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Foto: Paolo MacorigCuidando la biodiversidad de México de la minería submarina
La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.
La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.
Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.
La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.
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“Mi mamá es la mejor abogada del mundo”
Por Gladys Martínez “Mi mamá es la mejor abogada del mundo porque defiende a las tortugas, a los corales, a unos bosques salados que hay en el mar y a toooodos los peces”. Cuando escuché a mi hija Daniela, de cuatro años de edad, decir eso frente a un auditorio de padres, niños y niñas, mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón, de emoción y felicidad. Escuchar a mi pequeña presumir lo que su mamá hace renueva mis fuerzas para seguir trabajando apasionadamente. Daniela resumió muy bien mi trabajo como parte del equipo de abogadas del Programa de Protección Marina y Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Mis compañeras y yo contribuimos a la protección de los recursos marino-costeros del continente americano bajo tres ejes: arrecifes de coral, manglares y pesca. Usamos las normas nacionales e internacionales en favor de los ecosistemas marinos y de las personas que dependen de ellos. Los arrecifes de coral En AIDA sabemos que al proteger los arrecifes de coral, preservamos una barrera natural que reduce los impactos de tormentas y huracanes, fenómenos cada vez más intensos debido al cambio climático, en las comunidades costeras. También estamos conscientes que gran parte de las especies de peces que disfrutamos en nuestra mesa aún existen porque tienen en los arrecifes un hábitat de reproducción importante. Los manglares Los manglares o “bosque salados” como los llama mi hija, son bosques pantanosos que existen en lagunas, riberas y costas tropicales donde el agua dulce del río se mezcla con el agua salada del mar. Mis compañeras y yo estamos decididas a salvaguardar estos ecosistemas porque sabemos son nuestros mejores aliados. Capturan hasta 50 veces más dióxido de carbono que los bosques tropicales. Además, son fuente de alimento para aves y centros de reproducción y desarrollo de especies de fauna marina como el camarón, el cangrejo y algunos peces que a su vez son el medio de sustento de comunidades costeras. Un ejemplo de ello es Marismas Nacionales, el mayor bosque de manglar de México y el cual buscamos preservar. La pesca Finalmente y conscientes de que los ecosistemas se interrelacionan y dependen unos de otros, en AIDA trabajamos por la implementación de estrategias legales y técnicas para una pesca sostenible. Si cuidamos un pez, el resto de los peces también resultará beneficiado. Queremos que las generaciones futuras puedan saborear un pescado de mar y no solo lo observen en una foto. Hemos visto que la adopción de medidas adecuadas han permitido la recuperación de poblaciones de peces como ocurrió con el “hoki” en Nueva Zelanda, o la anchoveta en España y Francia y el bacalao en la región del norte oceánico. Cada día disfruto y agradezco el privilegio que tienen mis hijos, Daniela y Agustín, de poder correr en medio de un bosque, meter los pies en el mar y sentir el movimiento de pequeños peces entre sus dedos, o maravillarse al ver por primera vez alguna especie de mariposa o árbol. En esos momentos reafirmó las palabras que mis padres nos dijeron a mi esposo y a mí un día: “Valen más muchos buenos recuerdos al aire libre que muchos juguetes en la casa”. En AIDA somos 26 personas trabajando a lo largo del continente con entrega y compromiso. Lo hacemos por Daniela y Agustín, y mis hijos, y por el resto de pequeños y pequeñas que ya son parte de la organización: Amber, Esteban y Eloísa, Constanza, Jared, Isabelle y Caroline, Izabela, Paloma, Marc y Rosalie. Trabajamos por nuestros hijos y por los de todos, para que las generaciones actuales y futuras tengan la oportunidad de gozar de un ambiente saludable. ¡Gracias por apoyar nuestra labor!
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Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación
Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas. Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza. En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias. Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos. La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso. “Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa. Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada. Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.
Leer másEl Fondo Verde Climático decepciona al acreditar entidades con antecedentes inadecuados de forma apresurada y poco transparente
Durante su décima reunión, realizada en Songdo, Corea del Sur, y en un proceso poco transparente, la Junta Directiva del Fondo Verde Climático acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. La Junta acreditó a las entidades en paquete, sin hacer un análisis debido caso por caso. Y lo hizo sin tener en cuenta que algunas de ellas habían sido penalizadas por financiar terrorismo y lavado de dinero, y que su cartera principal de financiamiento son los combustibles fósiles. Tampoco consideró que algunas de ellas no demostraron capacidad suficiente para manejar proyectos de cambio climático de alto riesgo que pueden conllevar impactos sociales y ambientales irreversibles, y que no cumplen con estándares fiduciarios internacionales para manejar ese tipo de actividades. “Estamos decepcionados al ver que el Fondo Verde Climático muestra un comportamiento orientado a los negocios, nada diferente a otros organismos financieros; ello no ayuda a que el Fondo contribuya a un cambio paradigmático y brinde mayor acceso a recursos a los actores locales”, dice Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA y observadora de la sociedad civil durante las reuniones de la Junta Directiva del Fondo. El proceso de toma de decisiones para la acreditación de las 13 entidades no fue transparente ya que no se conocieron los nombres de los candidatos sino hasta que la decisión fue tomada. Pese a ello, las organizaciones de la sociedad civil lograron obtener información para identificar los antecedentes inadecuados de algunas de las entidades que buscaban ser acreditadas y solicitaron a la Junta decidir caso por caso. Pidieron además que la Junta evalúe la existencia de evidencia suficiente sobre la capacidad de estas instituciones para el manejo de proyectos de alto riesgo, y asegure que sólo las mejores entidades sean acreditadas. Sin embargo, la Junta optó por tomar una decisión apresurada. Revisó las propuestas en una Sesión Ejecutiva, es decir secreta, y acreditó a las 13 entidades en conjunto sin considerar sus antecedentes problemáticos. “Al actuar de ese modo, la Junta pone en riesgo la reputación, credibilidad y legitimidad del Fondo Verde”, señala Rodríguez. La Junta Directiva debe asegurar que las entidades que buscan acreditación cumplan con todos los estándares requeridos para acceder a los recursos del Fondo. De ello depende también que países en desarrollo accedan al financiamiento necesario para implementar acciones frente a los daños cada vez más severos del cambio climático. Y es vital también que la Junta garantice procesos transparentes de toma de decisión.
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