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Diciembre 03 2014 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

COP20: ¿Y qué hay con el uso efectivo del financiamiento climático?

Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs La cantidad de dinero requerida para enfrentar los cambios extremos en el cpma y sus efectos es mucho mayor a la que se busca garantizar en las negociaciones globales. Claramente se necesitan más recursos, pero también es clave rastrear el uso efectivo del financiamiento cpmático que ya está en marcha. "Es necesario reconocer la laguna de financiamiento que existe para actividades de adaptación", dijo Annaka Peterson Carvalho, de Oxfam América. Lo hizo hoy en el evento Un régimen de financiamiento cpmático justo y responsable: Enfrentando los asuntos contenciosos, reapzado durante la COP20. En su opinión, se debe determinar con base en la ciencia el costo real que a los países les corresponde asumir, y se requiere un sistema de financiamiento responsable para determinar cuánto dinero necesita cada quien y cuál será la fuente del mismo. Sandra Guzmán, Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Cpmático de América Latina y el Caribe (GFLAC), coincidió en que si bien es necesario contar con mayores recursos, también lo es usarlos de manera efectiva. "No se trata solo de pedir más dinero, se deben cambiar las prioridades a nivel nacional al distribuir el financiamiento y reasignarlo hacia actividades que permitan la reducción de emisiones", exppcó en el evento. Indicó que el GFLAC ha desarrollado una metodología para saber cuánto dinero reciben los países y cuánto gastan en pdiar con el cambio cpmático. Ese anápsis abarca muchas actividades, incluso aquellas que no están etiquetadas como de cambio cpmático. Guzmán identificó cinco retos en la tarea de rastrear el uso del financiamiento cpmático: Transparencia y acceso a la información. Definición de los criterios de financiamiento cpmático. Estructura institucional y comunicación entre las diferentes instituciones. Participación púbpca en la evaluación de proyectos. Mejor metodología en el monitoreo, reporte y verificación para anapzar el uso efectivo del dinero. La experiencia del Instituto para el Cpma y Ciudades Sostenibles (iCSC) en Fippinas evidencia que la rendición de cuentas sobre el financiamiento cpmático es “asunto de todos”, como lo dijo su director ejecutivo Red Constantino. El instituto rastrea financiamiento para adaptación a partir no solo del dinero comprometido, sino también de cómo éste es canapzado a nivel local. El trabajo que reapza Constantino le ha permitido identificar dificultades para pgar el financiamiento con prioridades y necesidades reales de comunidades vulnerables, oportunidades pmitadas para que las comunidades participen en la toma de decisiones sobre adaptación, y el entendimiento de que el dinero fluye, pero no es usado de forma eficiente o no es usado del todo. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, se refirió también a la importancia de que los programas y proyectos sobre cambio cpmático respondan a los requerimientos de los países y sean dirigidos por ellos. El nuevo régimen cpmático, señaló, debe encontrar formas para que los países puedan monitorear el financiamiento cpmático, aprendan de las experiencias de otras instituciones y reasignen sus recursos para ser efectivos. "El financiamiento cpmático responde a una necesidad específica y la asistencia general para desarrollo, no", subrayó Rodríguez. "La participación púbpca es central y si sabemos cómo usamos el dinero y cuánto necesitamos, sabremos qué pedir cuando negociamos a nivel local". En ese sentido, Constantino resaltó la coordinación entre el nivel nacional y el local, entre los gobiernos y la sociedad civil. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

