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Combatiendo a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)
Los encuentras cada día: el hollín del escape de los automóviles y la leña (carbono negro), los gases que hacen que los refrigeradores y aires acondicionados enfríen (hidrofluorocarbonos), el gas natural que hace funcionar tu cocina (metano) y el ozono del nivel del suelo formado por luz solar y emisiones de combustibles fósiles. Los contaminantes climáticos de vida corta están a nuestro alrededor. Su control tiene un gran potencial en la lucha contra el cambio climático.
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas. En contraste, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer siglos. Sin embargo, los CCVC contribuyen de manera importante al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones más vulnerables del mundo.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, los CCVC son responsables de más del 30 por ciento del calentamiento global (estudios más recientes estiman que su contribución puede llegar al 45 por ciento).
El control efectivo de los CCVC podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo contra el cambio climático, ganando tiempo para implementar soluciones de largo plazo. Implicaría además mejor calidad del aire, reducción de muertes prematuras por enfermedades cardíacas y respiratorias, y la mejora del rendimiento de los cultivos.
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El llamado de la ciencia a la acción por el clima y el aire
Por Fabio López Alfaro y Luisa Gaona Quiroga, pasantes de AIDA La primera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —que se concluirá en 2022— dedica por primera vez un capítulo completo a los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuya reducción puede mitigar la crisis climática y mejorar la calidad del aire. El énfasis del IPCC en estos contaminantes reafirma la relación intrínseca entre clima y aire, así como la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y conjuntas para su protección. Los CCVC son compuestos que absorben o reflejan la energía solar, es decir que tienen la capacidad de calentar o enfriar la Tierra en escalas de tiempo cortas (de días a años), en contraste con los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, cuyo impacto climático puede durar décadas, siglos o incluso más. Los CCVC más conocidos son el carbono negro (pequeñas partículas producidas por la quema de diésel, biocombustibles y biomasa), el metano (que tiene un alto efecto en el calentamiento de la Tierra y es precursor de otros contaminantes), el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Debido a que no permanecen en la atmósfera por largo tiempo, sus efectos en el clima son regionales y sus cambios están ligados a alteraciones en sus fuentes de emisión. Aunque algunos CCVC pueden calentar el planeta y otros enfriarlo, lo cierto es que estos contaminantes causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de dañar la calidad del aire y afectar el rendimiento de los cultivos. Por ello su gestión integral es decisiva para la mitigación de la crisis climática y la mejora de nuestra calidad de vida. La situación de América Latina En este ciclo de evaluación del IPCC, la disponibilidad de información permitió enfatizar el análisis regional del cambio climático, ilustrando la relevancia de los CCVC, cuyos impactos en el clima y el aire son primordialmente locales. No obstante, los hallazgos para América Latina son menores en comparación con los de Europa, Asia o Norteamérica, evidenciando un rezago en el conocimiento de la región. Cerrar esta brecha de conocimiento sobre CCVC es fundamental porque la región ocupa el tercer lugar en cuanto a la generación de calentamiento a corto plazo (10 años), superada por Asia Oriental y Norteamérica. Pese a la menor información, el IPCC logró identificar los sectores y contaminantes clave de gestionar en América Latina. En el informe se resalta que las políticas de mitigación deberían enfocarse en el material particulado y en el ozono generados en la industria, la producción energética y la quema abierta de biomasa, sectores que regionalmente son responsables de las mayores emisiones. Los impactos negativos para la salud son mayores a medida que disminuye el diámetro del material particulado. Por lo tanto, las partículas finas —el material particulado 2.5— causan los impactos más perjudiciales para el sistema respiratorio y cardiovascular de las personas. Según la OMS, el carbono negro y el carbón orgánico son una parte sustancial del material particulado en la contaminación del aire, así como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad prematura a nivel global. Por otra parte, el metano y el carbono negro son los contaminantes de preocupación principalmente en la agricultura, los combustibles fósiles, la gestión de desechos y los motores a diésel, sectores que se proyecta aportarán en 2100 al 90 por ciento de las emisiones de carbono negro de los países no miembros