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Combatiendo a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)
Los encuentras cada día: el hollín del escape de los automóviles y la leña (carbono negro), los gases que hacen que los refrigeradores y aires acondicionados enfríen (hidrofluorocarbonos), el gas natural que hace funcionar tu cocina (metano) y el ozono del nivel del suelo formado por luz solar y emisiones de combustibles fósiles. Los contaminantes climáticos de vida corta están a nuestro alrededor. Su control tiene un gran potencial en la lucha contra el cambio climático.
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas. En contraste, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer siglos. Sin embargo, los CCVC contribuyen de manera importante al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones más vulnerables del mundo.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, los CCVC son responsables de más del 30 por ciento del calentamiento global (estudios más recientes estiman que su contribución puede llegar al 45 por ciento).
El control efectivo de los CCVC podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo contra el cambio climático, ganando tiempo para implementar soluciones de largo plazo. Implicaría además mejor calidad del aire, reducción de muertes prematuras por enfermedades cardíacas y respiratorias, y la mejora del rendimiento de los cultivos.
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Chile: Cierre de la fundición Ventanas, una decisión que busca terminar con la "zona de sacrificio" de Puchuncaví Quintero"
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El llamado de la ciencia a la acción por el clima y el aire
Por Fabio López Alfaro y Luisa Gaona Quiroga, pasantes de AIDA La primera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —que se concluirá en 2022— dedica por primera vez un capítulo completo a los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuya reducción puede mitigar la crisis climática y mejorar la calidad del aire. El énfasis del IPCC en estos contaminantes reafirma la relación intrínseca entre clima y aire, así como la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y conjuntas para su protección. Los CCVC son compuestos que absorben o reflejan la energía solar, es decir que tienen la capacidad de calentar o enfriar la Tierra en escalas de tiempo cortas (de días a años), en contraste con los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, cuyo impacto climático puede durar décadas, siglos o incluso más. Los CCVC más conocidos son el carbono negro (pequeñas partículas producidas por la quema de diésel, biocombustibles y biomasa), el metano (que tiene un alto efecto en el calentamiento de la Tierra y es precursor de otros contaminantes), el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Debido a que no permanecen en la atmósfera por largo tiempo, sus efectos en el clima son regionales y sus cambios están ligados a alteraciones en sus fuentes de emisión. Aunque algunos CCVC pueden calentar el planeta y otros enfriarlo, lo cierto es que estos contaminantes causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de dañar la calidad del aire y afectar el rendimiento de los cultivos. Por ello su gestión integral es decisiva para la mitigación de la crisis climática y la mejora de nuestra calidad de vida. La situación de América Latina En este ciclo de evaluación del IPCC, la disponibilidad de información permitió enfatizar el análisis regional del cambio climático, ilustrando la relevancia de los CCVC, cuyos impactos en el clima y el aire son primordialmente locales. No obstante, los hallazgos para América Latina son menores en comparación con los de Europa, Asia o Norteamérica, evidenciando un rezago en el conocimiento de la región. Cerrar esta brecha de conocimiento sobre CCVC es fundamental porque la región ocupa el tercer lugar en cuanto a la generación de calentamiento a corto plazo (10 años), superada por Asia Oriental y Norteamérica. Pese a la menor información, el IPCC logró identificar los sectores y contaminantes clave de gestionar en América Latina. En el informe se resalta que las políticas de mitigación deberían enfocarse en el material particulado y en el ozono generados en la industria, la producción energética y la quema abierta de biomasa, sectores que regionalmente son responsables de las mayores emisiones. Los impactos negativos para la salud son mayores a medida que disminuye el diámetro del material particulado. Por lo tanto, las partículas finas —el material particulado 2.5— causan los impactos más perjudiciales para el sistema respiratorio y cardiovascular de las personas. Según la OMS, el carbono negro y el carbón orgánico son una parte sustancial del material particulado en la contaminación del aire, así como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad prematura a nivel global. Por otra parte, el metano y el carbono negro son los contaminantes de preocupación principalmente en la agricultura, los combustibles fósiles, la gestión de desechos y los motores a diésel, sectores que se proyecta aportarán en 2100 al 90 por ciento de las emisiones de carbono negro de los países no miembros de la OCDE. Llamado a la acción La evidencia científica presentada por el IPCC es también un llamado a la acción, a la lucha conjunta por el clima y el aire. El informe prueba que es vital tener políticas públicas transversales que busquen simultáneamente la mitigación de la crisis climática y de las emisiones de los CCVC. La ausencia de ese tipo de políticas, sumada a un débil control de la contaminación atmosférica, implica un calentamiento a corto plazo para América Latina, principalmente porque se estima un aumento en las emisiones de metano, ozono e hidrofluorocarburos —compuestos caracterizados por altas tasas de calentamiento—, así como contribuciones menores de los aerosoles, lo que disminuiría el efecto de enfriamiento. Sin embargo, con un control adecuado y en escenarios que combinen esfuerzos para reducir los GEI y los CCVC se prevé altos beneficios para el clima y una estabilización después de 2040. Aunque los resultados climáticos de estas medidas serán visibles en 20 o 30 años, aportarán a mejorar la calidad del aire y a proteger la salud humana en el corto plazo. Las políticas públicas que incorporen la reducción de la contaminación atmosférica pueden disminuir las tasas de mortalidad por mala calidad del aire y aportar al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellas metas relacionadas con la exposición a partículas (metas 3.9 y 11.6), con la salud humana y las ciudades sostenibles (ODS 3 y 11). También pueden contribuir al acceso a energía limpia y asequible, al consumo y producción responsables, a la acción por el clima y a la protección de la biodiversidad (ODS 7, 12, 13, 14 y 15). Finalmente, la disminución de las emisiones de CCVC ayudará a reducir las pérdidas de cultivos, aportando a lograr hambre cero (ODS 2). Ahora que conocemos los sectores y contaminantes cuya gestión será clave en los próximos años, es momento de exigir de autoridades y empresas la implementación de acciones concretas para reducir las emisiones de los CCVC y obtener cobeneficios en la lucha por el clima y por un aire limpio.
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Litigios para promover (y acelerar) la acción climática
En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos y ordenó la creación de un plan de acción para reducir la deforestación y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
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