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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Bucaramanga, Colombia. El pasado 6 de marzo, las Relatorías Especiales de la ONU sobre defensores de derechos humanos, medio ambiente sano, agua y saneamiento, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos enviaron comunicaciones a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC para denunciar las amenazas y estigmatización que enfrenta el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán por defender este ecosistema amenazado por la minería en Colombia. A la fecha, solo se ha publicado una respuesta por parte del gobierno.Si bien los hostigamientos no son nuevos, recientemente se han difundido contenidos en redes sociales señalando como "personas no gratas" a las vocerías del comité. "Cada día que pasa sin respuesta del gobierno nacional, las empresas legitiman a quienes buscan silenciarnos", advirtieron integrantes del comité. Durante 16 años, el comité ha trabajado por proteger este ecosistema del que depende el suministro de agua dulce de más de dos millones de personas. Recientemente, lograron el reconocimiento de una parte del páramo como Zona de Reserva Temporal, lo que implica la suspensión por dos años de las actividades mineras a gran escala en el mismo. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá, subrayó que "el hecho de que Canadá aún no responda a las relatorías y expertos de la ONU lo dice todo. Canadá debe priorizar a las personas defensoras del ambiente del Comité de Santurbán y a su lucha por proteger el agua".Sebastián Abad Jara, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que "mediante estas cartas, las agencias reconocieron al comité como coalición de personas defensoras; pusieron en conocimiento de gobiernos y empresas el riesgo claro, inminente y específico que padecen sus integrantes; y desmontaron la falsa vinculación de sus actividades con grupos ilegales". Los organismos de la ONU subrayan que Aris Mining, su subsidiaria Minesa y todas las empresas de su cadena de suministro —como Calimineros— , asociadas al proyecto Soto Norte, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las personas defensoras del ambiente y del agua. "Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el agua y la vida ante los proyectos extractivistas, por lo que urge la actuación inmediata de los Estados y las empresas para frenar la estigmatización y garantizar la seguridad del comité", indicó Jen Moore, investigadora asociada del Institute for Policy Studies (IPS). El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, AIDA, Mining Watch Canada, IPS, Common Frontiers Canadá y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) reiteramos el llamado de los expertos de Naciones Unidas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, a la empresa Aris Mining y a MDC Holding para que salvaguarden la vida e integridad de quienes integran el comité. Igualmente, hacemos un llamado urgente para que Estados y empresas respondan sobre el fondo de las comunicaciones y adopten medidas —con plazos verificables y avances medibles— para prevenir que las empresas asociadas al proyecto Soto Norte incurran en violaciones a los derechos humanos, conforme a las obligaciones previstas en la legislación nacional, el Acuerdo de Escazú, la normativa y jurisprudencia interamericana y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Solo la protección y el fortalecimiento de liderazgos históricos como el del Comité de Santurbán en Colombia nos acercan a la justicia ambiental y climática. Las preocupaciones elevadas por las agencias de la ONU son un recordatorio de que la protección de quienes lideran las luchas por el agua en América Latina es un imperativo de la debida diligencia estatal y empresarial. Contactos de prensaComité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected] Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011
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Comunidad maya en Guatemala exige en tribunales un alto a la contaminación que viola su derecho a un ambiente sano
