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Cinco razones para donar a AIDA
Todos debemos dejar un legado en y para el mundo, decía mi abuelito. Para él —más allá de ser esposos y esposas amorosos, padres y madres comprometidos, hijos e hijas responsables, amigos fieles y trabajadores cumplidos—, uno debe contribuir con algo al beneficio de la humanidad. Las sabias palabras de mi abuelo guiaron mi vida profesional. En nueve años de tener el privilegio de trabajar en AIDA, he tenido grandes satisfacciones al ver avances en casos que hemos liderado en diferentes países de Latinoamérica. Ello me da la energía para entregar la milla extra cada vez que es necesario. Sin embargo, muchas veces he sentido frustración al ver tantos sitios y personas que requieren nuestra ayuda, y no tener los recursos financieros y humanos suficientes. Si usted piensa también que no hay nada más valioso que contribuir a la construcción de un mejor hogar, un lugar más habitable para las generaciones futuras, le tengo una sugerencia: ¡Considere por favor apoyar el trabajo de AIDA mediante una donación! Y para que tome una decisión informada al respecto, le presento cinco razones por las cuales apoyarnos es una buena idea: Somos una organización internacional sin fines de lucro que tiene más de 15 años de experiencia al servicio de una misión fundamental: usar la ley para proteger el ambiente en el continente americano, en especial en América Latina. "Protegiendo nuestro derecho a un ambiente sano" es el lema que guía nuestras acciones. Somos un grupo de abogados y abogadas latinoamericanos que trabajamos de forma comprometida. Nuestra experiencia nos permite desarrollar estrategias ante instancias y organismos internacionales para hacer que que los Estados cumplan sus obligaciones con el ambiente y los derechos humanos. Trabajamos en alianza con organizaciones nacionales, fortaleciendo y complementando sus esfuerzos. Creemos firmemente en la participación pública y la construcción de capacidades para lograr mayor impacto y resultados de largo aliento. Por ello compartimos nuestros conocimientos con aliados y comunidades, con quienes trabajamos de la mano. Tenemos el mayor cuidado con la inversión de nuestros fondos. Trabajamos de manera eficiente y efectiva. Escogemos cuidadosamente los casos para que éstos puedan sentar un precedente legal y servir de ejemplo para la defensa ambiental en diferentes países de la región. Nuestro trabajo tiene un impacto global, presente y futuro. Nuestra labor apunta al bien común: aire puro y agua limpia, recursos vitales y necesarios para todos. Consideramos a nuestros donantes parte integral de nuestro equipo. Sin su contribución, nos sería imposible, por ejemplo, brindar asesoría legal de forma gratuita a comunidades que luchan por defender su entorno natural y sus derechos básicos: agua, alimentación, vivienda, cultura, etc. Con su apoyo seguiremos velando por la protección de los recursos marinos y costeros, la preservación de las fuentes de agua, la lucha efectiva contra el cambio climático y la defensa del derecho humano a un ambiente sano. Apoyarnos es muy sencillo y seguro: ¡Hágalo aquí! ¡GRACIAS por creer en nuestro trabajo!
