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Foto: Paolo MacorigCuidando la biodiversidad de México de la minería submarina
La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.
La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.
Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.
La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.
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Contaminación atmosférica y COVID-19: ¿Por qué la calidad del aire no mejoró en el Valle de México?
Las medidas adoptadas a nivel mundial para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 lograron la disminución de algunos contaminantes atmosféricos, lo que mejoró considerablemente la calidad del aire en diversas ciudades del planeta. Sin embargo, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) —área conformada por la Ciudad de México y municipios conurbados de otros estados del centro del país—, la calidad del aire no mejoró pese a la suspensión de actividades asociadas a fuentes de contaminación como la circulación de vehículos y la operación de varias industrias. Meses antes de que se decretara la emergencia sanitaria a finales de marzo de 2020, la calidad del aire reportada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM estaba en el rango de “regular” a “mala” debido principalmente a la congestión vehicular. Con las restricciones a la movilidad establecidas ante la pandemia, la circulación de vehículos disminuyó hasta en 70% y con ello parte de la contaminación atmosférica. Según información oficial, hubo una reducción de monóxido de carbono y de óxidos de nitrógeno —de 58 y 32%, respectivamente— debido a las medidas de distanciamiento. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales, el ozono troposférico (O3), uno de los contaminantes que más daña el aire y la salud humana, no disminuyó significativamente (solo de 3 a 4%). Por ello en mayo, dos meses después de adoptadas las medidas para afrontar la crisis sanitaria, la calidad del aire en el Valle de México se mantuvo en los mismos parámetros que a comienzos de año, es decir de “regular” a “mala”, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico. La pregunta que surge entonces es ¿a qué se debe esto? ¿Cómo ocurre la contaminación del aire? Diversos gases y compuestos contaminan el aire. Están los contaminantes primarios —como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles— que se descargan directamente en la atmósfera. Y están los contaminantes secundarios, como el ozono troposférico, que se forman en la atmósfera como resultado de la transformación química de los contaminantes primarios. El ozono troposférico se forma por la interacción de la luz solar con “gases precursores”, entre ellos los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Ahora bien, son tres los factores que afectan la calidad del aire: las condiciones meteorológicas, la topografía y las concentraciones de uno o más contaminantes en niveles que puedan dañar el ambiente y la salud humana. Esas concentraciones son medidas por sistemas de monitoreo oficiales como el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece niveles de concentración de los contaminantes que no deben ser rebasados en un periodo específico. Para el ozono troposférico, el valor recomendado es de 50 partes por billón (ppb) en un promedio de ocho horas. Pero la normativa mexicana es más laxa y establece un límite menor a este compuesto: una concentración menor o igual a 95 ppb en un promedio horario, es decir, en el intervalo de tiempo de 60 minutos. Además, para activar una contingencia ambiental por ozono las concentraciones deben ser mayores a 154 ppb (promedio horario). Este estándar implica una menor protección para la salud de la población. A inicios de este año, en la ZMVM registraba que la concentración horaria de ozono era en promedio de solo 23 ppb, pero subieron desde entonces. A pesar de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, el promedio de la concentración horaria de ozono fue de 41 ppb en abril y de 45 ppb en mayo. Asimismo, del periodo de enero a mayo, se registró 99 días en los que las concentraciones de ozono superaron el límite de 95 ppb. ¿Por qué las concentraciones del ozono subieron? La restricción de la movilidad durante la contingencia sanitaria no fue suficiente para disminuir las concentraciones de ozono en la atmósfera debido principalmente a dos razones: la primera es que las fuentes de ese compuesto no se limitan al uso de vehículos; y la segunda es que el periodo de aislamiento social coincidió con la llamada temporada de ozono, época del año en la que se