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COP20: "La necesidad principal es la previsibilidad de los fondos"

Entrevista a Jacqueline Melgar, Jefa de Gestión de Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de El Salvador frente al cambio climático? - El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. Hay muchas inundaciones y sequías, tenemos los extremos de las cosas. Cuando hay desastres naturales fuertes, muchos de los fondos destinados a proyectos de cooperación tienen que reorientarse para atender esos desastres, a las personas afectadas. Creo que una de las principales necesidades desde la perspectiva de gobierno es la previsibilidad de los fondos, conocer cualés serán realmente esos aportes que el Fondo Verde del Clima nos va a dar y cómo podemos acceder a ellos. Eso va a determinar todas las acciones. - ¿Cuáles son las expectativas del país respecto del Fondo Verde Climático? - La expectativa es prepararnos para acceder a los fondos climáticos, y sobre todo fortalecer nuestra capacidad a nivel nacional en el proceso de acreditación ante el Fondo y en el de coordinación a nivel nacional con todos los actores. Nuestra expectativa final es acceder a esa oportunidad de financiamiento y comenzar a presentar propuestas de proyectos que sen financiables y que tengan un enfoque multisectorial y un mayor impacto. - ¿Qué acciones están realizando con miras a obtener ese financiamiento? - El Salvador es uno de los seis países donde se está implementando el programa Green Climate Fund Readiness. También hemos solicitado apoyo del Readiness Support. Son dos programas complementarios y nuestro objetivo es prepararnos para el acceso a esos fondos climáticos. Hemos comenzado una identificación de seis actividades iniciales. Éstas tienen que ver con un mapeo de las instituciones que trabajan el tema a nivel nacional para definir roles, coordinación interna. Se piensa trabajar una propuesta de catálogo de oportunidades de financiamiento. Otra de las actividades es tener una cartera de proyectos a futuro, y otra es la acreditación de nuestra autoridad nacional implementadora. También se piensa trabajar con el sector privado. Y en el marco del Readiness Support, hemos solicitado apoyo al Fondo para cuatro áreas. Una de ellas es la creación de marcos y estrategias nacionales de cambio climático. Otra es el intercambio de información y de experiencias de aprendizaje con otros países. Es un tema que para El Salvador es todavía nuevo y hay que conocer que es lo que el Fondo Verde puede hacer en términos de salvaguardas ambientales, de requisitos de contabilidad internacional. Estamos dando los primeros pasos. - ¿Cómo entiende el cambio transformacional, el cual se busca lograr en la región con apoyo del Fondo Verde? - Desde una perspectiva personal, es un cambio cultural, de cómo entendemos el cambio climático, el cual nos está afectando a todos, de cómo nos organizamos para hacerle frente a esta situación. Éste es un cambio que transforma y que va a generar un proceso de coordinación a nivel interno con todos los actores para acceder a los fondos y ejecutarlos para que el país esté adaptado. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

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COP20: "Bolivia ha propuesto un índice matemático para distribuir las obligaciones en la reducción de emisiones"