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Cinco razones para promover la pesca adecuada de la anchoveta peruana
La anchoveta peruana (Engraulis ringens) es un pez de ojos grandes que mide en promedio entre 12 y 15 centímetros. Escuché por primera vez de él en 2013, cuando inicié mi participación en un proyecto de AIDA y dos de nuestras organizaciones participantes —la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Earthjustice—, con el apoyo de Pew Foundation. El objetivo del proyecto era recomendar cambios en la legislación de Perú para asegurar la adecuada protección y el manejo sostenible de la pesquería de anchoveta. Antes de esto, no tenía idea de la importancia que este pequeño pez tiene para el ambiente y para la población peruana. La anchoveta es utilizada principalmente para producir harina de pescado que se usa para alimentar a otras especies y, en menor cantidad, para el consumo humano. Pero también es fundamental para la alimentación de peces, mamíferos y aves de la Corriente de Humboldt, una de las corrientes oceánicas de agua fría más importantes del mundo debido a su riqueza de nutrientes. El proyecto resultó en un informe con recomendaciones para mejorar las regulaciones sobre el manejo de la pesquería de anchoveta en Perú. En el equipo de trabajo consideramos necesario incluir una visión ecosistémica, es decir promover que las decisiones de manejo tomen en cuenta la importancia de la anchoveta para el ecosistema y no sólo para la actividad pesquera. Un manejo ecosistémico permitiría asegurar que se pueda seguir pescando anchoveta y que se mantenga el equilibrio del ecosistema de la Corriente de Humboldt. Para celebrar la publicación del informe, quiero compartir las cinco razones más importantes para promover un manejo ecosistémico de la pesquería de la anchoveta peruana: 1. Existen especies de mamíferos, peces y aves que dependen de la anchoveta. La mayoría de los depredadores marinos de la Corriente de Humboldt dependen en cierta medida de la anchoveta. Este pez es alimento para especies como el Pingüino Humboldt, aves y mamíferos marinos como los lobos marinos, y otros peces comerciales como la merluza, el jurel y la caballa. Una pesquería con visión ecosistémica ayudará a salvar no sólo a la anchoveta, sino también a las especies que dependen de ella. 2. La población de anchoveta está en peligro. La pesquería de anchoveta peruana ha estado al borde del colapso. Tuvo que ser clausurada en dos ocasiones: a principios de la década de 1970 y a finales de la década de 1990. En la actualidad, la falta de un manejo adecuado y ecosistémico genera fluctuaciones en la población de anchoveta. De continuar el manejo inadecuado en un año de población reducida de anchoveta, la pesquería podría colapsar nuevamente. 3. Se necesitan mayores y mejores controles sobre lo que se pesca. El deseo por pescar implica, cada vez más, un aumento en la captura de ejemplares juveniles de anchoveta, peces que no han llegado aún a la edad de reproducción. Esto genera que la población de anchoveta no se pueda reproducir a una velocidad tan rápida como la de su captura. 4. No existen planes integrales de manejo pesquero. Las normas que regulan la pesquería de anchoveta están divididas según si es pesca para consumo humano o pesca para producir harina y aceites. Es necesario establecer un plan de manejo pesquero que integre ambos usos, oriente la actividad pesquera para que sea sostenible y tome en cuenta la relación de la anchoveta con las demás especies. 5. Un manejo ecosistémico de la pesquería de anchoveta peruana puede ser ejemplo para otros países. La pesquería peruana de anchoveta es la más grande del mundo. Implementar reformas en las regulaciones e instituciones para promover un manejo ecosistémico puede servir de precedente para que otros países de la región mejoren sus estándares. Les invito cordialmente a consultar el informe. ¡Es hora de cuidar a las pequeñas especies que hacen un gran trabajo en nuestros mares! El océano no conoce límites y sus relaciones son complejas. ¡Manejar de forma ecosistémica la pesquería de anchoveta puede asegurar que mañana usted tenga un delicioso pescado en su mesa!
Leer másLos derechos humanos en el nuevo acuerdo climático
Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.
