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México y la urgencia de proteger a la tortuga caguama
Por Haydée Rodríguez La tortuga Caretta caretta, conocida también como tortuga caguama o cabezona, está gravemente amenazada en México, principalmente por el uso de instrumentos de pesca inadecuados, y más recientemente por los riesgos que implica el proyecto minero Don Diego. México tiene una gran oportunidad para trabajar a favor de la especie pues es sede de la 7ª Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, en la cual se discutirá una propuesta de resolución para la conservación de la tortuga caguama. La propuesta busca crear planes regionales para la protección de esa especie y dar seguimiento a la salud de las poblaciones de tortuga caguama por medio de informes anuales por parte de los Estados e informes del Comité Científico de la Convención cada cuatro años, entre otras medidas. Captura incidental de tortugas Analizar la protección de la tortuga caguama es importante para todos los Estados Parte de la Convención, en especial para México, donde en los últimos años se ha escuchado una voz de alerta ante los impactos que ciertas artes de pesca generan en la población de tortugas caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. Incluso Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para México debido a la mortandad de tortugas caguama en la Bahía de Ulloa. La tortuga caguama está enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además, en México es considerada una especie en peligro de extinción, categoría asignada a especies cuyas áreas de distribución o poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en su hábitat natural. Los riesgos del proyecto minero Don Diego Adicionalmente a los impactos de la pesca no sostenible, existe una nueva amenaza para la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa: Don Diego, un proyecto de minería marina de fosfato. AIDA, como observador de la sociedad civil en la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, ha informado a la Secretaría y a las Partes de los riesgos que dicho proyecto implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. El dragado y el ruido que el proyecto generaría puede ocasionar daños a la tortuga caguama, animal que depende de su oído para comunicarse, moverse y defenderse de depredadores. Este ruido podría incluso llevar a la muerte a los ejemplares más jóvenes. El proyecto Don Diego es analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entidad que debe decidir su viabilidad ambiental. Buscando ayuda Durante la Conferencia de las Partes, los Estados se comprometen, mediante la firma de resoluciones, a avanzar en medidas de protección de las tortugas marinas. En ese sentido, esta Conferencia es una oportunidad para que las autoridades mexicanas demuestren compromiso firmando la resolución de protección de la tortuga caguama, reciban apoyo técnico calificado del Comité Científico y del Comité Consultivo de Expertos; y avancen en la preservación de la especie al trasladar sus compromisos internacionales al plano nacional.
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Fortaleciendo el tratado sobre tortugas marinas
Por Gladys Martínez Apenas rompen el cascarón, las crías de tortuga marina asoman la cabeza con letargo para luego dirigirse rápidamente a esa vasta masa de agua salada. Son animales migratorios que nadan y anidan en territorios de diferentes países. Su sobrevivencia está en riesgo por la pesca no sostenible, el desarrollo inmobiliario inadecuadamente planificado, y los proyectos mineros en zonas costeras y marinas, entre otros factores. En 2001 y para afrontar esas amenazas, se creó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. El tratado internacional promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Del 24 al 26 de junio, en la Ciudad de México, los representantes de los Estados firmantes del tratado analizarán los logros y planes de trabajo de la Convención en la 7ª Conferencia de las Partes. AIDA estará presente abogando para que los Estados sigan cumpliendo sus obligaciones ante la Convención y asuman nuevos compromisos. La Convención cuenta actualmente con quince Estados Partes: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos del Caribe, Perú, Uruguay y Venezuela. Está integrada además por 32 observadores acreditados, entre académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos observadores pueden participar de las reuniones de los diferentes Comités Científicos y Consultivos de Expertos de la Convención. Objetivos de