Entrevista a René Orellana, jefe de la Delegación de Bolivia en la COP20 Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - Uno de los grandes problemas a resolver es la reducción de emisiones contaminantes ¿Cuál es la propuesta de Bolivia en este tema? - Bolivia ha propuesto un índice matemático para distribuirse las obligaciones. Para construir este índice de distribución equitativa del carbono, Bolivia ha calculado cuatro subíndices: el de responsabilidad históricas, el de huella ecológica, el de capacidad tecnológica y financiera; y el subíndice de desarrollo y pobreza. Cada subíndice ha sido calculado con información oficial para medir cuánto de responsabilidad histórica tienen los países desarrollados, para medir sus patrones de consumo excesivo, para medir la capacidad de los países para invertir en la reducción de sus emisiones, y para medir las necesidades que tienen de desarrollarte con base en la pobreza. Hemos calculado país por país y también por grupos de países y les hemos dado una cantidad del presupuesto de carbono. Esta es una propuesta que ya está en el documento de compilación de propuestas. - ¿Cuáles son las otras propuestas? - Una que ya Bolivia logró que se apruebe en Naciones Unidas, en la COP17, es el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Gestión Integral de Bosques. Es la alternativa a REDD-plus, que es el instrumento usado para mitigación climática y cuyo vínculo con los mercados de carbono está discutiéndose ahora. Este mecanismo promueve y fortalece acciones integrales de bosques de adaptación y mitigación con enfoque de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, fortaleciendo la gestión comunitaria, indígena y campesina , y la participación de las mujeres con indicadores de adaptación. Nuestra pretensión aquí (en la COP20) es que se inicie un tratamiento metodológico y se abra una ventana financiera. - ¿En qué consiste este mecanismo? - Consiste en promover, apoyar y financiar proyectos comunales que incluyan fortalecimiento de la seguridad alimentaria, de la biodiversidad, y no solo captura de carbono. Nuestro enfoque es que los bosques no solo capturan carbono, sino que en ellos también hay gente que vive, come y tiene necesita seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Nuestro mecanismo trabaja integralmente enfoques de adaptación y mitigación. Nuestros mecanismo no se vincula a los mercados de carbono, los cuales no son sostenibles, ni predecibles en financiamiento. Los bonos de carbono son títulos que otorgan derechos a los tenedores sobre esos bosques sujetos a emisión de bonos, no garantizan el financiamiento sostenible a las comunidades, y están basados en un pago por resultados ex post. Nuestro mecanismo se basa en un financiamiento ex ante con base en los requerimientos de las comunidades. - ¿Hay alguna otra propuesta? - La última propuesta es un mecanismo de resiliencia climática y desarrollo sostenible  que nos va a permitir hacer acciones de mitigación y adaptación conjuntas en las ciudades y el campo con cuatro grandes resultados: indicadores de erradicación de pobreza; de desarrollo sostenible (infraestructura, salud, educación, desarrollo multidimensional); de manejo integral de ecosistemas (fortalecimiento de funciones ambientales); de mitigación (unidades de reducción y captura de carbono); y también indicadores de reducción de riesgo. -Teniendo en cuenta estas propuestas, ¿cuál sería la postura de Bolivia para la COP20 en unas cuantas palabras? - Es contribuir con instrumentos concretos que garanticen la integralidad ambiental, no superando 1.5 grados de temperatura como máximo de incremento, distribuyendo equitativamente las obligaciones de mitigación con un enfoque de adaptación y desarrollo sostenible. - El financiamiento es parte central de la lucha contra el cambio climático, ¿cuál es la posición del país al respecto? - Hay que cumplir las disposiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas que establecen la obligación de los países desarrollados de proveer tecnología y financiamiento a los países en desarrollo porque tienen una responsabilidad histórica. Y el informe del IPCC claramente ha determinado que esa responsabilidad es cuantitativamente mayor. - ¿Y cuál debería ser la contraparte de los países en desarrollo? - Cooperar y contribuir con una planificación de estrategias nacionales y marcos normativos para las acciones de mitigación y adaptación. Bolivia ya tiene un marco: tiene la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada en octubre de 2012; tiene un título en esa ley sobre cambio climático que crea la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra con competencias en cambio climático, tiene un fondo establecido por esa ley que es el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra para financiar proyectos en cambio climático; tiene tres mecanismos en la ley que son el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Gestión Integral de Bosques y la Madre Tierra, el  Mecanismo de Adaptación y el Mecanismo de Mitigación. Bolivia ya tiene una política que está en plena construcción y tiene que encarar el próximo año su plan plurinacional. - ¿Cuándo podría operar este fondo? - Está en proceso de reglamentación y de organización interna. Estamos avanzando aceleradamente pero de manera reciente. - ¿Ya cuenta con recursos? Ese fondo tiene asignados por un decreto supremo una semilla de 14 millones de bolivianos e inmediatamente se tiene que gestionar recursos financieros del Fondo Verde del Clima, de fuentes bilaterales, multilaterales e incluso nacionales. -¿Qué acciones realiza el país con miras a acceder a financiamiento del Fondo Verde? - La más importante es preparar nuestra Política Plurinacional de Cambio Climático, nuestro plan plurinacional, emprender los planes subnacionales a nivel departamental y municipal, crear un sistema de información, poner en acción nuestros mecanismos nacionales. - En términos ambientales y de lucha contra el cambio climático, ¿qué resultados concretos ha dado el modelo del “Vivir Bien” que se desarrolla en Bolivia? - Hemos tenido emprendimientos e inversiones importantes en tema de agua por ejemplo, que está dando como resultado la mejor provisión de agua en varios centros poblados del país. Todavía nos queda mucho por hacer en inversiones micro locales pero dispersas por todo el país con el programa Mi Agua o Mi Riego. Tenemos que hacer mayores esfuerzos en forestación y reforestación de bosques, y fortalecimiento de áreas protegidas. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

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COP20: ¿Y qué hay con el uso efectivo del financiamiento climático?

Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs La cantidad de dinero requerida para enfrentar los cambios extremos en el cpma y sus efectos es mucho mayor a la que se busca garantizar en las negociaciones globales. Claramente se necesitan más recursos, pero también es clave rastrear el uso efectivo del financiamiento cpmático que ya está en marcha. "Es necesario reconocer la laguna de financiamiento que existe para actividades de adaptación", dijo Annaka Peterson Carvalho, de Oxfam América. Lo hizo hoy en el evento Un régimen de financiamiento cpmático justo y responsable: Enfrentando los asuntos contenciosos, reapzado durante la COP20. En su opinión, se debe determinar con base en la ciencia el costo real que a los países les corresponde asumir, y se requiere un sistema de financiamiento responsable para determinar cuánto dinero necesita cada quien y cuál será la fuente del mismo. Sandra Guzmán, Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Cpmático de América Latina y el Caribe (GFLAC), coincidió en que si bien es necesario contar con mayores recursos, también lo es usarlos de manera efectiva. "No se trata solo de pedir más dinero, se deben cambiar las prioridades a nivel nacional al distribuir el financiamiento y reasignarlo hacia actividades que permitan la reducción de emisiones", exppcó en el evento. Indicó que el GFLAC ha desarrollado una metodología para saber cuánto dinero reciben los países y cuánto gastan en pdiar con el cambio cpmático. Ese anápsis abarca muchas actividades, incluso aquellas que no están etiquetadas como de cambio cpmático. Guzmán identificó cinco retos en la tarea de rastrear el uso del financiamiento cpmático: Transparencia y acceso a la información. Definición de los criterios de financiamiento cpmático. Estructura institucional y comunicación entre las diferentes instituciones. Participación púbpca en la evaluación de proyectos. Mejor metodología en el monitoreo, reporte y verificación para anapzar el uso efectivo del dinero. La experiencia del Instituto para el Cpma y Ciudades Sostenibles (iCSC) en Fippinas evidencia que la rendición de cuentas sobre el financiamiento cpmático es “asunto de todos”, como lo dijo su director ejecutivo Red Constantino. El instituto rastrea financiamiento para adaptación a partir no solo del dinero comprometido, sino también de cómo éste es canapzado a nivel local. El trabajo que reapza Constantino le ha permitido identificar dificultades para pgar el financiamiento con prioridades y necesidades reales de comunidades vulnerables, oportunidades pmitadas para que las comunidades participen en la toma de decisiones sobre adaptación, y el entendimiento de que el dinero fluye, pero no es usado de forma eficiente o no es usado del todo. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, se refirió también a la importancia de que los programas y proyectos sobre cambio cpmático respondan a los requerimientos de los países y sean dirigidos por ellos. El nuevo régimen cpmático, señaló, debe encontrar formas para que los países puedan monitorear el financiamiento cpmático, aprendan de las experiencias de otras instituciones y reasignen sus recursos para ser efectivos. "El financiamiento cpmático responde a una necesidad específica y la asistencia general para desarrollo, no", subrayó Rodríguez. "La participación púbpca es central y si sabemos cómo usamos el dinero y cuánto necesitamos, sabremos qué pedir cuando negociamos a nivel local". En ese sentido, Constantino resaltó la coordinación entre el nivel nacional y el local, entre los gobiernos y la sociedad civil. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org          

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COP20: Protegiendo los derechos humanos en todas las acciones climáticas

Por Víctor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs Todos los países tienen obligaciones en la lucha contra el cambio climático. Pero también las tienen en materia de derechos humanos. No se trata de obligaciones excluyentes. En torno a ese tema se realizó hoy en la #COP20 el evento paralelo “¿Cómo las lecciones aprendidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pueden aportar al diseño de mecanismos de financiamiento climático?”, organizado por AIDA, CIEL y Carbon Market Watch. El impacto en los derechos humanos de proyectos que pretenden combatir el cambio climático fue evidenciado con el testimonio de Máximo Ba Tiul, representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán en Guatemala. En ese país, el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, registrado bajo el MDL, mecanismo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha derivado en violaciones de derechos humanos en al menos 20 comunidades. Dichos abusos incluyen la muerte de dos niños. Para Hugh Sealy, presidente de la Junta Directiva del MDL, fue "perturbador" escuchar que un proyecto registrado bajo ese mecanismo ha presuntamente violado derechos humanos. Proyectos de represas como Santa Rita son promovidos como fuentes de energía limpia y soluciones frente al cambio climático. Sin embargo, evidencia científica da cuenta que, entre otras cosas, las grandes represas producen emisiones contaminantes, incluidas de metano (gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2), especialmente en zonas tropicales. La implementación inadecuada de proyectos hidroeléctricos también implica violaciones de derechos humanos: el proyecto Santa Rita fue aprobado sin haber consultado ni obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas, indicó Ba Tiul. La conexión entre cambio climático y derechos humanos, o más bien el impacto del uno en los otros, es algo ya reconocido por acuerdos climáticos como los resultantes de la COP16 en Cancún, México. Así lo recordó durante el evento Niranjali Amerasinghe, directora del Programa de Clima y Energía de CIEL. "Todos los países tienen que respetar los derechos humanos". Amerasinghe abogó además por la coherencia al interior de la Convención en términos de las salvaguardas socioambientales que son aplicadas. Con relación a esas herramientas, Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, mencionó la importancia de que el Fondo Verde Climático adopte los estándares más altos al diseñar sus salvaguardas socioambientales. De ese modo, dijo, se avanzará en la tarea de evitar que los proyectos que financie causen daños al ambiente y a los derechos humanos. El Fondo Verde adoptará, durante los primeros tres años de funcionamiento, los estándares de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Éstos "han sido insuficientes para prevenir daños", recordó Rodríguez. Ba Tiul señaló que el reto está en que todos los mecanismos de Naciones Unidas respeten las diferencias y los derechos humanos. De su lado, Rodríguez dijo que es necesario garantizar que la aplicación de estándares internacionales en los diferentes países abarque todo el ciclo de un proyecto con evaluaciones continuas, aprender de los errores y escoger la herramienta que ha probado ser efectiva. Al concluir el evento, Sealy agradeció a los otros panelistas por la información recibida y prometió hacer todo lo posible por fortalecer el proceso de consulta del MDL. Amerasinghe mencionó que el seguimiento a proyectos registrados bajo mecanismos como el MDL debe abarcar también la fase de implementación y no quedarse solo en la de consulta y aprobación. Y, ante denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que se debe hacer es emprender una investigación, algo para lo cual ya existen experiencias de procedimientos y entidades de las cuales partir. Para más información de la COP20 visita aida-cop.org