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Trabajando para proteger los arrecifes de coral de México y América Latina
En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cordillera submarina que recorre seis islas en un área que se extiende por millas. Allí, cientos de especies coloridas de peces, erizos y estrellas de mar, y pastos marinos conviven con una abundante variedad de otras formas de vida. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral en el Golfo. Desafortunadamente, la ampliación del Puerto de Veracruz, aprobada recientemente por el Gobierno mexicano, dañará el conjunto de arrecifes y a las criaturas que dependen de él para sobrevivir. El proyecto también afectará a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, cercana a los arrecifes y una joya de la Costa Esmeralda de México, porque en el sitio se explotará una mina de roca basáltica para usarla en la construcción del puerto. La autoridad ambiental aprobó el desarrollo portuario en 2013. Lo hizo pese a que México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano en 1992, y a que el país es parte de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional que incluye a los arrecifes de Veracruz. Se considera humedales a los páramos, manglares y arrecifes de coral. A pesar de la importancia reconocida del Sistema Arrecifal Veracruzano, el gobierno ha reducido oficialmente el tamaño del área protegida para dar paso a un puerto más grande. "Ahora es un buen momento para llamar la atención de los líderes y diplomáticos mundiales sobre la acciones no sostenibles de México", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. México se prepara para ser la sede, el próximo año, de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional para conservar la rica diversidad de la vida en la Tierra. AIDA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, han enviado una carta al Secretariado del Convenio (una organización internacional neutral integrada por funcionarios públicos internacionales, responsables ante la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, y vinculados al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). En la carta se solicita principalmente dos cosas al Secretariado: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los impactos graves que tendrá sobre la diversidad de vida en los arrecifes. "Nos preocupa la forma en la que el gobierno autorizó este proyecto de desarrollo", afirmó Moguel. "México ha roto su compromiso internacional de proteger la rica biodiversidad dentro de su territorio, particularmente aquella que está dentro de áreas naturales protegidas". El equipo del Programa de Protección Marina de AIDA ha trabajado en casos similares en México y en toda la región, ganando experiencia en leyes nacionales e internacionales que permitan la protección de los arrecifes de coral. Y ha elaborado un informe que sintetiza el conocimiento adquirido durante esos años de trabajo: La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. "Queremos interesar e informar a las personas que trabajan en la protección de humedales", señaló Moguel. "Existe una gran variedad de herramientas legales a su alcance, de las cuales posiblemente no están al tanto", añadió. "Además de describir nuestro propio trabajo legal en este tema, en el informe discutimos el poder de los tratados y compromisos internacionales que las naciones deben cumplir". El informe explica la importancia de los arrecifes de coral en el mundo —particularmente en México—, explora estudios de caso, expone tratados y obligaciones internacionales relevantes, y ofrece una mirada inspiradora sobre las mejores prácticas en la región. Gladys Martínez, abogada sénior del programa marino de AIDA, dijo que informes como éste buscan crear mayor conciencia sobre los medios legales disponibles para proteger los humedales, y resaltar los diferentes métodos que los tomadores de decisiones pueden usar. "AIDA selecciona casos emblemáticos como los de México para ilustrar problemas ambientales que son recurrentes en todo el continente", indicó Martínez. "Las amenazas al Sistema Arrecifal Veracruzano son una señal de que los países tienen la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger los arrecifes de coral y cumplir con sus obligaciones internacionales". AIDA ha lanzado una campaña para financiar los esfuerzos continuos del programa marino para proteger a los corales de la región. Nuestro trabajo brinda a defensores y tomadores de decisiones recursos prácticos, recomendaciones y las herramientas necesarias para mejorar la protección de los arrecifes de coral. Tu donativo apoyará directamente este trabajo, y hará posible un futuro más brillante para la espléndida variedad de vida que existe en los arrecifes de coral de América Latina.
Leer másProhíben el fracking en Nueva York y en Colombia lo promueven
