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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Frente a la emergencia por el COVID-19, exigimos que los gobiernos de América Latina se abstengan de aprobar proyectos que dañen el ambiente y los derechos humanos, y que mantengan la protección especial de los y las defensoras ambientales. En el contexto de emergencia desatado por el COVID-19, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) urge a los Estados de América Latina, en especial a los gobiernos, a cumplir con sus obligaciones en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, absteniéndose de promover retrocesos al respecto mediante cambios normativos perjudiciales o con la aprobación de proyectos sin una evaluación adecuada de daños sociales y ambientales. Asimismo, expresa su preocupación por la falta de condiciones para garantizar los derechos a la participación y al acceso a información en materia ambiental de las personas afectadas por proyectos y decisiones de política pública de alto riesgo. En particular, lamentamos la decisión del gobierno colombiano de usar medios virtuales para las consultas previas a comunidades étnicas, y la determinación del gobierno provincial de Mendoza, en Argentina, de realizar consultas por internet para proyectos de desarrollo. Si bien consideramos esencial el distanciamiento social para lidiar con la pandemia, no es la metodología adecuada para hacer efectivos los derechos a la participación y el acceso a información. Por ello, AIDA pide a los Estados de la región suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto no se puedan garantizar adecuadamente los derechos mencionados. Ello implica tener en cuenta que actualmente no existen las condiciones necesarias para que las personas afectadas por proyectos acudan a la justicia para defenderse. Desde AIDA resaltamos además que, ante la pandemia, las acciones deben estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia y las normas para afrontar la crisis climática, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente, sostenible y basado en energías limpias, no en combustibles fósiles. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por el COVID-19. Y enfatizamos la urgencia de garantizar y respetar sus derechos en medio de la crisis, particularmente de quienes están en condición de vulnerabilidad como indígenas, migrantes, mujeres y personas defensoras del ambiente, entre otros. En ese sentido, exigimos que los gobiernos de la región mantengan la vigencia del Estado democrático de derecho y la protección especial de las y los defensores del ambiente. Y pedimos a los organismos internacionales monitorear de cerca la situación de derechos humanos en el continente. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107
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Greenpeace, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la ONG FIMA denunciaron que desde mañana las restricciones que existían para nuevos proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, los cuales estaban congelados, quedarán sin efecto y se teme que alrededor de 100 nuevas iniciativas productivas aprovechen la oportunidad para instalarse de manera “express” en las ya saturadas aguas del sur del país. A esto, se deben sumar las 168 solicitudes de nuevos proyectos salmoneros en trámite para ubicarse en las aguas de la Región de Magallanes. Desde las organizaciones medioambientalistas aclararon que en la actualidad ya hay más de mil concesiones para el desarrollo de la salmonicultura aprobadas en la Patagonia chilena (533 concesiones aprobadas en Los Lagos, 722 en Aysén y 127 en Magallanes), que están causando enormes e impredecibles daños al ambiente, por lo que sería un despropósito aumentar la afectación que la actividad ya ha generado en extensas zonas de las aguas de estas regiones. Señalan la necesidad de contar con una ley que prohíba la expansión de la industria. “En medio de la expansión de la pandemia, la industria salmonera pretende avanzar entre gallos y medianoches en la ocupación de más espacios en las aguas del sur del país. Es una situación incomprensible si se toman en cuenta las graves acusaciones que han existido a las malas prácticas de algunas de sus principales empresas y los reiterados daños medioambientales generados por sus continuos desastres; fugas de salmones, mortandades masivas, contaminación del mar, que han arrasado con los ecosistemas. Es urgente que hoy se prohíba la aprobación de cualquier proyecto de salmonicultura, además de no permitir la expansión de los proyectos existentes” dijo Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace. Por su parte, Ezio Costa Director de la ONG FIMA planteó: “La ley que impedía, en base a antecedentes técnicos fundados, la aprobación de proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, hoy deja de estar vigente lo que representa una amenaza para los ecosistemas