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Evidenciando el impacto del desarrollo en los derechos humanos y el ambiente

"There we were men and women, children, elders and leaders-who dared to refuse burning or destruction of the huts on the banks of the river, theft and loss of goods, abuse, insults and humiliation by the police, military and public companies Medellin forcibly vacated the beaches to make way for development. " With those words, Isabel Cristina Zuleta, leader of the Movement Living Rivers and victims of forced displacement because of the hydroelectric project Hidroituango in Colombia, testified to the situation that she, community members and thousands of Colombians affected by such projects go through a long time. He did so in a  hearing  before the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) last month. Astrid Puentes, AIDA Executive Co-Director, attended the hearing along with Living Rivers, Tierra Digna, Asoquimbo, the Inter-Church Justice and Peace Commission, the Judicial Freedom and several colleagues from Colombia organizations. She argued before the Commission that in Colombia forced because of projects 'development' as dams and mines displacement is not recognized as a violation of human rights by the state, which makes the people affected are unprotected.   At the hearing Bridges outlined the three main causes of forced displacement by projects: the close relationship between armed conflict and the implementation of megaprojects, flexibility and violation of rules in its approval and implementation, and direct impacts their performance. It also asked the Commission to urge the Colombian government to guarantee the rights of victims, repair damage and take appropriate measures to prevent such displacement measures. Bridges described human rights violations arising from the implementation of specific projects like the dam El Quimbo in the department of Huila and situations like those experienced in the mining district of La Jagua de Ibirico, department of Cesar, where entire communities have been displaced due to air pollution caused by coal projects. Inadequate implementation of projects of "development" in Colombia and the region also violates Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), especially the right to a healthy environment. In this regard, AIDA and organizations in the region participated in a hearing convened ex officio by the Commission to analyze the situation of ESC rights in the continent. In it, Maria Jose Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, said the main cause of the violation of the right to a healthy environment is the failure of States to their environmental obligations and human rights by implementing mining and energy projects and infrastructure, among others. The problem has worsened in recent years. "The Commission has found different manifestations of the problem through at least 40 thematic hearings that have taken place in the past decade, and have illustrated the serious territorial, cultural and environmental conflicts generated by the violation of ESCR "Veramendi Villa recalled during the hearing. We need a Commission with a firm and resolute against the implementation of policies and projects that violate human rights, and thus bring justice to those who do not find in their countries position.

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Buscando compromisos y soluciones sostenibles en la COP20