la Conferencia La 7ª Conferencia de las Partes de la Convención tiene previsto aprobar tres resoluciones clave: Resolución sobre la conservación de la tortugas baula (Dermochelys Coriacea) del Pacífico Oriental. Resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona (Caretta Caretta). Resolución sobre excepciones para la cosecha de subsistencia de huevos de tortuga Lepidochelys olivácea en Costa Rica. En la Conferencia también se revisará el cumplimiento de los Estados respecto de sus informes anuales, se presentará el plan de trabajo de la Secretaría, y se elegirá nuevos Presidente, Vicepresidente y Relator. Nuestra contribución La participación de AIDA buscará que los Estados: Se comprometan a evitar amenazas a los hábitats de anidación de tortugas por proyectos de minería. Continúen restringiendo y prohibiendo los desarrollos inmobiliarios que afectan las rutas que las tortugas marinas transitan. Fortalezcan las medidas de pesca responsable y sin captura incidental (cuando las tortugas marinas son capturadas “por accidente” sin ser el objetivo de la pesca). Concentraremos nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover medidas para frenar los riesgos que el proyecto de minería marina Don Diego implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. En AIDA hemos trabajado desde 1998 por la firma de la Convención. Una campaña organizada por AIDA y otros defensores de la tortuga marina ayudó a conseguir las firmas necesarias para que el proceso de negociación continuara y para que la Convención entrara en vigencia. Hemos abogado con éxito ante Cortes y tomadores de decisiones por la protección de las tortugas marinas en diferentes países de América Latina con base en las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención. Como ejemplos de ello podemos mencionar que protegimos a la tortuga verde de la matanza ilegal en el Atlántico costarricense, evitamos la pérdida del hábitat de anidación de la tortuga baula y garantizamos que las tortugas carey y lora continúen disfrutando de uno de sus arrecifes de coral favoritos en Coiba Panamá. ¡Síguenos en Facebook y Twitter para saber más de la 7ª Conferencia de las Partes del tratado internacional sobre tortugas marinas!
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Introducción a "Empresas y Derechos Humanos"
En este seminario virtual, los panelistas abordaron la actual agenda internacional en materia de Empresas y Derechos Humanos, y presentaron un marco general del estado de la cuestión, así como de los retos y oportunidades para avanzar a nivel regional. Video Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas o en las que éstas han tenido un rol preponderante, constituyen una problemática creciente en la región. Estas violaciones se derivan de situaciones diversas que van desde la implementación masiva de proyectos de desarrollo sin cumplir estándares ambientales ni de derechos humanos, hasta el incumplimiento de estándares laborales y el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o grupos armados al margen de la ley asociados con las empresas. Uno de los mayores retos de la sociedad civil es encontrar vías para abordar efectivamente la problemática. Para ello es fundamental fortalecer nuestras capacidades, y homogeneizar nuestras herramientas y conocimientos en la materia. Presentaciones: Notas Consulte la relatoría del evento aquí. Organizado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Justiça Global. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Centro de Análisis e Investigación Fundar. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Business & Human Rights Resource Centre. Human Rights Research and Education Centre.
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Declaración de las ONG a la COP12 de Ramsar
Por la Red Mundial de Humedales Quienes integramos la sociedad civil representada a través de las ONG y otros grupos apreciamos mucho esta oportunidad de dirigirnos a la 12ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los humedales. Hemos trabajado juntos para preparar ésta declaración a través de la Red Mundial de Humedales, una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, muchos de los cuales centran su trabajo en humedales de su área local. Estas organizaciones reflejan sus culturas y comunidades locales y son una fuerza considerable para la conservación Ramsar de los humedales. Todos los presentes entendemos los valores de los humedales para la vida en la tierra. Para las ONG y grupos de la sociedad civil, estos valores están muy cerca de nuestro corazón, es