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Noviembre 17 2014

COHERENCIA: La medida más urgente frente al cambio climático

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes En 14 días comenzará en pma, Perú, la 20ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cpmático (COP20). Esta COP será fundamental para sentar las bases del nuevo acuerdo global que reemplazará al Protocolo de Kioto (1997). Esta vez, como afirmó Manuel Pulgar-Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y quien presidirá la Conferencia, "el mundo no aceptará otro fracaso". No es para menos. Cada año somos testigos e incluso víctimas de los impactos cada vez mayores del cambio cpmático. Y nuestra responsabipdad en el problema es evidente: "La influencia humana en el sistema cpmático es clara y las recientes emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia", concluyó el Panel Intergubernamental de Cambio Cpmático en su quinto informe. Dada la cercanía de la COP20 y el reconocimiento del problema, los discursos, compromisos y decisiones esperanzadoras aumentan. Un ejemplo es el reciente acuerdo sin precedentes entre Estados Unidos y China que establece límites y objetivos para la reducción de emisiones. También en América Latina se han tomado medidas efectivas para enfrentar la amenaza más grande de la raza humana. Sin embargo y pese a los avances, permanecen y aumentan las políticas que generaron el problema y que lo agravan, particularmente la gran dependencia de nuestras economías de combustibles fósiles, los cuales generan el 57% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2). Y, al buscar alternativas, se ha impulsado la energía hidroeléctrica y con ella las grandes represas. Pero las represas no son energía pmpia pues generan emisiones importantes de gases de efecto invernadero, como CO2 y metano, especialmente en zonas tropicales. Éstos y otros impactos son ignorados en la ecuación de las medidas contra el cambio cpmático por lo que la solución resulta rudimentaria. La coherencia se vuelve entonces urgente. Veamos ejemplos de la falta de ella en nuestros países para tenerlos en cuenta e identificar oportunidades para apnear objetivos, hacer ajustes y no borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Brasil es clave para la región y ha demostrado voluntad y resultados positivos respecto al cambio cpmático. Prueba de ello es la disminución histórica de la deforestación en 79% durante la última década, como lo anunció la Presidenta de ese país en la Cumbre del Cpma. No obstante, Brasil continúa centrando su desarrollo en combustibles fósiles, minería y en grandes represas a nivel nacional y en la cuenca amazónica. En esa cuenca, bajo la influencia de Brasil, se construyen o planean construir 254 nuevas represas, incluyendo Belo Monte en el río Xingú. Chile dio señales positivas al decidir, por ejemplo, no permitir las represas de Aysen en la Patagonia. En contraste, recientemente presentó las Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Cpmático (MAPS Chile por sus siglas en inglés) con un énfasis en la eficiencia energética a través de sectores que generan altas emisiones como el minero. También estableció como prioridad la implementación de grandes represas justamente en Aysen, así como la importación o explotación de gas shale de la cuenca de Magallanes. La extracción del gas shale se reapza mediante la fractura hidráupca, fuente importante de emisiones de CO2 y metano. Ecuador incorporó los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008 y creó el Ministerio del Buen Vivir en 2013, promoviendo el “respeto de todos los seres de la Naturaleza” y el desarrollo sostenible. Pero, al mismo tiempo, continúa basando su economía en la explotación de combustibles fósiles sin considerar alternativas bajas en carbono en el corto o largo plazo. La decisión de explotar los hidrocarburos del Parque Yasuní, donde residen comunidades indígenas en aislamiento voluntario, es muestra de incoherencia. México ha sido líder en temas como las negociaciones globales de cambio cpmático. Ha demostrado voluntad para implementar medidas adecuadas, políticas, marcos legales e instrumentos financieros. Este año fue pionero al prometer aportes para el Fondo Verde Cpmático, siendo ejemplo para países con mayores responsabipdades cpmáticas que aún no han anunciado dichos compromisos. Sin embargo, México impulsa una reforma energética que prioriza la extracción de hidrocarburos, arriesgando sus avances en política cpmática. Ello lleva a México al camino del desarrollo alto carbono y dependiente de combustibles fósiles. Perú, país anfitrión de la COP20, muestra también grandes incongruencias que debe resolver. El pderazgo peruano en las negociaciones es destacable, así como sus esfuerzos internos para impulsar la adaptación al cambio cpmático al incorporar por ejemplo el conocimiento tradicional. Pero la falta de coherencia entre discurso y acción se traduce en impulsar amppamente actividades extractivas e hidroeléctricas sin considerar los impactos en el cpma, e ignorando alternativas pmpias. Bopvia, Colombia, Guatemala, Panamá, Argentina y el resto de países de la región no están exentos de grandes incoherencias que comprometen la efectividad de las acciones cpmáticas que anuncian. La promoción de la minería, la hidroenergía y el fracking contribuirán seriamente al cambio cpmático en el continente, algo a tener muy presente. La necesidad de desarrollo de la región o su mínima contribución al porcentaje global de emisiones no son excusas, más si actualmente existen grandes oportunidades de desarrollo económico y de atención a la demanda energética que pueden ser más eficientes que la continua dependencia de la energía fósil. No podemos arreglar un problema global con parches aquí y allá. El cambio cpmático afecta al planeta y América Latina es de las regiones más vulnerables. Nos corresponde y nos conviene entonces actuar con coherencia e integridad. Mientras las políticas y acciones de los Estados no consideren el cambio cpmático de forma central, continuaremos avanzando un paso y retrocediendo tres. Debemos alcanzar la coherencia entre el discurso y las acciones para lograr acciones efectivas frente al cambio cpmático. ¡El momento es AHORA!