La reunión mundial más importante sobre cambio climático esta cada vez más cerca. Las expectativas son altas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú, debe concluir con un borrador del nuevo acuerdo climático que será suscrito en 2015. La conferencia ofrece además una oportunidad clave para que los países mantengan los compromisos financieros adquiridos en conferencias previas. AIDA participará de la conferencia bajo dos objetivos principales. El primero es defender el financiamiento pleno del Fondo Verde del Clima. El segundo es participar en la conversación para asegurar que el nuevo acuerdo climático tome en cuenta el impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el Fondo Verde del Clima para financiar programas y proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático tendrán prioridad en las inversiones. “Buscamos que se hagan compromisos concretos, tener claridad sobre la ruta que seguirán los países desarrollados para que la lucha contra el cambio climático tenga un apoyo financiero sostenible en el tiempo”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Hasta la fecha, el Fondo Verde del Clima ha recibido 9.6 mil millones de dólares en promesas de contribuciones. Nuestro objetivo en la conferencia de Lima es generar compromisos adicionales que eleven esa cifra a por lo menos 15 mil millones. También vamos a trabajar con los gobiernos para asegurar que cumplan con su compromiso de contribuir con 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para garantizar así recursos predecibles y sostenibles. AIDA trabajará con redes globales como Climate Action Network International (CAN-I) para supervisar estas contribuciones financieras. AIDA, junto con organizaciones socias, está organizando el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe el sábado 6 de diciembre. El evento reunirá a actores de persos sectores para facilitar el diálogo y la construcción de capacidades sobre aspectos clave de financiamiento climático que afectan a la región. Una de las sesiones abordará el rol del Fondo Verde del Clima en la contribución a un cambio transformador en América Latina. “Aprovechando el contexto de negociaciones climáticas, les recordaremos a los tomadores de decisiones que las medidas para mitigar el cambio climático deben ser realmente sostenibles y eficientes”, afirmó Rodríguez. “Los esfuerzos de mitigación no deben promover proyectos como las grandes represas, consideradas fuente de energía limpia a pesar de que emiten grandes cantidades de metano, especialmente en zonas tropicales.” La conferencia brindará una oportunidad para que AIDA trabaje con los negociadores para garantizar que consideraciones de derechos humanos, las cuales fueron reconocidas en acuerdos climáticos previos, formen parte del siguiente acuerdo. De forma paralela a la COP20, participaremos la Cumbre de los Pueblos, un importante encuentro alternativo de las organizaciones de la sociedad civil. En él AIDA compartirá su experiencia sobre la fracturación hidráulica o fracking y sus implicaciones para el ambiente en América Latina y para el clima global. Ta mantendremos al tanto a lo largo de la conferencia en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. ¡No dejes de seguirnos! #RumboCOP20

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México ante la oportunidad de proteger mejor su ambiente

Sandra Moguel, abogada de AIDA, @sandra_moguel La pirinola es una pieza de material duro que tiene seis caras planas en las que lleva distintas leyendas. En varios países de América Latina es utilizada para jugar y hacer apuestas. Tras hacerla girar, la pirinola se detiene en uno de sus contornos y le muestra al jugador lo que debe hacer con cierta cantidad de fichas: PON 1, PON 2, TOMA 1, TOMA 2, TOMA TODO y TODOS PONEN. México atraviesa momentos de desaliento colectivo en los que todo tiene color de fatalidad. Pero  no todo está perdido. En términos de la protección de su ambiente, el país aún tiene la oportunidad de decidir acertadamente la suerte de su patrimonio natural y de apostar por un desarrollo sostenible. TODOS PONEN: La historia incómoda de Paraíso del Mar   Paraíso del Mar es un proyecto turístico ubicado en la barra arenosa conocida como El Mogote, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. El proyecto propone la construcción de un mega resort con 2,050 cuartos de hotel y 4,000 viviendas, campos de golf y una marina. A principios de 2013, un tribunal mexicano declaró ilegal y de forma definitiva el permiso ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado al proyecto. El argumento de la decisión fue que la SEMARNAT no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de Paraíso del Mar. Sin embargo, algunas obras del proyecto ya habían sido construidas. Como consecuencia, el manglar de la zona ha desaparecido casi en su totalidad, y el paisaje y la línea costera ya han sido modificados.  Con una autorización de impacto ambiental ilegal e irresponsable todos pierden: ¿Quién indemniza a los empresarios que invierten en la construcción del proyecto?, ¿quién repara el daño? o ¿quién restaura la vista del paisaje? La sociedad en su conjunto se ve afectada. Basta recordar los destrozos que ocasionó el huracán Odile en Los Cabos. Los aspectos de cambio climático y fenómenos meteorológicos debieron tomarse en cuenta al evaluar los proyectos turísticos construidos en esa zona, algo que no ocurrió. La evaluación de impacto ambiental es la revisión de los efectos causados por las actividades humanas en el medio ambiente. El objetivo de este instrumento es identificar si las afectaciones a los ecosistemas pueden ser mitigadas o compensadas. Desafortunadamente, las leyes que regulan la manera en que la autoridad ambiental realiza esa tarea, parecen simuladas y la evaluación se convierte en un mero trámite que perjudica a la biodiversidad y a la sociedad. TOMA 1: Contribuyendo a una solución La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaron una petición ciudadana a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo internacional creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá— solicitando una investigación sobre la autorización de Paraíso del Mar y otros proyectos similares en el Golfo de California. En la petición se afirma que el Gobierno mexicano no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de los proyectos en humedales costeros del Golfo. El Secretariado de la CCA tuvo el mismo criterio y recomendó elaborar un Expediente de Hechos (investigación pormenorizada). PONEN DOS: La decisión depende de al menos dos gobiernos En los próximos días, al menos dos de los tres Ministros del Medio Ambiente de Estados Unidos, Canadá y México deberán votar a favor de llevar adelante la mencionada investigación. Esta votación es una oportunidad para promover la transparencia y la participación de la sociedad en asuntos ambientales. Es la ocasión perfecta para que el Gobierno de México genere la credibilidad, la confianza y los espacios de diálogo que el país está pidiendo a gritos. Un Expediente de Hechos no contiene una calificación sobre los argumentos de los peticionarios. Tampoco contiene recomendaciones de la CCA para resolver el problema. Se trata más bien de un examen detallado que es fuente de retroalimentación para la misma SEMARNAT sobre las preocupaciones de la sociedad civil. Llama la atención que de las 41 peticiones ciudadanas que se han presentado en contra de México ante la CCA, 19 tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuestionan la discrecionalidad con la que se emplea esa herramienta y con la que se determina un impacto ambiental. TOMAN TODOS: ¿Qué concluimos? Haciendo eco de la reflexión de Paola Zavala, las movilizaciones sociales deben ir acompañadas de una agenda de exigencias puntuales y compartidas entre los miembros sociedad civil. No se trata solo de gritar y desahogarse en las calles. De ahí la importancia de la participación constructiva. En el caso del Golfo de California, los peticionarios, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y académicos, exigimos que la  SEMARNAT aplique su legislación ambiental aprobando proyectos con base en la descripción de obras completas que contengan la mejor información disponible, que describan la totalidad de los impactos acumulativos y residuales, que no contravengan tratados internacionales ni las normas sobre especies en peligro o en riesgo, y sobre protección de manglares. El Expediente de Hechos no es una panacea, pero si generará una agenda de diálogo y concientización para funcionarios públicos, empresarios y sociedad civil sobre la importancia de la evaluación del impacto ambiental. Será un gran paso en el camino de tomar decisiones que garanticen el desarrollo sostenible en México.

