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Una mina de contaminación
Por Pedro Pablo Cortés, Reporte Indigo Texto publicado originalmente en Reporte Indigo. La principal fuente de ingresos de cerca de 33 mil habitantes de una ciudad peruana también se ha convertido en su mayor condena. La contaminación de una planta metalúrgica de la empresa estadounidense Doe Run ha provocado que casi todos los niños de La Oroya presenten en la sangre altos niveles de plomo, zinc y otros metales peligrosos. María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denuncia en entrevista con Reporte Indigo que el Gobierno de Perú no ha actuado para frenar la polución del complejo. Veramendi expone que el Gobierno peruano estableció en 1997 que Doe Run debía seguir los lineamientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obligaban a la compañía a controlar sus emisiones de contaminantes. "El problema", señala, "es que ninguno de los dos, ni el Estado ni la compañía, han cumplido con esas obligaciones y eso ha producido que el complejo metalúrgico opere de una manera no adecuada y cause serios problemas de salud en los habitantes". "En los momentos más críticos de operaciones del complejo, los niveles de plomo y de otros metales en la sangre, en los organismos de los habitantes de La Oroya, eran altísimos". Estudios independientes recogidos por AIDA revelan que el 99 por ciento de los menores de 5 años y el 98 por ciento de los niños de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre, aunque la OMS informa que cualquier nivel es peligroso para el ser humano. El Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, califica a La Oroya como la quinta ciudad más contaminada del mundo y la segunda en Latinoamérica. Veramendi asevera que la inacción de las autoridades constituye una violación a las garantías de los pobladores, por lo que, junto con otras organizaciones, AIDA ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Con todos estos años de permitir que la empresa pida prórrogas para cumplir con sus obligaciones ambientales y un poco permitir esta operación incontrolada del complejo metalúrgico ha ocasionado que el Estado peruano viole los derechos humanos de las personas que viven en La Oroya", apunta. "Del grupo que representamos, hay personas que han fallecido por diversas dolencias que uno podría relacionar con las afectaciones que causa el plomo y otros metales". La solución de cerrar la planta no es tan viable, pues 70 por ciento de sus empleados son habitantes de La Oroya. Por ello, AIDA demanda que el Gobierno peruano controle de inmediato las emisiones, pues ni siquiera ha invertido en la Estrategia de Metales Pesados, que busca controlarlas. "Que proteja la salud de los habitantes, que controle las emisiones y operaciones del complejo, que haga cumplir la Ley", pide Veramendi.
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Al Gore: Colombia debe elegir entre el oro y el agua
Colombia enfrenta una elección crucial para su futuro. Debe escoger entre proteger sus páramos, fuente de agua para millones de personas, o autorizar minería a gran escala en esos frágiles ecosistemas. AIDA, junto con sus organizaciones aliadas, está trabajando para convencer a las autoridades de elegir el agua. Esta causa ha ganado recientemente un nuevo seguidor: Al Gore. El exvicepresidente de EE.UU., laureado con el Premio Nobel de la Paz por su éxito en crear conciencia sobre el cambio climático, sacó a relucir el tema de la minería en los páramos, ecosistemas de alta montaña, en abril. “Colombia tiene que escoger entre el oro en los páramos y ganancias para unos cuantos, o el agua potable que abastece a todos sus ciudadanos”, dijo en una cumbre internacional sobre el ambiente en Bucaramanga, una ciudad ubicada al noreste de Colombia que obtiene su agua del Páramo de Santurbán. Hemos instado al Gobierno colombiano a proteger éste y otros páramos de la minería debido a que de ellos proviene el 85% del agua del país. ¿Será posible que ello ocurra? Por ley, el gobierno debe mantener a la minería fuera de los páramos. Pero para hacer esto, los límites de esos ecosistemas deben ser delimitados en un mapa. Esto plantea un problema. En abril, el gobierno dio a conocer un mapa que muestra que el Páramo de Santurbán se extiende sobre 42,000 hectáreas. Eso es más que las 11,000 hectáreas de estimaciones previas, pero solo cerca de la mitad de las 82,000 hectáreas medidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, un centro independiente de investigación que empleó un mapa de escala mayor que el gobierno. Esa escala proporciona mayores detalles y da cuenta que el páramo se extiende mucho más allá. El gobierno no ha adoptado una medición oficial, dejando partes importantes del páramo abiertas a la minería, una industria que se promueve para impulsar el crecimiento económico. ¿Pero a qué costo? La minería a gran escala causará daños irreversibles a estos páramos ricos en flora que no sólo proveen agua a millones de personas, sino que además ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al capturar emisiones de carbono. Gore fue claro respecto de la elección que recomienda para Colombia y para cualquier país que se debata entre cuestiones de crecimiento económico y la protección del ambiente. “Sin planeta, no hay economía que valga la pena”, dijo. Tú puedes ayudarnos a difundir este mensaje haciendo un donativo y firmando nuestra petición para que podamos continuar nuestra lucha para salvar los páramos colombianos. ¡Gracias!