Noviembre 10 2014

La Ciénaga Grande de Santa Marta

Quisiera dedicar este post a las personas que viven en y que trabajan por proteger La Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. Hace unas semanas, gracias a Thomas Ankersen y Juan Pablo Sarmiento, aprendí sobre este sitio maravilloso que requiere protección urgente. El nombre oficial de este Parque Nacional es Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Está localizado entre Santa Marta y Barranquilla, pertenece a la jurisdicción de Sitio Nuevo. Es un humedal protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (conocida como la Convención de Ramsar), un tratado internacional que sirve de "marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos". Caracterizada por su rica diversidad de flora y fauna, La Ciénaga Grande alberga mamíferos como el ponche (Hydrochaerishydrochaeris) y la zorra manglera (Procyon lotor); reptiles como la tortuga icotea (Chrysemys scripta) y el caimán aguja (Crocodylus acutus); aves como el pato cuervo o longuillo (Phalacrocorax olivaceus olivaceus) y el pato aguja (Anhinga anhinga); y 53 especies de fauna íctica (peces presentes en un determinado lugar marino o fluvial); entre mucha otra variedad de fauna. Además, los bosques de manglar y húmedal que caracterizan la flora del lugar proveen beneficios incalculables para Colombia y el mundo: una hectárea de manglar captura hasta 50 veces más dióxido de carbono que una de bosque. Otro rasgo de la Ciénaga Grande es que en ella hay; pueblos palafíticos (vivienda en el agua) que se extienden por 26,810 hectáreas protegidas por bosques de manglar y humedal. Las 2,500 personas que viven allí dependen de la pesca para subsistir y, en los últimos años, han enfrentado serios retos para capturar peces pues han habido brotes de matanza de peces. Cientos de ellos han aparecido muertos. Los pobladores sufren además la falta de acceso al agua dulce (ni siquiera potable), al sistema de salud y a la seguridad social. Ello guarda relación con el cierre de la entrada de agua potable por desvíos para beneficio de la agricultura. La falta total de agua potable y/o el limitado abastecimiento de ésta han afectado la salinidad del agua y la calidad de vida de los pobladores. La Ciénaga Grande ha marcado mis pensamientos desde hace semanas. Aparte de ser un sitio único por su riqueza biológica, las personas que viven allí son admirables y requieren con urgencia una mejora en sus condiciones de vida. En el 2000 superaron una masacre paramilitar que ha forjado aún más su carácter perseverante. Hoy en día, lo que muchos de nosotros damos por sentado: abrir el grifo y llenar un vaso con agua, o la posibilidad de llegar con un médico en 20 o 30 minutos, es un lujo en la vida diaria de estas 2,500 personas. A lo largo de los años, he visto como el derecho ambiental internacional puede ser utilizado para proteger la riqueza biológica y reducir los impactos que el daño ambiental puede causar en las personas. Estoy segura entonces que pronto escribiré contándoles avances sobre este sitio y sus admirables habitantes.