Diciembre 02 2014 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

COP20: Protegiendo los derechos humanos en todas las acciones climáticas

Por Víctor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs Todos los países tienen obligaciones en la lucha contra el cambio climático. Pero también las tienen en materia de derechos humanos. No se trata de obligaciones excluyentes. En torno a ese tema se realizó hoy en la #COP20 el evento paralelo “¿Cómo las lecciones aprendidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pueden aportar al diseño de mecanismos de financiamiento climático?”, organizado por AIDA, CIEL y Carbon Market Watch. El impacto en los derechos humanos de proyectos que pretenden combatir el cambio climático fue evidenciado con el testimonio de Máximo Ba Tiul, representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán en Guatemala. En ese país, el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, registrado bajo el MDL, mecanismo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha derivado en violaciones de derechos humanos en al menos 20 comunidades. Dichos abusos incluyen la muerte de dos niños. Para Hugh Sealy, presidente de la Junta Directiva del MDL, fue "perturbador" escuchar que un proyecto registrado bajo ese mecanismo ha presuntamente violado derechos humanos. Proyectos de represas como Santa Rita son promovidos como fuentes de energía limpia y soluciones frente al cambio climático. Sin embargo, evidencia científica da cuenta que, entre otras cosas, las grandes represas producen emisiones contaminantes, incluidas de metano (gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2), especialmente en zonas tropicales. La implementación inadecuada de proyectos hidroeléctricos también implica violaciones de derechos humanos: el proyecto Santa Rita fue aprobado sin haber consultado ni obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas, indicó Ba Tiul. La conexión entre cambio climático y derechos humanos, o más bien el impacto del uno en los otros, es algo ya reconocido por acuerdos climáticos como los resultantes de la COP16 en Cancún, México. Así lo recordó durante el evento Niranjali Amerasinghe, directora del Programa de Clima y Energía de CIEL. "Todos los países tienen que respetar los derechos humanos". Amerasinghe abogó además por la coherencia al interior de la Convención en términos de las salvaguardas socioambientales que son aplicadas. Con relación a esas herramientas, Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, mencionó la importancia de que el Fondo Verde Climático adopte los estándares más altos al diseñar sus salvaguardas socioambientales. De ese modo, dijo, se avanzará en la tarea de evitar que los proyectos que financie causen daños al ambiente y a los derechos humanos. El Fondo Verde adoptará, durante los primeros tres años de funcionamiento, los estándares de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Éstos "han sido insuficientes para prevenir daños", recordó Rodríguez. Ba Tiul señaló que el reto está en que todos los mecanismos de Naciones Unidas respeten las diferencias y los derechos humanos. De su lado, Rodríguez dijo que es necesario garantizar que la aplicación de estándares internacionales en los diferentes países abarque todo el ciclo de un proyecto con evaluaciones continuas, aprender de los errores y escoger la herramienta que ha probado ser efectiva. Al concluir el evento, Sealy agradeció a los otros panelistas por la información recibida y prometió hacer todo lo posible por fortalecer el proceso de consulta del MDL. Amerasinghe mencionó que el seguimiento a proyectos registrados bajo mecanismos como el MDL debe abarcar también la fase de implementación y no quedarse solo en la de consulta y aprobación. Y, ante denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que se debe hacer es emprender una investigación, algo para lo cual ya existen experiencias de procedimientos y entidades de las cuales partir. Para más información de la COP20 visita aida-cop.org

Noviembre 27 2014

Evidenciando el impacto del desarrollo en los derechos humanos y el ambiente

"There we were men and women, children, elders and leaders-who dared to refuse burning or destruction of the huts on the banks of the river, theft and loss of goods, abuse, insults and humiliation by the police, military and public companies Medellin forcibly vacated the beaches to make way for development. " With those words, Isabel Cristina Zuleta, leader of the Movement Living Rivers and victims of forced displacement because of the hydroelectric project Hidroituango in Colombia, testified to the situation that she, community members and thousands of Colombians affected by such projects go through a long time. He did so in a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) last month. Astrid Puentes, AIDA Executive Co-Director, attended the hearing along with Living Rivers, Tierra Digna, Asoquimbo, the Inter-Church Justice and Peace Commission, the Judicial Freedom and several colleagues from Colombia organizations. She argued before the Commission that in Colombia forced because of projects 'development' as dams and mines displacement is not recognized as a violation of human rights by the state, which makes the people affected are unprotected. At the hearing Bridges outlined the three main causes of forced displacement by projects: the close relationship between armed conflict and the implementation of megaprojects, flexibility and violation of rules in its approval and implementation, and direct impacts their performance. It also asked the Commission to urge the Colombian government to guarantee the rights of victims, repair damage and take appropriate measures to prevent such displacement measures. Bridges described human rights violations arising from the implementation of specific projects like the dam El Quimbo in the department of Huila and situations like those experienced in the mining district of La Jagua de Ibirico, department of Cesar, where entire communities have been displaced due to air pollution caused by coal projects. Inadequate implementation of projects of "development" in Colombia and the region also violates Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), especially the right to a healthy environment. In this regard, AIDA and organizations in the region participated in a hearing convened ex officio by the Commission to analyze the situation of ESC rights in the continent. In it, Maria Jose Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, said the main cause of the violation of the right to a healthy environment is the failure of States to their environmental obligations and human rights by implementing mining and energy projects and infrastructure, among others. The problem has worsened in recent years. "The Commission has found different manifestations of the problem through at least 40 thematic hearings that have taken place in the past decade, and have illustrated the serious territorial, cultural and environmental conflicts generated by the violation of ESCR "Veramendi Villa recalled during the hearing. We need a Commission with a firm and resolute against the implementation of policies and projects that violate human rights, and thus bring justice to those who do not find in their countries position.

