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Veracruz y nuestra incapacidad de ver a futuro
(Texto publicado originalmente en Animal Político) Quienes están detrás de la ampliación del puerto de Veracruz comparten un mal desgraciadamente común en México y en otras partes del mundo: concebir el desarrollo como una suma de beneficios de corto plazo y cuyo logro requiere vencer todos los obstáculos posibles, incluidos como tales los entornos naturales y las normas que deberían protegerlos. La primera etapa de la ampliación de operaciones del puerto de Veracruz le dará oxígeno a ese estado por 15 o 20 años, aseguró en días pasados Juan Ignacio Fernández Carbajal, director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). Por oxígeno, el directivo entiende más ingresos económicos y nuevas fuentes de empleo derivadas del aumento de la capacidad de carga del puerto. Pero su visión de desarrollo, claramente de corto plazo, ignora los beneficios sociales, ambientales y económicos que el Sistema Arrecifal Veracruzano ha brindado y puede seguir brindando por mucho más de 20 años. Hablemos de grandezas. La segunda obra de infraestructura más importante del sexenio en México dañará irreversiblemente el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. Los arrecifes de Veracruz brindan oxígeno en un sentido estricto. Los océanos y sus ecosistemas, entre ellos los arrecifes, generan la mitad del oxígeno que se respira en el planeta y absorben casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. Y hay más. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los arrecifes de coral proporcionan 17% de todas las proteínas consumidas a nivel mundial, porcentaje que sube a 70% o más para países insulares y costeros. Ello se debe a que albergan a más de 100,000 especies distintas de fauna marina, entre ellas miles de peces comerciales, que comparten el entorno con peces herbívoros, tortugas marinas y tiburones. En buenas condiciones, los arrecifes protegen a poblaciones costeras de tormentas, huracanes y tsunamis, fenómenos agravados por el cambio climático. Su esqueleto absorbe hasta 95 % del impacto de las olas generado por vientos fuertes. Quienes viven en Veracruz se han beneficiado de esa característica. El Sistema Arrecifal Veracruzano, Área Natural Protegida como zona de refugio de flora y fauna desde 1975 y en la categoría de Parque Nacional desde 1992, sirvió como barrera de amortiguamiento para proteger a la ciudad cuando ésta se vio afectada en 2001 por el huracán Karl de categoría cuatro. Pese a ello, en 2012, el gobierno redujo el área del parque, excluyendo del mismo a la mitad del arrecife de Punta Gorda y a la Bahía de Vergara, para permitir la ampliación portuaria. En términos económicos, aquellos priorizados por los promotores de la megaobra, el valor de los servicios ambientales de los arrecifes excluidos del parque, se calcula en aproximadamente 290.5 millones de dólares, cifra que rebasa el beneficio económico directo del nuevo puerto, calculado en alrededor de 85,600 dólares por kilómetro cuadrado. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que, en general, el valor estimado de los servicios prestados por los arrecifes está entre 100,000 y 600,000 dólares por kilómetro cuadrado. Y recientemente se calculó el valor de existencia de ecosistemas de arrecife de coral, como Cabo Pulmo, en cerca de 332 millones de dólares al año. Cuando hacer las cosas bien no importa “Desgraciadamente, cuando pensábamos que todo ya iba a comenzar, empezamos a tener problema con el tema medioambiental, que eso nos retrasó el proyecto tres años, tres años y medio”, recordó Fernández Carbajal. El problema era la existencia de arrecifes de coral en el sitio concebido para el proyecto. “Si el problema es un parque nacional, pues vamos a quitarlo de esa área para que podamos construir el puerto sin que haya un obstáculo legal para hacerlo”, dice Leonardo Ortiz, investigador de la Universidad Veracruzana en el documental La batalla por los arrecifes veracruzanos, al explicar cómo procedió el gobierno para dar vía libre al proyecto pese a sus riesgos. Según la legislación nacional, en las áreas naturales protegidas sólo es posible realizar las actividades permitidas según su categoría. En el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y la educación. Las actividades portuarias no son compatibles con la categoría de protección ambiental, por ello la misma fue removida de parte del parque. Al hacerlo, el gobierno retrocedió en su obligación de conservar las características naturales de los ecosistemas para las generaciones futuras. Vulneró además sus obligaciones ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales y bajo el cual el PNSAV es Humedal de Importancia Internacional. México debe aplicar las normas para conservar sus ecosistemas y para restaurarlos en caso de daños. Además, en la Manifestación de Impacto Ambiental, la APIVER solicitó de forma fragmentada la autorización para el proyecto, lo cual impide evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos a través del tiempo y de forma integral. Además, ese documento no se basó en la mejor información científica posible pues ignoró, por ejemplo, la existencia de un arrecife no emergido en la zona de construcción. Ese documento tampoco contiene medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la tortuga carey, especie amenazada según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas. Esa tortuga cumple su ciclo de vida en el parque. Pero la ampliación portuaria fue autorizada sin que la autoridad a cargo requiera un plan de manejo especial para la conservación de esa especie. Asimismo, la autorización no consideró los impactos en los arrecifes de la sedimentación por las obras, el dragado de la Bahía de Vergara y Punta Gorda y del aumento en la cantidad y el tamaño de las embarcaciones en el nuevo puerto. Se ignoró también que, al transportarse mayor cantidad de hidrocarburos, existe un riesgo mayor de derrames en una región ya vulnerable a esos incidentes, los que podrían dañar gravemente arrecifes muy biodiversos y conectados al Corredor Arrecifal del Sureste del Golfo de México. La vulneración de normas y tratados en materia ambiental y de derechos humanos fue denunciada en un amparo presentado por pobladores del área metropolitana de Veracruz, quienes reivindican su derecho a un ambiente sano frente a los impactos del nuevo puerto. La demanda fue asesorada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y respaldada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El desarrollo, bien entendido, de Veracruz ¿pasa necesariamente por la destrucción de arrecifes de más de 10 mil años de antigüedad que garantizan de manera duradera protección frente a embates del clima, turismo, pesca y una gastronomía emblemática? Para una mirada mediocre y de corto plazo, seguramente sí. Pero no para quien piensa a futuro y considera a la naturaleza, no como un obstáculo, sino como el mejor aliado en el sinuoso pero necesario camino del desarrollo sostenible.
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Los corales y sus pequeños grandes aliados
Los corales son ecosistemas muy frágiles que además de ser vulnerables ante el cambio climático y la contaminación, entre otras amenazas, deben competir por luz y oxígeno con las macro algas que los cubren. Y, sobre todo en el Caribe, la salud de los corales está en riesgo grave porque están perdiendo a sus mejores aliados: los peces herbívoros, especies que se alimentan de algas y cuya población está disminuyendo debido a la pesca no sostenible. Magie Rodríguez, parte del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA, sabe de la fragilidad de los corales y de la importancia de proteger a estos peces para conservarlos. Actualmente colabora con un proyecto de la organización para la conservación de peces herbívoros en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Conservación de peces herbívoros El pez loro es uno de los grandes residentes herbívoros de los arrecifes de coral. Pasa casi todo el día mordisqueando los corales, limpiándolos de algas. También come corales muertos, aquellos que se desprenden de los arrecifes, para luego defecarlos como arena blanca. También es el principal responsable de que el buceo por esos entornos sea una experiencia tan colorida. Cada especie de pez loro, hay más de 90, tiene un esquema de color diferente. Además, estos peces cambian sus atuendos extravagantes al crecer. Lucen de una manera cuando son bebes y de otra al ser adolescentes y luego adultos. “Una de las claves de la pesca sostenible es capturar peces adultos, que ya se han desarrollado y reproducido, pero lo que se está haciendo en el Caribe es pescar peces loro jóvenes”, explica Magie. Aunque no son especies comerciales, los peces herbívoros están siendo capturados porque no hay nada más que pescar en la zona, cuya población tiene en la pesca su principal medio de ingresos y alimentación. Esa actividad se ha llevado a cabo de forma irresponsable, causando que las poblaciones de peces comerciales disminuyan drásticamente y, como consecuencia, también las de herbívoros. Asimismo, las herramientas usadas para la pesca son redes de enmalle y anzuelos, que causan muchas capturas incidentales, es decir que animales marinos que no son objeto de la pesca sean también capturados. Se usan también arpones o trampas de pesca, las cuales evitan que los peces más jóvenes escapen y continúen su ciclo de vida. Los peces cirujanos son peces tropicales muy bonitos y otras víctimas de la pesca irresponsable en el Caribe. Son pequeños y tienen dientes afilados con los que mastican las algas que pueden ahogar a los corales. Muchos ejemplares viven en cautiverio porque son muy codiciados para acuarios caseros. La especie saltó a la fama con Dory, la protagonista de la secuela del film Buscando a Nemo y que aumentó la demanda del pez cirujano para acuarios. La situación es parecida para el pez damisela, especie pequeña y colorida que también juega