Noviembre 03 2014

Los derechos humanos como límite de la utilidad pública extractivista

By Ariel Pérez Castellón, lawyer AIDA The current Bolivian Constitution presents important contradictions in its regulatory text. For example, while recognizing rights advanced as the most fundamental right to water, healthy and balanced environment, and the rights of future generations, while holding a vision of deeply extractive development . One of the greatest expressions of that vision is the rule that "the exploration, exploitation, refining, processing, transportation and marketing of non - renewable natural resources have the character of state necessity and public utility." Note that this standard is unprecedented in previous constitutional texts (Center for constitutional Studies, 2013) . Let 's do an analysis of this standard. The public utility refers to that which is of benefit and benefit to the community , and in the Bolivian right there on the condition that this utility is qualified by a special law, and for each case. Being public utility legal justification to limit or restrict the right of ownership, through expropriation or other legal restrictions, the legislator must clearly and coherently justify the declaration of public utility . However, in Bolivia, the current Constitution exempts mining activities (such as mining and oil industry) of the need for this prior legal qualification as their public interest is broadly recognized and unrestricted by constitutional mandate. This means that those who drafted the Constitution wanted to pave the way for the expansion of mining activities in the country. Rate constitutionally public utility activities related to non - renewable natural resources, means giving them the maximum state interest, the highest priority over other activities developed in the (agricultural, livestock, conservation, tourism, etc.) territories, to the point to empower the expropriation of land to make way for extractive activities. In short, the public utility of the extractive activities is one of the most powerful tools for deepening extractivismo legal tools in the country . The limits of public utility extractive In many cases, extractive activities generate or may generate severe social and environmental damage , for example in fragile ecosystems, protected areas or indigenous territories. But beyond the absurdity of considering that these activities are of benefit of the community as a general rule, it should be emphasized that the public interest is not an absolute category . The first function of the Bolivian state is to protect and guarantee the rights of people . This is recognized by Article 9, paragraph 2 of the Constitution when disposed between the aims and essential functions of the state "ensure the welfare, development, security and protection and equal dignity of individuals, nations, peoples and communities ... "; and "ensure compliance with the principles, values, rights and duties recognized ..." in the Constitution (Article 9, paragraph 4). Moreover, the Constitution recognizes the strength and constitutional status of treaties on human rights ratified by the country , and if they recognize more favorable than those contained in the formal text of the Constitution rights, their preferred application and therefore the supra - constitutional nature of those rules (Article 256). International human rights instruments ratified by Bolivia as the American Convention on Human Rights (Law No. 1430, 11/02/1993) recognize the principle "pro homine" (see Article 29 of that instrument). This means that when there is a case that could compromise the human rights of a person or community, look for the source and norm to provide the most favorable solution to the human person, their rights (Bidart Campos, 2002). Consequently, application of constitutional norms and the principle "pro homine" part of our legal system, provided there is a collision between the public utility of an extractive activity (for example, operating a mine in an area water deficit) and the imperative of protecting human rights could be violated by such declaration and activity (for example, the threat of violation of the right to a healthy environment or the most fundamental right to water in the community that may be affected by mining) activity, must prevail with all rigor preservation and constitutional guarantee of the right of the person or community. We hope these constitutional rules and principles that emphasize above all the life and dignity of people and communities, are no strangers to public servants, extractive companies and civil society, so that we can contribute so set your implementation.