Por Héctor Herrera Santoyo, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental @RJAColombia y asesor legal de @Aidaespanol La fracturación hidráulica o fracking es una forma no convencional de extraer petróleo y gas. Esta técnica consiste en realizar perforaciones primero verticales y luego horizontales e inyectar a muy alta presión una combinación de agua, arena y químicos tóxicos. De ese modo se fracturan capas del subsuelo conocidas como lutitas y es posible extraer el petróleo y gas allí contenidos. El fracking genera impactos en el ambiente y en la salud: contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, generación de sismos, contaminación del aire y liberación de gases que contribuyen al cambio climático, entre otros. Así lo han evidenciado estudios del Ministerio de Ambiente alemán, la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Canadiense de las Academias de la Ciencia, y de individuos como Anthony Ingraffea, profesor de la Universidad de Cornell. El 17 de diciembre de 2014, el Gobernador de Nueva York anunció la prohibición del fracking en ese Estado por "riesgos significativos a la salud". Ese argumento resultó de un estudio realizado durante dos años por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado. El mismo analiza los impactos del fracking en la salud humana, la calidad del aire y el agua, y en las comunidades. La decisión fue celebrada por defensores del ambiente y criticada por algunos inversionistas que dicen que ella le niega a Nueva York la posibilidad de obtener los rendimientos económicos del negocio extractivo. El debate sobre permitir o no el fracking se ha dado también en otras latitudes. En Francia, el fracking fue prohibido en 2011 mediante ley nacional. Una empresa petrolera demandó la ley ante la Corte Constitucional, instancia que ratificó la prohibición en 2013. Bulgaria prohibió el fracking en 2012 y Alemania mantiene vigente la moratoria a esa técnica. Prohibiciones o moratorias se han dado además en municipios de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Suiza, Italia, Irlanda, Holanda y Australia. Pese a este escenario internacional, el Gobierno de Colombia ha promovido el fracking. En 2008, la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató un estudio para identificar de forma preliminar las potencialidades en hidrocarburos no convencionales del país. En 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó un proyecto de fracturación hidráulica en Boyacá. Ese año, la Contraloría General de la República expidió al respecto una Función de Advertencia en la que recomienda que "se tenga en cuenta el Principio de Precaución, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible contaminación de aguas subterráneas, la afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos en el área de influencia, la salubridad pública y el riesgo geológico, por la forma de explotación mediante fracturamiento hidráulico". En enero de 2015, en Actuación Especial de Seguimiento a la Función de Advertencia, la Contraloría consideró que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias. A finales de 2012, el Gobierno colombiano inició el proceso de creación de un marco regulatorio para el ingreso del fracking a Colombia. Contrató expertos internacionales para identificar los impactos de la técnica y regularla. Varios de estos expertos están vinculados al sector petrolero. Así lo evidenció una investigación realizada por La Silla Vacía. El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidieron ya los instrumentos jurídicos que servirán de marco para la entrada del fracking al país. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, dijo públicamente que sin fracking "tendríamos una debacle fiscal" dentro de seis o siete años. Y el Ministro de Minas, Tomas González, advirtió que el fracking es necesario para financiar parte del proceso de paz en el país. Ante la entrada del fracking a Colombia, las voces de alerta se han escuchado desde varios sectores. En agosto de 2014, AIDA instó públicamente al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Posteriormente, en septiembre, el Foro Nacional Ambiental y otras organizaciones solicitaron moratoria condicionada al fracking en Colombia. Además, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se mostró preocupado por los efectos que el fracking pueda tener en el agua. Declaró: "A mí, como Ministro del Agua, me da mucho miedo el fracking (...) cuando uno ve lo que está pasando en Santa Marta se da cuenta de que uno puede invertir mucho en tubos, pero si no tiene el recurso hídrico no va a tener sino que transportar aire por esos tubos". Por todo lo mencionado, la pregunta que salta a la vista es ¿por qué el fracking, que ha sido prohibido o restringido en varios países y municipios, está siendo promovido por el Gobierno colombiano? La respuesta más evidente es que ello aumentará la extracción de hidrocarburos y, como consecuencia, los ingresos del gobierno y la industria privada. Pero lo que el gobierno y la industria no ven es que ninguna cantidad de ingresos es lo suficientemente grande como para compendar los impactos ambientales y sociales del fracking, o de los nuevos conflictos que puedan surgir debido a sus efectos en los recursos hídricos. Ya hemos visto a nivel nacional (Guajira y Arauca) e internacional (Los Ángeles y Sao Paulo) que sin agua potable cualquier economía e incluso la vida misma son inviables.
