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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo
La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.
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Carta de la sociedad civil sobre el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México
En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se desmarca, luego de dos años, del proceso de elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por medio de la presente, como Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos agradecemos el espacio de diálogo durante los últimos dos años en que hemos participado en la elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo la reunión del martes pasado. En seguimiento a nuestras conversaciones, después de un profundo análisis del proceso y del último texto recibido; y a pesar de que consideramos que hemos aportado nuestro mayor esfuerzo para que el Programa esté a la altura de los compromisos y necesidades de nuestro país en la materia, hemos decidido desmarcamos de la elaboración del Programa. Como es de su conocimiento, durante este tiempo hemos realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos para alcanzar el mejor resultado. Por ejemplo, hemos movilizado recursos propios para generar un Diagnóstico de Línea Base independiente; ayudado a documentar la situación a nivel nacional para fortalecer la visita a México del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU el año pasado; participado en todas las reuniones del Grupo Nacional de Trabajo y en otras de subgrupos; participado en los seminarios y reuniones regionales de socialización y brindado comentarios por escrito y verbalmente para el mejoramiento de los textos y el proceso. Por ello, consideramos que a lo largo de estos dos años, hemos participado activa y responsablemente para que la Dirección a su digno cargo cuente con información de calidad que retoma experiencias internacionales para abordar cabalmente los tres Pilares de los Principios Rectores en el marco del Programa Nacional. Reconocemos que nuestro trabajo logró que se mejoraran algunos aspectos del borrador inicial difundido en el mes de marzo de este año. Sin embargo, la última versión del Programa no cumple con los estándares internacionales en la materia al no atender adecuadamente algunos temas clave que mencionamos más abajo. Reconocemos también que el proceso de socialización realizado tuvo en cuenta algunos de nuestros comentarios, como la integración de diferentes actores sociales, la ampliación de los tiempos para recibir comentarios, así como la apertura de un proceso en línea. Al mismo tiempo, consideramos que varios aspectos señalados en numerosas ocasiones no se resolvieron, entre ellos, la necesidad de tener una clara hoja de ruta y que la discusión sobre el contenido del Programa se mantuviera activa en el marco del Grupo Nacional de Trabajo para realizar un proceso transparente y multipartícipe. Respecto al contenido del Programa, las prioridades que hemos definido desde el inicio del proceso y que consideramos que no están atendidas en el documento son: Mejoramiento del acceso a la justicia y a la remediación para las comunidades afectadas por la actividad empresarial. El Pilar 3 de los Principios Rectores claramente establece como fundamental la necesidad de incluir estas herramientas en cualquier Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, el Programa no retoma la recomendación y conclusión del seminario de discusión del Programa, de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013 mediante la cual se puede señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. Resaltar y reconocer la debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y en su caso remediar daños de forma contundente en el Programa. El texto por ahora tampoco incorpora la necesidad de publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni el considerar procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor, incluyendo beneficiarios reales. No se establecen acciones para asegurar la transparencia en el sector privado ni se reconoce la obligación expresa de las empresas de respetar los derechos humanos. Inclusión en el programa de mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y reconocimiento de la figura de los informantes (whistleblowers). No se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores tal y como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. El derecho a la seguridad de estos actores y en particular en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, es fundamental para que las empresas respeten los derechos humanos. Reconocimiento de la consulta previa, y procesos de consentimiento libre, previo e informado como derecho, y su resultado como vinculante. El borrador del Programa hasta ahora restringe su aplicación a los pueblos y comunidades indígenas excluyendo a comunidades campesinas y equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas tal y como recomienda Naciones Unidas. Explícito reconocimiento de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos por parte del Estado cuando funge como actor económico. El texto del Programa alcanzado no cuenta con lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, ni en los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo para el sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. Por lo anteriormente expresado las organizaciones que integramos el Grupo Focal nos abstenemos de avalar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ha sido desarrollado y cuyo borrador nos fue compartido en días pasados. Dado que la elaboración y publicación de dicho Programa llegará a su fin, mantendremos nuestro compromiso como sociedad civil de vigilar la implementación y evaluación de los temas de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo el Programa Nacional, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Atentamente, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Grupo Focal es acompañado por Brigadas de Paz Internacional (PBI) y por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA).
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Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC
El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER, 044 55 2765 9451, [email protected]
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