Noviembre 27 2014 Cambio Climático, Derechos Humanos

Buscando compromisos y soluciones sostenibles en la COP20

La reunión mundial más importante sobre cambio climático esta cada vez más cerca. Las expectativas son altas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú, debe concluir con un borrador del nuevo acuerdo climático que será suscrito en 2015. La conferencia ofrece además una oportunidad clave para que los países mantengan los compromisos financieros adquiridos en conferencias previas. AIDA participará de la conferencia bajo dos objetivos principales. El primero es defender el financiamiento pleno del Fondo Verde del Clima. El segundo es participar en la conversación para asegurar que el nuevo acuerdo climático tome en cuenta el impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el Fondo Verde del Clima para financiar programas y proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático tendrán prioridad en las inversiones. “Buscamos que se hagan compromisos concretos, tener claridad sobre la ruta que seguirán los países desarrollados para que la lucha contra el cambio climático tenga un apoyo financiero sostenible en el tiempo”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Hasta la fecha, el Fondo Verde del Clima ha recibido 9.6 mil millones de dólares en promesas de contribuciones. Nuestro objetivo en la conferencia de Lima es generar compromisos adicionales que eleven esa cifra a por lo menos 15 mil millones. También vamos a trabajar con los gobiernos para asegurar que cumplan con su compromiso de contribuir con 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para garantizar así recursos predecibles y sostenibles. AIDA trabajará con redes globales como Climate Action Network International (CAN-I) para supervisar estas contribuciones financieras. AIDA, junto con organizaciones socias, está organizando el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe el sábado 6 de diciembre. El evento reunirá a actores de persos sectores para facilitar el diálogo y la construcción de capacidades sobre aspectos clave de financiamiento climático que afectan a la región. Una de las sesiones abordará el rol del Fondo Verde del Clima en la contribución a un cambio transformador en América Latina. “Aprovechando el contexto de negociaciones climáticas, les recordaremos a los tomadores de decisiones que las medidas para mitigar el cambio climático deben ser realmente sostenibles y eficientes”, afirmó Rodríguez. “Los esfuerzos de mitigación no deben promover proyectos como las grandes represas, consideradas fuente de energía limpia a pesar de que emiten grandes cantidades de metano, especialmente en zonas tropicales.” La conferencia brindará una oportunidad para que AIDA trabaje con los negociadores para garantizar que consideraciones de derechos humanos, las cuales fueron reconocidas en acuerdos climáticos previos, formen parte del siguiente acuerdo. De forma paralela a la COP20, participaremos la Cumbre de los Pueblos, un importante encuentro alternativo de las organizaciones de la sociedad civil. En él AIDA compartirá su experiencia sobre la fracturación hidráulica o fracking y sus implicaciones para el ambiente en América Latina y para el clima global. Ta mantendremos al tanto a lo largo de la conferencia en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. ¡No dejes de seguirnos! #RumboCOP20