a lo que dedicamos nuestra vida: nuestro compromiso. Los humedales nos proveen de agua dulce y limpia. Son esenciales para la seguridad alimentaria, el suministro de agua para riego, y la producción de alimentos para nuestro sustento. Los humedales contribuyen a mitigar el cambio climático al capturar carbono, y reducen los impactos de fenómenos meteorológicos extremos al desacelerar y almacenar agua en inundaciones. Albergan una gran cantidad de biodiversidad que hace de nuestro mundo un lugar más rico. Los humedales son nuestro hogar, y están fuertemente ligados a nuestra identidad cultural y espiritual. Asimismo, somos sus custodios. Nuestra ética nos inspira a trabajar en la conservación de humedales a través de muchas actividades: en trabajo de campo, investigación, monitoreo, promoción, protección, educación y participación de la comunidad. Ahora sabemos que nuestra tierra ha sufrido la destrucción del 64% de todos los humedales a manos del desarrollo humano desde 1900. Las ONG y la sociedad civil apoyan plenamente el objetivo de Ramsar para ralentizar, detener e invertir esa tendencia a la pérdida y degradación de los humedales en todo el mundo. En 2014, la Red Mundial de Humedales realizó una encuesta mundial de ONG para explorar su relación con la transmisión de los objetivos Ramsar de conservación de humedales. 190 personas respondieron de 52 países, dándonos la oportunidad de escuchar una voz colectiva de la población local. Los resultados de la encuesta se ofrecen ahora para que las Partes de Ramsar puedan implementar con éxito los recursos tanto gubernamentales como no gubernamentales para asegurar el mayor beneficio para los humedales, la fauna y la gente. La encuesta mostró abrumadoramente que las ONG se han comprometido con Ramsar y quieren hacer más. Apoyar y facilitar voluntarios y personal de las ONG para que se dediquen a la conservación de los humedales requiere de recursos, pero pequeños insumos crean grandes resultados, lo que lleva a mejores programas para los sitios Ramsar. Las actividades de comunicación, educación, concienciación y participación de Ramsar requieren una mayor promoción, como apoyo técnico y financiero. Muchas ONG tienen habilidades que podrían ser utilizadas de manera más activa en este proceso. Las ONG temen que algunos gobiernos parecen desalentar designaciones estratégicas de sitios Ramsar. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar nominaciones potenciales sería bien recibido. Algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como instrumento para proteger los humedales. Nos preocupa la inactividad de los gobiernos, los recursos financieros reducidos y la decreciente participación de los funcionarios públicos. Existe preocupación entre las ONG sobre la inexactitud de los informes Ramsar de los países miembro. Las partes contratantes deberían hacerse responsables de asegurar la exactitud de los informes sobre el estado de los humedales para sustentar una toma de decisiones eficiente. En algunos casos hay que hacer más para hacer cumplir la protección del sitio. Con base en las principales conclusiones de nuestra encuesta, la Red Mundial de Humedales ofrece las siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar: Reconocer que las ONG suelen crear vínculos más duraderos y continuos con los sitios Ramsar que los representantes de los gobiernos. Elaborar una orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y los Puntos Focales Nacionales, sobre la manera de involucrar a la sociedad civil. Explorar opciones para incluir a más organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones Ramsar en el ámbito internacional, nacional y regional. Crear vías para los aportes de ONG y organizaciones de sociedad civil en la presentación de informes sobre el estado de los humedales Ramsar, nominaciones de sitios, y el Registro de Montreux. Dar prioridad a la financiación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los humedales de la lista Ramsar. Por último, una colaboración total y efectiva entre la sociedad civil y las partes contratantes es esencial para lograr la conservación de los humedales a nivel local. Con respecto a los proyectos de resolución de la COP12 de Ramsar, las ONG piden vínculos más estrechos con el sector de la sociedad civil y ONG en la resolución 2 -el Plan Estratégico- y la resolución 9 -el programa de CEPA-. Confiamos en que esta reunión COP12 de Ramsar ayudará a la sociedad civil, el sector empresarial y los socios del gobierno para trabajar juntos en proteger, restaurar y promover los humedales.