Leer másSostenibilidad y cambio climático
Por Maria Eugenia Rinaudo Mannucci, analista ambiental, @Climateate La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años, cuando las primeras células dieron inicio a un sinfín de cadenas biológicas y ecológicas, dando origen luego al ser humano, ese “recién llegado” albergado por este increíble y majestuoso planeta de unos 4.600 millones de años de antigüedad. Pese al corto tiempo que llevamos habitando nuestro hogar, la involución del hombre ha alterado y modificado el sistema natural para satisfacer sus propias necesidades. Antes del inicio de la Revolución Industrial, la humanidad se desarrollaba a favor de su medio, tomando solo lo estrictamente necesario o, como prefiero plantearlo, junto con él y no en su contra. Actualmente somos testigos de cómo nuestra codicia por tener un “poco más” de lo que debemos ha ido desequilibrando el holismo del planeta (concepto epistemológico que se basa en la interacción de todo el sistema ambiental) y cambiando su homeóstasis (condición que busca la estabilidad en los organismos vivos). Pienso que los seres humanos nos hemos desarrollado como un caso especial en la naturaleza. Lo evidenciamos día a día con nuevos datos, publicaciones y estudios sobre la creciente degradación ambiental que producimos. Extraída de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, les comparto esta reflexión que sugiere especial atención: "…En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea…". Las problemáticas ecológicas de los últimos decenios han sido originadas por nuestra incompetencia como sociedad de no ver más allá de nuestra naturaleza humana, conducta que nos ha llevado a evolucionar de forma distante al ambiente y, a veces, incluso a nuestros semejantes. La población mundial crece sin parar y su fuente de energía es altamente contaminante pues proviene principalmente de hidrocarburos que, al quemarse y trasladarse, liberan gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. La insostenibilidad es un parámetro que abunda en los actuales estilos de vida. Damos por sentado que el entorno, la energía, el agua y los alimentos deben estar allí para nosotros día a día, hora tras hora. Entonces somos nosotros el principal problema. El cambio climático está comenzando a destruir todo a su paso y no cesará. Este reto coloca a toda la humanidad en una encrucijada. Debemos hallar la forma de asegurar el desarrollo de todos los seres vivos cambiando todos los parámetros insostenibles, promoviendo la conservación de los recursos naturales y reconciliándonos con la naturaleza. Debido a lo anteriormente expuesto, es imperativo que como sociedad, recalquemos las prioridades ecológicas enmarcadas en el desarrollo mundial: protección ambiental, lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, mitigación/adaptación del cambio climático, movilidad eficiente, etc. Teniendo en cuenta que ningún país es inmune al cambio climático, muchas han sido las iniciativas locales para enfrentar las crisis ecológicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El empoderamiento de las comunidades como parte de la solución se ha convertido en los últimos años en un soporte considerable para gobiernos y organizaciones internacionales que trabajan por la mejora ambiental y social de las naciones. La evolución en la percepción de los desafíos ambientales y sociales ha permitido —e influenciado— la búsqueda del camino más viable y seguro para sentar las bases de un desarrollo sostenible (encuentra aquí más información sobre ese concepto), apegado a la protección de los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades de las sociedades. La sociedad del presente y las generaciones futuras juegan un papel clave en el establecimiento de políticas basadas en la preservación de los recursos naturales y su adecuado manejo a fin de asegurar su existencia. La creciente presión que la humanidad ejerce en el entorno podría derivar en cambios extensos, acelerados e irreversibles sobre el sistema social y ecológico del planeta: por ahora, nuestro único hogar. Las graves problemáticas ambientales que afectan directamente a las sociedades —déficit de agua, problemas energéticos, falta de alimentos y producción de los mismos, regeneración de enfermedades, entre otros— son solo la punta del iceberg de las amenazas que el aumento de las temperaturas implica. El sistema ambiental ha sido y será siempre esencial para la vida. Según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, las preocupaciones acerca del equilibrio entre la vida humana y el ambiente alcanzaron dimensiones internacionales recién en la década de 1950. Aún nos queda mucho camino por recorrer a pesar de los grandes avances mundiales. La humanidad es altamente vulnerable a las variaciones del entorno y dependemos totalmente de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. El cambio climático representa una grave amenaza a la sobrevivencia de la especie humana. Ninguna nación es inmune a esto. El cambio climático se traduce en la pérdida de vidas humanas. El desarrollo sostenible es la única vía adecuada para prevenir y hacer frente a la situación. A nivel individual, es necesario transitar hacia estilos de vida más sencillos y sustentables (evitar el consumismo y despilfarro, tratar de reciclar, usar medios de transporte “eco” como bicis o compartir el auto, etc…). A nivel colectivo, la “búsqueda” hacia el camino de la sostenibilidad, debe seguir siendo una prioridad. Actuar ahora y de forma inteligente debe ser una prioridad para todos, no solo para los gobiernos y organismos internacionales. Todos tenemos una responsabilidad ante ese entorno que nos hace más “humanos”. Nuestra generación es la responsable de actuar frente al cambio climático. Sólo nosotros somos capaces de determinar el futuro de nuestro planeta, el cual depende de nuestras conductas y acciones, individuales y colectivas. Tenemos por delante muchos desafíos globales, pero el más preocupante (e inquietante al mismo tiempo) es modificar lo más pronto posible el comportamiento de cada uno de los habitantes de este gran hogar. El planeta está en riesgo y nosotros con él.