Noviembre 25 2014

México ante la oportunidad de proteger mejor su ambiente

Sandra Moguel, abogada de AIDA, @sandra_moguel La pirinola es una pieza de material duro que tiene seis caras planas en las que lleva distintas leyendas. En varios países de América Latina es utilizada para jugar y hacer apuestas. Tras hacerla girar, la pirinola se detiene en uno de sus contornos y le muestra al jugador lo que debe hacer con cierta cantidad de fichas: PON 1, PON 2, TOMA 1, TOMA 2, TOMA TODO y TODOS PONEN. México atraviesa momentos de desaliento colectivo en los que todo tiene color de fatalidad. Pero no todo está perdido. En términos de la protección de su ambiente, el país aún tiene la oportunidad de decidir acertadamente la suerte de su patrimonio natural y de apostar por un desarrollo sostenible. TODOS PONEN: La historia incómoda de Paraíso del Mar Paraíso del Mar es un proyecto turístico ubicado en la barra arenosa conocida como El Mogote, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. El proyecto propone la construcción de un mega resort con 2,050 cuartos de hotel y 4,000 viviendas, campos de golf y una marina. A principios de 2013, un tribunal mexicano declaró ilegal y de forma definitiva el permiso ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado al proyecto. El argumento de la decisión fue que la SEMARNAT no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de Paraíso del Mar. Sin embargo, algunas obras del proyecto ya habían sido construidas. Como consecuencia, el manglar de la zona ha desaparecido casi en su totalidad, y el paisaje y la línea costera ya han sido modificados. Con una autorización de impacto ambiental ilegal e irresponsable todos pierden: ¿Quién indemniza a los empresarios que invierten en la construcción del proyecto?, ¿quién repara el daño? o ¿quién restaura la vista del paisaje? La sociedad en su conjunto se ve afectada. Basta recordar los destrozos que ocasionó el huracán Odile en Los Cabos. Los aspectos de cambio climático y fenómenos meteorológicos debieron tomarse en cuenta al evaluar los proyectos turísticos construidos en esa zona, algo que no ocurrió. La evaluación de impacto ambiental es la revisión de los efectos causados por las actividades humanas en el medio ambiente. El objetivo de este instrumento es identificar si las afectaciones a los ecosistemas pueden ser mitigadas o compensadas. Desafortunadamente, las leyes que regulan la manera en que la autoridad ambiental realiza esa tarea, parecen simuladas y la evaluación se convierte en un mero trámite que perjudica a la biodiversidad y a la sociedad. TOMA 1: Contribuyendo a una solución La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaron una petición ciudadana a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo internacional creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá— solicitando una investigación sobre la autorización de Paraíso del Mar y otros proyectos similares en el Golfo de California. En la petición se afirma que el Gobierno mexicano no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de los proyectos en humedales costeros del Golfo. El Secretariado de la CCA tuvo el mismo criterio y recomendó elaborar un Expediente de Hechos (investigación pormenorizada). PONEN DOS: La decisión depende de al menos dos gobiernos En los próximos días, al menos dos de los tres Ministros del Medio Ambiente de Estados Unidos, Canadá y México deberán votar a favor de llevar adelante la mencionada investigación. Esta votación es una oportunidad para promover la transparencia y la participación de la sociedad en asuntos ambientales. Es la ocasión perfecta para que el Gobierno de México genere la credibilidad, la confianza y los espacios de diálogo que el país está pidiendo a gritos. Un Expediente de Hechos no contiene una calificación sobre los argumentos de los peticionarios. Tampoco contiene recomendaciones de la CCA para resolver el problema. Se trata más bien de un examen detallado que es fuente de retroalimentación para la misma SEMARNAT sobre las preocupaciones de la sociedad civil. Llama la atención que de las 41 peticiones ciudadanas que se han presentado en contra de México ante la CCA, 19 tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuestionan la discrecionalidad con la que se emplea esa herramienta y con la que se determina un impacto ambiental. TOMAN TODOS: ¿Qué concluimos? Haciendo eco de la reflexión de Paola Zavala, las movilizaciones sociales deben ir acompañadas de una agenda de exigencias puntuales y compartidas entre los miembros sociedad civil. No se trata solo de gritar y desahogarse en las calles. De ahí la importancia de la participación constructiva. En el caso del Golfo de California, los peticionarios, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y académicos, exigimos que la SEMARNAT aplique su legislación ambiental aprobando proyectos con base en la descripción de obras completas que contengan la mejor información disponible, que describan la totalidad de los impactos acumulativos y residuales, que no contravengan tratados internacionales ni las normas sobre especies en peligro o en riesgo, y sobre protección de manglares. El Expediente de Hechos no es una panacea, pero si generará una agenda de diálogo y concientización para funcionarios públicos, empresarios y sociedad civil sobre la importancia de la evaluación del impacto ambiental. Será un gran paso en el camino de tomar decisiones que garanticen el desarrollo sostenible en México.