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Una mina amenaza la vida del gran migrante marino
Por Haydée Rodríguez Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 20 mil kilómetros de ida y vuelta desde Alaska, donde se alimenta, hasta las aguas templadas de Baja California Sur, México, donde da a luz a sus crías y las cuida. Se ha calculado que para cuando una ballena gris haya cumplido 50 años, habrá recorrido el equivalente a un viaje de la Tierra a la Luna y de regreso. Este impresionante mamífero marino (llega a medir 15 metros de largo en su edad adulta) y su hazaña migratoria están en riesgo por un proyecto de minería marina. De ejecutarse como está propuesto, el proyecto dañará gravemente el entorno y las condiciones de vida de la ballena gris. A finales de febrero de este año, 2,652 ejemplares de ballena gris llegaron a las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio en Baja California Sur, muy cerca de la Bahía de Ulloa. Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino 350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca. Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato. Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. En sus comentarios, AIDA evidenció la necesidad de contar con información más detallada por parte de la empresa promotora de Don Diego sobre los impactos potenciales del proyecto. Así también lo hizo el Gobierno mexicano, quien analiza actualmente la MIA del proyecto luego de solicitar información adicional a la empresa. Nos interesa particularmente tener mayor información sobre los impactos del ruido y el dragado en el ecosistema marino-costero, y acerca del posible perjuicio a la pesca en la zona. Ante la duda, es mejor prevenir el daño que lamentar cuando éste sea un hecho. La ballena gris aún tiene muchos kilómetros que recorrer.
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Por Sandra Moguel Como representante de AIDA en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Prioritaria Internacional, que actualmente tiene lugar en Punta del Este, Uruguay, tuve la oportunidad de entrevistar a Eugenio Barrios, Director del Programa de Agua de WWF México, organización que apoya al Gobierno de México en la presentación de una propuesta de resolución sobre reservas de agua para la conservación de humedales. Las resoluciones aprobadas en el marco de la Conferencia brindan soluciones a los problemas que los países enfrentan para aplicar adecuadamente la Convención. SM: ¿Qué es una reserva de agua y para qué sirve? EB: Una reserva de agua es un volumen de agua determinado a través de un procedimiento de evaluación de caudal ecológico. Este volumen tiene una funcionalidad ecológica y, administrativamente, se obtiene de la repartición de agua. Es un volumen de agua que anualmente no se asigna a ningún uso y permanece en el ambiente para cumplir funciones como la conservación de humedales y de todos los servicios ambientales que éstos prestan. SM: ¿Cuál es el objetivo del borrador de resolución sobre reservas de agua que se está presentando en la Conferencia? EB: A partir de la experiencia del Programa Nacional de Reservas de Agua en México, desarrollamos una resolución que pretende llenar un gran vacío dentro de la Convención, que es el de asegurar legalmente el agua con la que funcionan los humedales. Hay muchas resoluciones y se habla mucho de cómo conservar los humedales. Se habla de la tierra, de actividades productivas y de un sin fin de elementos, pero el agua siempre se ha dejado de lado al agua, pues no ha habido una actitud decidida de la Convención y de las Partes Contratantes de la Convención para llenar ese vacío. Se dice que es una Convención de agua, pero a fin de cuentas sigue sin haber esos compromisos. Lo que hace la resolución es traer a la mesa la conservación de humedales con el manejo integrado de recursos hídricos, el cual es una herramienta muy poderosa para la conservación de los humedales. Para saber más, escucha la entrevista completa arriba.
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AIDA llama a proteger efectivamente los humedales en las Américas
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) llama a los Estados Parte de la Convención de Ramsar a proteger efectivamente los humedales en las Américas. Las Partes Contratantes de América Latina deben proteger y usar racionalmente los arrecifes de coral, manglares y páramos en su territorio. Para alcanzar esta visión, demanda que las Partes Contratantes realicen una adecuada evaluación de impacto ambiental, planificación y ordenamiento en relación con los humedales. En particular, para proyectos de infraestructura turística, portuaria e hidroeléctrica, así como para industrias extractivas de minería y aquellas que usa fractura hidráulica. Solicita la inclusión en el Registro Montreux de humedales clave como Bahía de Panamá (Panamá), Marismas Nacionales, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (México), el Complejo Lagunar del Otún y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia). Alienta a las Partes Contratantes a que amplíen los mecanismos de participación existentes, para asegurar que se incluya a la sociedad civil en el manejo de los humedales.