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Transparencia del sector de hidrocarburos en Bolivia
La cualidad de “transparente” hace referencia al objeto o ser que permite ver a través de él/ella, ver con claridad lo que existe dentro. Lo que es un deber ético para las personas se constituye en una de las características definitorias de un Estado democrático. Se trata de la obligación legal de hacer visibles ante la ciudadanía los actos, procedimientos, y la gestión de los bienes y servicios públicos. La transparencia de la cosa pública no puede ser entendida como un desprendimiento gracioso del gobernante, sino como un auténtico deber inherente a la acción de gobernar. Ello cobra sentido si recordamos que el gobierno democrático y la administración pública reciben mandatos populares para gestionar temporalmente los bienes y recursos que pertenecen soberanamente al pueblo. En septiembre y octubre de 2003, se vivió en Bolivia la denominada “Guerra del Gas”, una cruenta y masiva movilización social que clamaba por la recuperación de la soberanía del pueblo sobre los hidrocarburos, y la no exportación de gas natural boliviano por un puerto de Chile. El hecho derivó en decenas de civiles muertos por la represión estatal, la renuncia y huida del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la convocatoria a un Referéndum popular sobre la política energética del país realizada por el nuevo presidente. Uno de los principales detonantes de la “Guerra del Gas” fue el régimen de secreto y los criterios contrarios al interés colectivo con los que el sector de hidrocarburos fue manejado por varios gobiernos de corte neoliberal desde mediados de los 80 hasta inicios de la década del 2000. La confidencialidad de las negociaciones sobre un proyecto de exportación de gas natural a EE.UU. vía Chile, hechas a espaldas de la población; y la suscripción de contratos petroleros (contratos de riesgo compartido) con cláusulas inconstitucionales y en desmedro de los intereses colectivos, entre otros factores, atizaron la indignación social y la movilización. En mayo de 2005, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos (vigente hasta la fecha) que incorporó el principio de transparencia en la gestión pública del sector de hidrocarburos. En el marco de esa norma se firmaron en 2006 nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos (Contratos de operación) que reemplazaron a los antiguos y leoninos contratos de riesgo compartido. A diferencia de sus antecesores, los nuevos contratos fueron aprobados por el Congreso Nacional y divulgados en páginas web oficiales y de organizaciones de la sociedad civil. Pese a estos claros avances, de modo incongruente con el principio de transparencia contemplado por la nueva ley, los contratos de operación vigentes mantienen un resabio de los antiguos contratos: la incorporación de una cláusula de confidencialidad que debe cumplir el contratista petrolero en relación a la información que genere en el desarrollo de sus operaciones. Tal parece que los bolivianos no hemos aprendido las lecciones que dejó la “Guerra del Gas” sobre la insostenibilidad de la confidencialidad vinculada a bienes de naturaleza pública como son los hidrocarburos. La reserva o confidencialidad es admisible de modo excepcional, por ejemplo, en relación al secreto industrial sobre métodos o procesos de producción especiales, pero no puede convertirse en la regla, mucho menos cuando el bien objeto del contrato corresponde al dominio soberano del pueblo, ya que en virtud a este dominio, los ciudadanos tienen la facultad de conocer plenamente sobre la administración de este bien. En enero de 2009, los/as bolivianos aprobaron en Referéndum popular el texto de la nueva Constitución Política del Estado, la cual asume a la transparencia como un valor central del Estado boliviano y como un principio de la administración pública. Asimismo, reconoce el derecho de acceso a la información de la población boliviana sobre las cuestiones públicas. Previamente, en agosto de 2007, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible del sector de Hidrocarburos, misma que obliga a la empresa estatal petrolera YPFB a publicar semestralmente información relacionada con los contratos de operación como las medidas de protección al medio ambiente y las inversiones realizadas para cada campo petrolero. Es de suma importancia que los actores estatales del sector petrolero, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales del país, generen información clara, completa, actualizada y desagregada sobre el sector petrolero, que permita a la población ejercer sus derechos de acceso a la información, de participación en la gestión pública y control social sobre estos bienes públicos que son esenciales para el desarrollo social y económico del país. AIDA trabaja para fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en el continente americano. El acceso a la información pública sobre la gestión ambiental del sector de hidrocarburos es la llave que permite una participación ciudadana significativa en la prevención o mitigación de los impactos generados por las industrias extractivas.