Noviembre 17 2014

COHERENCIA: La medida más urgente frente al cambio climático

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes En 14 días comenzará en pma, Perú, la 20ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cpmático (COP20). Esta COP será fundamental para sentar las bases del nuevo acuerdo global que reemplazará al Protocolo de Kioto (1997). Esta vez, como afirmó Manuel Pulgar-Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y quien presidirá la Conferencia, "el mundo no aceptará otro fracaso". No es para menos. Cada año somos testigos e incluso víctimas de los impactos cada vez mayores del cambio cpmático. Y nuestra responsabipdad en el problema es evidente: "La influencia humana en el sistema cpmático es clara y las recientes emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia", concluyó el Panel Intergubernamental de Cambio Cpmático en su quinto informe. Dada la cercanía de la COP20 y el reconocimiento del problema, los discursos, compromisos y decisiones esperanzadoras aumentan. Un ejemplo es el reciente acuerdo sin precedentes entre Estados Unidos y China que establece límites y objetivos para la reducción de emisiones. También en América Latina se han tomado medidas efectivas para enfrentar la amenaza más grande de la raza humana. Sin embargo y pese a los avances, permanecen y aumentan las políticas que generaron el problema y que lo agravan, particularmente la gran dependencia de nuestras economías de combustibles fósiles, los cuales generan el 57% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2). Y, al buscar alternativas, se ha impulsado la energía hidroeléctrica y con ella las grandes represas. Pero las represas no son energía pmpia pues generan emisiones importantes de gases de efecto invernadero, como CO2 y metano, especialmente en zonas tropicales. Éstos y otros impactos son ignorados en la ecuación de las medidas contra el cambio cpmático por lo que la solución resulta rudimentaria. La coherencia se vuelve entonces urgente. Veamos ejemplos de la falta de ella en nuestros países para tenerlos en cuenta e identificar oportunidades para apnear objetivos, hacer ajustes y no borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Brasil es clave para la región y ha demostrado voluntad y resultados positivos respecto al cambio cpmático. Prueba de ello es la disminución histórica de la deforestación en 79% durante la última década, como lo anunció la Presidenta de ese país en la Cumbre del Cpma. No obstante, Brasil continúa centrando su desarrollo en combustibles fósiles, minería y en grandes represas a nivel nacional y en la cuenca amazónica. En esa cuenca, bajo la influencia de Brasil, se construyen o planean construir 254 nuevas represas, incluyendo Belo Monte en el río Xingú. Chile dio señales positivas al decidir, por ejemplo, no permitir las represas de Aysen en la Patagonia. En contraste, recientemente presentó las Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Cpmático (MAPS Chile por sus siglas en inglés) con un énfasis en la eficiencia energética a través de sectores que generan altas emisiones como el minero. También estableció como prioridad la implementación de grandes represas justamente en Aysen, así como la importación o explotación de gas shale de la cuenca de Magallanes. La extracción del gas shale se reapza mediante la fractura hidráupca, fuente importante de emisiones de CO2 y metano. Ecuador incorporó los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008 y creó el Ministerio del Buen Vivir en 2013, promoviendo el “respeto de todos los seres de la Naturaleza” y el desarrollo sostenible. Pero, al mismo tiempo, continúa basando su economía en la explotación de combustibles fósiles sin considerar alternativas bajas en carbono en el corto o largo plazo. La decisión de explotar los hidrocarburos del Parque Yasuní, donde residen comunidades indígenas en aislamiento voluntario, es muestra de incoherencia. México ha sido líder en temas como las negociaciones globales de cambio cpmático. Ha demostrado voluntad para implementar medidas adecuadas, políticas, marcos legales e instrumentos financieros. Este año fue pionero al prometer aportes para el Fondo Verde Cpmático, siendo ejemplo para países con mayores responsabipdades cpmáticas que aún no han anunciado dichos compromisos. Sin embargo, México impulsa una reforma energética que prioriza la extracción de hidrocarburos, arriesgando sus avances en política cpmática. Ello lleva a México al camino del desarrollo alto carbono y dependiente de combustibles fósiles. Perú, país anfitrión de la COP20, muestra también grandes incongruencias que debe resolver. El pderazgo peruano en las negociaciones es destacable, así como sus esfuerzos internos para impulsar la adaptación al cambio cpmático al incorporar por ejemplo el conocimiento tradicional. Pero la falta de coherencia entre discurso y acción se traduce en impulsar amppamente actividades extractivas e hidroeléctricas sin considerar los impactos en el cpma, e ignorando alternativas pmpias. Bopvia, Colombia, Guatemala, Panamá, Argentina y el resto de países de la región no están exentos de grandes incoherencias que comprometen la efectividad de las acciones cpmáticas que anuncian. La promoción de la minería, la hidroenergía y el fracking contribuirán seriamente al cambio cpmático en el continente, algo a tener muy presente. La necesidad de desarrollo de la región o su mínima contribución al porcentaje global de emisiones no son excusas, más si actualmente existen grandes oportunidades de desarrollo económico y de atención a la demanda energética que pueden ser más eficientes que la continua dependencia de la energía fósil. No podemos arreglar un problema global con parches aquí y allá. El cambio cpmático afecta al planeta y América Latina es de las regiones más vulnerables. Nos corresponde y nos conviene entonces actuar con coherencia e integridad. Mientras las políticas y acciones de los Estados no consideren el cambio cpmático de forma central, continuaremos avanzando un paso y retrocediendo tres. Debemos alcanzar la coherencia entre el discurso y las acciones para lograr acciones efectivas frente al cambio cpmático. ¡El momento es AHORA!

Noviembre 10 2014

La Ciénaga Grande de Santa Marta

Quisiera dedicar este post a las personas que viven en y que trabajan por proteger La Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. Hace unas semanas, gracias a Thomas Ankersen y Juan Pablo Sarmiento, aprendí sobre este sitio maravilloso que requiere protección urgente. El nombre oficial de este Parque Nacional es Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Está localizado entre Santa Marta y Barranquilla, pertenece a la jurisdicción de Sitio Nuevo. Es un humedal protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (conocida como la Convención de Ramsar), un tratado internacional que sirve de "marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos". Caracterizada por su rica diversidad de flora y fauna, La Ciénaga Grande alberga mamíferos como el ponche (Hydrochaerishydrochaeris) y la zorra manglera (Procyon lotor); reptiles como la tortuga icotea (Chrysemys scripta) y el caimán aguja (Crocodylus acutus); aves como el pato cuervo o longuillo (Phalacrocorax olivaceus olivaceus) y el pato aguja (Anhinga anhinga); y 53 especies de fauna íctica (peces presentes en un determinado lugar marino o fluvial); entre mucha otra variedad de fauna. Además, los bosques de manglar y húmedal que caracterizan la flora del lugar proveen beneficios incalculables para Colombia y el mundo: una hectárea de manglar captura hasta 50 veces más dióxido de carbono que una de bosque. Otro rasgo de la Ciénaga Grande es que en ella hay; pueblos palafíticos (vivienda en el agua) que se extienden por 26,810 hectáreas protegidas por bosques de manglar y humedal. Las 2,500 personas que viven allí dependen de la pesca para subsistir y, en los últimos años, han enfrentado serios retos para capturar peces pues han habido brotes de matanza de peces. Cientos de ellos han aparecido muertos. Los pobladores sufren además la falta de acceso al agua dulce (ni siquiera potable), al sistema de salud y a la seguridad social. Ello guarda relación con el cierre de la entrada de agua potable por desvíos para beneficio de la agricultura. La falta total de agua potable y/o el limitado abastecimiento de ésta han afectado la salinidad del agua y la calidad de vida de los pobladores. La Ciénaga Grande ha marcado mis pensamientos desde hace semanas. Aparte de ser un sitio único por su riqueza biológica, las personas que viven allí son admirables y requieren con urgencia una mejora en sus condiciones de vida. En el 2000 superaron una masacre paramilitar que ha forjado aún más su carácter perseverante. Hoy en día, lo que muchos de nosotros damos por sentado: abrir el grifo y llenar un vaso con agua, o la posibilidad de llegar con un médico en 20 o 30 minutos, es un lujo en la vida diaria de estas 2,500 personas. A lo largo de los años, he visto como el derecho ambiental internacional puede ser utilizado para proteger la riqueza biológica y reducir los impactos que el daño ambiental puede causar en las personas. Estoy segura entonces que pronto escribiré contándoles avances sobre este sitio y sus admirables habitantes.

