sólo por minas de metales en el oeste de Estados Unidos, el país tendría que pagar entre 3.800 y 20.000 millones de dólares. En otros países, los desechos ambientales provenientes de la minería no reciben atención alguna. En Canadá —tantas veces usado como ejemplo ambiental por gobiernos de la región— la mina Tulsequah Chief, en Columbia Británica, ha vertido aguas ácidas desde 1957 sin tratamiento alguno. La situación regional Si bien en muchos países de América Latina existen normas relacionadas, la mayoría no tiene leyes específicas que establezcan procedimientos estandarizados para el monitoreo y la reparación de daños ocasionados por actividades mineras. Algunos países como Bolivia o Colombia ni siquiera cuentan con una definición legal de Pasivo Ambiental Minero o deuda por daños al ambiente. Ante una regulación débil, el cierre de minas viene acompañado por acciones aisladas e ineficaces como la simple siembra de plantas en el lugar. Al no existir claridad sobre quién debe hacerse responsable, las pocas acciones de monitoreo y remediación terminan siendo abandonadas. Otro factor importante en la región es que los daños ambientales provienen de actividades mineras legales e ilegales. En Chile, el deterioro ambiental suele ser producto de minas de metales legales que han sido abandonadas, mientras que en Bolivia es mayoritariamente resultado de la minería artesanal y de cooperativas. En Colombia, la minería ilegal y gran parte de la de pequeña escala vierte mercurio en los ríos y, en Perú, la minería de oro causa daños graves a la salud humana y a entornos naturales. En América Latina son también comunes los daños causados por la minería histórica, en yacimientos que datan de la colonia y que aún son explotados. El secreto está en la prevención Los daños permanentes de la minería requieren acción constante y un financiamiento que no es posible garantizar en el tiempo. Además, dada su gravedad, solo es posible mitigarlos de manera parcial, pero no remediarlos totalmente. Por ello en AIDA promovemos la prevención de esos daños, más que su corrección. De la mano con organizaciones locales y comunidades, buscamos que, antes de ser autorizados, los proyectos sean sometidos a procesos de evaluación adecuados sobre los riesgos que implican para el ambiente y para las personas. Abogamos para que la evaluación se base en la mejor información científica disponible, que contemple alternativas y que sea realizada de forma independiente para garantizar resultados objetivos. Si el análisis establece que un proyecto generará daños perpetuos que no podrán ser abordados adecuadamente, el mismo debe ser rechazado. La minería, especialmente la de metales, no es un buen negocio y siempre generará un daño ambiental. Seguiremos trabajando para que los tomadores de decisiones así lo entiendan.

Junio 14 2018 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Las defensoras del agua en Guatemala