Leer másLa COP20 falló en dar certeza sobre financiamiento y derechos humanos
La 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) realizada en Lima, Perú, tenía la oportunidad de elaborar un borrador que estableciera bases adecuadas para el nuevo acuerdo climático que será firmado el 2015 en la COP de París. Sin embargo, la conferencia concluyó con un acuerdo poco ambicioso que falló en dos tareas clave: brindar certeza sobre la movilización de fondos para combatir el cambio climático e incluir la protección de los derechos humanos en las acciones climáticas. Para AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, era importante que el acuerdo de Lima determinara un mapa o ruta acerca de cómo y cuándo los gobiernos cumplirán su compromiso de aportar 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para financiar actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. "Los países en desarrollo necesitan saber con certeza con cuánto dinero cuentan y cuál será la fuente del mismo para planificar su lucha contra el cambio climático", señaló Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. La conferencia no dio esa certidumbre. Un claro ejemplo es que la parte del acuerdo de Lima referida a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) —los aportes concretos de cada país— dejó por fuera los compromisos de financiamiento y adaptación, aspectos clave para los países más vulnerables a los cambios extremos en el clima. El acuerdo de Lima solo incluyó las contribuciones para mitigación. Y, aún en ese tema, el documento no contiene indicaciones específicas sobre el tipo de aportes, su plazo y el carácter obligatorio o no de éstos. Por otra parte, durante la conferencia, AIDA y organizaciones aliadas a nivel global, exhortamos a los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que el borrador del nuevo acuerdo incluya lenguaje específico sobre la protección, promoción, respeto y cumplimiento de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Como resultado del esfuerzo colectivo, Filipinas, México y Ghana hicieron llamados específicos para que la decisión adoptada en Lima y el acuerdo a ser aprobado en 2015 incorpore esas referencias. "No hay duda que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. La decisión adoptada en Lima no incorpora una referencia a los derechos humanos, pero trabajaremos arduamente para lograr su plena inclusión en el acuerdo de París, no solo desde el punto de vista formal sino también operativo", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. No todo fue malo. Desde AIDA destacamos que en el marco de la conferencia en Lima, el Fondo Verde Climático haya incrementado sus fondos a 10,2 mil millones de dólares. Resaltamos el impulso de América Latina a ese logro con las acciones adoptadas por países como Perú, Colombia, México y Panamá, quienes a pesar de ser países en desarrollo hicieron el esfuerzo de contribuir. "Aunque todos los aportes son bien recibidos, es importante recalcar que el monto recaudado todavía no cubre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo", indicó Rodríguez. La conferencia también sirvió para conocer las acciones de financiamiento climático de gobiernos y actores no gubernamentales de la región. Así ocurrió en el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, evento organizado por AIDA y organizaciones aliadas. El evento facilitó un diálogo sobre los avances de la región en la preparación para acceder a recursos, el creciente involucramiento del sector privado en actividades que combaten el cambio climático y las condiciones que ese tipo de apoyo requiere: la certeza jurídica, uno de ellos. También ese día, la sociedad civil compartió sus experiencias sobre transparencia y rendición de cuentas, tareas fundamentales no solo para obtener mayores recursos, sino también para su uso efectivo. AIDA informó sobre la oportunidad que el Fondo Verde del Clima brinda para que los países del continente mejoren la participación pública en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y proyectos climáticos. La participación pública y la preparación son pasos previos y necesarios para acceder a recursos del Fondo. Aun queda mucho por hacer para encontrar soluciones efectivas al cambio climático. ¡Seguiremos contribuyendo al logro de ese objetivo!
Leer másCOP20: Fracking, una técnica experimentaly riesgosa
La Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la COP20 en Lima, fue el escenario para reiterar un argumento central en torno al fracking o fracturación hidráulica: que es una técnica experimental que implica riesgos graves para la salud y el ambiente, entre ellos el empeoramiento del cambio climático. El fracking es una técnica empleada para la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados gas y petróleo. "Estos químicos tienen efectos desconocidos debido al contacto con elementos del subsuelo; la fractura de pozos horizontales es altamente compleja e impredecible, esto hace del fracking una técnica experimental", explicó Eduardo Delia ingeniero petrolero y miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos en Argentina, en Fracking: Desafío para América Latina, evento organizado por la Fundación Heinrich Böll en la Cumbre de los Pueblos. El uso de fracking impacta en las condiciones de vida de las personas debido, entre otras cosas, al uso masivo de agua (de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo) y a la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Los químicos empleados conllevan además daños a la salud: cáncer, alergias, malformaciones y otros. Por otro lado, el fracking no es una opción para enfrentar el cambio climático. Aroa de la Fuente, miembro de Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking, indicó que en los proyectos de fracturación hidráulica, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. "En 20 años, el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón". Países como Argentina, Bolivia, Colombia y México pretenden desarrollar ampliamente la técnica del fracking en los próximos años. ¿Qué puede hacer la población frente a estos planes y sus riesgos. Ariel Pérez, abogado de AIDA, enfatizó en el evento que existen herramientas legales para precautelar la salud humana y ambiental frente al fracking. La principal, detalló, es el principio de precaución, reconocido en el derecho internacional y el cual debe ser aplicado por los Estados y la sociedad civil para enfrentar las amenazas del fracking. Este principio establece que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". [1] Ello quiere decir que ante la duda sobre la ocurrencia de un severo daño ambiental, sobre sus alcances o magnitud, los Estados deben tomar medidas proactivas y eficaces que eviten ese posible daño. "Con base en este principio, los Estados tienen tres obligaciones respecto al fracking: generar información amplia, integral e imparcial; proteger al ambiente y a las personas con mecanismos como la suspensión de las operaciones de fracking mientras no se demuestre que son inofensivas; y promover espacios de debate público sobre el tema", señaló Pérez. Asistentes al evento en Lima destacaron que la movilización social es clave para apoyar las acciones legales que se adopten respecto al fracking en los países. A nivel regional, varias organizaciones de la sociedad civil articulan esfuerzos para generar información, discusión pública y prevención de daños en torno al fracking. Con motivo de la COP20, estas organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que alertan que el fracking tendrá consecuencias desastrosas para el ambiente y la población de América Latina, y que agravará el cambio climático. [1] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, principio 15.
Leer másCOP20: Hacia un acuerdo climático que incorpore los derechos humanos
El impacto del cambio climático en los derechos humanos es evidente. Sin embargo, al momento, ningún tratado internacional sobre derechos humanos hace referencia al cambio climático y viceversa. En nuevo acuerdo climático que será firmado en 2015 es una gran oportunidad para llenar el vacío e incorporar un lenguaje específico sobre la protección de los derechos humanos. El aumento en las temperaturas ha causado la reducción de la productividad de los cultivos, poniendo en riesgo el derecho a la alimentación, así como la disminución del agua limpia disponible, un recurso al que todos tenemos derecho. Con esos dos ejemplos, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó la relación entre cambio climático y derechos humanos en un evento realizado con motivo de la COP20 en el Tribunal Constitucional de Perú. Esa relación nos hace pensar en la "vulnerabilidad material", en las condiciones de vida de muchas personas y frente a las cuales se necesitan acciones de adaptación efectivas, dijo en el evento Manuel Pulgar Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y presidente de la COP20. María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, recordó que los impactos del cambio climático en los derechos humanos fueron abordados en un informe elaborado en 2009 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos. Entre otras cosas, el informe decía que el cambio climático afectará al derecho a la vida debido a un aumento del hambre y la malnutrición, y que las enfermedades conexas tendrán consecuencias para el crecimiento y desarrollo infantil. Tras el informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que señala, entre otras cosas, que "los impactos relacionados con el cambio climático tienen una serie de implicaciones, tanto directa como indirecta, en el goce efectivo de los derechos humanos (…)". A esos avances se suman los acuerdos firmados en la COP16 de Cancún, México, los cuales establecen que los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático "deberían respetar plenamente los derechos humanos" en todas las actividades relacionadas con el cambio climático. Dados estos antecedentes, añadió Veramendi Villa, el reto para el 2015 es que el nuevo acuerdo climático incluya un lenguaje específico e integral sobre la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar los derechos humanos en todas sus acciones climáticas. "Si ello ocurre, tendremos un instrumento internacional vinculante que guiarás las acciones climáticas los Estados y les ayudará a implementar las obligaciones que ya tienen en materia de derechos humanos". Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org