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COHERENCIA: La medida más urgente frente al cambio climático

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes En 14 días comenzará en pma, Perú, la 20ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cpmático (COP20). Esta COP será fundamental para sentar las bases del nuevo acuerdo global que reemplazará al Protocolo de Kioto (1997). Esta vez, como afirmó Manuel Pulgar-Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y quien presidirá la Conferencia, "el mundo no aceptará otro fracaso". No es para menos. Cada año somos testigos e incluso víctimas de los impactos cada vez mayores del cambio cpmático. Y nuestra responsabipdad en el problema es evidente: "La influencia humana en el sistema cpmático es clara y las recientes emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia", concluyó el Panel Intergubernamental de Cambio Cpmático en su quinto informe. Dada la cercanía de la COP20 y el reconocimiento del problema, los discursos, compromisos y decisiones esperanzadoras aumentan. Un ejemplo es el reciente acuerdo sin precedentes entre Estados Unidos y China que establece límites y objetivos para la reducción de emisiones. También en América Latina se han tomado medidas efectivas para enfrentar la amenaza más grande de la raza humana. Sin embargo y pese a los avances, permanecen y aumentan las políticas que generaron el problema y que lo agravan, particularmente la gran dependencia de nuestras economías de combustibles fósiles, los cuales generan el 57% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2). Y, al buscar alternativas, se ha impulsado la energía hidroeléctrica y con ella las grandes represas. Pero las represas no son energía pmpia pues generan emisiones importantes de gases de efecto invernadero, como CO2 y metano, especialmente en zonas tropicales. Éstos y otros impactos son ignorados en la ecuación de las medidas contra el cambio cpmático por lo que la solución resulta rudimentaria. La coherencia se vuelve entonces urgente. Veamos ejemplos de la falta de ella en nuestros países para tenerlos en cuenta e identificar oportunidades para apnear objetivos, hacer ajustes y no borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Brasil es clave para la región y ha demostrado voluntad y resultados positivos respecto al cambio cpmático. Prueba de ello es la disminución histórica de la deforestación en 79% durante la última década, como lo anunció la Presidenta de ese país en la Cumbre del Cpma. No obstante, Brasil continúa centrando su desarrollo en combustibles fósiles, minería y en grandes represas a nivel nacional y en la cuenca amazónica. En esa cuenca, bajo la influencia de Brasil, se construyen o planean construir 254 nuevas represas, incluyendo Belo Monte en el río Xingú. Chile dio señales positivas al decidir, por ejemplo, no permitir las represas de Aysen en la Patagonia. En contraste, recientemente presentó las Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Cpmático (MAPS Chile por sus siglas en inglés) con un énfasis en la eficiencia energética a través de sectores que generan altas emisiones como el minero. También estableció como prioridad la implementación de grandes represas justamente en Aysen, así como la importación o explotación de gas shale de la cuenca de Magallanes. La extracción del gas shale se reapza mediante la fractura hidráupca, fuente importante de emisiones de CO2 y metano. Ecuador incorporó los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008 y creó el Ministerio del Buen Vivir en 2013, promoviendo el “respeto de todos los seres de la Naturaleza” y el desarrollo sostenible. Pero, al mismo tiempo, continúa basando su economía en la explotación de combustibles fósiles sin considerar alternativas bajas en carbono en el corto o largo plazo. La decisión de explotar los hidrocarburos del Parque Yasuní, donde residen comunidades indígenas en aislamiento voluntario, es muestra de incoherencia. México ha sido líder en temas como las negociaciones globales de cambio cpmático. Ha demostrado voluntad para implementar medidas adecuadas, políticas, marcos legales e instrumentos financieros. Este año fue pionero al prometer aportes para el Fondo Verde Cpmático, siendo ejemplo para países con mayores responsabipdades cpmáticas que aún no han anunciado dichos compromisos. Sin embargo, México impulsa una reforma energética que prioriza la extracción de hidrocarburos, arriesgando sus avances en política cpmática. Ello lleva a México al camino del desarrollo alto carbono y dependiente de combustibles fósiles. Perú, país anfitrión de la COP20, muestra también grandes incongruencias que debe resolver. El