Lo primero que María hace al levantarse cada mañana es abrir el grifo de su casa para ver si hay agua. Con ella preparará café y, dentro de unas horas, la comida para su familia. Su casa está llena de plantas y de animales. Perros, gatos y gallinas la rodean mientras enciende la cocina de leña, cargando a su hijo pequeño en la espalda. Donde vive, en Ixquisis —región ubicada en el departamento de Huehuetenango, al noroccidente de Guatemala, cerca de la frontera con México—, existen muchos nacimientos de agua y ríos caudalosos, entre ellos el Pojom y el Negro. Para María, el río es un lugar especial. Allí lava ropa, una actividad tradicional de las mujeres de su comunidad, la mayoría indígenas. Pero también es un lugar de encuentro para ellas. Cada tarde, mientras el caudal avanza sin reparo, hablan de sus familias, de las tareas diarias y de sus preocupaciones. El mes pasado, junto con otras mujeres de Ixquisis, María habló de los riesgos que las represas Pojom II y San Andrés, que se construyen en la zona, implican para sus modos de vida. Lo hizo en un taller organizado por AIDA, en colaboración con colegas de Protección Internacional y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. La vida de María ha cambiado mucho en los últimos años debido a la construcción de las represas, algo que no la deja dormir. Antes que la construcción de las represas iniciara, María solía pescar. Con ayuda de un canasto que sumergía en el río, recogía —como si se tratara de magia— caracoles, camarones y peces pequeños. Pero el río ya no le ofrece qué pescar. Los ríos se han convertido de a poco en basureros. Quienes trabajan en las obras tiran allí escombros y otros desechos. Sus aguas, antes limpias, se usan para lavar coches y maquinaria. “Un día nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir, nuestros hijos van a sufrir”. La frase de María resume el principal temor entre las mujeres de Ixquisis. Ese miedo no es infundado. La construcción de las represas ha dañado ya las fuentes de agua de la región. Familias como la de María padecen enfermedades estomacales y en la piel que antes no tenían. Las asocian con la contaminación del agua. Hasta antes del taller, las mujeres de Ixquisis no habían tenido la oportunidad de hablar espontáneamente de la importancia del agua y los ríos en sus vidas y de cómo las mismas comenzaron a cambiar debido a la construcción de las represas. Nadie les había dado tampoco información sobre los proyectos. Aun desconociendo los detalles, María y sus vecinas tiene claro que el agua en sus casas ya no llega tan limpia como antes y con la misma frecuencia. Y han expresado pacíficamente su oposición a las hidroeléctricas. Su voz se ha topado con la estigmatización y con el miedo a represalias. Si antes caminaba tranquila, incluso al caer la noche, ahora María sale de su casa con temor. Pero la gente de Ixquisis tiene el apoyo de personas y organizaciones que trabajan para proteger el ambiente y los derechos humanos. La organización internacional Front Line Defenders, por ejemplo, les entregó el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Un día después del taller con mujeres, organizamos un segundo encuentro al que asistieron los hombres de la región. La falta de agua ha afectado su principal actividad de subsistencia: el cultivo de banano, cardamomo, hortalizas y otros productos que luego venden. Sus cosechas han disminuido y ahora deben trabajar más horas para obtener la misma ganancia. Aprendí mucho de conocer a María. Su fortaleza, así como la de todos y todas en Ixquisis, viene de su respeto por la naturaleza y por lo que ésta les brinda. Comparto ese sentimiento y lo vuelco en mi trabajo como abogada en AIDA, asesorando legalmente a los hombres y mujeres de Ixquisis para que defiendan su territorio, para que sigan viendo agua salir de sus grifos y para que caminen sin miedo en busca de un futuro sano para sus hijos.

Junio 08 2018 Arrecifes de coral, Océanos

Lo que nos mueve a cuidar de los océanos

En AIDA trabajamos para proteger los océanos. La tarea no es fácil, más teniendo en cuenta las graves amenazas que enfrentan nuestros mares: desde el cambio climático hasta la contaminación con toneladas de desechos plásticos. Pero quienes conforman el equipo de nuestro Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera tienen razones de peso y la fuerza suficiente para no cesar en sus esfuerzos. ¡Conoce sus motivaciones! “Cualquier esfuerzo que haga para proteger los océanos beneficiará a mis hijos” Gladys Martínez, abogada sénior “Mi motivación más grande es pensar que cualquier esfuerzo que haga por proteger los océanos beneficiará a mis hijos y al resto de los niños y niñas, a las generaciones presentes y futuras. Cuidarlos es garantizar la vida porque los océanos son, en verdad, los pulmones del planeta”. Jugando en la arena, nadando, buscando peces entre rocas o caminando en la playa para recibir el atardecer. En todos los recuerdos bonitos de la infancia de Gladys, está el mar. “Me motiva saber que tenemos la oportunidad de cambiar” Camilo Thompson, abogado “Me motiva saber que tenemos la oportunidad de cambiar y que una sonrisa se dibujará en nuestro rostro si respetamos la naturaleza y cuidamos los océanos, el ecosistema que más equilibrio le da al planeta. En estos tiempos de grave degradación ambiental, no podemos seguir destruyendo corales, sobreexplotando peces ni dañando entornos costeros que están estrechamente ligados al mar. La oportunidad es aquí y ahora”. Camilo vive actualmente muy cerca del mar, en La Paz, ciudad costera de Baja California Sur, México. Lo disfruta mucho. “Me gusta pensar que puedo ayudar a conocer todo lo que los océanos nos pueden ofrecer y a conservar la vida que albergan” Magie Rodríguez, asesora legal “Siempre me ha parecido interesante la inmensidad de los océanos y lo poco que los conocemos. Me gusta pensar que puedo ayudar a conocer todo los que nos pueden ofrecer y a conservar la vida que albergan. Aunque conforman la mayor parte del planeta, por años hemos descuidado, llenándolos de basura y vaciando sus recursos. Muchos luchan por proteger los entornos terrestres, pero muy pocos hemos volcado la mirada a los mares”. Cuando estaba en el colegio, hace más de 10 años, Magie conoció la playa donde desemboca el río Tárcoles, el más contaminado de Centroamérica, y vio toda la basura que su caudal lleva al mar. Entonces decidió que tenía que hacer algo para evitar que todas las playas de su país, Costa Rica, estén igual de contaminadas. “Quiero que las generaciones futuras disfruten de la majestuosidad de los océanos” María José Gonzalez-Bernat, asesora científica “Quiero que las generaciones futuras disfruten de la majestuosidad de los océanos. Es mi mayor motivación. Los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad del mundo, fundamentales para mantenerlo saludable. Son fuente de alimento e ingresos económicos para millones de personas. Su importancia económica, ambiental y social me mueve a seguir investigando estos entornos y las formas de promover su conservación y uso sostenible. Me motiva también trabajar en esta tarea con gobiernos, organizaciones y comunidades de pescadores” Uno de los recuerdos que más atesora María José es el de la primera vez que buceó. Su memoria aún conserva los diferentes tonos de azul y la diversidad de animales y plantas multicolores que vio al sumergirse.

