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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es una disciplina que involucra al mundo entero en la protección de un bien común: nuestro ambiente. En AIDA lo aplicamos a diario para ayudar a personas y comunidades a defender el ambiente y los derechos humanos fundamentales que de él dependen. Pero ¿dónde surgió y cómo ha evolucionado esta disciplina global? Sus reglas no han sido dictadas por una institución nacional ni por una autoridad internacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y normas —vinculantes y voluntarias— que se han desarrollado a la par del conocimiento científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro mundo natural. La historia del DIA se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Y en 2016, con la firma del Acuerdo de París, inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad: la actual emergencia climática. Los inicios: Antes de Estocolmo Antes de los años 60, había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de Londres de 1900, con la cual se buscaba proteger la vida silvestre africana. Nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes. Fue reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres de 1933, aplicado en gran parte de África colonizada con la creación de parques naturales y la protección de especies. Durante esos años, otras iniciativas se llevaron a cabo de forma aislada. Pero las cosas realmente empezaron a moverse en los años 60, cuando la opinión pública se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta. Algunos de los eventos que marcaron esta época fueron la publicación en 1962 del libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente; y la divulgación de la imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), tomada por el astronauta William Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia icónica para el despertar del movimiento ambiental pues evidencia la unidad absoluta de la Tierra vista desde la luna. La Declaración de Estocolmo Producto de la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado un papel importante en el desarrollo posterior del DIA. El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: la responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al ambiente de otros Estados. La Declaración estableció además el Principio de Cooperación, crucial en el desarrollo ulterior del DIA al reconocer que los países debían unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común. También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. Entre Estocolmo y Río Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se formaron los primeros partidos políticos verdes, se crearon algunos Ministerios de Medio Ambiente y comenzó a desarrollarse una importante cantidad de legislación ambiental local. En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland. Su labor, centratada en la difícil relación entre ambiente y desarrollo, resultó en el informe Nuestro Futuro Común (1987). En ese documento se acuñó el concepto de desarrollo sostenible —definido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”—, base de la evolución del DIA. En esta época, comenzaron a manifestarse algunos de los problemas ambientales globales que hasta hoy nos aquejan como el agotamiento de la capa de ozono, los riesgos para la diversidad biológica y la amenaza del cambio climático. La cooperación internacional era absolutamente necesaria y los países desarrollados tendrían que ayudar a los países más pobres para que la humanidad fuera capaz de afrontar tales desafíos. En 1987, se firmó el Protocolo de Montreal para combatir el agotamiento de la capa de ozono. Este acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cooperación internacional exitosa, y se cree que gracias a él la capa de ozono podría recuperarse para el 2050. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro En 1992, durante esta Conferencia, dos convenciones fueron presentadas para firma de los países: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se estableció la Declaración de Río, que reafirmó la Declaración de Estocolmo y el programa de acción Agenda 21, el cual aún guía a gobiernos y actores no estatales en las actividades de protección del ambiente. En Río, ante la evidencia cada vez más contundente de que las actividades humanas en busca del crecimiento económico eran las responsables de las principales amenazas ambientales, el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible. Dos principios de la Declaración de Río merecen especial consideración: el Principio de Precaución, la forma más avanzada de prevención e importante en la conformación del DIA moderno; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. El Principio 10 dio lugar en 1998 al Convenio de Aarhus, vinculante para Europa y Asia Central; y es el antecesor del Acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de esos derechos para Latinoamérica. Ese reconocimiento es considerado también un hito importante en la construcción del DIA pues explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como actor cada vez más importante y activo en la protección ambiental global. Luego de Río y hacia el futuro Después de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994 y que fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático merece