pderazgo peruano en las negociaciones es destacable, así como sus esfuerzos internos para impulsar la adaptación al cambio cpmático al incorporar por ejemplo el conocimiento tradicional. Pero la falta de coherencia entre discurso y acción se traduce en impulsar amppamente actividades extractivas e hidroeléctricas sin considerar los impactos en el cpma, e ignorando alternativas pmpias. Bopvia, Colombia, Guatemala, Panamá, Argentina y el resto de países de la región no están exentos de grandes incoherencias que comprometen la efectividad de las acciones cpmáticas que anuncian. La promoción de la minería, la hidroenergía y el fracking contribuirán seriamente al cambio cpmático en el continente, algo a tener muy presente. La necesidad de desarrollo de la región o su mínima contribución al porcentaje global de emisiones no son excusas, más si actualmente existen grandes oportunidades de desarrollo económico y de atención a la demanda energética que pueden ser más eficientes que la continua dependencia de la energía fósil. No podemos arreglar un problema global con parches aquí y allá. El cambio cpmático afecta al planeta y América Latina es de las regiones más vulnerables. Nos corresponde y nos conviene entonces actuar con coherencia e integridad. Mientras las políticas y acciones de los Estados no consideren el cambio cpmático de forma central, continuaremos avanzando un paso y retrocediendo tres. Debemos alcanzar la coherencia entre el discurso y las acciones para lograr acciones efectivas frente al cambio cpmático. ¡El momento es AHORA!

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La Ciénaga Grande de Santa Marta

Quisiera dedicar este post a las personas que viven en y que trabajan por proteger La Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. Hace unas semanas, gracias a Thomas Ankersen y Juan Pablo Sarmiento, aprendí sobre este sitio maravilloso que requiere protección urgente. El nombre oficial de este Parque Nacional es Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Está localizado entre Santa Marta y Barranquilla, pertenece a la jurisdicción de Sitio Nuevo. Es un humedal protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (conocida como la Convención de Ramsar), un tratado internacional que sirve de "marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos". Caracterizada por su rica diversidad de flora y fauna, La Ciénaga Grande alberga mamíferos como el ponche (Hydrochaerishydrochaeris) y la zorra manglera (Procyon lotor); reptiles como la tortuga icotea (Chrysemys scripta) y el caimán aguja (Crocodylus acutus); aves como el pato cuervo o longuillo (Phalacrocorax olivaceus olivaceus) y el pato aguja (Anhinga anhinga); y 53 especies de fauna íctica (peces presentes en un determinado lugar marino o fluvial); entre mucha otra variedad de fauna. Además, los bosques de manglar y húmedal que caracterizan la flora del lugar proveen beneficios incalculables para Colombia y el mundo: una hectárea de manglar captura hasta 50 veces más dióxido de carbono que una de bosque. Otro rasgo de la Ciénaga Grande es que en ella hay; pueblos palafíticos (vivienda en el agua)  que se extienden por 26,810 hectáreas protegidas por bosques de manglar y humedal. Las 2,500 personas que viven allí  dependen de la pesca para subsistir  y, en los últimos años, han enfrentado serios retos para capturar peces pues han habido brotes de  matanza de peces. Cientos de ellos han aparecido muertos. Los pobladores sufren además la falta de acceso al agua dulce (ni siquiera potable), al sistema de salud y a la seguridad social. Ello guarda relación con el cierre de la entrada de agua potable por desvíos para beneficio de la agricultura. La falta total de agua potable y/o el limitado abastecimiento de ésta han afectado la salinidad del agua y la calidad de vida de los pobladores. La Ciénaga Grande ha marcado mis pensamientos desde hace semanas. Aparte de ser un sitio único por su  riqueza biológica, las personas que viven allí son admirables y  requieren con urgencia una mejora en sus condiciones de vida. En el 2000 superaron una  masacre paramilitar  que ha forjado aún más su carácter perseverante. Hoy en día, lo que muchos de nosotros damos por sentado: abrir el grifo y llenar un vaso con agua, o la posibilidad de llegar con un médico en 20 o 30 minutos, es  un lujo  en la vida diaria de estas 2,500 personas. A lo largo de los años, he visto como el derecho ambiental internacional puede ser utilizado para proteger la riqueza biológica y reducir los impactos que el daño ambiental puede causar en las personas. Estoy segura entonces que pronto escribiré contándoles avances sobre este sitio y sus admirables habitantes.