Octubre 20 2014

Montreal y Kioto: Aprendiendo de las diferencias

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA Recuerdo claramente mi primer "pánico ambiental". Fue a mediados de los 80 cuando de pronto fue noticia irrefutable que la capa de ozono, esa que nos protegía de los intensos rayos del sol, tenía un agujero a causa de ciertas sustancias que los humanos tirábamos a la atmósfera. Por el uso de clorofluorocarburos (CFC) para producir refrigerantes, disolventes y aerosoles, había que temerle al sol a riesgo de sufrir cáncer de piel y otros males. Por primera vez el mundo se vio aludido por un problema ambiental común. La Organización de las Naciones Unidas intervino y, en 1985, se realizó la Convención de Viena, la cual derivó en el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y que comenzó a regir en 1989. Más de veinte años después, el Protocolo de Montreal es considerado un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Gracias a los compromisos que resultaron del mismo, la capa de ozono podría recuperarse del todo en 2050. Esta buena noticia fue difundida hace un mes durante el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y certificada con una investigación avalada por la Organización Mundial de la Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Grandes contradicciones Inevitablemente, el éxito del Protocolo de Montreal nos hace preguntarnos por el fracaso del Protocolo de Kioto, considerando que ambos tienen mucho en común. Fueron diseñados para enfrentar los dos desafíos ambientales más significativos por los que ha pasado la humanidad (el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento climático). Derivan de riesgos globales creados por diferentes naciones que deben abordarse mediante acuerdos internacionales. Y ambos elevan cuestiones sobre equidad internacional e intergeneracional: los países más afectados no son los que más han contribuido al problema; y mientras las futuras generaciones son las grandes afectadas, las actuales nos hemos beneficiado de las actividades que han generado el problema. Sin embargo, los resultados obtenidos por los dos acuerdos han sido dispares. El Protocolo de Montreal fue ratificado y cumplido por casi todas las naciones del mundo y está dando resultados. No ocurre así con el de Kioto, donde los mayores responsables no están siendo obligados a cumplir y donde el problema que se buscaba afrontar ha empeorado. Para Cass R. Sunstein, autora de un artículo que analiza las diferencias entre ambos tratados, el punto clave está en los costos y beneficios para los actores que tienen la capacidad de marcar la diferencia. Tomemos el caso de Estados Unidos, actor clave para ambos tratados. Para Montreal, su acción unilateral le convenía. Por ello se esforzó en reducir emisiones y aportó tecnología para que otros países le siguieran. Para Kioto, no solo no aportó, sino que está obstaculizándolo. Y es que no es de los países más afectados por el cambio climático, pero sí tendría que asumir costos altos por hacerse cargo del problema. Algo similar ocurre con China, uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Tampoco es de los más afectados por el cambio climático y no ha sido obligado a reducir emisiones al no ser considerado país desarrollado. Los países de África, por otro lado, tienen mucho que perder con el cambio climático y mucho que ganar con su correcto abordaje. Pero no pueden hacer mucho porque no son grandes emisores y porque no tienen la capacidad para mitigar emisiones de forma importante. Entonces resulta que los países que más aportan al problema y tienen más capacidad para solucionarlo, tienen poco que perder con éste y, por tanto, menos incentivos para asumir en los costos de actuar; y los que menos aportan al problema y son incapaces de marcar alguna diferencia, son los más afectados por el mismo y los que más ganarían con una pronta solución. No todo es miel sobre hojuelas en Montreal Un efecto colateral del éxito de Montreal tiene que ver con los llamados hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales han entrado al mercado con firmeza en reemplazo paulatino de los CFC. Aunque los HFC no dañan la capa de ozono, sí calientan la atmósfera y con una intensidad mucho más potente que la del CO2. Los HFC son uno de los cuatro gases considerados Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y que permanecen poco tiempo en la atmósfera una vez emitidos (a diferencia del CO2 que puede durar milenios). Revisa aquí un post anterior acerca de estos contaminantes. Según un informe del PNUMA, los HFC representan actualmente solo una pequeña fracción de los GEI, pero son fuente de preocupación porque se prevé que sus emisiones aumentarán significativamente si no se toman acciones para evitarlo. Afortunadamente, ya existen substitutos que no dañan la capa de ozono ni calientan la atmósfera. Se producen y usan efectivamente en varios países. En conclusión En 2015 se realizará la Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático en París, donde se espera diseñar un nuevo acuerdo climático que aborde con éxito la reducción de los GEI. Si bien el desafío es más difícil de lo que fue solucionar el problema de la capa de ozono en los 80, ello solo debería incentivarnos a esforzarnos más. Es cierto que no podemos replicar la historia de Montreal porque la esencia del problema es dispar, pero sí podemos unirnos nuevamente como humanidad para diseñar algo que funcione, aprovechando todos los avances tecnológicos y la amplia creatividad de nuestra especie. Considerando las lecciones aprendidas en Montreal, una de las claves del éxito es lograr un protocolo para reducir GEI que replique una cuestión fundamental: sus adherentes deben tener razones para creer que ganarán más de lo que perderán con su cumplimiento.

