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Foto: Paolo MacorigCuidando la biodiversidad de México de la minería submarina
La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.
La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.
Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.
La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.
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El pueblo Kawésqar y la defensa de su "maritorio" en Chile
Por Liliana Ávila y Cristina Lux* Hace poco más de un mes, la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar nos hizo una invitación muy especial. La cita era cerca del mar, cerca de su territorio o, siendo más precisos, cerca de su “maritorio”, un lugar de islas, islotes y archipiélagos. Allí las fronteras entre mar y tierra se confunden y los árboles crecen de lado, adaptados al intenso viento intenso. El maritorio es un concepto y es también una forma de habitar y comprender el mundo. Evoca la imagen del “territorio”, pero visto desde y en el mar. Como concepto surgió en el contexto de la denominada nisología o estudio de las islas. El lugar al que fuimos se encuentra en los fiordos de Magallanes, la región más austral de Chile, aproximadamente a dos horas de Punta Arenas, la capital regional. Los Kawésqar nos cuentan que, hace menos de un siglo, este maritorio era su espacio vital. Allí sus abuelos y abuelas navegaban entre fiordos, construían sus canoas, pescaban y buceaban. Se metían al mar gélido sin trajes especiales de neopreno, protegidos con aceite de lobo marino, y allí conocían los secretos que sus profundidades albergan. Este pueblo desarrolló —en medio de fiordos, vientos y climas intensos— sistemas propios de pensamiento y de vida. Pero la vida del pueblo Kawésqar ha cambiado con radicalidad en las últimas décadas. Eso también nos lo cuentan. Aquel territorio inmenso que generaciones previas habitaron por siglos ahora está cercado. El proceso de exterminio estuvo acompañado de la mercantilización de la tierra, de la creación de extensos potreros y —de forma más reciente—, del desarrollo y expansión de la industria de la salmonicultura. La producción industrial de salmón tiene impactos graves y permanentes en los ecosistemas marinos. Eso lo saben bien las comunidades Kawésqar. El salmón es una especie exótica para Chile y carnívora, que se cultiva en enormes granjas: hectáreas cubiertas de jaulas en el mar. La introducción de especies exóticas —que amenazan a las nativas—, el uso excesivo de antibióticos, los escapes de salmones, la generación de basura, el tratamiento de grandes cantidades de mortalidades de salmón, la descarga excesiva de materia orgánica al mar y la generación de entornos anaeróbicos (pérdida total o parcial de oxígeno, necesario para que la vida prospere) son apenas algunos de los impactos del cultivo de salmón en Chile. Estos impactos no solo se acumulan en las aguas y en el fondo del mar, también penetran la vida de las comunidades Kawésqar. El maritorio navegado por sus abuelos y abuelas es ahora un espacio profanado. Los procesos de reconstrucción de su identidad, la apropiación de lugares sagrados y los ritos que hacen parte de su memoria colectiva han sido afectados por el desarrollo de una industria que solo ve en el mar un espacio de explotación económica, no el lugar sagrado donde —en un tiempo no muy lejano—, hombres y mujeres desarrollaron sus cosmovisiones y modos de vida. A pesar de todo, el pueblo Kawésqar es un pueblo vivo que se encuentra, que se junta en torno al mar y que discute acerca de estrategias para recomponer su tejido cultural. Se une también para honrar a sus abuelos y abuelas, para activar la memoria genética que los une al mar, para sumergirse en sus aguas y luchar por un maritorio libre de salmones y por un país que se reconozca en la diversidad cultural que atraviesa su historia. Nosotras nos conectamos también con el legado Kawésqar. Nadar junto a personas de la comunidad en aquellos mares navegados durante miles de años, nos permitió asomarnos a una ventana que desdibuja el presente y nos muestra alternativas. Un presente que posibilita la vida y la convivencia con el mar, sus ecosistemas y sus equilibrios. Su lucha —acompañada por AIDA, ONG FIMA, Greenpeace y tantas otras organizaciones— ha dado frutos. Ha logrado visibilizar los impactos de la salmonicultura en Chile y la necesidad de abandonar la dependencia de ella. Pero los retos son aún gigantes. La salmonicultura aún devasta los mares dentro y fuera de áreas protegidas, en las zonas más remotas de la Patagonia, tomándose los espacios que alguna vez compartieron todos los pueblos y seres vivos que habitaron el territorio. Mientras, el pueblo Kawésqar sigue recorriendo su territorio —pensado y vivido en y desde el mar—, identificando y recomponiendo su historia, nadando en las aguas que les rodean. No pierden la esperanza de volver a su mar para seguir existiendo dentro de él. *Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Cristina Lux es abogada del Programa de Clima.
