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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Por décadas, los océanos nos han protegido de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos como aquellos que combaten el cáncer. Y, por si eso fuera poco, millones de familias dependen del turismo y otras actividades económicas relacionadas con el mar para subsistir. Pese a su importancia, gran parte de los océanos está desprotegida. Se trata de alta mar, las aguas internacionales que ocupan el 64% de la superficie total del océano, y que no están gobernadas por ningún país. Las medidas de gestión que sí existen por parte de ciertos organismos, dan lugar a un mosaico de protecciones sin ningún mecanismo de coordinación. El mes pasado, participé en la tercera reunión del Comité Preparatorio de Naciones Unidas, un proceso que busca crear un nuevo tratado, bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, para proteger la vida en alta mar. La negociación busca, entre otras cosas, la creación y el manejo adecuado de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, regiones que permitirían conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en los océanos. He estado involucrada desde la primera reunión del Comité. AIDA es miembro del High Seas Alliance, una coalición de organizaciones que participa activamente del proceso. También somos la única organización de Latinoamérica con representación en las reuniones. En la tercera reunión, los representantes de gobiernos de la región participaron de forma activa, expresando la necesidad de un acuerdo fuerte. Se espera que la siguiente reunión, prevista del 10 al 21 de julio, dé paso a una Conferencia Intergubernamental, instancia en la que se negociará el contenido del tratado. Protección a un costo muy alto Además de absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, los océanos absorben casi el 30% de todos los gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del cambio climático. Esta protección natural les trae graves consecuencias. Al interactuar y absorber agentes contaminantes como el dióxido de carbono, los océanos sufren de acidificación —fenómeno que reduce los niveles de calcio, sustancia necesaria para las conchas de varias especies de fauna marina— y de pérdida de oxígeno, esencial para la vida bajo el mar. Esos impactos afectan, en consecuencia, la provisión de alimentos y la generación de fuentes de empleo en rubros como el pesquero y el turístico. A la luz del nuevo pacto climático, el Acuerdo de París, y de la negociación de este nuevo tratado para alta mar, los gobiernos deben hacer mucho más para proteger a los ecosistemas marinos de los impactos del cambio climático. Áreas Marinas Protegidas El Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha llamado a los gobiernos a proteger el 30% de los océanos mediante la creación de Áreas Marinas Protegidas y otras medidas para asegurar la salud de los mismos. Hace dos años, Palau, uno de los países más pequeños del planeta, dio un gran paso hacia el cumplimiento de la meta global de preservar nuestros mares. La nación isleña del Pacífico Norte, reconociendo los beneficios de una reserva marina totalmente protegida, designó al 80% de su territorio marítimo (el tamaño de España) como reserva en la que no puede haber pesca de arrastre, minería u otra actividad extractiva dañina. De ese modo, Palau protegió a las cerca de 1.300 especies de peces y 700 tipos de coral que viven en las aguas de ese rincón del mundo. En América Latina, países como Chile, Ecuador y Costa Rica han seguido el ejemplo de Palau y han salvaguardado áreas en sus aguas nacionales. Pero esas acciones necesitan incluir también a alta mar. Ese impulso debe seguir creciendo para desarrollar el nuevo tratado de alta mar y asegurar que el mismo incluya un proceso para establecer Áreas Marinas Protegidas, incluyendo reservas. En más de 10 años de trabajo como abogada ambiental, he aprendido una valiosa lección: toda la vida que nos rodea proviene de los océanos. Es hora de cuidarlos como ellos cuidan de nosotros.
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El 26 de marzo de 2017, 98% de los votantes de Cajamarca, Colombia, rechazaron de manera decidida la minería en su territorio. Según la legislación colombiana, los resultados de la consulta popular son vinculantes. Las autoridades municipales deben emitir ahora regulaciones para implementar la prohibición. AIDA fue parte del equipo legal que asesoró a la comunidad de Cajamarca y que desarrolló una estrategia, que incluyó la consulta popular, para detener el proyecto de una mina que amenaza con contaminar fuentes de agua. Se trata de La Colosa, proyecto a cargo de la empresa AngloGold Ashanti que estaba en fase de exploración. El nombre es apropiado porque estaría entre las 10 minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo, y sería la segunda más grande de América Latina. En un país que está saliendo de un conflicto armado que duró 50 años, la consulta popular constituye una victoria no solo para el ambiente, sino también para la democracia. Prohibir la minería a través de la consulta popular, demuestra un compromiso para resolver los problemas ambientales de forma pacífica y participativa. Permite además que los ciudadanos ejerzan su derecho humano a ser parte de los asuntos públicos que les afecten directamente —elemento fundamental de la verdadera democracia— , y defiendan también su derecho a un ambiente sano.
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