May 31 2018 Participación Ciudadana, Derechos Humanos

La llama que encendió a Nicaragua

El pasado 3 de abril, la Reserva Biológica Indio Maíz comenzó a arder en llamas. La respuesta tardía e inadecuada del gobierno ante el incendio marcó el inicio de una lucha que hoy continúa en Nicaragua, una lucha por la democracia y por nuestros derechos. Por redes sociales y bajo la etiqueta #SOSIndioMaíz, centenares de jóvenes universitarios se autoconvocaron a una protesta pacífica para exigir que el gobierno de Daniel Ortega, en el poder hace 11 años, actúe rápido frente al incendio. Los jóvenes se movilizaron pacíficamente el 12 y 13 de abril, protesta reprimida por la policía y por grupos parapoliciales. La reserva natural, ubicada al sureste del país, en la frontera con Costa Rica, es considerada la segunda más importante de Nicaragua y una de las principales de Centroamérica. Según expertos, el sitio es vital para mantener unidos a los bosques tropicales al formar, junto con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica, un solo bloque por donde transitan miles de animales. Indio Maíz también protege el agua de varias cuencas importantes para Nicaragua. Pese a su importancia, el gobierno reaccionó tres días después de iniciado el incendio. Además, llenó de militares la zona e impidió el ingreso a ella de medios de comunicación independientes. Amenazó con cancelar la personería jurídica de la ONG ambientalista Fundación del Río por informar a la población de la respuesta tardía; y rechazó el apoyo de bomberos de Costa Rica para sofocar el fuego. El triste resultado fue la destrucción de más de 5,000 hectáreas de bosque en la zona núcleo de la reserva, un siniestro catalogado como “el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua” por Jaime Incer Barquero, científico de gran renombre en el país. El despertar de un país Muchos de los jóvenes que exigieron la protección de Indio Maíz salieron nuevamente a las calles el 18 de abril para mostrar su descontento con las reformas a la Ley del Seguro Social, anunciadas dos días antes. A ellos se unieron personas de otros segmentos de la población. La represión se repitió y el mensaje del gobierno también: en el país estaba prohibido manifestarse. El 19 de abril, la manifestación se volvió masiva. Miles de personas se sumaron a lo largo del país. La respuesta del gobierno se intensificó también, desatando una ola de violencia de estado y represión que, al 21 de mayo, ha dejado 76 personas muertas y 868 heridas, la mayoría en el contexto de las protestas. Cinco de ellas permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas. Entre ellas están estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Las cifras corresponden al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin duda, como menciona el periodista Carlos Fernando Chamorro, se trata del “peor baño de sangre en la historia de Nicaragua en tiempos de paz”. La defensa ambiental en Nicaragua En la última década, las luchas ambientales como la librada por Indio Maíz han cobrado fuerza en el país. Otra de las más emblemáticas es, quizás, la del Movimiento Campesino Anticanal, liderado por Francisca Ramírez, que exige se anule la ley que autoriza la construcción del Gran Canal Interoceánico. De concretarse, el proyecto despojaría de sus tierras a miles de nicaragüenses y pondría en grave peligro la biodiversidad del país. En cinco años de lucha, el movimiento ha sido víctima de represión, amenazas y persecución por parte del gobierno. También está el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial. Este año, en una audiencia pública ante la CIDH, sus miembros denunciaron la violación de derechos humanos y la criminalización de personas defensoras en el contexto de industrias extractivas en Nicaragua. Estas luchas se han enfrentado a un Estado con problemas de corrupción, instituciones debilitadas, aliado con intereses económicos privados y con poca voluntad para proteger los recursos naturales. A ello se suma la criminalización de la protesta ciudadana y la persecución de las personas que defienden los derechos humanos y el ambiente. Pero Nicaragua ya no es la misma. Las llamas en Indio Maíz avivaron la conciencia de su población y su deseo de manifestarse libremente, un derecho garantizado por nuestra Constitución Política, pero negado durante los 11 años de gobierno del presidente actual. Las protestas pacíficas de abril y mayo son resultado de una década de atropellos y de la negación sistemática de nuestros derechos. Nicaragua lucha hoy por la democratización del país, la cual espero llegue de la mano del respeto de nuestro derecho a un ambiente sano.