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Un fallo paraliza la aprobación de nuevos proyectos mineros en el Salar del Hombre Muerto, Argentina, y sienta un precedente para la región
En uno de los fallos más importantes del último tiempo en materia de cuidado de la naturaleza y de protección de los derechos de comunidades tradicionales, hecho público el 13 de marzo pasado, la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, Argentina, ordenó paralizar el otorgamiento de nuevos proyectos de minería de litio en la zona del Salar del Hombre Muerto, departamento de Antofagasta de la Sierra. Estableció también que todo proyecto debe cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades aledañas. Así, el máximo tribunal provincial dio lugar al amparo judicial presentado por Román Guitián, cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano.El tribunal ordenó al ministerio de Minería y al de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades" en la zona hasta tanto se cumpla con la realización de un informe de impacto ambiental con dos características fundamentales. La primera es que sea "acumulativo e integral", sobre todo el salar y particularmente sobre el río Los Patos, ubicado en el mismo Salar. La segunda es que contemple la afectación total de las empresas que han solicitado autorización para el uso y extracción de agua, y su potencialidad de transformar el medio ambiente en una misma área geográfica.La extracción de litio en Antofagasta de la Sierra data de 1997, con la multinacional FMC, actualmente operando como Livent. Las comunidades locales denunciaron que, como consecuencia de la actividad extractiva, se secó el río y la vega Trapiche.Desde la Alianza por los Humedales Andinos celebramos este logro de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano y de la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación). El mismo modelo de megaminería de litio, contra el que apunta la sentencia del máximo tribunal de Catamarca, se reproduce en la región puneña de Chile y Bolivia. En este sentido, el fallo constituye un precedente importante para la protección ambiental y comunitaria que debe ser replicado en todas las regiones afectadas por este modelo extractivo en el continente.Es necesario que los gobiernos implementen medidas para proporcionar las garantías de seguridad necesarias a la defensa territorial de las comunidades locales que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Argentina, así como en otros países del continente. Citas de miembros de la alianzaClaudia Velarde, cocoordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)"Lo sucedido en Catamarca marca un hito histórico para la protección del agua, el territorio y la vida en América Latina. La decisión del tribunal confirma que el concepto de impactos acumulativos de una actividad extractiva es totalmente válido y una arista trascendental de la gestión ambiental. Además, deja claro que cualquier daño al ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida o a la integridad personal debe ser considerado un daño significativo. Es un precedente relevante en todo sentido y un mensaje contundente: la normativa ambiental nacional e internacional debe cumplirse, las evaluaciones de impacto ambiental deben ser estratégicas y acumulativas, el derecho a la participación ambiental debe garantizarse y la transición energética debe ser justa". Ramón Balcázar, director ejecutivo de la Fundación Tantí y cocoordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL)"Este fallo es el resultado de años de trabajo y da cuenta de la importancia de la articulación de conocimientos y de estrategias judiciales para la defensa de los territorios desde una mirada de humedales, sentando un precedente que debiese extenderse a toda la región para una evaluación acumulativa de los proyectos, no sólo de litio, si no también de minería metálica y de los impactos del cambio climático. Desafortunadamente, tras conocerse el fallo nuestro compañero Román Guitián ha sido objeto de amenazas de muerte en un país que, al igual que Chile, ha ratificado el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, debemos rechazar categóricamente cualquier forma de violencia sobre los defensores de los salares andinos, así como al provecho político que instituciones vinculadas al greenwashing minero han intentado sacar de una situación tan compleja". Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)"La reciente sentencia de la Corte de Justicia de Catamarca que ordenó la elaboración de un estudio de impacto ambiental “acumulativo e integral” por todos los proyectos de litio que se desarrollan en la cuenca del Río Los Patos requiriendo que el gobierno local se abstenga de otorgar nuevos permisos o autorizaciones para la actividad, representa un hito en la jurisprudencia ambiental de nuestro país. Consolida el camino iniciado hace cerca de 15 años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en el caso "Salas Dino", exigió un estudio de impacto acumulativo frente a los desmontes de bosques nativos en Salta. De esta manera, la justicia catamarqueña sienta un precedente que podría ser también aplicado a los daños ecosistémicos que sufren las provincias de Salta y de Jujuy como consecuencia de los impactos acumulativos de numerosos proyectos de litio en Salinas grandes y laguna Guayatayoc".