Octubre 13 2014

Sin perder la esperanza…

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Pensaba qué escribir para este post y me di cuenta que tenía muchas cosas que contar. Decidí centrarme en una de ellas. Es una realidad dolorosa sobre la cual es necesario reflexionar para tomar fuerzas y seguir adelante con nuestro trabajo: El avance de las obras de construcción de la represa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Estuvimos allá en agosto junto con nuestros colegas co-peticionarios de las medidas cautelares y del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panorama fue devastador. Visitamos comunidades indígenas que pronto perderán su acceso al río, a su modo de vida y a sus sitios sagrados. Hablamos con pescadores y ribereños que han sido desplazados y que han perdido sus hogares. En la ciudad de Altamira, la tensión y la violencia se sintieron en todo momento. Mis colegas vieron morir a una pareja, asesinada a 100 metros del lugar en el que cenaban. Nos sentimos seguidos, escuchados. Sentimos miedo de lo que nos podría pasar. La ciudad está militarizada en cada esquina. La policía estadual patrulla las calles constantemente, lo mismo que la Fuerza Nacional de Seguridad en los canteros de obras. Mientras tanto, Dilma Rouseff, presidenta de Brasil y candidata a la reelección, presenta a Belo Monte como una de las obras de infraestructura más importantes de su gobierno. Sin haber puesto un pie en Altamira, la ciudad más afectada por las obras, y menos en las comunidades indígenas, Rouseff grabó un video de campaña en pleno cantero, halagando la magnitud de la construcción. El video impresiona por cómo en él se manipula la información para hacer ver a Belo Monte como algo grandioso, pasando por alto sus graves impactos. “Mucha gente en Brasil no sabe que estamos haciendo una obra de este tamaño”, dice Rouseff. Detalla con orgullo que la cantidad de concreto utilizada serviría para construir 48 Maracanás, y que la excavación de rocas es mayor a la del Canal de Panamá. Todo en torno a Belo Monte es lo más grande del mundo. Pero a la presidenta le impresiona más el beneficio que la obra traerá a las personas que el tamaño de la misma. La luz eléctrica para millones de personas en Brasil “es lo que más importa”, dice. Sus prioridades están claras, aunque mucho se haya escrito sobre la ineficiencia energética de la represa Belo Monte. Entre esas prioridades, lamentablemente, no está el respeto a los derechos humanos de los afectados. Así, vale la pena recordar que en abril de 2011 la CIDH solicitó a Brasil “suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento del proyecto […] Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que [se] reali[cen] procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las […] medidas cautelares.” La reacción de Brasil no se hizo esperar. Retiró a su Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), suspendió sus contribuciones financieras a dicha organización y retiró a su candidato a la Comisión Interamericana. Meses después, la CIDH cambió el objeto de las medidas cautelares y solicitó al Estado proteger la vida, salud e integridad personal de las comunidades indígenas, así como una pronta finalización de los procesos de regularización de tierras indígenas de la cuenca del río Xingú. Asimismo, la modificación determinó que el debate sobre si se realizaron o no procesos de consulta previa y se obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades era una cuestión de fondo. En vista de lo anterior, se retiró la suspensión del proceso de licenciamiento y ejecución de las obras y aquellas cuestiones relacionadas con la consulta previa y el consentimiento tendrían que ser analizadas en el caso que la CIDH tiene bajo su conocimiento y que está a la espera de iniciar su trámite formal. Mientras aún se espera que avance el caso, las medidas cautelares siguen vigentes pero no se cumplen adecuadamente, la represa avanza a pasos acelerados y la decisión de la CIDH de analizar lo relacionado con la consulta previa y el consentimiento bajo el caso va perdiendo fuerza. Los daños se consolidan y no quisiéramos que cuando la CIDH determine que efectivamente no hubo consulta previa, la represa esté terminada y en operación. Nosotros visitamos la zona y documentamos la situación, nos solidarizamos con el dolor, la entereza, la paciencia y la espera de las personas afectadas, pero nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos están ahí a diario, sufriendo por el hostigamiento y la represión. Las víctimas ven la creciente degradación de su río, la pérdida de sus recursos y el deterioro de sus hogares, temiendo perder completamente su modo de vida y su cultura. Un día antes de viajar a Brasil, supe que estaba embarazada. En varios momentos de mi estadía, sentí miedo y angustia. Me preocupaba la seguridad de mis compañeros, la mía y la de la personita que crece dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, no dejé de pensar que nuestro trabajo vale la pena. Merece la pena trabajar por un mundo más sano y justo, en memoria de todos los que ya se fueron sin haber logrado justicia, y por todos lo que estamos y los que vienen en camino. Por encima de la política está la vida y la integridad de las personas. ¡Me resisto a perder la esperanza de que las decisiones llegarán y que se hará justicia!