Noviembre 03 2014

Los derechos humanos como límite de la utilidad pública extractivista

By Ariel Pérez Castellón, lawyer AIDA The current Bolivian Constitution presents important contradictions in its regulatory text. For example, while recognizing rights advanced as the most fundamental right to water, healthy and balanced environment, and the rights of future generations, while holding a vision of deeply extractive development . One of the greatest expressions of that vision is the rule that "the exploration, exploitation, refining, processing, transportation and marketing of non - renewable natural resources have the character of state necessity and public utility." Note that this standard is unprecedented in previous constitutional texts (Center for constitutional Studies, 2013) . Let 's do an analysis of this standard. The public utility refers to that which is of benefit and benefit to the community , and in the Bolivian right there on the condition that this utility is qualified by a special law, and for each case. Being public utility legal justification to limit or restrict the right of ownership, through expropriation or other legal restrictions, the legislator must clearly and coherently justify the declaration of public utility . However, in Bolivia, the current Constitution exempts mining activities (such as mining and oil industry) of the need for this prior legal qualification as their public interest is broadly recognized and unrestricted by constitutional mandate. This means that those who drafted the Constitution wanted to pave the way for the expansion of mining activities in the country. Rate constitutionally public utility activities related to non - renewable natural resources, means giving them the maximum state interest, the highest priority over other activities developed in the (agricultural, livestock, conservation, tourism, etc.) territories, to the point to empower the expropriation of land to make way for extractive activities. In short, the public utility of the extractive activities is one of the most powerful tools for deepening extractivismo legal tools in the country . The limits of public utility extractive In many cases, extractive activities generate or may generate severe social and environmental damage , for example in fragile ecosystems, protected areas or indigenous territories. But beyond the absurdity of considering that these activities are of benefit of the community as a general rule, it should be emphasized that the public interest is not an absolute category . The first function of the Bolivian state is to protect and guarantee the rights of people . This is recognized by Article 9, paragraph 2 of the Constitution when disposed between the aims and essential functions of the state "ensure the welfare, development, security and protection and equal dignity of individuals, nations, peoples and communities ... "; and "ensure compliance with the principles, values, rights and duties recognized ..." in the Constitution (Article 9, paragraph 4). Moreover, the Constitution recognizes the strength and constitutional status of treaties on human rights ratified by the country , and if they recognize more favorable than those contained in the formal text of the Constitution rights, their preferred application and therefore the supra - constitutional nature of those rules (Article 256). International human rights instruments ratified by Bolivia as the American Convention on Human Rights (Law No. 1430, 11/02/1993) recognize the principle "pro homine" (see Article 29 of that instrument). This means that when there is a case that could compromise the human rights of a person or community, look for the source and norm to provide the most favorable solution to the human person, their rights (Bidart Campos, 2002). Consequently, application of constitutional norms and the principle "pro homine" part of our legal system, provided there is a collision between the public utility of an extractive activity (for example, operating a mine in an area water deficit) and the imperative of protecting human rights could be violated by such declaration and activity (for example, the threat of violation of the right to a healthy environment or the most fundamental right to water in the community that may be affected by mining) activity, must prevail with all rigor preservation and constitutional guarantee of the right of the person or community. We hope these constitutional rules and principles that emphasize above all the life and dignity of people and communities, are no strangers to public servants, extractive companies and civil society, so that we can contribute so set your implementation.