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Registro Montreux: Herramienta valiosa para salvar humedales esenciales
Por Haydée Rodríguez La contaminación, deforestación y el crecimiento acelerado de las ciudades amenazan seriamente la integridad de los humedales en todo el mundo. Es por ello que ninguna herramienta orientada a la protección de esos ecosistemas puede ser desaprovechada. Los 168 países que son parte de la Convención Ramsar, tratado que impulsa las acciones nacionales y la cooperación internacional para la conservación y uso racional de los humedales, inscriben a sitios que se encuentran en sus territorios en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Al hacerlo, los países están obligados a proteger estos sitios. Sin embargo, a veces ello no es suficiente para asegurar que estos entornos naturales mantendrán sus características ecológicas intactas. Por esta razón, la Convención Ramsar creó el Registro Montreux, una herramienta para proteger, de manera prioritaria, a humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El Registro incluye sitios que ya son parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Lejos de ser una lista negra o una marca negativa para el país, este registro es una oportunidad para que los gobiernos se muestren responsables con sus recursos naturales cuando éstos requieren atención urgente. A continuación les presento los cinco aspectos más importantes de esta herramienta: Al incluir un humedal en el Registro Montreux un país llama la atención sobre la importancia de tomar medidas para conservar las características ecológicas del sitio por medio de la cooperación nacional e internacional. Para obtener esta protección especial, el gobierno debe solicitarlo formalmente al Secretariado de la Convención Ramsar y completar un cuestionario con información sobre el humedal. Si se determina que la inclusión del sitio en el registro es necesaria para promover su adecuada protección, una misión de asesoramiento de Ramsar brinda al país apoyo y recomendaciones técnicas sobre las acciones de conservación adecuadas. El país puede solicitar que el humedal sea excluido del registro una vez que las amenazas que originaron su inclusión hayan desaparecido, cuando considere que se han cumplido los objetivos de manejo y el sitio haya recuperado su equilibrio ecológico. El país debe solicitar una nueva misión de asesoramiento que visite el sitio y completar un cuestionario de salida que demuestre los avances obtenidos. El Registro de Montreux es una forma rápida para que los países atiendan con prioridad un sitio y obtengan el apoyo técnico y financiero necesario para hacerlo. El apoyo recibido del Secretariado de Ramsar se suma a los esfuerzos que los países ya están desarrollando a nivel nacional. De ese modo, un humedal en riesgo pasa a ser un sitio clave para el equilibrio ecológico del país bajo el amparo internacional. En la región, varios gobiernos han optado por atraer la mirada internacional hacia la preservación de humedales vulnerables. Por ejemplo, Costa Rica ha incluido en el Registro Montreux al Parque Nacional Palo Verde, Estados Unidos al Parque Nacional Everglades, y Chile al Santuario Carlos Anwandter. Como parte de su participación en el 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, que actualmente se realiza en Uruguay, AIDA abogará por la inclusión en el Registro Montreux del Humedal Bahía de Panamá y del Sistema Arrecifal Veracruzano, en México, sitios amenazados por el desarrollo urbanístico y portuario, respectivamente.