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Los derechos humanos como límite de la utilidad pública extractivista

By Ariel Pérez Castellón, lawyer AIDA The current Bolivian Constitution presents important contradictions in its regulatory text. For example, while recognizing rights advanced as the most fundamental right to water, healthy and balanced environment, and the rights of future generations, while holding a vision of deeply extractive development . One of the greatest expressions of that vision is the rule that "the exploration, exploitation, refining, processing, transportation and marketing of non - renewable natural resources have the character of state necessity and public utility." Note that this standard is unprecedented in previous constitutional texts (Center for constitutional Studies, 2013) . Let 's do an analysis of this standard. The public utility refers to that which is of benefit and benefit to the community , and in the Bolivian right there on the condition that this utility is qualified by a special law, and for each case. Being public utility legal justification to limit or restrict the right of ownership, through expropriation or other legal restrictions, the legislator must clearly and coherently justify the declaration of public utility . However, in Bolivia, the current Constitution exempts mining activities (such as mining and oil industry) of the need for this prior legal qualification as their public interest is broadly recognized and unrestricted by constitutional mandate. This means that those who drafted the Constitution wanted to pave the way for the expansion of mining activities in the country. Rate constitutionally public utility activities related to non - renewable natural resources, means giving them the maximum state interest, the highest priority over other activities developed in the (agricultural, livestock, conservation, tourism, etc.) territories, to the point to empower the expropriation of land to make way for extractive activities. In short, the public utility of the extractive activities is one of the most powerful tools for deepening extractivismo legal tools in the country . The limits of public utility extractive In many cases, extractive activities generate or may generate severe social and environmental damage , for example in fragile ecosystems, protected areas or indigenous territories. But beyond the absurdity of considering that these activities are of benefit of the community as a general rule, it should be emphasized that the public interest is not an absolute category . The first function of the Bolivian state is to protect and guarantee the rights of people . This is recognized by Article 9, paragraph 2 of the Constitution when disposed between the aims and essential functions of the state "ensure the welfare, development, security and protection and equal dignity of individuals, nations, peoples and communities ... "; and "ensure compliance with the principles, values, rights and duties recognized ..." in the Constitution (Article 9, paragraph 4). Moreover, the Constitution recognizes the strength and constitutional status of treaties on human rights ratified by the country , and if they recognize more favorable than those contained in the formal text of the Constitution rights, their preferred application and therefore the supra - constitutional nature of those rules (Article 256). International human rights instruments ratified by Bolivia as the American Convention on Human Rights (Law No. 1430, 11/02/1993) recognize the principle "pro homine" (see Article 29 of that instrument). This means that when there is a case that could compromise the human rights of a person or community, look for the source and norm to provide the most favorable solution to the human person, their rights (Bidart Campos, 2002). Consequently, application of constitutional norms and the principle "pro homine" part of our legal system, provided there is a collision between the public utility of an extractive activity (for example, operating a mine in an area water deficit) and the imperative of protecting human rights could be violated by such declaration and activity (for example, the threat of violation of the right to a healthy environment or the most fundamental right to water in the community that may be affected by mining) activity, must prevail with all rigor preservation and constitutional guarantee of the right of the person or community. We hope these constitutional rules and principles that emphasize above all the life and dignity of people and communities, are no strangers to public servants, extractive companies and civil society, so that we can contribute so set your implementation.

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