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De la frustración a la esperanza: Viendo la luz en los rostros de las víctimas
Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Tengo que confesar que a veces me frustro. Me ocurre cuando intento explicar que el trabajo que hacemos los abogados y abogadas que litigamos casos de violaciones de derechos humanos no siempre produce resultados inmediatos, que se trata de luchas a largo plazo en busca de justicia para las víctimas y cambios profundos en los Estados y en nuestras sociedades. Es frustrante ver que agendas orientadas hacia una supuesta protección de los derechos humanos se ven influenciadas por intereses políticos. Es frustrante la falta de recursos para llevar y atender los procesos, y lo son también las largas esperas, la injusticia o la justicia que tarda. ¿Qué hacer en esos momentos de desilusión? Mi respuesta es volver a los orígenes, a lo básico, a la razón de ser de nuestra lucha y compromiso: las víctimas. A fines de marzo tuve la oportunidad de conocer en Washington D. C. a dos luchadores por las causas de sus comunidades, los brasileños Alaíde Silva y Josías Manhuary Munduruku. Ellos viajaron varios días desde Buriticupú (estado de Maranhão) y Jacareacanga (estado de Pará), respectivamente, para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentar información sobre cómo los jueces brasileños aplican una ley de la dictadura que viola su derecho al acceso a la justicia. Esa ley, denominada “Suspensión de Seguridad” (“Suspensão de Segurança”), permite al gobierno federal solicitar la suspensión de decisiones judiciales favorables a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades frente al desarrollo de controversiales megaproyectos —como la represa hidroeléctrica Belo Monte— con base en supuestas amenazas a la seguridad nacional y al “orden social y económico” del país. En la audiencia, Josías, líder indígena del pueblo Munduruku (compuesto por 118 aldeas y 11,000 habitantes), denunció que el gobierno brasileño planea construir un complejo hidroeléctrico en el río Tapajós y sus afluentes sin haberles consultado ni obtenido su consentimiento previo, libre e informado. El proyecto, reveló, amenaza con traer impactos devastadores a sus tierras y la sobrevivencia de su pueblo y cultura. Finalmente, explicó cómo un juez revocó una decisión judicial favorable a su pueblo y permitió que el proyecto continúe en abierta violación a sus derechos. “Queremos respeto a nuestro territorio, a nuestro río, a nuestros lugares sagrados, a nuestro cementerio; ¡y queremos ser consultados!”, demandó Josías. Por su parte, Alaíde denunció que el proyecto de duplicación de la línea de Ferrocarril de Carajás (EFC), a cargo de la empresa minera Vale, está afectando a 1,7 millones de personas en 27 municipios de los Estados de Maranhão y Pará, y en al menos 100 comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas asentadas en las márgenes de la EFC. La actual línea de ferrocarril tiene casi 900 kilómetros y conecta las minas de Carajás en el estado de Pará con la Terminal Marítima de Ponta da Madeira en el estado de Maranhão. Es utilizada para transportar hierro, manganeso, cobre y carbón. Con la ampliación, Vale duplicará 115 kilómetros de la línea férrea para aumentar el volumen de transporte y el flujo de minerales. Entre los impactos denunciados por Alaíde están las molestias causadas por el crujir de la línea férrea y por la bocina del tren, el atropello de personas y animales, y el desalojo de comunidades, aldeas y familias sin una justa indemnización. Alaíde detalló cómo la empresa minera aterroriza a la población, coopta líderes, intimida a los habitantes y espía a los movimientos sociales, todo para satisfacer sus intereses. Al igual que en el caso de las hidroeléctricas del río Tapajós, aquí también se aplicó la Suspensión de Seguridad para revocar una decisión favorable a las comunidades. El fallo en cuestión ordenaba a la empresa suspender la construcción de la obra y realizar un Estudio de Impacto Ambiental con un análisis pormenorizado de todas las comunidades afrodescendientes e indígenas existentes a lo largo de la EFC. El argumento para revocarlo fue que la suspensión de la obra afectaba los intereses económicos del Estado. Los casos expuestos ante la CIDH son sólo dos ejemplos de la aplicación de la Suspensión de Seguridad. Como ellos, hay muchos más en los que los derechos de las comunidades y personas afectadas por grandes proyectos de “desarrollo” son reducidos a una categoría inferior bajo argumentos ficticios de interés económico, seguridad y orden público. Esperamos y confiamos que acciones como las mencionadas permitan visibilizar los impactos que la aplicación de la Suspensión de Seguridad tiene en los derechos humanos de cientos de personas y comunidades, y consigan que los organismos internacionales hagan un llamado al cambio a Brasil. Gracias a todos los que trabajaron intensamente para que la audiencia fuese posible. Gracias a los colegas en Brasil sin cuyo trabajo y compromiso el viaje de Josías y Alaíde no hubiese sido posible. Y gracias a esos dos luchadores brasileños por brindarme una lección de vida que hace que la niebla de la frustración se despeje y que el sol se asome nuevamente. Este texto lo dedico a mi querido excolega Joelson Cavalcante, quien dejó este mundo recientemente para convertirse en un ser de luz. Con él visité por primera vez el río Xingú, en el Amazonas brasileño, y nunca olvidaré su felicidad y gran sonrisa cuando, tras un año fuera de su país, pudo bañarse en esas aguas. En su memoria, la lucha continúa.