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Abogando por la preservación de los humedales en la COP
En Baja California y en otras regiones de México, el agua es cada vez más escasa. No es un caso aislado, sino una problemática mundial. California, Washington y Oregón —en Estados Unidos— enfrentan la peor sequía de su historia. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que para el 2025, al menos 1,9 mil millones de personas vivirán en países o regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua. Ante tal situación, es urgente preservar los humedales, ecosistemas naturales que proveen agua y que ayudan a reabastecer fuentes subterráneas de agua. Los humedales incluyen páramos, manglares, ríos, lagunas y arrecifes de coral, entre otros. En AIDA estamos comprometidos con la protección de estos entornos. Trabajamos para fortalecer la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que busca la conservación y el uso sostenible de los humedales en el continente americano. Los países miembros de la Convención están obligados a tomar medidas para asegurar que los humedales de sus territorios conserven sus características ecológicas, aquellas de las que depende la provisión de agua y otros beneficios para la humanidad. La implementación permanente de esas obligaciones depende de la interacción entre los países, la cual ocurre cada tres años en la Conferencia de las Partes (COP), el órgano supremo de la Convención. La 12ª reunión de la COP (COP12) se realizará del 1 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay, bajo el lema “Humedales para nuestro futuro”. Consciente de la importancia de ese futuro, AIDA participará en la COP12 como organización observadora de la sociedad civil. Presentaremos comentarios a los proyectos de resolución que serán discutidos en la Conferencia. Estas resoluciones dan soluciones a los obstáculos que los países enfrentan para aplicar el tratado y hacen que los Estados asuman compromisos específicos. Haremos comentarios a tres de los proyectos de resolución más importantes: El de Filipinas, que hace un llamado para que la Convención se comprometa a proponer herramientas económicas que reduzcan el riesgo de desastres. El de Tailandia, que propone analizar la efectividad de los mecanismos de evaluación del manejo y conservación de los sitios considerados humedales de importancia internacional por la Convención. El de México, que promueve que los países identifiquen los posibles impactos negativos que proyectos de infraestructura tienen sobre el agua, la biodiversidad y los servicios de los humedales. AIDA también hará recomendaciones específicas para proteger humedales en México, Panamá y Colombia. Abogaremos por la inclusión en el Registro Montreux del Humedal Bahía de Panamá, amenazado por la construcción de infraestructura turística, y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en peligro por la ampliación del Puerto de Veracruz, en México. El Registro Montreux es una lista especial de humedales por la que un sitio recibe atención prioritaria internacional y por la que un país obtiene asesoría y recursos financieros para preservarlo. Finalmente, buscaremos que el Secretariado de la Convención acceda a realizar visitas de asesoramiento en Colombia para conocer de cerca la situación de los páramos en ese país, en riesgo por la minería a gran escala, y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sitio afectado por actividades agrícolas no sostenibles. Tras estas visitas, el Secretariado podrá realizar recomendaciones para que Colombia maneje esos sitios de forma adecuada. Una de las funciones de la COP es considerar la información presentada por organizaciones como AIDA para mejorar el cumplimiento de la Convención en cada país. ¡Te invitamos a seguir nuestro trabajo en la COP12 de la Convención Ramsar en nuestro sitio web, Facebook y Twitter!
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Canal de Nicaragua: Resistencia al despojo
Por Tania Paz “¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado?” Esa pregunta resuena en mi cabeza cada vez que escucho una noticia sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Una mujer que podría perder su tierra a causa del proyecto increpó con esa pregunta a los asistentes de un foro informativo sobre el tema. No hay nada más valioso que ese pedazo de tierra para sembrar con el que soñaste toda tu vida, el que heredarás a tus hijos y por el que vale la pena levantarse de madrugada y trabajar bajo el sol intenso por más de cinco horas. Son muchas personas, hombres y mujeres, las que le han dicho “no” al canal interoceánico en Nicaragua. Se han puesto en pie de lucha porque no están dispuestas a perder sus sueños a cambio de la promesa de un empleo. Un canal…¡mucho que cuestionar! El canal atravesará el Lago de Nicaragua o Cocibolca, el segundo más grande de América Latina. Partirá al país en dos para conectar el mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico. Tendrá 278 kilómetros de longitud y será tres veces más grande que el canal de Panamá. El costo estimado del proyecto es de 50 mil millones de dólares. Además del canal, incluye otros megaproyectos: un aeropuerto, carreteras, una zona