de la OCDE. Llamado a la acción La evidencia científica presentada por el IPCC es también un llamado a la acción, a la lucha conjunta por el clima y el aire. El informe prueba que es vital tener políticas públicas transversales que busquen simultáneamente la mitigación de la crisis climática y de las emisiones de los CCVC. La ausencia de ese tipo de políticas, sumada a un débil control de la contaminación atmosférica, implica un calentamiento a corto plazo para América Latina, principalmente porque se estima un aumento en las emisiones de metano, ozono e hidrofluorocarburos —compuestos caracterizados por altas tasas de calentamiento—, así como contribuciones menores de los aerosoles, lo que disminuiría el efecto de enfriamiento. Sin embargo, con un control adecuado y en escenarios que combinen esfuerzos para reducir los GEI y los CCVC se prevé altos beneficios para el clima y una estabilización después de 2040. Aunque los resultados climáticos de estas medidas serán visibles en 20 o 30 años, aportarán a mejorar la calidad del aire y a proteger la salud humana en el corto plazo. Las políticas públicas que incorporen la reducción de la contaminación atmosférica pueden disminuir las tasas de mortalidad por mala calidad del aire y aportar al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellas metas relacionadas con la exposición a partículas (metas 3.9 y 11.6), con la salud humana y las ciudades sostenibles (ODS 3 y 11). También pueden contribuir al acceso a energía limpia y asequible, al consumo y producción responsables, a la acción por el clima y a la protección de la biodiversidad (ODS 7, 12, 13, 14 y 15). Finalmente, la disminución de las emisiones de CCVC ayudará a reducir las pérdidas de cultivos, aportando a lograr hambre cero (ODS 2). Ahora que conocemos los sectores y contaminantes cuya gestión será clave en los próximos años, es momento de exigir de autoridades y empresas la implementación de acciones concretas para reducir las emisiones de los CCVC y obtener cobeneficios en la lucha por el clima y por un aire limpio.
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Litigios para promover (y acelerar) la acción climática
En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos y ordenó la creación de un plan de acción para reducir la deforestación y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
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Rumbo a la Cumbre de Líderes sobre el Clima: México apuesta por el combustóleo y el carbón
En México, el gobierno federal prioriza la generación de electricidad con combustóleo y carbón, que tienen graves impactos a la salud, el territorio y el medio ambiente. En los últimos años, diversos países del mundo han anunciado metas ambiciosas para alcanzar emisiones netas cero. En contraste, México disminuyó la ambición de su Contribución Nacionalmente Determinada. Una transición energética socialmente justa y sustentable es clave para acercarnos a cumplir nuestras metas climáticas y generar beneficios a la población. El 22 de abril de 2021, cuando se celebra el Día de la Tierra, se llevará a cabo la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima convocada por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera la participación de 40 líderes mundiales de países que en conjunto emiten cerca del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), y dentro de los cuales México ocupa el lugar 12 como país que mayores gases emite (1). El objetivo de esta cumbre de alto nivel es lograr establecer metas climáticas conjuntas más ambiciosas, alineadas con un incremento de temperatura por debajo de 2°C y con miras a limitarlo a 1.5°C para reducir el riesgo de los impactos asociados al calentamiento global y mitigar la catástrofe climática global. Se espera que los líderes anuncien mayores esfuerzos en mitigación y adaptación con acciones concretas como la descarbonización del sector energético y de la generación de electricidad. La sustitución del carbón y de combustibles fósiles altamente contaminantes, como el combustóleo y el gas natural, es un compromiso que muchos países han adoptado para acelerar la transición energética y el cumplimiento de sus metas climáticas plasmadas en el Acuerdo de París. Mientras tanto, contrario al objetivo de la cumbre, del Acuerdo de París y del marco legal mexicano en materia de cambio climático y energía, la actual política energética del gobierno federal mexicano agudiza las causas de la crisis climática y con ello vulnera diversos derechos humanos como la salud, al ambiente sano, la vida, entre otros, pues apuesta por la intensificación del uso de combustibles fósiles. Tan solo de 2001 a 2013, los afectados por los fenómenos climatológicos ascendieron a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron más de 338 mil millones de pesos (2). La administración actual ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementar el uso de combustóleo y el consumo del carbón, a pesar de los gravísimos impactos sociales, económicos y ambientales asociados