Leer másLo que el Ministerio de Ambiente de Colombia NO ha dicho sobre Santurbán
Por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, @CLozanoAcosta Texto pubpcado originalmente en Tío Conejo, blog sobre medio ambiente de La Silla Vacía El lunes 31 de marzo, la Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, anunció en Bucaramanga haber decidido ya la depmitación del páramo de Santurbán. Sarmiento no exppcó con exactitud qué determinación tomó. Y hay que decir que la depmitación no ha sido adoptada por acto administrativo y, por lo tanto, jurídicamente no existe. En torno a Santurbán se ha producido uno de los confpctos ambientales más visibles en los medios de comunicación colombianos, incluyendo a La Silla Vacía. La importancia de este ecosistema, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, radica en que, además de albergar biodiversidad estratégica y de contribuir a la mitigación del cambio cpmático, es fundamental para la provisión de agua en el área metropoptana de Bucaramanga. De los proyectos mineros propuestos en el páramo, Angostura, de la empresa Eco Oro (antes Greystar), ha sido el más polémico. Inicialmente, la firma canadiense quería hacer una mina de oro a cielo abierto, pero no obtuvo la pcencia ambiental requerida. Sin embargo, Eco Oro busca desarrollar una nueva propuesta minera, esta vez subterránea. Esa operación se encuentra principalmente en el área de un título minero específico: el número 3452, según la Agencia Nacional de Minería. Buena parte de ese título se superpone al páramo de Santurbán, como se ve en el siguiente mapa. El área en rojo corresponde al título, mientras las áreas en verde y azul son páramos: La decisión sobre la depmitación no ha sido comunicada de la mejor manera. La nota de prensa emitida por el Ministerio no dice mucho y tampoco lo hacen las notas pubpcadas por diferentes medios tras el anuncio. El Ministerio no entregó registro escrito de la determinación, la cual tampoco estaba disponible en el sitio web de la entidad al momento de redactar este texto. Otros aspectos todavía desconocidos son los estudios técnicos que sustentan la depmitación, las conclusiones de las mesas de trabajo que se reapzaron previamente a la misma y el borrador del acto administrativo mediante el cual será adoptada la medida. El Gobierno pubpcó un mapa que no dice mucho, entre otras cosas porque sólo da cuenta del área depmitada en Santander. Todo lo anterior imppca que la sociedad colombiana no tiene certeza sobre el alcance de lo decidido. Sin embargo, de los registros de prensa se puede entender que: La depmitación "está psta", pero no será adoptada jurídicamente hasta dentro de tres meses. El área depmitada es de (¿al menos? ¿máximo?) 44 mil hectáreas. Las empresas mineras con título minero y pcencia ambiental podrán quedarse en el páramo hasta que terminen la operación permitida en la pcencia. Las empresas cuyos títulos quedan dentro del páramo, pero que no tienen pcencia ambiental, tendrán que irse. Esos datos no son suficientes para hacer un balance completo de la depmitación. Por eso, Tío Conejo tiene ciertas preguntas que por razones de interés púbpco el Ministerio de Ambiente debería responder: ¿Cuál es el área total de la depmitación de Santurbán en los dos departamentos? El gobierno dice que cuadruppcó el área protegida, es decir, que pasó de las 11 mil hectáreas del Parque Natural Regional a 44 mil luego de la depmitación. Técnicamente, eso es cierto. Pero también se puede ver de otra manera: de ser esa la extensión máxima, la depmitación habría dejado por fuera 38 mil de las 82 mil hectáreas que Santurbán abarca según el Atlas de Páramos (2007) elaborado por el Instituto Humboldt. Es crucial tener un pronunciamiento oficial sobre la extensión total del área depmitada tanto en Santander como en Norte de Santander. ¿El proyecto Angostura va o no va? La empresa le ha dicho a sus accionistas (en inglés) y a los mercados que, hasta que la decisión no se adopte oficialmente y mientras no les entreguen las coordenadas de la depmitación, "aquí no ha pasado nada". La ministra sostuvo que depende de la empresa decidir si le sirve quedarse bajo las nuevas condiciones que, de nuevo, no se conocen del todo. A pesar de lo anterior, es al Estado a quien le corresponde en última instancia resolver la legapdad de un título minero que atraviesa el páramo de Santurbán. ¿Qué uso le dio el Ministerio de Ambiente a los estudios técnicos sobre la depmitación suministrados por el Instituto Humboldt? ¿Los tuvo en cuenta en su totapdad? ¿los "engavetó"? ¿Por qué no los ha querido entregar a las organizaciones de la sociedad civil que los han sopcitado? Si se apartó total o parcialmente de lo que ellos dicen ¿cuáles fueron los criterios para hacerlo así? Sin las respuestas a dichas interrogantes, no es posible decir que el Ministerio de Ambiente está depmitando Santurbán de cara al país. Las comunidades, las empresas, las autoridades locales y la ciudadanía en general tienen derecho a saber con precisión qué fue lo que se decidió y cómo se hizo. En cuestiones de participación ambiental, el proceso es tan importante como el resultado. El debate no puede ser zanjado a puerta cerrada en un hotel de Bucaramanga. Es posible que la decisión es (o será) tan buena como para recibir el apoyo del movimiento ambiental. No se sabe. Sin el cuadro completo, el Ministerio podría estar perdiendo la oportunidad de sumar respaldos a una decisión potencialmente positiva. Según le contaron a Tío Conejo, no es cierto que los ambientapstas, en general, no quisieron asistir a las mesas de sociapzación de la depmitación de Santurbán. Algunas organizaciones intentaron infructuosamente ser invitadas. La convocatoria no fue suficientemente amppa y las conclusiones de las mesas no han sido comunicadas adecuadamente.