de libre comercio, complejos turísticos y dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. La magnitud del proyecto se refleja en los impactos negativos que ocasionará. La construcción del canal afectará directamente a 119 mil personas en 13 municipios. Así lo señaló Mónica López Baltodano, de la Fundación Popolna, en la audiencia “Construcción del Canal Transoceánico y su impacto sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada el 16 de marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitada por 10 organizaciones nicaragüenses y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Lo más preocupante es que sigue siendo un secreto de Estado el número exacto de ciudadanos que serán sometidos a un proceso de expropiación (aquellos que serán desplazados de sus tierras), y que no existen planes de reubicación y restauración de sus condiciones de vida”, dijo López. Por su parte, Azahalea Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) indicó en la audiencia que la concesión del proyecto “viola la Constitución de la República, múltiples leyes nacionales, y más de 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua”. Además, la concesión fue aprobada sin que existiera un estudio de impacto ambiental. La concesión fue otorgada a una sola empresa: el consorcio chino HKND. En la audiencia, Luis Carlos Buob, de CEJIL, informó que el consorcio tiene derechos exclusivos de “desarrollo” y “operación” potencialmente por más de 116 años. La concesión le otorga “derechos irrestrictos sobre recursos naturales como tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudiera considerar pertinentes en cualquier parte del país”. Son precisamente los daños a esos recursos naturales los que más preocupan sobre el canal. Su construcción afectará al Lago Cocibolca, la fuente de agua dulce más importante de Centroamérica. También “amenaza ecosistemas marinos sensibles en el mar Caribe pertenecientes a Colombia y dividirá en dos el Corredor Biológico Mesoamericano, una red flexible de reservas y otras tierras que se extiende desde el sur de México hasta Panamá y que es utilizado por especies animales como el jaguar para atravesar Centroamérica”. Las comunidades resisten Los afectados por las expropiaciones conformaron el Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional. A través de esa instancia, expresan su total oposición al proyecto y afirman que no venderán sus tierras para la construcción del canal. Según la página Nicaragua sin heridas, iniciativa ciudadana que divulgar información sobre la concesión, a marzo de 2015, se han registrado 41 protestas contra el proyecto en 25 territorios y más de 113, 500 campesinos se han movilizado en cinco meses. La comunidad El Tule, en el departamento de Río San Juan, se ha convertido en un emblema de la lucha anticanal. Allí, los campesinos que serán afectados por el proyecto se han manifestado con marchas y concentraciones. El 24 de diciembre pasado, fueron víctimas de represión por parte de la Policía Nacional. Fueron golpeados y 33 de ellos, incluidos los líderes del movimiento, encarcelados por protestar. ¡En el Tule no hubo Noche Buena ni Navidad! Una tendencia nefasta Lamentablemente, el canal interoceánico en Nicaragua es uno de los muchos proyectos que impactan gravemente el ambiente y los derechos humanos en América Latina. En los últimos veinte años, a nivel mundial, más de 250 millones de personas han sido desplazadas en nombre del “desarrollo” por megaproyectos como hidroeléctricas o actividades extractivas como la minería. En octubre de 2014, AIDA, junto con organizaciones aliadas, llamó la atención de la CIDH sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. En esa ocasión solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. En AIDA sabemos que en contextos de implementación de megaproyectos, no solo se causan desplazamientos forzados, sino que se violan otros derechos humanos que van desde la pérdida de los medios de vida de las comunidades hasta la criminalización de la protesta social como ocurrió en El Tule, Nicaragua. En México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboró el informe Han destruido la vida en este lugar (2010), el cual registra los daños causados por los megaproyectos y la explotación de los recursos naturales. Según el documento, además de desplazamiento forzado, estos proyectos generan daños a los medios de vida y ruptura de los lazos culturales. Yo agregaría que los desplazamientos fracturan las redes sociales comunitarias, vitales para el ejercicio de los derechos. ¿Qué pasará con los expropiados por el canal en Nicaragua? ¿Están condenados a ser desplazados y a ver destruido su sueño de tener una tierra? ¿Quién garantizará el respeto a sus derechos humanos? ¿De qué forma pueden apoyarlos la sociedad civil nicaragüense y las personas no afectadas? Hoy el canal amenaza con ser una realidad para uno de los países más pobres de Latinoamérica, con una historia reciente de dictadura y guerra civil, y que cada día es más vulnerable al cambio climático y a desastres naturales. ¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado? Aún no tengo una respuesta.
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