Octubre 06 2014

Salud y ambiente: ¿Cuántos años quieres vivir?

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka Cumppré 32 años muy pronto. Como dicen popularmente, ¡ya pasé al tercer piso! Ello hace que me pregunte cuántos años quiero vivir y con qué capdad quiero hacerlo. Los avances de la ciencia han permitido que la esperanza de vida aumente: en 1950, una persona vivía alrededor de 50 años y hoy, 73 años. Si quiero vivir muchos años y con un alto nivel de bienestar, debo cambiar hábitos de vida: apmentación, consumo, ejercicio. Sin embargo, hay un factor que no podré controlar para cumppr mi meta: la salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud ambiental “está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.” A continuación les presento algunos datos que muestran cómo un ambiente "no sano" influye ciertamente en nuestra esperanza de vida. Capdad del aire La OMS establece que la contaminación del aire representa un importante riesgo para la salud. Según sus estimaciones, la contaminación del aire exterior e interior provoca unas siete millones de defunciones prematuras por enfermedades respiratorias y del corazón. Se trata actualmente de uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales, comparable con los asociados al tabaco. "Una evaluación de 2013 reapzada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga." Solo tomen en cuenta que en muchas ciudades el aire es un coctel de ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y contaminantes cpmáticos de vida corta como el metano y el carbono negro; todos elementos altamente nocivos. Y, por ejemplo, yo no puedo reapzar actividades al aire pbre en Ciudad de México, donde vivo, porque a los cuatro o cinco días, tengo alguna infección respiratoria. Capdad del agua En 2013, durante el Día Mundial del Agua, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), hizo un llamado de alerta ante la fuerte contaminación de las fuentes de agua a nivel mundial. Los datos revelaron que dos millones de toneladas de desechos contaminan 2,000 millones de toneladas de agua diariamente, afectando los ecosistemas y la capdad del agua. Ese año, dicha cantidad de agua contaminada causó la muerte de 1.8 millones de niños menores de 5 años y la de 2.2 millones de personas producto de enfermedades diarreicas. También se informó que "más de la mitad de las camas hospitalarias del mundo están ocupadas por gente que sufre enfermedades vinculadas con agua contaminada." Actividades como la industria agropecuaria, la minería y más recientemente el fracking imppcan un alto consumo de agua y son altamente contaminantes para los recursos hídricos por el uso de químicos como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, benceno, tolueno y otros muy tóxicos y nocivos para el ser humano y otros seres vivos. A largo plazo, la exposición al benceno (usado en el fracking) puede causar leucemia y a corto plazo provoca mareos, debipdad, dolor de cabeza, dificultad para respirar, la constricción del pecho, náuseas y vómitos. ¿Soluciones? Entre otras cosas, los países y gobiernos deben implementar políticas púbpcas en el sector de transportes para promover el uso de medios menos contaminantes; y reducir las emisiones domésticas e industriales. Se requiere el manejo eficiente de los desechos para reducir la contaminación de las fuentes hídricas. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental deben appcarse en cumppmiento de la legislación nacional e internacional para evitar que proyectos causen impactos en el ambiente y las personas. En su artículo 25, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Ese derecho fue reafirmado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Partes deben tomar medidas para hacer cumppr el derecho a la salud. Una forma de lograrlo es con legislaciones efectivas y acordes con el derecho internacional para garantizar el acceso de todos a un ambiente sano. Siempre he creído que la defensa del ambiente es sobre todo la defensa de la humanidad, de la continuidad de nuestra especie. Y tú, ¿cuántos años quieres vivir?