May 28 2018 Arrecifes de coral, Océanos

¿Sabías que los arrecifes producen medicinas?

¿Pueden los arrecifes de coral contribuir a la medicina moderna? Me hice esa pregunta cuando conversaba con miembros de una organización médica en México que apoya a personas con alguna enfermedad del hígado o que buscan prevenirla. Supe de la organización (Amihigo) por mi tío que es parte de ella y que conoce mi trabajo como abogado ambiental en AIDA. Busqué luego al director porque me interesaba mucho conocer su opinión experta sobre la relación entre los corales y la medicina. La información que me dieron y que encontré luego, buscando por mi cuenta, fue abrumadora. Los corales son considerados botiquines naturales y grandes aliados en la búsqueda de tratamientos efectivos a un gran número de enfermedades. Las plantas y animales que estos entornos marinos albergan han desarrollado compuestos químicos para protegerse frente a depredadores, así como para combatir enfermedades y prevenir el crecimiento excesivo de otros organismos que compitan con ellos. Es por ello que, según el Servicio Nacional Oceánico de Estados Unidos, los corales son fuente importante de nuevos medicamentos para tratar el cáncer, la artritis, el Alzheimer, infecciones bacterianas, virus y enfermedades cardíacas, entre otras. Mirando en esa dirección, la industria farmacéutica ha encontrado en los corales insumos valiosos para el desarrollo de productos. Por ejemplo, ha concluido que ciertos corales estimulan la soldadura de huesos rotos, y que algunos componentes de una esponja proveniente de los arrecifes caribeños permiten la creación de Zidovudina, un medicamento para tratar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pese a estos descubrimientos, el uso médico de los arrecifes se considera subdesarrollado. Y, aún peor, si estos entornos no son preservados, su gran potencial para la medicina moderna no será aprovechado nunca. Lamentablemente, algunos estudios estiman que el 30% de los arrecifes ya está seriamente dañado y que el 60% podría desaparecer en el año 2030 debido a la contaminación del agua, métodos destructivos de pesca, la sobrepesca y otras actividades humanas no sostenibles. A ello se suma la amenaza del cambio climático, fenómeno que aumenta la temperatura de los océanos y con ello la muerte de corales. Varios países de América Latina tienen la bendición de contar con grandes extensiones de arrecifes de coral, que brindan beneficios ambientales y sociales a nivel nacional y regional, pero no hacen lo suficiente para proteger esa riqueza. Uno de ellos es México, cuyo litoral se extiende por más de 11 mil kilómetros y que tiene una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados de islas, arrecifes y cayos. Sus arrecifes coralinos están distribuidos geográficamente en seis grandes regiones: el Golfo de California y el oeste del Pacífico mexicano, el Archipiélago de Revillagigedo, las Islas Marías, la Costa del Pacífico Sur, el Corredor Arrecifal del Golfo México y el banco de Campeche, y el Caribe mexicano. Sin embargo, la pérdida y degradación de arrecifes de coral es un problema creciente en el país. Por ejemplo, la descarga de sedimentos y la contaminación proveniente de actividades humanas ha resultado en el incremento de macroalgas, aquellas que le quitan luz y oxígeno a los corales, provocando su muerte. La principal actividad detrás del daño es el desarrollo urbano y costero no sostenible y mal planificado. Otro ejemplo es el Sistema Arrecifal Veracruzano, el más grande del Golfo de México, en riesgo grave por una ampliación portuaria. Es urgente que el gobierno actúe con precaución al autorizar el uso del suelo en planes de crecimiento urbano para no dañar a humedales costeros (lagunas, bahías, manglares, dunas costeras, pastos marinos y otros), y que adopte medidas prontas para el tratamiento de aguas residuales. La protección y restauración de arrecifes de coral y humedales costeros debe ser privilegiada por encima de intereses económicos y beneficios económicos de corto plazo. También se requieren buenas prácticas de regulación para la conservación de arrecifes. Por ejemplo, se deben adoptar medidas urgentes para proteger de la sobrepesca a los peces herbívoros, que se alimentan de macroalgas, y a los peces comerciales, ambas especies esenciales para la adaptación y sobrevivencia de los arrecifes coralinos y rocosos frente al incremento de temperaturas y acidificación de los océanos. De la salud de esos entornos depende la salud de las personas en México y en la región. Es importante que el sector de la salud (médicos, pacientes, científicos, hospitales, laboratorios e industria farmacéutica) se sumen al esfuerzo y exijan la conservación de los arrecifes de coral, un banco natural de medicamentos y un recurso clave para garantizar nuestros derechos a una vida digna y a un ambiente sano.