un papel clave en la salud de los corales. Hace las veces de jardinero, ahuyentando a las macro algas para ayudar al crecimiento de otras algas más pequeñas de las que se alimenta. Estrategias de conservación El proyecto de AIDA para la conservación de peces herbívoros en el Caribe, cuenta Magie, está en una fase inicial. Su objetivo es la implementación de estrategias diversas en los países escogidos, no sólo prohibiciones de pesca, sino también la adopción general de herramientas de pesca sostenible que tengan en cuenta el componente turístico de los corales. “Es necesario conseguir la recuperación no únicamente de las poblaciones de peces herbívoros, sino también las de especies comerciales, traer de vuelta el equilibrio”. El proyecto contemplará además estrategias adecuadas de manejo de aguas residuales, educación de consumidores y un trabajo conjunto con gobiernos, ONG, universidades y científicos. Los corales son, entre cosas, fuente de ingresos económicos y alimentos para comunidades costeras que viven de la pesca y el turismo. Y son barreras naturales contra tormentas y huracanes. “Ellos hacen mucho por nosotros y nos corresponde cuidarlos. Lo mejor que podemos hacer para mantenerlos sanos es proteger a los peces herbívoros”, dice Magie convencida.
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Mujeres, agua y vida: un vínculo innegable
Como mujer y como defensora del ambiente, siento que es necesario conmemorar y resaltar el trabajo y el rol de las mujeres en la protección de nuestro entorno natural. Es preciso, especialmente, visibilizar los vínculos —que muchas veces parecerían imaginarios— entre la defensa, la valentía y el género. Aunque a veces parezca que hablar de mujeres y medioambiente es abordar dos temas distintos, existen vínculos sutiles, pero no débiles, entre ambos, especialmente entre las mujeres y el agua. Son ellas las primeras víctimas del deterioro medioambiental, pero también son las protagonistas en la defensa, conservación y preservación de la naturaleza. No es extraño que, en gran parte de los espacios de defensa del ambiente, el auditorio sea mayoritariamente femenino. Tampoco que desde el anonimato o desde la popularidad, muchas causas sean lideradas por mujeres. Pero ahora quiero referirme a la correspondencia entre la mujer y el agua como fuentes de vida y puntos claves de la existencia. Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas y campesinas. Joan Martínez Alier, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en ecología política, explicó a la agencia Efe que esto se debe a que, muchas veces, los conflictos socioambientales en torno a minería o a la privatización del agua afectan la supervivencia de las comunidades de manera muy directa y, por esto, las mujeres defienden el agua tal como defienden a su territorio o a su familia: de una manera valiente y sin pausa. Sin embargo, poco se valora el conocimiento y la experiencia de las mujeres en la administración del agua. En muchos casos, especialmente en el Sur Global, la administración de los recursos hídricos, así como la elaboración e implementación de políticas al respecto, no toman en cuenta roles de género y carecen de un enfoque diferenciado. En el campo colombiano, por ejemplo, son las mujeres campesinas quienes llevan el agua a sus casas desde los lugares donde ésta nace, la hierven para usarla en la cocina y cuidan de ella. Sin embargo, no son consultadas cuando se toman decisiones a nivel local o nacional sobre el suministro de agua. Es necesario entonces hacer visible el papel desempeñado por las mujeres en el manejo y gestión del agua, reconociendo por igual los intereses de hombres y mujeres, y promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios de toma de decisiones. Así caminaremos rumbo a una mayor equidad. Ahora bien, América Latina es uno de los lugares más peligrosos para defender el ambiente, riesgo que es mayor para las defensoras. Muchas de ellas, que luchan de manera silenciosa desde sus comunidades o desde su posición de lideresas, han sufrido la violencia y la injusticia que conlleva cuidar lo propio. No puedo evitar en este punto recordar y hacer un homenaje a Berta Cáceres, lideresa lenca y activista del Consejo Civil de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien dedicó su vida a la defensa del río Gualcarque. Berta fue asesinada en marzo de 2016, tras años de recibir amenazas por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Pero ella, una mujer valiente víctima de la violencia, así como su lucha, sigue viva. Tengo además en la mente a todas mis colegas, amigas valientes y cómplices que con sus luchas hacen de éste un mundo más justo, construyen equidad en cómo se relacionan con cada persona y creen, con todo su corazón, que la justicia de género viene de la mano de la justicia ambiental. En nuestra realidad, la equidad, más que un punto de partida, es todavía una meta que requiere acciones que compensen o moderen la discriminación que afecta a unas y otros. Por eso