a dichos combustibles. Las personas que habitan en las poblaciones locales son quienes sufren directamente las consecuencias de una política energética basada en estos combustibles. El combustóleo libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que causa irritación en las vías respiratorias e inflamación en los pulmones, y de carbono negro, un contaminante climatico de vida corta (CCVC), que debido a su tamaño (cuarenta veces más pequeño que un grano de sal) (3), puede penetrar profundamente en los pulmones de las personas, causando una disminución de la función pulmonar y el desarrollo de enfermedades como el asma, especialmente en los niños y niñas (4). De igual manera, la combustión del carbón genera contaminantes tales como mercurio, plomo y dióxido de azufre. Además, el combustóleo y el carbón son causantes de muertes prematuras derivadas de la contaminación del agua y aire. De manera indirecta, toda la población sufrimos de los impactos negativos exponenciales del cambio climático en nuestros territorios. Las organizaciones firmantes buscamos que México tenga una política energética congruente con las necesidades ambientales y sociales, que promueva una transición energética justa y con enfoque de derechos humanos y tendiente a evitar un aumento superior a los 1.5°C, lo que permitirá mitigar los impactos negativos del cambio climático. Cabe mencionar que el mismo 22 de abril, gracias al arduo trabajo y esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil y la población, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano a través del acceso de la población a la participación, y a la justicia ambiental. De igual manera, desde 2017, el Estado mexicano forma parte de la Alianza para la Transición más allá del Carbón que plantea eliminar el carbón en la generación de electricidad antes de 2040, sin embargo, no ha dado pasos significativos ni concretos para cumplir con este compromiso, sino por el contrario las medidas y políticas adoptadas muestran incluso un retroceso en el tema. México tiene un rol fundamental dentro de la Cumbre, no sólo por los acuerdos adquiridos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también por la extensa red de tratados de libre comercio de México en materia laboral, derechos humanos y energía, que ha suscrito con otros países. La agenda bilateral se basa en la cooperación, la solidaridad internacional, la confianza y la atención a retos que trascienden los límites político-administrativos. Por ello, es importante que compartamos ambiciones climáticas y estrategias de mitigación y adaptación. Ambos países enfrentan problemas comunes tales como el incremento del flujo de migrantes climáticos, agudización de la sequía, mayor frecuencia y profundización de impactos por fenómenos hidrometeorológicos extremos, entre otros. Hacemos un enérgico llamado para que, durante la cumbre, México cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar los derechos humanos a la salud, a la participación y a un medio ambiente sano, tal como lo mandata la Constitución y observe con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. La transición energética en nuestro país debe ser justa y con enfoque de derechos humanos y por tanto, debe atender y mitigar los impactos locales negativos de la generación de energía eléctrica; garantizar un reparto justo de beneficios que reduzca las desigualdades; generar alternativas con tecnologías sustentables; y propiciar el diálogo y la participación de la población en la toma de decisiones en materia energética y ambiental. Es urgente que México defina una ruta clara y a corto plazo de sustitución del carbón y combustóleo con especial atención en el respeto a los derechos humanos de generaciones presentes y futuras y la generación de alternativas económicas verdes para las regiones impactadas. De igual manera, es fundamental que la CFE suspenda de manera inmediata el uso de estos combustibles en la generación de energía. (1) Climate Watch. 2019. Historical GHG Emissions. Disponible en: https://bit.ly/3x0qzdc (2) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030, 2015, disponible en: https://bit.ly/3aeaFSR (3) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente-Instituto de Energía y Medio Ambiente, Contaminantes climáticos de vida corta, Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, 2016, disponible en: https://bit.ly/2OQzAnQ (4) Von Schneidemesser, Erica, et al, “Black Carbon in Europe – Targeting an Air Pollutant and Climate Forcer”, IASS Policy Brief, 2017, p.4, disponible en: https://bit.ly/3gqDsrh Contactos de prensa Adriana Alatorre, ICM, [email protected], 55 6676 6247 Denise Rojas, El Poder del Consumidor, [email protected], 55 1298 9928 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, [email protected], 55 5964 4162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Organizaciones que conformamos el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y Fondo Mundial para la Naturaleza
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