Leer másCOP20: "La necesidad principal es la previsibilidad de los fondos"
Entrevista a Jacqueline Melgar, Jefa de Gestión de Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de El Salvador frente al cambio climático? - El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. Hay muchas inundaciones y sequías, tenemos los extremos de las cosas. Cuando hay desastres naturales fuertes, muchos de los fondos destinados a proyectos de cooperación tienen que reorientarse para atender esos desastres, a las personas afectadas. Creo que una de las principales necesidades desde la perspectiva de gobierno es la previsibilidad de los fondos, conocer cualés serán realmente esos aportes que el Fondo Verde del Clima nos va a dar y cómo podemos acceder a ellos. Eso va a determinar todas las acciones. - ¿Cuáles son las expectativas del país respecto del Fondo Verde Climático? - La expectativa es prepararnos para acceder a los fondos climáticos, y sobre todo fortalecer nuestra capacidad a nivel nacional en el proceso de acreditación ante el Fondo y en el de coordinación a nivel nacional con todos los actores. Nuestra expectativa final es acceder a esa oportunidad de financiamiento y comenzar a presentar propuestas de proyectos que sen financiables y que tengan un enfoque multisectorial y un mayor impacto. - ¿Qué acciones están realizando con miras a obtener ese financiamiento? - El Salvador es uno de los seis países donde se está implementando el programa Green Climate Fund Readiness. También hemos solicitado apoyo del Readiness Support. Son dos programas complementarios y nuestro objetivo es prepararnos para el acceso a esos fondos climáticos. Hemos comenzado una identificación de seis actividades iniciales. Éstas tienen que ver con un mapeo de las instituciones que trabajan el tema a nivel nacional para definir roles, coordinación interna. Se piensa trabajar una propuesta de catálogo de oportunidades de financiamiento. Otra de las actividades es tener una cartera de proyectos a futuro, y otra es la acreditación de nuestra autoridad nacional implementadora. También se piensa trabajar con el sector privado. Y en el marco del Readiness Support, hemos solicitado apoyo al Fondo para cuatro áreas. Una de ellas es la creación de marcos y estrategias nacionales de cambio climático. Otra es el intercambio de información y de experiencias de aprendizaje con otros países. Es un tema que para El Salvador es todavía nuevo y hay que conocer que es lo que el Fondo Verde puede hacer en términos de salvaguardas ambientales, de requisitos de contabilidad internacional. Estamos dando los primeros pasos. - ¿Cómo entiende el cambio transformacional, el cual se busca lograr en la región con apoyo del Fondo Verde? - Desde una perspectiva personal, es un cambio cultural, de cómo entendemos el cambio climático, el cual nos está afectando a todos, de cómo nos organizamos para hacerle frente a esta situación. Éste es un cambio que transforma y que va a generar un proceso de coordinación a nivel interno con todos los actores para acceder a los fondos y ejecutarlos para que el país esté adaptado. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org
Leer másCOP20: "Bolivia ha propuesto un índice matemático para distribuir las obligaciones en la reducción de emisiones"
Entrevista a René Orellana, jefe de la Delegación de Bolivia en la COP20 Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - Uno de los grandes problemas a resolver es la reducción de emisiones contaminantes ¿Cuál es la propuesta de Bolivia en este tema? - Bolivia ha propuesto un índice matemático para distribuirse las obligaciones. Para construir este índice de distribución equitativa del carbono, Bolivia ha calculado cuatro subíndices: el de responsabilidad históricas, el de huella ecológica, el de capacidad tecnológica y financiera; y el subíndice de desarrollo y pobreza. Cada subíndice ha sido calculado con información oficial para medir cuánto de responsabilidad histórica tienen los países desarrollados, para medir sus patrones de consumo excesivo, para medir la capacidad de los países para invertir en la reducción de sus emisiones, y para medir las necesidades que tienen de desarrollarte con base en la pobreza. Hemos calculado país por país y también por grupos de países y les hemos dado una cantidad del presupuesto de carbono. Esta es una propuesta que ya está en el documento de compilación de propuestas. - ¿Cuáles son las otras propuestas? - Una que ya Bolivia logró que se apruebe en Naciones Unidas, en la COP17, es el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Gestión Integral de Bosques. Es la alternativa a REDD-plus, que es el instrumento usado para mitigación climática y cuyo vínculo con los mercados de carbono está discutiéndose ahora. Este mecanismo promueve y fortalece acciones