incrementan las concentraciones de este contaminante por el aumento de radiación solar y la disminución de lluvias y viento. Como dijimos, el ozono troposférico es formado por la interacción de la luz solar con gases precursores. Entre esos gases están los óxidos de nitrógeno —generados principalmente por los procesos de combustión de automóviles, especialmente de motores a diésel— y los compuestos orgánicos volátiles, que surgen de fuentes más diversas: el uso de solventes, fugas de gas licuado de petróleo en calentadores y estufas, productos cosméticos y de limpieza, y combustible evaporizado en estaciones de servicio y en automóviles sin control de emisiones evaporativas. Según datos oficiales, durante el aislamiento social, los compuestos orgánicos volátiles solo se redujeron un 15%, lo cual incluye a todas sus fuentes de emisión. De otro lado están los incendios forestales, que son una fuente importante de los gases precursores de ozono. Del 1 de enero a 3 de mayo de este año, tan solo en la Ciudad de México se registraron 644 incendios forestales, que en comparación con el mismo periodo de 2019 fueron menores en número, pero igual de intensos. En cuanto a la temporada de ozono, que inicia en la última semana de febrero y concluye en junio con las primeras lluvias, la temperatura promedio en el Valle de México fue mayor este año. En abril fue de 2°C mayor que el promedio registrado el mismo mes entre 1981 y 2010, partiendo de una tendencia global según la cual abril de 2020 terminó siendo el más caliente que cualquier otro abril en la historia. Debido a que la temperatura está directamente relacionada con la radiación solar y la falta de viento, su aumento permite explicar las mayores concentraciones de ozono. La suma de estos factores contribuyó a que las concentraciones de ozono no solo no se redujeran pese a las restricciones establecidas por la pandemia, sino que aumentaran. Ello incidió a su vez en que los habitantes del Valle de México continuaran viviendo una mala calidad del aire y sufriendo sus impactos negativos en la salud. La importancia de reducir el ozono para la salud pública y el clima El ozono troposférico no solo afecta la calidad del aire y con ello la salud de las personas, sino que tiene la capacidad de absorber luz solar y calentar la atmósfera, por lo que también es un Contaminante Climático de Vida Corta (CCVC). Debido a que sus emisiones agravan la crisis climática, mas de 11 mil científicos del mundo han resaltado la necesidad urgente de reducir los CCVC para combatir rápidamente el calentamiento global. Precisamente la intensidad de los incendios forestales y las temperaturas particularmente elevadas de la “temporada de ozono” de este año son una muestra de los efectos de la crisis climática que no estamos combatiendo adecuadamente. Por ello es imperativo implementar acciones gubernamentales para disminuir las emisiones de los gases precursores del ozono troposférico, no solo durante la emergencia sanitaria, sino también cuando salgamos de ella, cuando se reactive el transporte motorizado, fuente de óxidos de nitrógeno, uno de los precursores del ozono. Un mejor control del tipo de automóviles que circulan con base en su potencial contaminante y acciones tan simples como el uso de la bicicleta, recomendado para reducir los riesgos de contagio, ayudarían a ese objetivo, así como a reducir el calentamiento global y a mejorar la salud de las personas que viven en la ZMVM. Además, debemos apostar por medidas de regulación, comunicación, educación y otras que frenen los hábitos de consumo y los procesos de producción y distribución de bienes y servicios que siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles, otro precursor del ozono. Restringir la producción y uso de productos en aerosol, así como reparar y evitar fugas de gas licuado de petróleo, ayudarían a reducir estas emisiones. Finalmente, es necesario fortalecer la endeble política ambiental del país y combatir el incumplimiento de las normas de salud ambiental, el cual ha resultado en una reducción insuficiente de la contaminación atmosférica. Urge actualizar las normas mexicanas de calidad del aire para fijar límites más estrictos y compatibles con estándares internacionales y con la protección del derecho humano a la salud. Los anteriores son solo algunos ejemplos de acciones que autoridades y sociedad podemos realizar para mostrar que aprendimos la lección y que haremos lo necesario para mejorar la calidad del aire y para afrontar posibles nuevas crisis sanitarias, así como la crisis climática que amenaza con acabar con el mundo como hoy lo conocemos.