de estas zonas. El Gobierno en lugar de tomar medidas para proteger estas regiones, ha dictado un Decreto que no continúa con esta moratoria y sólo prohíbe el ingreso de nuevas solicitudes. No impide que las concesiones que ya están en trámite y hasta hoy se encontraban paralizadas, continúen ahora su tramitación” Comunidades de la zona austral también expresaron su rechazo a la posibilidad de que se instalen nuevos proyectos salmoneros en la Patagonia. “Es el momento en que el gobierno detenga el crecimiento de la industria salmonera en la Patagonia. Está claro que es una actividad que saturó la capacidad del mar en Chiloé y Aysén y ahora están haciendo lo mismo en Magallanes. Sencillamente el ecosistema marino reventó en esta parte del país y es incomprensible que siquiera se piense en seguir entregando autorizaciones a una industria que ha aniquilado el mar donde están instalados”, señaló Álvaro Montaña, dirigente de la agrupación Defendamos Chiloé. Por su parte, desde la Región de Aysén, Nelson Millatureo, representante de las comunidades indígenas de Islas Huichas expresó que “nosotros vivimos en un archipiélago que ya tiene 300 concesiones salmoneras autorizadas que van a ser lapidarias en el momento que estén funcionando todas. Estamos absolutamente en contra que la industria salmonera siga operando y expandiéndose en nuestros territorios porque nos ha traído pobreza,contaminación, nos enferma y no han respetado la zonas de pesca artesanal para desarrollarnos de manera sustentable. Lamentablemente, hoy nuestro territorio es una zona de sacrificio”. Mientras tanto, en Magallanes también expresaron su preocupación por la situación: “El decreto que impide nuevas solicitudes de concesión en Magallanes es completamente insuficiente para mantener controlada a la industria salmonera, pues aunque ya no pueden ingresar más solicitudes, sí se pueden seguir tramitando las existentes. Hoy la realidad es que tenemos más canales australes llenos de balsas salmoneras, escasa fiscalización y la nula voluntad de establecer una moratoria que permita resguardar de manera apropiada el mar de la Patagonia”, planteó Leticia Caro, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos familiares Nómades del Mar. Desde las ONG entregaron su respaldo a las comunidades de las tres regiones, y realizaron un llamado a frenar la expansión de la industria en la región con una moratoria que frene la entrega de concesiones e impida la ampliación de proyectos. “Hasta ahora la industria se ha expandido sin respaldo ni información científica que permita asegurar el resguardo de los ecosistemas y los resultados han sido desastrosos: infecciones, zonas desprovistas de oxígeno que no permiten el desarrollo de la vida, mortalidades masivas. Es una irresponsabilidad gravísima permitir aún más expansión”, explicó Florencia Ortúzar de AIDA. Las organizaciones ambientalistas anunciaron el patrocinio de diferentes causas y denuncias respecto de la operación y tramitación de proyectos de salmonicultura en la Patagonia. contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107
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Debido a la emergencia sanitaria global, los países de América Latina y el Caribe han decidido posponer la Cuarta Reunión del Foro sobre Desarrollo Sostenible, establecido como el mecanismo regional de seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, previsto para el 31 de marzo de 2020. Frente al brote de COVID-19 los esfuerzos deben enfocarse de manera inmediata a responder a la crisis sanitaria. No obstante, resulta de suma relevancia no perder de vista que, comunidades en condiciones de vulnerabilidad climática, por ejemplo aquellas sujetas a situaciones de alteración hídrica, presentan una mayor sensibilidad frente a este tipo de emergencias. En ese marco, resulta fundamental ahondar en las raíces y condicionantes de dicha vulnerabilidad a fin de abordar sus causas de manera sistémica, es decir emprender transformaciones más allá del sector salud. La interdependencia entre las crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos recuerda la relevancia de la salud de los ecosistemas y la equidad social y, a la vez, demanda un impulso contundente de la acción por el clima y una firme implementación de la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justamente, en virtud de los múltiples beneficios y la reducción del riesgo y vulnerabilidad que dichas agendas otorgan. Como sociedad civil por la acción climática en América Latina, señalamos nuestro compromiso con el control de COVID-19, y reiteramos que la agenda ambiental y de desarrollo deben seguir en marcha y ser fortalecidas. La mejora e implementación de los planes de acción por el clima (NDCs por sus siglas en inglés) en línea con lo establecido por el informe del IPCC SR15, constituye una herramienta fundamental para alcanzar los ODS y construir resiliencia local. En ese marco, y en