Abril 27 2018 Derechos Humanos, Fracking

Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina

En un país altamente dependiente de los hidrocarburos, los derechos humanos y de la naturaleza no suelen ser lo más importante. Por ello AIDA y sus socios apoyan los esfuerzos de organizaciones y comunidades para evitar los daños del fracking en Argentina. En la provincia Neuquén, al noroeste de la Patagonia argentina, una gran estructura de metal se levanta entre árboles de manzana. Se trata de uno de los pozos de fracking instalados en la zona. Un solo pozo requiere cerca de 11 millones de litros de agua, lo que equivale a 18 años de consumo de agua para una familia.Pese a ser una técnica experimental, riesgosa y contaminante para la explotación de hidrocarburos no convencionales, el fracking se está extendiendo rápidamente en Argentina, afectando a territorios mapuches y poblaciones locales.La expansión ocurre en Vaca Muerta, el yacimiento con la reserva probada de gas no convencional más grande de América Latina. Con 30 mil kilómetros cuadrados, el yacimiento abarca cuatro provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.Pero la expansión ha traído también problemas como la contaminación y el consiguiente perjuicio de los modos de vida de las comunidades locales, incluyendo a mapuches, quienes se ven obligadas a buscar otras opciones de subsistencia para seguir viviendo en sus territorios y no migrar a las ciudades.Las empresas petroleras generan fuentes de trabajo que son inestables y de corto plazo. Y, debido también al aumento en el precio de la tierra, los pobladores de la zona deben ganar más dinero para mantener su nivel de vida.En un país cuya energía depende en 90% de los hidrocarburos, es difícil que el gobierno priorice los derechos de los pueblos indígenas, de los niños y niñas, y de la naturaleza, frente a los ingresos económicos de una industria no sostenible.Por ello es fundamental el esfuerzo de comunidades y organizaciones de la sociedad civil para resistir el avance ciego del fracking.“Lo que me motiva es el cuidado de la tierra y del agua; la naturaleza no es nuestra, nosotros le pertenecemos”, dice Santiago Cané, miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN (FARN), organización que está recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking.FARN presentó un amparo para invalidar las autorizaciones otorgadas para la explotación de cuatro pozos de fracking en Mendoza.Los permisos fueron otorgados por la autoridad ambiental en julio de 2017, en un tiempo récord de seis días y sin requerir un Evaluación de Impacto Ambiental. La demanda aún está en proceso y AIDA colabora con FARN desde su experiencia en derecho ambiental internacional y derechos humanos.“En Mendoza, el fracking está avanzando a un ritmo muy acelerado”, cuenta Santiago. “Los gobiernos nacional y provincial no están tomando en cuenta que se puede contaminar de manera irreversible fuentes de agua que sirven a varias ciudades”.De hecho, Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de agua, problema agravado por el cambio climático.Quienes impulsan el fracking en Mendoza también pasan por alto que, al contaminar tanto aguas superficiales como subterráneas, los químicos usados pueden llegar a la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional, ubicado en la falda de la cordillera de los Andes, y que es zona de paso y descanso obligatorio para más de 130 especies de aves residentes y migratorias.Además, la zona es hogar de mapuches. Según la legislación internacional, ellos deben dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no está siendo respetado.“Me motiva también la idea de una economía diferente que no deprede la naturaleza y que no genere acumulación de riqueza en pequeños grupos de la sociedad”, dice Santiago.FARN, junto con AIDA, es parte de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que trabajamos por una América Latina libre de fracking.Juntos seguiremos evitando los daños del fracking. Estamos convencidos que el poder para hacerlo está en la gente.