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COP20: Una oportunidad para luchar contra el cambio climático
Habrá más pobreza, hambre y enfermedades. Será el resultado de inundaciones, olas de calor, grandes tormentas y sequías cada vez más prolongadas. El reporte más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas describe así el panorama que le espera a la humanidad en un futuro no muy lejano a causa de los cambios experimentados en el clima. Este año, América Latina tiene la gran oportunidad de reposicionar las necesidades de la región en la agenda internacional sobre cambio climático. En diciembre, Lima (Perú) será sede de la principal sesión de negociación climática, la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), cuya principal misión es impulsar la elaboración del borrador del nuevo acuerdo climático vinculante que será firmado en París en 2015. En AIDA estamos trabajando desde ahora para contribuir a que la región asuma una rol más proactivo y aproveche esta coyuntura positiva para impulsar la toma de decisiones destinadas a combatir sin más demoras los efectos del cambio climático. Nuestra labor está dividida en tres tareas clave: fortalecimiento de capacidades, elaboración de recomendaciones y difusión de información. Estas actividades van dirigidas a tomadores de decisiones —gobiernos, negociadores y miembros de instituciones financieras internacionales, entre otros—, representantes de la sociedad civil —para que su participación en las negociaciones sea más efectiva—, y a los ciudadanos en general, quienes deben entender que también pueden aportar a las soluciones generando presión social a sus gobiernos. El pasado mes, como parte de dichos esfuerzos, participamos del foro internacional Cambio Climático: Avances y perspectivas en el Congreso de Perú, país que analiza la posibilidad de crear una ley sobre cambio climático. En el evento, AIDA compartió su experiencia en financiamiento climático internacional, resaltando la necesidad de que los países de la región establezcan y/o fortalezcan entidades locales que sirvan de nexo con mecanismos financieros internacionales para tener acceso directo a fondos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Estamos trabajando para que el financiamiento a largo plazo sea un componente clave del nuevo acuerdo climático que se delineará en la COP20 en Lima. Creemos relevante que los países sepan con anticipación que habrá recursos económicos sobre los cuales es viable planificar acciones en favor de las comunidades más vulnerables a los fenómenos climáticos. El 11 de febrero, AIDA, junto con organizaciones aliadas, realizó un seminario virtual para informar de los principales aspectos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC), entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que prevé movilizar grandes cantidades de recursos públicos y privados para apoyar la lucha contra el cambio climático en países en desarrollo. AIDA sigue de cerca el proceso de implementación del FVC para asegurar que su contribución sea efectiva. Con tu apoyo haremos aún más para informar de la existencia de alternativas frente a esta problemática global, promover el uso responsable y eficiente de las mismas, generar presión social para la adopción de soluciones prontas y reales, y robustecer la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones climáticas en la COP20 y en todos los espacios e instancias a nuestro alcance. ¡Gracias!
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Sylvia Earle: Devolviéndole la esperanza al mar
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Como abogada que trabaja en temas ambientales, he tenido la suerte de conocer excelentes biólogos. Algunos se han convertido también en buenos amigos y me han exppcado cómo funciona el complejo ecosistema marino. Fue uno de ellos quien en 2009, me hizo llegar el pbro El Mundo es Azul: cómo nuestro destino y el de los océanos se entrelazan (The World is Blue: how our fate and the ocean’s are one), escrito por Sylvia Earle. Ese pbro, el primero de Earle que leí, aumentó la pasión que siento por mi trabajo. Después de leerlo, no podía quedarme con los brazos cruzados. El mar no espera. Varios años después, pude conocer a Sylvia Earle en persona. Su amor y compromiso con el mar son contagiosos. Este post está dedicado a ella y a tantos otros científicos apasionados que inspiran mi trabajo. Una mujer enamorada del océano La doctora Sylvia Earle es oceanógrafa, exploradora titular del National Geographic y una gran comunicadora. Ha explorado nuestros océanos por más de 40 años, pderado más de 50 expediciones y defendido incansablemente nuestros mares. En 1979, se convirtió en la primera mujer (y única desde entonces) en descender a la mayor profundidad del fondo marino (381 metros) con un equipo autónomo y sin ayuda de la superficie. Caminó en las profundidades por dos horas y media. También fue la primera mujer en ocupar el cargo de Jefa de Científicos de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en Estados Unidos. Ganó el Premio TED en 2009 y con él fundó la organización Mission Blue (Misión Azul). En su conferencia para TED expresó el deseo de crear una red mundial de áreas marinas protegidas, a las que llama “lugares de esperanza” (hope spots), para la protección y restauración del corazón azul de nuestro planeta. Enseñanzas para la vida Los pbros, videos y conferencias de Sylvia Earle apmentan mi deseo de proteger nuestros mares. Comparto con ustedes una breve recopilación de las ideas de ella que han marcado mi carrera: Amar el océano es defenderlo. Para ello es necesario comprender su compleja dinámica y su relación con nuestra vida diaria. La peor amenaza a la salud de los océanos y, por tanto, a nosotros mismos, es nuestra ignorancia. Hay mucho que