ocasión del Foro, compartimos las siguientes reflexiones: La consecución del ODS 6 respecto a agua y saneamiento (que implica también protección de los ecosistemas asociados), junto a la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15), en especial aquellos estratégicos en el ciclo hídrico como el Amazonas y los glaciares de montaña, deben ser prioridad para los gobiernos de la región. De esa manera, será posible construir resiliencia para crisis sanitarias por venir. La agenda climática, plasmada a través del ODS 13, ha de ser transversal en la acción gubernamental dado su estrecho vínculo con el bienestar, la estabilidad y la construcción de resiliencia local. Lo anterior, implica señalar claramente una ruta para la descarbonización total de la matriz energética al 2050 que, a su vez, asegure la preservación de la base ambiental y cultural de los pueblos y fortalezca la adaptación. La presentación de nuevos y mejores NDC a la brevedad posible, y el desarrollo de procesos participativos multiactor, de carácter vinculante, que garanticen un amplio involucramiento en su diseño e implementación, deben de considerar un enfoque sistémico y transectorial. Ello permitirá abordar los factores y causantes de la vulnerabilidad y otorgará legitimidad y factibilidad de construir las bases de respuesta frente a futuras emergencias. Las NDC son un instrumento eficaz para cumplir con los ODS y los ODS aun marco de justica inter y intrageneracional elemental para sociedades robustas y con capacidad de respuesta. Las NDC ofrecen, además, una tremenda oportunidad para trazar una nueva senda de desarrollo, en armonía con los límites de la naturaleza y en base a la justicia y el respeto de los derechos humanos y del mundo natural. Para América Latina ello implica dejar de priorizar modelos extractivistas y aquellos basados en la exportación de productos naturales. La construcción de un territorio resiliente implica asegurar un flujo de financiamiento sostenible y coherente a nivel nacional a fin de destrabar sinergias y cobeneficios entre las diferentes carteras y actores. Dicho financiamiento resulta clave para el desarrollo de planes de adaptación ex-ante y de gestión del riesgo, y la promoción de sistemas regenerativos de manejo de los suelos en tanto constituyen factores estratégicos frente a las emergencias, incluida la que hoy nos afecta. El cambio en el uso del suelo, además, es un factor preponderante en la pérdida de ecosistemas y, en consecuencia, en el aumento de la exposición a enfermedades provenientes de animales silvestres. Esta crisis sanitaria nos recuerda la relevancia de la cooperación, la solidaridad y la asistencia entre países. En ese marco, es fundamental que los países cumplan con la meta de movilizar 100.000 millones de dólares antes del término del 2020 para catalizar la implementación la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo. Los países de ALC deben solidarizar con los más vulnerables y exigir a las potencias económicas el cumplimiento de sus compromisos, y que éstos sean previsibles y confiables. El 2020 debe marcar el inicio de una nueva era; una era en que la acción por el clima y la preservación ambiental sean estructurantes del desarrollo; donde la calidad de vida de las personas y las soluciones basadas en la naturaleza sean sus ejes rectores. Por ello, la mejora sistemática de las NDC por parte de los países de la región se establece como un instrumento clave para alcanzar la Agenda 2030. Resulta, por tanto, fundamental cumplir e implementar las contribuciones nacionales presentadas previa la firma del Acuerdo de París, y trabajar su mejoría, en plena integración con los ODS. Por último, es relevante mencionar que: Ante las inminentes medidas de reactivación económica, nos comprometemos a apoyar la puesta en marcha de un proceso que no sacrifique los compromisos climáticos ni vaya en contra de los derechos humanos y progresos ya realizados hacia la protección y seguridad social. Velaremos porque la recuperación de la economía represente una oportunidad para apostar por un modelo de desarrollo que genere sociedades más equitativas, colaborativas y justas. Manifestamos nuestra disposición a seguir y apoyar la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS, promoviendo la eficacia en la planificación y gestión en los países menos adelantados y pequeños países insulares, haciendo hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginalizadas. Como sociedad civil, manifestamos nuestro compromiso de contribuir con los procesos de revisión nacional de las NDC para apoyar la implementación de cada uno de los 17 ODS. Red de Acción Climática de América Latina - CANLA CAN-LA es el nodo regional de Climate Action Network (CAN) para América Latina y el Caribe . La componen más de treinta organizaciones de toda la región que trabajan los efectos del cambio climático.
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