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Proteger a las y los defensores ambientales, deber impostergable del Estado
Diariamente, hombres y mujeres alrededor del mundo dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Esta labor —indispensable para el cuidado del planeta— se desarrolla en ámbitos legales, sociales y políticos. Tristemente, las personas defensoras del ambiente son víctimas de amenazas y asesinatos. Desde hace muchos años, América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser defensor o defensora ambiental, concentrando al menos el 60% de los crímenes. Ello ocurre pese a que el derecho a la libertad de expresión, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza están reconocidos en legislaciones nacionales y regionales. El informe presentado por Global Witness en 2019 da cuenta del asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el ambiente, la mayoría en la región: Colombia (24); Brasil (20), Guatemala (16) y México (14). Evidencia además que “el peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las muertes relacionadas con conflictos por fuentes de agua. Continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos”. Actualmente y en el contexto de la pandemia COVID-19, la situación de riesgo grave para defensores y defensoras ambientales. Pese al aislamiento social y otras medidas adoptadas ante la crisis sanitaria, la violencia en su contra persiste. Es importante considerar que la pandemia debilita las redes de protección de las y los defensores en situación de riesgo para responder a emergencias, poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Eso, sumado a la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configura un escenario muy complejo para su seguridad. En efecto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. Son obligaciones impostergables —aún en situaciones de emergencia— y su cumplimento debe robustecerse para personas en riesgo como las que defienden el ambiente. El rol protector de los Estados El trabajo que hacen las personas defensoras ambientales ha sido reconocido dentro del sistema internacional de los derechos humanos, donde se ha destacado su rol esencial en una sociedad democrática para el fortalecimiento del respeto y goce de los demás derechos. La realidad de peligro en la que viven las y los defensores ha sido acompañada por una evolución jurídica que se evidencia en instrumentos legales internacionales como el Acuerdo Regional de Escazú, que por primera vez contempla a las personas defensoras como sujetos de protección especial. Ese tipo de protección es particularmente necesaria debido a las amenazas e intimidaciones en su contra, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación de: Evitar vulnerar derechos humanos y prevenir a su vez que terceros lo hagan, algo que aplica a todas las personas. Garantizar un ambiente seguro y propicio para que las y los defensores ambientales puedan desarrollar libremente su labor, por lo que deben adoptar acciones especiales para protegerlos cuando son objeto de amenazas; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Garantizar el cumplimiento de los derechos procedimentales en materia ambiental, es decir el derecho a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. Abstenerse de actuar de manera tal que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen la vulnerabilidad de estas personas; y adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. Esto es relevante frente al incremento de la criminalización de personas defensoras por parte de gobiernos, quienes las acusan de “ir contra el desarrollo” en un discurso que tiene gran alcance. Llevar a cabo una investigación de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva en casos de muerte violenta. Considerar en todo momento un enfoque diferencial y con perspectiva de género, toda vez que las mujeres defensoras están expuestas a mayores niveles de violencia debido al contexto de desigualdad preexistente. Por último, es necesario resaltar la importancia y necesidad de que todas las medidas de los Estados respeten plenamente los derechos humanos y, del mismo modo, aseguren en todo momento la vida e integridad de las y los defensores ambientales como elemento indispensable para la justicia climática y la democracia ambiental.