Septiembre 30 2014

Miles de personas se congregaron en la capital de Colombia por la Acción Climática Mundial

Por Seble Gameda, geógrafa Sonidos de instrumentos de viento, tambores, campanas de bicicleta y cantos, llenaron las calles de Bogotá, Colombia, el domingo 21 de septiembre. Ese día, más de tres mil personas —llevando pancartas, carteles, banderas y pintura en la cara— se congregaron por la acción climática urgente como parte de la Marcha Internacional de la Gente por el Clima. "Estamos haciendo una petición global a los jefes de Estado para que firmen un tratado vinculante que responda a la crisis climática, y necesitamos que los gobiernos locales y nacionales se comprometan también", dijo Ana Sofía Suarez, Coordinadora de Campaña del movimiento ciudadano internacional Avaaz, y Coordinadora de la Marcha de la Gente por el Clima en Bogotá. Más de 100 líderes mundiales se reunieron en la ciudad de Nueva York para discutir la crisis climática y la reducción de emisiones de carbono, tan solo unos meses antes de la Conferencia de las Partes (COP) 20, la cual tendrá lugar en Lima, Perú, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se tiene previsto que un acuerdo vinculante sea firmado en la COP21 en París en diciembre de 2015. La Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Nueva York también se centró en el Fondo Verde Climático, en el cual los países desarrollados tienen como objetivo recaudar 100 mil millones de dólares al año para el 2020 en financiamiento climático con el fin de ayudar a los países en desarrollo hacia "un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima". Héctor Herrera, Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, habló de la importancia de que los países desarrollados participen en las marchas por el clima, afirmando que "aunque el norte es el principal responsable del cambio climático, nosotros en el sur somos los más afectados, y los menos preparados para adaptarnos a un clima cambiante." Se organizaron manifestaciones en todo el mundo para mostrar el poder del movimiento por el clima de la gente. "Somos la primera generación que está realmente consciente del cambio climático, pero somos los últimos en poder hacer algo al respecto", afirmó Juan David García, de la organización ambiental 350.org. La Marcha por el Clima de Bogotá estuvo llena de diversidad: artistas, profesores, jóvenes, banqueros, ciclistas, ancianos. Como Suarez comentó, "en estos espacios en los que todos se reúnen, comienzas a darte cuenta que no estás solo, que somos muchos soñando algo diferente, y que si empezamos a exigir cambios, entonces podemos hacer que ese sueño se haga realidad". El cambio climático ya no es una cuestión aislada de científicos y ambientalistas, estamos alcanzando una masa crítica, mostrando una vez más que la protesta es poderosa; es el movimiento de la gente el que genera el cambio: antibélico, por los derechos civiles, la salud, la educación, y…la justicia climática.