es fundamental incorporar el enfoque de género en cualquier plan, programa, proyecto y mecanismo de trabajo de la administración pública. Tal como menciona el Banco Mundial en un informe del 2002, la manera en la que los hombres y las mujeres pueden beneficiarse de manera más equitativa de las políticas, es hacer que ellos y ellas sean parte integral de las mismas con sus experiencias y necesidades. De las mujeres, como del agua, depende la vida. Por eso actuamos como tercas defensoras, no sólo del agua, sino de otros recursos naturales, y de quienes dependen de ellos. Aunque no siempre sea visible, esa lucha está tan presente como el agua que recorre el planeta de muchas formas. Es importante unirnos, ser cada vez más solidarias entre nosotras, con nuestras causas, con nuestros sufrimientos. Sigamos compartiendo nuestros miedos y nuestras luchas y, ante todo, nunca abandonemos la defensa de nuestro territorio, porque éste nos define y a él le debemos todo. Yo siempre he pensado que el agua tiene cara de mujer y cada día me convenzo más de ello.
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Brasil y el ejemplo que sí habría que seguir
En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos. El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana. El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional. Entre corrupción y falta de financiamiento La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”. De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción. Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado. De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento. Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos. Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray. Un cambio necesario Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró. Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada. Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo. La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington. Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.
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Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018
Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros. Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.
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Esperanza de vida para las tortugas marinas
Antes de 2008, la tortuga carey del Pacífico Oriental estaba prácticamente ausente de esa parte del planeta. Pero esfuerzos de conservación hicieron que esa especie sobreviva y vuelva a depositar sus huevos en Nicaragua y El Salvador, países que albergan importantes refugios para que su población se recupere de a poco. Las tortugas marinas son animales migratorios. Pasan la mayor parte de su vida en el mar y anidan en territorios de diferentes países. Entre las principales amenazas a su existencia están las prácticas de pesca no sostenible (muchas veces caen en redes usadas para capturar peces) y proyectos inadecuadamente desarrollados en zonas costeras y marinas. El regreso de tortugas marinas a Centroamérica se suma a otros avances que evidencian que los esfuerzos de conservación de estos animales dan resultado y deben continuar. Señales de recuperación Según el estudio reciente Éxitos mundiales en la conservación de las tortugas marinas, en los últimos 10 años, criaderos de tortugas marinas han logrado que poblaciones de varias especies se recuperen tras descensos históricos. Es el caso de las tortugas golfinas en el noreste del Océano Índico y de las tortugas verdes en el Atlántico Centro Sur. Los investigadores a cargo del estudio señalan que la protección de playas, la regulación de la pesca y la creación de áreas marinas protegidas son medidas que han ayudado a salvar a las tortugas marinas en muchos lugares. Luego de ser implementadas durante años, esas acciones han tenido un impacto. El estudio evidencia también que, con una protección adecuada, incluso pequeñas poblaciones de tortugas tienen posibilidad de sobrevivir. Los investigadores encontraron, por ejemplo, que en una zona de Hawái llamada French Frigate Shoals, los nidos de tortugas marinas verdes aumentaron de cerca de 200 en 1973 —cuando se promulgó la Ley de Especies en Peligro de Extinción en Estados Unidos— a 2,000 en 2012. Esa especie ahora es considerada de "menor preocupación" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nuestro aporte La conservación de tortugas marinas, al igual que la de otros animales y plantas, necesita que organizaciones, comunidades y gobiernos trabajen juntos. En AIDA trabajamos de ese modo. En 1998, organizamos una campaña que ayudó a conseguir las firmas necesarias para la negociación de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratado internacional que promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Actualmente promovemos que los gobiernos que firmaron el tratado cumplan las obligaciones adquiridas bajo el mismo. En el pasado, contribuimos a salvar a la tortuga verde en Costa Rica y ahora