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5 hitos de la sentencia del caso “Habitantes de La Oroya vs. Perú”
Nuestra victoria ante la Corte Interamericana, perseguida por mucho tiempo, sienta importantes precedentes para todas las comunidades que buscan justicia ambiental en el continente americano. La historia de la comunidad de La Oroya, Perú, por conseguir justicia y reparación se cuenta por décadas. La templanza de las y los residentes de esta ciudad andina ha dado frutos para toda la región pues lograron una victoria que sienta precedentes importantes para todas las comunidades que buscan justicia ambiental en el continente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a la comunidad de La Oroya y declaró al Estado peruano responsable violar el derecho al ambiente sano y otros derechos relacionados, como la salud y a la vida, de sus habitantes por la falta de medidas oportunas y efectivas para protegerlos de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico. AIDA ha estado involucrada con el caso desde el comienzo de su historia, llevando la lucha de La Oroya ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y representando legalmente a las víctimas ante la Corte. ¿Por qué la decisión del tribunal internacional en el caso “Habitantes de La Oroya vs. Perú” nos alegra y nos abre puertas? A continuación, te explicamos. 1. Da respuesta al primer caso de su tipo ante la Corte Interamericana Es la primera vez que la Corte Interamericana resuelve un caso de contaminación tóxica en el aire y en el ambiente de un municipio urbano. En su fallo, el tribunal reconoció el impacto diferenciado en mujeres, niños y niñas, y otras poblaciones vulnerables. Además, abordó la importancia de los derechos de acceso a la información y a la participación. 2. Reconoce y valora la importancia del ambiente sano como derecho humano La Corte reconoció este derecho como una norma ius cogens (de cumplimiento obligado) y aclaró las obligaciones de los Estados para garantizar el ambiente sano a todas las personas. Un punto clave de la sentencia establece que los Estados deben evitar, prevenir y controlar los daños ambientales y sus efectos en la salud de las personas haciendo uso de todos los medios a su alcance. 3. Abre las puertas a la rendición de cuentas El fallo establece precedentes para que Estados y empresas se hagan responsables de tomar las acciones necesarias para evitar impactos de por vida en la salud de las personas y el ambiente. El Estado peruano deberá indemnizar monetariamente a las personas afectadas en La Oroya y brindarles atención médica gratuita y especializada, adoptar medidas de no repetición, así como monitorear la calidad del aire y el agua en lugares con actividad minera. 4. Establece la responsabilidad del Estado en un caso de contaminación Además de establecer que las empresas deben actuar con debida diligencia y respeto a los derechos humanos, la Corte concluyó en su fallo que el Estado peruano debió actuar para proteger y garantizar los derechos de las personas expuestas a contaminación utilizando, entre otras herramientas, el principio de precaución. 5. Sienta precedentes para toda la región La sentencia supera el contexto peruano pues es vinculante para los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sentando un precedente clave en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.
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