Septiembre 23 2014 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema. Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo". Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega. Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente. Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización. Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.

Septiembre 22 2014

"Queremos que el Fondo Verde Climático se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento"

AIDA estuvo presente en el Foro Latinoamericano del Carbono 2014 en Bogotá, Colombia. Allí, nuestra abogada Andrea Rodríguez participó como representante de la sociedad civil en un panel sobre el Fondo Verde del Clima (FVC), mecanismo que pronto movilizará grandes cantidades de recursos para apoyar actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. A propósito de su intervención en el panel, Andrea responde a una serie de preguntas sobre la situación actual y las perspectivas del FVC. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil en torno al Fondo? Tenemos las mismas expectativas que el Fondo. Queremos que sea una institución transparente, inclusiva y que esté en constante aprendizaje, tal como lo establece el Artículo 3 de su instrumento de gobernanza. Su enfoque tiene que ser impulsado por cada país a la hora de determinar las prioridades de lo que se financiará. Debe otorgar un financiamiento balanceado para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esperamos que el Fondo promueva cobeneficios sociales, ambientales, económicos y de desarrollo con un enfoque de género. Hombres y mujeres son perjudicados en igual grado por el cambio climático. En suma, queremos que el Fondo Verde del Clima se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento. ¿Cómo asegurar el equilibro en el financiamiento para actividades de mitigación y adaptación? El financiamiento se está dando mayormente para actividades de mitigación a pesar de la gran necesidad que existe de financiar aquellas de adaptación al cambio climático. En Bali, Indonesia, durante la penúltima reunión de la Junta Directiva del Fondo, se decidió que 50% del financiamiento irá a mitigación y el restante 50% para adaptación. Existe una decisión tomada y debemos asegurar que se cumpla. Además, en Latinoamérica, los planes de desarrollo y las estrategias de cambio climático que se han desarrollado, han establecido la adaptación como prioridad de financiamiento. ¿Cómo debe ser la participación de la sociedad civil en el Fondo? Debe ir más allá del diseño y llegar a la implementación. El instrumento de gobernanza del Fondo establece en su Artículo 71 que la Junta Directiva tiene que desarrollar mecanismos para promover la participación de todos los actores (grupos vulnerables, mujeres, sociedad civil y grupos indígenas.) en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas financiados por el Fondo Verde. Existe un mandato para que la sociedad civil participe en todas las etapas. El tema es relevante porque el Fondo entrará en operación pronto y tienen que darse estos mecanismos de participación a nivel nacional, particularmente cuando los países empiecen a nombrar a sus autoridades nacionales designadas (aquellas que avalarán los proyectos o actividades que el Fondo financiará). Es necesario que se institucionalicen estos procesos participativos. ¿Cómo se puede medir la efectividad de un proyecto a ser financiado? La definición de indicadores será uno de los temas a discutir en la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo, pero hay algunos que consideramos importantes. En adaptación, se debe considerar si un proyecto puede ayudar a reducir el grado de vulnerabilidad de una determinada comunidad ante el cambio climático. Y en cuanto a mitigación, se tiene que medir la cantidad de emisiones contaminantes que se van a lograr reducir. Pero el aspecto más importante a medir son los cobeneficios que puede generar un proyecto o actividad: si genera empleo, mejora la calidad de la vida de la gente, etc. Lo anterior se debe a que el Fondo Verde del Clima tiene como objetivo contribuir a un cambio paradigmático que promueva el desarrollo sostenible. Ayudar a mejorar la calidad de vida constituye un cambio de esa naturaleza. Muchas veces, proyectos que tienen beneficios climáticos positivos generan problemáticas sociales, ambientales y económicas. Es esencial que los beneficios adicionales sean evidentes en términos sociales, ambientales, económicos.

Septiembre 19 2014 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada. Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.