La comunidad poqomam presentó una petición de amparo contra el gobierno municipal de Chinautla por no atender la contaminación de ríos y suelos causada por desechos sólidos y vertederos ilegales, problemática que alcanza al Motagua, el río más grande de Guatemala, y que afecta incluso al mar Caribe. Hoy, en audiencia pública, representantes de la comunidad dieron sus alegatos finales en espera del fallo.Ciudad de Guatemala. 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"La municipalidad de Chinautla debe vigilar la calidad ambiental porque hasta ahora no cuenta con políticas, planes o programas que aseguren el debido tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos", indicó Carmela Curup, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.En el litigio, con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la comunidad logró reunir información acerca de las fuentes de contaminación y la situación ambiental y social que enfrenta Santa Cruz Chinautla. Con ello evidenció el incumplimiento, por parte de las autoridades municipales, de sus obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y el Código de Salud. La situación en Santa Cruz Chinautla es parte de una problemática más grande y transfronteriza: las aguas contaminadas del río Las Vacas, cuyos desechos provienen principalmente de la Ciudad de Guatemala, afectan al río Motagua, el más extenso del país, cuyo caudal desemboca en el mar Caribe. Así, la contaminación afecta estas aguas, las costas hondureñas y al Arrecife Mesoamericano, el segundo más largo del mundo."El Arrecife Mesoamericano es un gran ecosistema compartido por cuatro países —México, Belice, Honduras y Guatemala— y su protección depende de una gestión integral que abarque toda la cuenca del río Motagua, lo que implica la protección de los ríos que lo alimentan, incluidos los que pasan por Santa Cruz Chinautla", señaló Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA, organización que respaldó el litigio con un escrito legal (amicus curiae). 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Pequenos investimentos com grandes impactos. Soluções climáticas dos territórios com justiça de gênero
Desde 2016, a Aliança Global para Ação Verde e de Gênero (GAGGA, por sua sigla em inglês), em articulação com diversos atores, tem promovido iniciativas voltadas à inclusão da perspectiva de gênero no financiamento climático, com ênfase nos projetos e fluxos financeiros do Fundo Verde para o Clima (FVC).O FVC foi o primeiro fundo internacional de financiamento climático a incorporar a perspectiva de gênero como eixo central de suas operações, consolidando-se como um marco essencial para a promoção da equidade no acesso, uso e alocação de recursos climáticos em escala global.No entanto, o financiamento climático internacional que chega aos países muitas vezes está desconectado das reais necessidades das comunidades locais que pretende beneficiar, especialmente das mulheres. Essa desconexão representa um problema que exige atenção urgente: por um lado, essas comunidades têm o direito de participar das decisões que impactam suas vidas; por outro, perde-se a oportunidade de integrar conhecimentos locais às soluções, o que poderia tornálas mais relevantes e eficazes no enfrentamento da crise climática. Em seu relatório especial Mudanças Climáticas e Terra, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) destaca, por exemplo, que a incorporação do conhecimento das mulheres sobre a gestão da terra contribui para mitigar sua degradação e facilita a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação.O financiamento climático com perspectiva de gênero não se limita à alocação de recursos para mulheres ou à promoção da igualdade de gênero; exige repensar a forma como as soluções de financiamento climático são concebidas e implementadas. Isso implica reconhecer a diversidade das mulheres, remover barreiras ao acesso a recursos, retirar financiamento das chamadas “falsas soluções” e apoiar iniciativas que enfrentem as causas estruturais das mudanças climáticas.Nesse sentido, na América Latina e no Caribe, há múltiplas iniciativas locais de enfrentamento das mudanças climáticas que ainda fogem ao conhecimento dos tomadores de decisão. Essa invisibilidade dificulta que recebam apoio, sejam replicadas ou sirvam de referência para outras ações voltadas às mesmas comunidades. Diante disso, esta publicação apresenta cinco estudos de caso de soluções climáticas bem-sucedidas, com perspectiva de gênero e justiça climática, desenvolvidas localmente na região. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre os atores responsáveis pelo financiamento e pela implementação dos recursos do FVC e as organizações da sociedade civil.Os estudos de caso demonstram o potencial de eficiência alcançado quando os recursos são proporcionados diretamente às organizações da sociedade civil e às comunidades. Todos os projetos foram implementados com orçamentos inferiores a USD 50.000 e resultaram em contribuições significativas para a transformação de aspectos estruturais que aumentam a vulnerabilidade dos territórios, mulheres e outros grupos marginalizados diante da crise climática. Leia e baixe a publicação
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