mención especial ya que, desde 1995, sus firmantes se han reunido cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP). En ese marco, en 1997, se presentó el Protocolo de Kioto que, a pesar de no haber sido exitoso en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fue el primer acuerdo internacional en establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados. En el 2000, 189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio, que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza con un enfoque jurídico-económico sobre las “asociaciones público-privadas”. Y en 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20, la cual convocó a 192 Estados miembros, empresas del sector privado, ONG y otras organizaciones. El resultado fue un documento no vinculante llamado El Futuro que Queremos. En el documento, los Estados renuevan su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro sostenible. Tiempos modernos El Protocolo de Kioto para enfrentar el cambio climático dio paso al Acuerdo de París (2016), donde los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2°C, respecto de los niveles preindustriales, y ojalá se mantenga debajo de los 1.5°C. La relación entre derechos humanos y cambio climático fue reconocida en su preámbulo. Al haber sido ratificado por casi todos los países del mundo, tiene un potencial inmenso como instrumento de derecho internacional. De hecho, recientemente en Inglaterra se dictó la primera sentencia que impidió una obra (la ampliación de un aeropuerto), bajo el argumento de que el país incumpliría el Acuerdo de París. Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la Opinión Consultiva 23 (2017) sobre medioambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella La Corte reconoció por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático en los derechos humanos. Finalmente, vale la pena mencionar la construcción actual de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. En reconocimiento del papel crucial que juega el océano en la salud del planeta y sobre todo en la estabilidad del clima, salvaguardar las inmensas y misteriosas áreas en alta mar parece del todo necesario. Conclusión: ¿En qué quedamos? Tras revisar los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumida en hondas preocupaciones. Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las pasadas y actuales. Pero, pese a las desilusiones, es importante seguir promoviendo iniciativas mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el DIA adquiere forma y contenido. Aunque por ahora esos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental, han fortalecido el DIA como instrumento para defender nuestras causas, algo que aprovechamos al máximo en AIDA. Asimismo, las conferencias mundiales son instancias donde surgen posibilidades de protesta y de concientización masiva por parte de la sociedad civil global, cada vez más alerta y decidida a defender nuestro ambiente. Hoy, gran parte de la esperanza de cambio está en la fuerza de la sociedad civil, sobre todo en los jóvenes que han mostrado un despertar glorioso en defensa del planeta. Esta fuerza encuentra en el DIA un punto de apoyo para exigir lo que necesitamos: un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que aún guía los asuntos del planeta y que tanto daño está causando.
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Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país: Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable. Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas. Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad. Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus. Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas. Firman: Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte - ORPIAN-P Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT Comunidad Nativa Nazareth Amazonas Comunidad Nativa Umukai Amazonas Comunidad Nativa Wachapea Amazonas Comunidad Nativa Pakun Amazonas Centro Poblado de Paragsha Pasco Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE) Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar Frente Callao Dignidad Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri Comuneros de San Antonio Huarochiri Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo Consejo Regional de la Mujer Huancayo Comunidad de Óndores Junin Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO CONAMOVIDE Tarma Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya FEMUCARINAP Chanchamayo. Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín Junta de Usuarios de Riego Mantaro La Pastoral Social del Vicariato de Jaén La Red Huamachuco Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana Red por una Globalización con Equidad – RedGe Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos Red Muqui Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH CooperAcción Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP Earthrights International - ERI Oxfam en Perú APRODEH AIDA Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA Red Uniendo Manos Perú Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP Proyecto Amigo La Libertad Forum Solidaridad Perú FEDEPAZ CADEP Ayacucho REDAD Piura Instituto Natura Ancash Asociación Marianista de Acción Social - AMAS GRUFIDES Cajamarca Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud
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Siendo parte de una de las clases de animales más diversos y antiguos, los tiburones habitan el planeta desde hace más de 400 millones de años. Son considerados los máximos depredadores del océano por estar en la cima de la cadena alimenticia. En esta posición, juegan un rol fundamental en el ecosistema marino: controlar las poblaciones de peces, mamíferos marinos y de algunos invertebrados. Pero su contribución ha sido opacada por una mala publicidad. Los tiburones han sido estigmatizados como animales temibles y monstruosos que están listos para atacar y despedazar a los humanos con sus filosos dientes. Este estigma se hizo viral tras el estreno en 1975 de icónica película Jaws (“Tiburón”) de Steven Spielberg. Científicos expertos aseguran que este tipo de cintas inspiró decenas de torneos donde se pescaba tiburones sin remordimiento. La pesca indiscriminada ha diezmado la mayoría de las especies de tiburón. Según un informe de la revista Marine Policy, más de 100 millones de tiburones mueren cada año. Y, de acuerdo con la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), el 17 de las 39 especies de tiburón pelágico están en riesgo de extinción. De las 400 especies que existen actualmente a nivel mundial, Colombia alberga a 76, distribuidas en 18 familias que habitan el mar Caribe (57) y el océano Pacífico (36). Estas cifras posicionan a Colombia como el tercer país con mayor diversidad en tiburones en Latinoamérica, después de México y Brasil. Pero muchas de estas especies están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción en la Lista Roja de Peces Marinos. Aunque la pesca industrial de tiburones está prohibida y la pesca artesanal —realizada por comunidades locales en ambas costas del país— es controlada por el gobierno, la regulación actual presenta deficiencias por lo que no contribuye adecuadamente a la preservación de estos animales en Colombia. Una herramienta inadecuada Desde 1990, la pesca artesanal de tiburones ha sido regulada cada año mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La norma establecida para este año, la Resolución 350 publicada el 25 de octubre de 2019, fue rechazada por grupos ambientalistas y civiles del país. Una de las principales razones del rechazo es que la resolución mantiene las altas cuotas de pesca (cantidad de toneladas permitidas), que datan del 2011 y que incluyen a especies en peligro o vulnerables. Establecer cuotas de pesca sin respaldo de evidencia científica sobre el estado actual de las poblaciones de tiburón incita a la sobrepesca y no contribuye a la conservación de estos animales. Los tiburones tienen períodos de gestación largos y pocas crías, lo que hace difícil que sus poblaciones se recuperen ante la sobreexplotación. Además, la Resolución 350 establece una cuota específica para las aletas de tiburón pese a que la Resolución 1743 de 2017 prohíbe la práctica del aleteo en Colombia. De este modo, la norma puede ser interpretada de manera errónea y ocasionar el aumento del mercado ilegal de aletas de tiburón. Además de ilegal, el aleteo es una práctica cruel que consiste en cortar las aletas del animal y luego descartarlo al océano aún con vida. Por tanto, para cumplir con la cuota de aletas sin recurrir al aleteo, sería necesario pescar aproximadamente 110 mil tiburones. Aunque en el país no se consumen, las aletas son altamente cotizadas en el mercado internacional, especialmente en países asiáticos. Según datos de la Fundación Mar Viva, solamente entre 2012 y 2016, más de 800 toneladas de aletas de tiburón fueron exportadas ilegalmente desde Colombia hacia Taiwán, China y Hong Kong. Expertos de la Fundación Malpelo enfatizan que, bajo el argumento de la pesca incidental, los pescadores pueden comercializar tiburones en el mercado asiático sin tener que infringir ninguna ley. Hacia una protección efectiva Colombia tiene muchas obligaciones internacionales para conservar su biodiversidad, de la que los tiburones son parte. Entre ellas están las adquiridas bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. El país cuenta además con un Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, que resalta la responsabilidad de llevar a cabo un manejo sostenible de sus recursos marinos, priorizando el manejo adecuado y la conservación de las diferentes especies. El gobierno debe actuar en consecuencia. Gracias a una acción popular reciente, la Resolución 350 será modificada para eliminar el término “aleta” y evitar así su aprovechamiento. Sin embargo, esa norma tiene otras lagunas y debilidades que deben ser subsanadas. Es fundamental que la elaboración de este tipo de normas tome en cuenta estudios y datos científicos que permitan transitar del modelo de pesca actual hacia uno sostenible. Y, ante la falta de información científica, es importante priorizar acciones basadas en el Principio de Precaución o Prevención para evitar daños irreversibles a ecosistemas y especies. La protección efectiva de los tiburones en Colombia requiere más que medidas legales. También es necesario educar a la población sobre la importancia de mantener protegidas las poblaciones de tiburones para la salud del ecosistema marino, así como educar a las comunidades locales sobre artes de pesca y medidas efectivas de ordenamiento pesquero.
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