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Projeto de mineração Belo Sun é inviável, aponta estudo técnico
Parecer revela graves lacunas no projeto da mineradora de ouro canadense que pretende se instalar na Volta Grande do Xingu (PA). Com grande probabilidade de falha na barragem, rejeitos podem atingir o rio Xingu em sete minutos. Altamira, Brasil. Em apenas sete minutos, um volume de aproximadamente 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos podem atingir o rio Xingu, no Pará, e percorrer mais de 40 quilômetros em duas horas, provocando impactos irreversíveis no meio ambiente, povos indígenas e ribeirinhos que vivem ali e na Amazônia. Este é o cenário conservador caso a barragem de rejeitos do projeto Volta Grande da mineradora Belo Sun Mining se rompa, aponta parecer técnico. O documento atesta a inviabilidade do empreendimento e recomenda que o projeto seja rejeitado pelas autoridades reguladoras brasileiras. Belo Sun afirma que, em caso de acidente, os rejeitos chegariam ao rio em 97 minutos, mas não justificam os detalhes do cálculo utilizado. Esse é um dos exemplos destacados no parecer que também alerta para a alta probabilidade de falha da barragem. O estudo, assinado pelo Dr. Steven H. Emerman, especialista em geologia e mineração, aponta uma série de lacunas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentado pela mineradora. A empresa promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e pretende se instalar na Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos da hidrelétrica de Belo Monte. A região abriga duas Terras Indígenas e diversas comunidades ribeirinhas. Com a Licença de Instalação (LI) suspensa pela Justiça desde 2017, a empresa aguarda resposta da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) do Pará para prosseguir com o processo de licenciamento. Uma ação do Ministério Público Federal que questionou a falta de estudos do componente indígena no EIA e a ausência do processo de Consulta Livre Prévia e Informada aos povos indígenas e ribeirinhos impactados ensejou a suspensão da LI. No início deste ano, a empresa protocolou os Estudos de Impacto Ambiental do Componente Indígena na Funai, que deve analisá-los e pode requerer informações complementares. Antes da aprovação dos estudos pelo órgão indigenista, o processo de consulta aos Juruna (Yudjá), deve ser finalizado de acordo com seu Protocolo de Consulta que afirma a necessidade da transparência como fundamento desse processo: “Para entendermos os impactos e riscos de qualquer projeto, exigimos que as informações sejam dadas em palavras simples e de forma clara, até que todas nossas dúvidas e questionamentos sejam respondidos”, diz o texto. A partir do parecer de Emerman, a Rede Xingu + e o Movimento Xingu Vivo Para Sempre encaminharam ofício a Funai sugerindo que sejam solicitados estudos complementares, que são “indispensáveis para a avaliação da viabilidade socioambiental e cultural do projeto de mineração Volta Grande, considerando, sobretudo, o grave risco sobre as comunidades indígenas e ribeirinhas localizadas à jusante do local projetado para abrigar a barragem de rejeitos”. O documento também foi enviado à Semas. O documento destaca que a Volta Grande do Xingu já sofre com impactos negativos da implementação do Hidrograma de Consenso da UHE Belo Monte, medida que reduz drasticamente as vazões do Rio Xingu na região. Isso agrava os riscos diante de um eventual acidente com a barragem de rejeitos, prevista no projeto de Belo Sun. Assim, é necessária uma avaliação mais acurada sobre impactos cumulativos dos dois empreendimentos, como tem sido demandado na justiça pelo Ministério Público Federal de Altamira. O parecer faz parte de uma articulação de pesquisadores independentes de vários campos de atuação, vinculados a instituições nacionais e internacionais. No último mês, o grupo encaminhou para os órgãos de licenciamento do projeto de Belo Sun, um parecer técnico que destaca lacunas nos Estudos de Impacto Ambiental Componente Indígena sobre os ecossistemas aquáticos e ictiofauna da Volta Grande do Xingu apresentados pela mineradora.Outro relatório será apresentado com comentários técnicos sobre os documentos associados ao licenciamento ambiental do projeto. A articulação conta, ainda, com organizações como a Rede Xingu +, Movimento Xingu Vivo Para Sempre, Amazon Watch, ISA, International Rivers, Above Ground e Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA). Falhas, insegurança e informações conflitantes De informações conflitantes à ausência de critérios de segurança sísmica, o parecer do Dr Emerman destaca oito pontos principais que embasam a recomendação de rejeição do projeto Volta Grande: 1. A barragem de rejeitos não foi desenhada sob nenhum critério de segurança sísmica, violando os regulamentos brasileiros sobre barragens de rejeitos. Qualquer barragem de rejeitos deve ser projetada para resistir a eventos como inundações e terremotos. Na contramão da norma brasileira, a empresa não incluiu em seus estudos uma análise da sismicidade local e nem simulou a resposta da estrutura a uma hipotética aceleração sísmica. 