aprender, comunicar y sobre lo cual sensibipzar. Los océanos son el corazón azul del planeta. Sin ellos no hay vida, no hay verde sin azul. Debemos fortalecer nuestra relación con los océanos para que en el futuro aún contemos con un sistema que nos sostenga y dé vida. Cada gota de agua que bebemos y cada respiro que damos nos conecta con los océanos. Todos podemos ser héroes si damos lo mejor de nosotros para dejar un planeta más sano de aquel que encontramos. Los océanos no mejorarán hasta que actuemos e inspiremos a otros a hacer lo mismo. Hay esperanza. Aún hay sitios por conservar, corales que cuidar, especies que proteger. No es tarde para actuar, pero debemos empezar hoy. Estamos inexorablemente pgados a nuestros océanos. Es en ellos donde se originó la vida. Toda el agua que bebemos viene de los océanos y eventualmente regresa a ellos: al evaporarse, el agua de mar forma nubes, las cuales descargan lluvia sobre los ríos que, al final, desembocan en el océano. Así de interesante es el ciclo del agua que para muchos pasa desapercibido. Sin embargo, estamos poniendo una presión sin precedentes sobre nuestros mares. Contaminamos sus aguas, sacamos de ellos más peces de lo que es sostenible y destruimos los complejos ecosistemas y paisajes marinos. Sumadas a estas acciones humanas, nuestros océanos deben enfrentarse a los retos del cambio cpmático que modifica su comportamiento. Ya estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones. Pero aún hay tiempo para devolverle la salud al corazón azul del planeta. Podemos ser héroes, podemos ser artífices del cambio. Personas como Sylvia Earle nos recuerdan que hay esperanza, pero también responsabipdades. Nuestros océanos no esperan. Mientras sigamos ignorando las consecuencias de nuestras acciones, ponemos en riesgo nuestra propia vida. Detener el aleteo de tiburón, prohibir las artes de pesca destructivas, proteger nuestros corales y manejar nuestros recursos marinos con visión ecosistémica pueden ser el primer paso hacia ese cambio vital.
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Agua e identidad de los pueblos
Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka “El agua no se niega”. La frase resume uno de los valores que me inculcó mi abuela Piedad, quien a su vez lo recibió de sus familiares en Diriomo (Granada, Nicaragua), su ciudad natal. Es muy común escuchar esa expresión en los poblados del país. Podría decirse que es parte de nuestra identidad. El agua y otros recursos naturales han sido vitales para la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, para la formación de su cultura e identidad. Las grandes civilizaciones crecieron asentadas a lo largo de grandes fuentes de agua como ríos, lagos y lagunas. La civilización egipcia, por ejemplo, se extendió a lo largo de la cuenca del gran río Nilo y la gran ciudad de Tenochtitlán, el corazón del pueblo Mexica, se asentó en el lago de Texcoco, México. Tomando en cuenta esos antecedentes, en el año 2006, el Día Mundial del Agua fue dedicado a la relación entre “Agua y Cultura”, promoviendo la idea de que ambos elementos son indisociables de la vida humana: “La forma en que el agua es utilizada y valorada constituye un aspecto inherente a la identidad cultural de una sociedad”. Agua y sitios sagrados El agua es el espacio vital de los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares y otras—, ecosistemas clave para la conservación del ambiente y la supervivencia de la humanidad. El Grupo de Trabajo sobre Cultura y Humedales de la Convención de Ramsar describió los componentes básicos de los valores culturales de los humedales. Entre ellos destacan: el asentamiento (paisajes culturales, sitios del patrimonio cultural, importancia arqueológica, asentamientos contemporáneos e infraestructura) y los conocimientos, sistemas de creencias y prácticas sociales (investigación científica, educación, y conocimientos tradicionales, con inclusión de idiomas/dialectos y tradiciones orales, espiritualidad y sistemas de creencias, expresión artística). Un ejemplo de lo anterior es el Parque de los Humedales de Xixi, ubicado cerca de la ciudad de Hangzhou (China), en el delta del río Yangtze. “Existen evidencias de una cultura relacionada con los humedales que se remonta a aproximadamente 5.000 años. Durante la dinastía Dong Han (223 AC), los budistas se reunían para beber el agua de Xixi, y poco después se construyeron templos en el emplazamiento. Desde la dinastía Tang (618 DC) en adelante, la belleza y la naturaleza de Xixi quedaron reflejadas en los escritos de eminentes poetas”, se lee en la ficha informativa de Ramsar sobre los valores culturales de los humedales. Asimismo, en México, existen actualmente muchas fuentes de agua que tienen una enorme carga simbólica y cultural para los pueblos indígenas y que, pese a ello, se encuentran amenazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos. Una de ellas es el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, cuya cuenca alberga 14 sitios sagrados y ceremoniales de los pueblos indígenas, mayoritariamente Náyeri o Cora. Uno de esos sitios la Muxatena, una formación rocosa de singular belleza y sede de la fiesta de San Juan cada 24 de junio. AIDA realiza una intensa campaña para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el caudal del San Pedro Mezquital. Entre otras consecuencias, el proyecto dañaría irreversiblemente ese centro ceremonial. Agua, mitos y leyendas La tradición oral de nuestros pueblos —cuentos, mitos y leyendas— guarda intrínseca relación con los cuerpos de agua. ¿Quién no recuerda la famosa leyenda de la llorona, una mujer que recorre la ribera de los ríos en busca de su hijo? A lo largo de América Latina se hace referencia a un personaje mítico denominado “La Madre del agua”, mujer que surge de las aguas