Octubre 20 2014

Montreal y Kioto: Aprendiendo de las diferencias

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA Recuerdo claramente mi primer "pánico ambiental". Fue a mediados de los 80 cuando de pronto fue noticia irrefutable que la capa de ozono, esa que nos protegía de los intensos rayos del sol, tenía un agujero a causa de ciertas sustancias que los humanos tirábamos a la atmósfera. Por el uso de clorofluorocarburos (CFC) para producir refrigerantes, disolventes y aerosoles, había que temerle al sol a riesgo de sufrir cáncer de piel y otros males. Por primera vez el mundo se vio aludido por un problema ambiental común. La Organización de las Naciones Unidas intervino y, en 1985, se realizó la Convención de Viena, la cual derivó en el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y que comenzó a regir en 1989. Más de veinte años después, el Protocolo de Montreal es considerado un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Gracias a los compromisos que resultaron del mismo, la capa de ozono podría recuperarse del todo en 2050. Esta buena noticia fue difundida hace un mes durante el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y certificada con una investigación avalada por la Organización Mundial de la Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Grandes contradicciones Inevitablemente, el éxito del Protocolo de Montreal nos hace preguntarnos por el fracaso del Protocolo de Kioto, considerando que ambos tienen mucho en común. Fueron diseñados para enfrentar los dos desafíos ambientales más significativos por los que ha pasado la humanidad (el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento climático). Derivan de riesgos globales creados por diferentes naciones que deben abordarse mediante acuerdos internacionales. Y ambos elevan cuestiones sobre equidad internacional e intergeneracional: los países más afectados no son los que más han contribuido al problema; y mientras las futuras generaciones son las grandes afectadas, las actuales nos hemos beneficiado de las actividades que han generado el problema. Sin embargo, los resultados obtenidos por los dos acuerdos han sido dispares. El Protocolo de Montreal fue ratificado y cumplido por casi todas las naciones del mundo y está dando resultados. No ocurre así con el de Kioto, donde los mayores responsables no están siendo obligados a cumplir y donde el problema que se buscaba afrontar ha empeorado. Para Cass R. Sunstein, autora de un artículo que analiza las diferencias entre ambos tratados, el punto clave está en los costos y beneficios para los actores que tienen la capacidad de marcar la diferencia. Tomemos el caso de Estados Unidos, actor clave para ambos tratados. Para Montreal, su acción unilateral le convenía. Por ello se esforzó en reducir emisiones y aportó tecnología para que otros países le siguieran. Para Kioto, no solo no aportó, sino que está obstaculizándolo. Y es que no es de los países más afectados por el cambio climático, pero sí tendría que asumir costos altos por hacerse cargo del problema. Algo similar ocurre con China, uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Tampoco es de los más afectados por el cambio climático y no ha sido obligado a reducir emisiones al no ser considerado país desarrollado. Los países de África, por otro lado, tienen mucho que perder con el cambio climático y mucho que ganar con su correcto abordaje. Pero no pueden hacer mucho porque no son grandes emisores y porque no tienen la capacidad para mitigar emisiones de forma importante. Entonces resulta que los países que más aportan al problema y tienen más capacidad para solucionarlo, tienen poco que perder con éste y, por tanto, menos incentivos para asumir en los costos de actuar; y los que menos aportan al problema y son incapaces de marcar alguna diferencia, son los más afectados por el mismo y los que más ganarían con una pronta solución. No todo es miel sobre hojuelas en Montreal Un efecto colateral del éxito de Montreal tiene que ver con los llamados hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales han entrado al mercado con firmeza en reemplazo paulatino de los CFC. Aunque los HFC no dañan la capa de ozono, sí calientan la atmósfera y con una intensidad mucho más potente que la del CO2. Los HFC son uno de los cuatro gases considerados Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y que permanecen poco tiempo en la atmósfera una vez emitidos (a diferencia del CO2 que puede durar milenios). Revisa aquí un post anterior acerca de estos contaminantes. Según un informe del PNUMA, los HFC representan actualmente solo una pequeña fracción de los GEI, pero son fuente de preocupación porque se prevé que sus emisiones aumentarán significativamente si no se toman acciones para evitarlo. Afortunadamente, ya existen substitutos que no dañan la capa de ozono ni calientan la atmósfera. Se producen y usan efectivamente en varios países. En conclusión En 2015 se realizará la Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático en París, donde se espera diseñar un nuevo acuerdo climático que aborde con éxito la reducción de los GEI. Si bien el desafío es más difícil de lo que fue solucionar el problema de la capa de ozono en los 80, ello solo debería incentivarnos a esforzarnos más. Es cierto que no podemos replicar la historia de Montreal porque la esencia del problema es dispar, pero sí podemos unirnos nuevamente como humanidad para diseñar algo que funcione, aprovechando todos los avances tecnológicos y la amplia creatividad de nuestra especie. Considerando las lecciones aprendidas en Montreal, una de las claves del éxito es lograr un protocolo para reducir GEI que replique una cuestión fundamental: sus adherentes deben tener razones para creer que ganarán más de lo que perderán con su cumplimiento.