trabajamos para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, en México, por cuyas aguas cálidas y poco profundas nadan cientos de tortugas carey y loras como parte de su ciclo migratorio. Ambas especies están en riesgo por la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto que implica daños serios a la cadena de arrecifes. No todo está hecho A pesar del avance en la recuperación de algunas especies de tortuga marina, todavía quedan otras por salvar, pues su número de ejemplares continúa descendiendo a nivel mundial. Así ocurre, según el estudio, con la tortuga baula en el Pacífico Este y Oeste y con las tortugas de caparazón plano. Otra tarea pendiente es la protección efectiva de la biodiversidad en alta mar, aquellas aguas internacionales que no pertenecen a ningún país, pero que conforman dos terceras partes de los océanos del mundo. Tortugas marinas, tiburones, ballenas y aves viven en esas aguas o las recorren como parte de sus rutas migratorias. Por ello AIDA participa activamente, en representación de América Latina, del proceso de creación de un Tratado de Alta Mar. Buscamos la creación de Áreas Marinas Protegidas allí para que ese vasto ecosistema sea hogar seguro no solo para las tortugas marinas, sino también para otras especies de plantas y animales que contribuyen a la salud de los océanos y a la provisión mundial de alimentos.
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Celebrando 7 Logros para Cerrar el 2017
El año está próximo a concluir y estamos felices de compartirte varios avances recientes logrados en favor de la protección ambiental en América Latina. Cada proyecto que emprendemos o cada caso que ganamos es un paso que nos acerca a una región más justa, a un mundo más sano para nuestros hijos. Gracias a tu apoyo, nosotros: 1. Salvamos el humedal costero más grande de Colombia Solicitamos, con éxito, que Colombia incluyera a la Ciénaga Grande en la lista mundial de humedales en riesgo, abriendo paso al apoyo financiero y técnico necesario para la recuperación del sitio. Conoce Más 2. Creamos la Red de Justicia Ambiental en Bolivia Fundamos en Bolivia una coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos para apoyar los esfuerzos ciudadanos para defender el ambiente y a quienes dependen de él. 3. Abogamos para proteger la Patagonia de las granjas de salmón Le pedimos a Chile investigar los daños causados por la industria salmonera en la Patagonia Sur, y lanzamos una campaña ciudadana para concientizar sobre esa amenaza creciente. Conoce Más 4. Garantizamos atención médica a víctimas de contaminación tóxica Garantizamos atención médica especializada para habitantes de La Oroya, Perú, cuyas vidas y salud han sido afectadas por años a causa de la contaminación con metales pesados de una fundición que opera cerca de sus hogares. Conoce Más 5. Protegimos a las tortugas en el alta mar Representamos a la ciudadanía y a la sociedad civil de América Latina en el proceso de creación, en el marco de Naciones Unidas, de un tratado para proteger la parte del océano que es de todos y la vida que alberga. Conoce Más 6. Promovimos el retiro de una inversión minera en un humedal protegido Convencimos al Banco Mundial de retirar su apoyo a una mina de oro en el páramo de Santurbán, un ecosistema protegido y fuente de agua para millones de colombianos. Conoce Más 7. Asesoramos a una comunidad en su lucha para prohibir la minería Brindamos asesoría legal y científica a los habitantes de Cajamarca, Colombia, quienes votaron con un margen de 98% para prohibir toda actividad minera en su territorio. Conoce Más
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Uniéndome a la búsqueda de justicia para las víctimas de Belo Monte
El 1 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de una gran represa sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Fue entonces que supe de la represa Belo Monte. Ese año, trabajaba como defensora de derechos humanos en Colombia, mi país natal. La Comisión había ordenado suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Recuerdo que la decisión generó gran conmoción y un fuerte rechazo del gobierno de Brasil a través de diferentes decisiones diplomáticas. Su postura fue respaldada por otros Estados de la región que, con una solidaridad inusual, cuestionaban la competencia del organismo internacional para otorgar ese tipo de medidas en relación con proyectos de “desarrollo”. Debido a la presión, la Comisión, por primera vez en su historia, modificó una decisión: Brasil debía seguir garantizando la vida e integridad de las personas afectadas, pero la construcción no se podía suspender. Nunca entendí la reacción de Brasil y de los demás países. La Comisión solo había cumplido uno de sus mandatos, buscando evitar daños irreparables a los derechos de un grupo de personas a causa de un proyecto sobre el cual no se les consultó. Un proyecto que no contaba con estudios adecuados sobre sus impactos sociales y ambientales y que desde entonces anticipaba graves daños en