transformada en animal o en una especie de ninfa. Según la mitología cubana, donde habitara dicha figura jamás se secarán las fuentes de agua. En la región amazónica, esa mujer es conocida como la Tucumana, un monstruo acuático más grande que una anaconda que actúa como protectora del caudaloso y profundo río Amazonas. Agua y tradiciones En Nicaragua, un país con una extensa red hidrológica, muchas de sus tradiciones están vinculadas con el agua. Cada Semana Santa, en las aguas del Lago Cocibolca, la mayor fuente de agua dulce del país, se realiza el tradicional vía crucis acuático. En él, más de 20 lanchas decoradas con elementos de la Judea, frutas y flores tradicionales de la época recorren el lago bordeando las conocidas “Isletas de Granada” como muestra del fervor religioso y la identidad de quienes viven en las isletas del lago o en sus alrededores. Además, a finales del mes de octubre, en la Ciudad de Masaya, se celebra la fiesta de los Ahuizotes, vocablo de origen náhuatl que significa “Espantos (fantasmas) cerca del agua”. De ella participa un enorme grupo de personas que, disfrazadas de personajes de leyendas, recorren el pueblo asustando a la gente. Todo lo señalado hasta ahora evidencia el fuerte nexo entre el agua y la cultura e identidad de los pueblos. En ese sentido, la defensa del ambiente representa también la defensa de nuestra identidad como pueblos. Así, no me cansaré de decir siempre con orgullo que soy nicaragüense, nacida en la tierra de lagos y volcanes.
Leer másAcciones judiciales para proteger el ambiente en Colombia
By Hector Herrera, legal counsel of AIDA and coordinator of the Network for Environmental Justice in Colombia, @RJAColombia Every day, human activities impact the environment and biodiversity . They do so increasingly more intense and harmful , and effects as devastating as climate change or the disappearance of species such as the Andean Gadwall ( Podicepsandinus ). In Colombia, in this situation, the regulatory system has recognized the importance of protecting the environment and the right to a healthy environment in Article 79 of the Constitution, in national environmental law and in many other legal instruments. This time I will outline some of the most important legal actions that exist in Colombia to protect and realize the right to a healthy environment . Tutela It was created by the Constitution of 1991 and is applicable for protecting fundamental constitutional rights such as the right to life . Its relevance to protect the right to a healthy environment, the Constitutional Court of Colombia ruled in Judgment T-1527 of 2000: "Although the right to a healthy environment does not have the character of a fundamental right in our letter, but a collective right capable of being protected by popular actions (Article 88 CP) appropriate protection through exceptional mechanism tutela, when because of the act or omission of a public authority or a particular threaten or violate fundamental rights such as life, health, physical integrity, or affect the right of all people will enjoy a healthy environment . That is, it is a fundamental right for connectedness . " [1] Compared to other legal actions, the tutela is simpler in its procedures and expedite their time . popular action It is enshrined in the Constitution of Colombia, Article 88 and intended for the protection of collective rights and interests related to the environment and public health , among others. Article 88 had its regulatory development of Law 472 of 1998, Article 4 contains a non - exhaustive list of collective rights and interests can be protected with this legal action in the public interest. Among them are the enjoyment of a healthy environment, the existence of ecological balance and access to public services . The purpose of the popular action is to end a danger, threat or violation of collective rights , and restore things to their previous state when possible. This action has a preventive, restitutionary compensation and character. In terms of implementation, an emblematic case was the popular action filed by the Corporation for the Sustainable Development of the San Andrés and Providencia (CORALINA) before the Administrative Tribunal of San Andres, Providencia and Santa Catalina to demand protection of the right to a healthy environment, the existence of an ecological balance, management and wise use of natural resources and the protection and care of species and ecosystems in the area to enable sustainable development of the community and the environment . The Court ruled in favor of CORALINA in a sentence that is available on this link . Action Group The Constitution enshrines this action under Article 88, which must be seen in conjunction with Article 79 which enshrines the right to a healthy environment. Regulatory developments in the Law 472 of 1998 makes Article 88, the group action is defined in Article 3. Unlike the popular action, which seeks to prevent injury to a public interest law, the group seeks rather to financial compensation for the damage that was caused to a group of people with similar characteristics regarding the activity that caused the damage. An emblematic case was the class action filed by farmers and fishermen affected by the oil spill of the trans - Andean pipeline, owned by Ecopetrol, which occurred in 2000 on the river Rosario in Nariño. The spill resulted in a severe environmental degradation . For a detailed explanation and understanding of the subject, I recommend directly consult the legal sources of the aforementioned actions . These include the Constitution, Law 472 of 1998 and the jurisprudence of the relevant Constitutional Court , among other legal instruments. [1] Judgment T-1527 2000 MP Alfredo Beltrán Sierra.
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