Octubre 13 2014

Sin perder la esperanza…

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Pensaba qué escribir para este post y me di cuenta que tenía muchas cosas que contar. Decidí centrarme en una de ellas. Es una realidad dolorosa sobre la cual es necesario reflexionar para tomar fuerzas y seguir adelante con nuestro trabajo: El avance de las obras de construcción de la represa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Estuvimos allá en agosto junto con nuestros colegas co-peticionarios de las medidas cautelares y del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panorama fue devastador. Visitamos comunidades indígenas que pronto perderán su acceso al río, a su modo de vida y a sus sitios sagrados. Hablamos con pescadores y ribereños que han sido desplazados y que han perdido sus hogares. En la ciudad de Altamira, la tensión y la violencia se sintieron en todo momento. Mis colegas vieron morir a una pareja, asesinada a 100 metros del lugar en el que cenaban. Nos sentimos seguidos, escuchados. Sentimos miedo de lo que nos podría pasar. La ciudad está militarizada en cada esquina. La policía estadual patrulla las calles constantemente, lo mismo que la Fuerza Nacional de Seguridad en los canteros de obras. Mientras tanto, Dilma Rouseff, presidenta de Brasil y candidata a la reelección, presenta a Belo Monte como una de las obras de infraestructura más importantes de su gobierno. Sin haber puesto un pie en Altamira, la ciudad más afectada por las obras, y menos en las comunidades indígenas, Rouseff grabó un video de campaña en pleno cantero, halagando la magnitud de la construcción. El video impresiona por cómo en él se manipula la información para hacer ver a Belo Monte como algo grandioso, pasando por alto sus graves impactos. “Mucha gente en Brasil no sabe que estamos haciendo una obra de este tamaño”, dice Rouseff. Detalla con orgullo que la cantidad de concreto utilizada serviría para construir 48 Maracanás, y que la excavación de rocas es mayor a la del Canal de Panamá. Todo en torno a Belo Monte es lo más grande del mundo. Pero a la presidenta le impresiona más el beneficio que la obra traerá a las personas que el tamaño de la misma. La luz eléctrica para millones de personas en Brasil “es lo que más importa”, dice. Sus prioridades están claras, aunque mucho se haya escrito sobre la ineficiencia energética de la represa Belo Monte. Entre esas prioridades, lamentablemente, no está el respeto a los derechos humanos de los afectados. Así, vale la pena recordar que en abril de 2011 la CIDH solicitó a Brasil “suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento del proyecto […] Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que [se] reali[cen] procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las […] medidas cautelares.” La reacción de Brasil no se hizo esperar. Retiró a su Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), suspendió sus contribuciones financieras a dicha organización y retiró a su candidato a la Comisión Interamericana. Meses después, la CIDH cambió el objeto de las medidas cautelares y solicitó al Estado proteger la vida, salud e integridad personal de las comunidades indígenas, así como una pronta finalización de los procesos de regularización de tierras indígenas de la cuenca del río Xingú. Asimismo, la modificación determinó que el debate sobre si se realizaron o no procesos de consulta previa y se obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades era una cuestión de fondo. En vista de lo anterior, se retiró la suspensión del proceso de licenciamiento y ejecución de las obras y aquellas cuestiones relacionadas con la consulta previa y el consentimiento tendrían que ser analizadas en el caso que la CIDH tiene bajo su conocimiento y que está a la espera de iniciar su trámite formal. Mientras aún se espera que avance el caso, las medidas cautelares siguen vigentes pero no se cumplen adecuadamente, la represa avanza a pasos acelerados y la decisión de la CIDH de analizar lo relacionado con la consulta previa y el consentimiento bajo el caso va perdiendo fuerza. Los daños se consolidan y no quisiéramos que cuando la CIDH determine que efectivamente no hubo consulta previa, la represa esté terminada y en operación. Nosotros visitamos la zona y documentamos la situación, nos solidarizamos con el dolor, la entereza, la paciencia y la espera de las personas afectadas, pero nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos están ahí a diario, sufriendo por el hostigamiento y la represión. Las víctimas ven la creciente degradación de su río, la pérdida de sus recursos y el deterioro de sus hogares, temiendo perder completamente su modo de vida y su cultura. Un día antes de viajar a Brasil, supe que estaba embarazada. En varios momentos de mi estadía, sentí miedo y angustia. Me preocupaba la seguridad de mis compañeros, la mía y la de la personita que crece dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, no dejé de pensar que nuestro trabajo vale la pena. Merece la pena trabajar por un mundo más sano y justo, en memoria de todos los que ya se fueron sin haber logrado justicia, y por todos lo que estamos y los que vienen en camino. Por encima de la política está la vida y la integridad de las personas. ¡Me resisto a perder la esperanza de que las decisiones llegarán y que se hará justicia!