2. Embora falhas geológicas tenham sido mapeadas no local da barragem de rejeitos, não foram feitos estudos da sismicidade local, o que também viola os regulamentos brasileiros das barragens de rejeitos. A atividade sísmica é responsável por provocar a diluição dos rejeitos saturados na água, sendo esta uma das causas mais comuns de falhas em barragens de rejeitos. No Brasil, apenas em 2019, ocorreram três falhas de barragem, com destaque para o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que provocou ao menos 250 mortes. Casos como esses demonstram a necessidade e a importância de estudos da sismicidade local, sendo indispensáveis para a adequada avaliação do risco de falha de uma barragem de rejeitos. 3. Não foram feitas análises de risco das falhas geológicas mapeadas nas proximidades do local do projeto. Três destas falhas, que são estruturas presentes nas rochas e que podem promover movimentos sísmicos, se cruzam no local exato da barragem de rejeitos proposta. 4. A simulação oficial de ruptura assume, sem nenhuma justificativa, que o escoamento de rejeitos seria interrompido ao chegar ao rio Xingu, ignorando a capacidade de elementos tóxicos percorrerem dezenas de quilômetros ao longo da Volta Grande. As conclusões do EIA defendem, ainda, a hipótese de que o escoamento dos rejeitos demoraria 97 minutos para chegar ao Xingu, mas não justificam os detalhes do cálculo utilizado. Conforme a modelagem apresentada no parecer, considerando o volume de rejeitos armazenados da ordem de 35 milhões de metros cúbicos e supondo um derramamento de aproximadamente 25% dos rejeitos, em um cenário conservador, a inundação percorreria uma distância inicial de até 41 quilômetros ao longo do rio. Com uma velocidade de 20 km/h, a inundação da barragem de Belo Sun chegaria ao Xingu em apenas sete minutos, cobrindo a distância de 41 km em apenas duas horas, atingindo a Terra Indígena Arara da Volta Grande. Após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a corrida de rejeitos atingiu 120 km/h, 100 km/h a mais do que o cenário mais conservador proposto no parecer. No pior cenário, com a liberação de 100% dos rejeitos armazenados, o fluxo inicial cobriria 98 quilômetros ao longo do rio Xingu, podendo chegar ao rio Amazonas e ao Oceano Atlântico. 5. Existe alto risco de águas tóxicas serem derramadas no Xingu. O projeto prevê que o lixiviado de cianeto, substância utilizada para separar o ouro, seja reciclado, o que pode resultar em uma água de rejeitos altamente enriquecida com elementos tóxicos, como arsênico e mercúrio. O resultado, cuja análise é ausente em documentos oficiais, pode ser o derramamento de uma mistura de rejeitos e água que seria altamente tóxica para os organismos aquáticos no rio Xingu em caso de falha da barragem ou situações de vazamento. 6. No EIA não existe um plano de fechamento da mina nem da barragem de rejeitos, questão fundamental para viabilidade socioambiental do projeto de mineração. O documento afirma ser uma promessa do grupo empreendedor descobrir, a posteriori, como estabilizar permanentemente a barragem de rejeitos. 7. O sistema de armazenamento de rejeitos adotado até o momento é inviável e vai na contramão das boas práticas de mineração. Parte da solução para reduzir a probabilidade de falha da barragem de rejeitos passa por diminuir o teor de água no depósito dos rejeitos. O projeto de Belo Sun, no entanto, prevê que todos os rejeitos ficarão saturados e sob sete metros de água livre, acima da superfície dos rejeitos sólidos. 8. Ciente da questão apontada no item anterior, a empreendedora aparenta ter decidido que o plano atual de inundação dos rejeitos é inviável. O presidente executivo da Belo Sun Mining declarou a MiningWatch Canadá que abandonaria o plano atual em favor de uma instalação de armazenamento de rejeitos filtrados, que deverá apresentar teor de água significativamente inferior. No entanto, a companhia forneceu informações contraditórias às organizações e autoridades reguladoras brasileiras: em apresentação à Funai, em outubro de 2019, a empresa descreveu o mesmo plano de armazenamento de rejeitos úmidos do EIA. “Esse fornecimento de informações contraditórias a diferentes públicos pela Belo Sun Mining e pela sua subsidiária brasileira são muito graves em termos de confiabilidade das informações fornecidas nos processos administrativos”, reitera o ofício. Com base nos oito pontos elencados, o parecer recomenda que o projeto seja sumariamente rejeitado pelas autoridades reguladoras brasileiras. CONTATOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasília, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canada)
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