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Combatiendo a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)
Los encuentras cada día: el hollín del escape de los automóviles y la leña (carbono negro), los gases que hacen que los refrigeradores y aires acondicionados enfríen (hidrofluorocarbonos), el gas natural que hace funcionar tu cocina (metano) y el ozono del nivel del suelo formado por luz solar y emisiones de combustibles fósiles. Los contaminantes climáticos de vida corta están a nuestro alrededor. Su control tiene un gran potencial en la lucha contra el cambio climático.
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas. En contraste, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer siglos. Sin embargo, los CCVC contribuyen de manera importante al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones más vulnerables del mundo.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, los CCVC son responsables de más del 30 por ciento del calentamiento global (estudios más recientes estiman que su contribución puede llegar al 45 por ciento).
El control efectivo de los CCVC podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo contra el cambio climático, ganando tiempo para implementar soluciones de largo plazo. Implicaría además mejor calidad del aire, reducción de muertes prematuras por enfermedades cardíacas y respiratorias, y la mejora del rendimiento de los cultivos.
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ONG costarricenses denuncian actitud irresponsable del gobierno frente a la conservación marina
Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]
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ONG celebran la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección del ambiente y la salud en Colombia
Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender las fumigaciones con glifosato (Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), lo que ocurrió con la Resolución 1214 del pasado 30 de septiembre. La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es “probablemente cancerígeno para humanos”. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. Para Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), “es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”. Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso debemos permanecer alertas.” En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Ese mes, 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas. Esa solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.
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Las 6 cosas que debes saber sobre las negociaciones climáticas en París 2015
Comunidades en toda América Latina y el mundo entero están enfrentando los severos efectos del cambio climático. A medida que las inundaciones destruyen formas de vida ancestrales y las sequías amenazan la supervivencia de las comunidades, se hace cada vez más evidente la urgencia de que los líderes mundiales actúen. Bajo estas circunstancias apremiantes, líderes del mundo se reunirán este diciembre en París para celebrar la COP21, una reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que será un parteaguas. Se espera que esta conferencia dé como resultado un nuevo acuerdo global que, esperamos, cree las condiciones para generar una economía más resiliente al cambio climático y con menos emisiones de carbono. Andrea Rodríguez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA, ha dado seguimiento a algunos elementos clave de las negociaciones climáticas y brindado información y análisis a los creadores de las políticas y a organizaciones de la sociedad civil en todo el continente americano. Con el fin de prepararte para la avalancha de noticias que saldrán de la COP21, hemos pedido a Andrea que nos responda algunas preguntas: ¿Qué es la COP21? La reunion de París será la vigésimoprimera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como la CMNUCC. Los líderes del mundo se reunirán con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo climático global. La meta primordial de este acuerdo será reducir las emsiones de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global a 2° C por encima de los niveles pre-industriales, para que podamos adaptarnos a los nuevos cambios del clima. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? El cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales. No importa lo que los gobiernos hagan, si no trabajan en colaboración y toman acciones conjuntas, nunca vamos a lograr brindar una solución efectiva. Por eso es crucial que exista un espacio global que coordine lo que los países hacen para enfrentar el problema. El tratado global del cambio climático existe desde hace más de 20 años. Lo que necesitamos de la COP21 es una guía más detallada para garantizar su efectiva implementación. Si no brindamos claridad con respecto a los pasos exactos que tomaremos para reducir las emisiones de manera oportuna, estamos arriesgando el futuro mismo del planeta. ¿Cuáles son los aspectos clave que AIDA sigue? AIDA da seguimiento a dos componentes clave en el desarrollo de un nuevo acuerdo climático: el financiamiento climático y la protección de los derechos humanos en actividades relacionadas con el clima. Financiamiento climático se refiere a los fondos que se otorgarán a países en desarrollo, que generalmente son los menos responsables y los más impactados por el cambio climático, para que implementen acciones efectivas para enfrentar el cambio climático. La COP21 necesita ofrecer claridad con respecto a los aspectos específicos de dicho apoyo: ¿cuándo y cómo se entregarán los fondos y de dónde provendrá el dinero? Ya se acordó una base de $100 mil millones de dólares anuales para el 2020. Pero ¿cómo garantizaremos que se cumpla esa meta y que siga creciendo? Y, una vez que se distribuyan los recursos, deben existir mecanismos para garantizar que esos recursos se apliquen de manera adecuada y efectiva. AIDA también está presionando a los gobiernos para que incorporen protección a los derechos humanos en el acuerdo, puesto que el cambio climático afecta directamente los derechos humanos. Necesitamos generar amplia conciencia de las dimensiones de los derechos humanos que el cambio climático conlleva. Eso incluye incorporar lenguaje específico para garantizar la protección de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Cuando los gobiernos o instituciones planeen proyectos, programas y estrategias enfocadas al clima, también deben considerar cómo esos proyectos afectarán a la gente y sus derechos humanos. ¿Qué significará el acuerdo para los gobiernos? Los gobiernos del mundo necesitan empezar a ver hacia adentro. Deben hacer un análisis interno para ver qué tienen y qué necesitan, para asegurar que puedan implementar el acuerdo estratégicamente. Para que un país pueda comprometerse a actuar, primero debe asegurarse de tener la capacidad institucional y los medios para lograrlo. ¿Qué significará para la gente común? El acuerdo climático es un compromiso político, pero definitivamente tendrá repercusiones a nivel local, ya que influirá sobre las políticas nacionales. Si los líderes pueden crear un acuerdo efectivo, verás al gobierno de tu país cambiar hacia desarrollos de bajas emisiones y mayor resiliencia al clima. Habrá mejores regulaciones locales, y comenzarás a ver mejoras en las políticas, y eventualmente más acciones resilientes al clima en tu propia comunidad. Serás menos vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Cómo puede la gente común involucrarse en este tema? Puedes comenzar por exigir más a tu gobierno. El cambio climático es una lucha política, y tu voz puede ayudar a influir en los resultados. Investiga qué es lo que tu gobierno quiere y cuáles son sus expectativas; puedes comenzar por familiarizarte con la Contribución Nacionalmente Designada (INDC por sus sigles en inglés) en tu país. Después organízate para presionar a tu gobierno para tomar una postura más proactiva. Familiarízate con el financiamiento climático, y sigue las negociaciones, y ayuda a informar a otros compartiendo nuestro trabajo. Es nuestra tarea como ciudadanos responsabilizar a nuestros gobernantes, y hacer nuestra parte por defender este hermoso planeta tanto como podamos.
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