integrales de bosques de adaptación y mitigación con enfoque de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, fortaleciendo la gestión comunitaria, indígena y campesina , y la participación de las mujeres con indicadores de adaptación. Nuestra pretensión aquí (en la COP20) es que se inicie un tratamiento metodológico y se abra una ventana financiera. - ¿En qué consiste este mecanismo? - Consiste en promover, apoyar y financiar proyectos comunales que incluyan fortalecimiento de la seguridad alimentaria, de la biodiversidad, y no solo captura de carbono. Nuestro enfoque es que los bosques no solo capturan carbono, sino que en ellos también hay gente que vive, come y tiene necesita seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Nuestro mecanismo trabaja integralmente enfoques de adaptación y mitigación. Nuestros mecanismo no se vincula a los mercados de carbono, los cuales no son sostenibles, ni predecibles en financiamiento. Los bonos de carbono son títulos que otorgan derechos a los tenedores sobre esos bosques sujetos a emisión de bonos, no garantizan el financiamiento sostenible a las comunidades, y están basados en un pago por resultados ex post. Nuestro mecanismo se basa en un financiamiento ex ante con base en los requerimientos de las comunidades. - ¿Hay alguna otra propuesta? - La última propuesta es un mecanismo de resiliencia climática y desarrollo sostenible que nos va a permitir hacer acciones de mitigación y adaptación conjuntas en las ciudades y el campo con cuatro grandes resultados: indicadores de erradicación de pobreza; de desarrollo sostenible (infraestructura, salud, educación, desarrollo multidimensional); de manejo integral de ecosistemas (fortalecimiento de funciones ambientales); de mitigación (unidades de reducción y captura de carbono); y también indicadores de reducción de riesgo. -Teniendo en cuenta estas propuestas, ¿cuál sería la postura de Bolivia para la COP20 en unas cuantas palabras? - Es contribuir con instrumentos concretos que garanticen la integralidad ambiental, no superando 1.5 grados de temperatura como máximo de incremento, distribuyendo equitativamente las obligaciones de mitigación con un enfoque de adaptación y desarrollo sostenible. - El financiamiento es parte central de la lucha contra el cambio climático, ¿cuál es la posición del país al respecto? - Hay que cumplir las disposiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas que establecen la obligación de los países desarrollados de proveer tecnología y financiamiento a los países en desarrollo porque tienen una responsabilidad histórica. Y el informe del IPCC claramente ha determinado que esa responsabilidad es cuantitativamente mayor. - ¿Y cuál debería ser la contraparte de los países en desarrollo? - Cooperar y contribuir con una planificación de estrategias nacionales y marcos normativos para las acciones de mitigación y adaptación. Bolivia ya tiene un marco: tiene la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada en octubre de 2012; tiene un título en esa ley sobre cambio climático que crea la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra con competencias en cambio climático, tiene un fondo establecido por esa ley que es el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra para financiar proyectos en cambio climático; tiene tres mecanismos en la ley que son el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Gestión Integral de Bosques y la Madre Tierra, el Mecanismo de Adaptación y el Mecanismo de Mitigación. Bolivia ya tiene una política que está en plena construcción y tiene que encarar el próximo año su plan plurinacional. - ¿Cuándo podría operar este fondo? - Está en proceso de reglamentación y de organización interna. Estamos avanzando aceleradamente pero de manera reciente. - ¿Ya cuenta con recursos? Ese fondo tiene asignados por un decreto supremo una semilla de 14 millones de bolivianos e inmediatamente se tiene que gestionar recursos financieros del Fondo Verde del Clima, de fuentes bilaterales, multilaterales e incluso nacionales. -¿Qué acciones realiza el país con miras a acceder a financiamiento del Fondo Verde? - La más importante es preparar nuestra Política Plurinacional de Cambio Climático, nuestro plan plurinacional, emprender los planes subnacionales a nivel departamental y municipal, crear un sistema de información, poner en acción nuestros mecanismos nacionales. - En términos ambientales y de lucha contra el cambio climático, ¿qué resultados concretos ha dado el modelo del “Vivir Bien” que se desarrolla en Bolivia? - Hemos tenido emprendimientos e inversiones importantes en tema de agua por ejemplo, que está dando como resultado la mejor provisión de agua en varios centros poblados del país. Todavía nos queda mucho por hacer en inversiones micro locales pero dispersas por todo el país con el programa Mi Agua o Mi Riego. Tenemos que hacer mayores esfuerzos en forestación y reforestación de bosques, y fortalecimiento de áreas protegidas. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org
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