ambos sentidos. Las comunidades indígenas y ribereñas, que por años han sabido cuidar del río Xingú, quedaron a expensas de un proyecto que, al interrumpir el caudal, afectaría irreversiblemente sus modos de vida y medios de subsistencia. La esperanza continúa Han pasado más de 6 años desde que el caso fue puesto en conocimiento de la Comisión que, como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, está llamado a proteger los derechos humanos en el continente. En ese tiempo, el proyecto Belo Monte siguió su curso y las amenazas de daños ecológicos y sociales se volvieron una realidad. La represa ha causado el desplazamiento forzado de más de 40.000 personas, agravado la pobreza y los conflictos sociales en la zona donde fue construida; saturado los sistemas de salud, educación y seguridad pública en la ciudad más próxima; vulnerado el derecho a la vivienda digna de miles de familias; e incrementado la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Causó y sigue causando daños al ecosistema de la Amazonía, contribuyendo a profundizar el cambio climático y sus impactos. Pese a todo, la esperanza de conseguir justicia para las personas afectadas también ha sido alimentada con el tiempo. Y este año la vida me llevó a involucrarme activamente en esa tarea. Desde septiembre, soy la abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Me honra unirme a una ONG regional que, en alianza con organizaciones locales, ha dedicado años de trabajo para que las comunidades del río Xingú obtengan reparación por los daños sufridos, y para generar estándares de protección ambiental y de los derechos humanos. En 2010, AIDA y sus socios solicitaron las medidas cautelares a la Comisión y un año después presentaron ante ella la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos relacionadas con Belo Monte. En diciembre de 2015, la Comisión abrió el caso a trámite. El 31 de octubre de este año, la Comisión le dio un nuevo impulso al proceso de litigio interpuesto contra Brasil: decidió unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En la primera se verifican los aspectos necesarios sobre la admisibilidad del caso. Y en la segunda se toma una decisión de fondo que analiza si un Estado incumplió o no las obligaciones internacionales que se comprometió respetar al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto el Estado como los denunciantes deben presentar ahora alegatos y respuestas respecto de la admisibilidad y la decisión de fondo. La Comisión emitirá luego una decisión que cubra esos dos aspectos. La Comisión hizo una excepción que puede agilizar el proceso. Las circunstancias que permiten ello, y que están en su reglamento, se refieren a la existencia de las medidas cautelares. La Comisión puede emitir recomendaciones para que Brasil repare las violaciones cometidas. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Lecciones valiosas Belo Monte es, sin duda, una lección para el continente. El caso demuestra que los proyectos de ese tipo son ambientalmente inviables y generan daños irreparables en los derechos humanos, por lo que no son una forma posible de desarrollo. Belo Monte evidencia además que los Estados deben replantear sus modelos energéticos y volcar sus esfuerzos a promover energías limpias y sostenibles. Es también una señal de alerta para que las instituciones financieras eviten invertir en proyectos con impactos socioambientales. Y es una oportunidad para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos genere precedentes valiosos que eviten otros “Belo Monte” en la región. ¡Desde AIDA, estoy preparada para contribuir a la lucha por un ambiente sano en este y en otros casos! ¡El viaje apenas comienza
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Cuando la naturaleza es tu mejor cliente
Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países. Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia. En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales. Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”. Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017. “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba. Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.
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Seminario virtual "El Fondo Verde del Clima, rumbo al 2018"
Este año, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se reunió tres veces, siendo ya un total de 18 reuniones las que ha realizado desde su creación. Hasta la fecha, el Fondo ha aprobado 54 propuestas de financiamiento y 59 entidades de todo el mundo han obtenido su acreditación, para canalizar su apoyo hacia programas y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo. En el seminario virtual, miembros de la sociedad civil y de entidades acreditadas ante el Fondo hicieron un balance de lo que fue el 2017 para este importante mecanismo de financiamiento climático, incluyendo las perspectivas para el próximo año. Grabación Presentaciones
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