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Foto: Manuel Victoria

El arrecife veracruzano: El más grande del Golfo de México

En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cadena montañosa submarina que se extiende por kilómetros entre seis islas. Cientos de especies de peces de colores, pastos marinos, erizos y estrellas de mar, comparten los arrecifes con otras formas de vida. La pesca, el buceo deportivo y el turismo de playa prosperan a lo largo de la costa. Se trata del magnífico arrecife veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo.

En 1992, el gobierno de México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano. En 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado para la protección de humedales, incluidos los arrecifes.

Pese a la relevancia reconocida del arrecife, en 2013, el gobierno redujo el tamaño del Área Natural Protegida y aprobó un proyecto de ampliación portuaria. Comunidades locales y organizaciones impugnaron los permisos ambientales del proyecto demandando la protección del derecho a un ambiente sano. 

El 9 de febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió de manera unánime que las autoridades violaron el derecho a un ambiente sano de residentes de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria con base en una evaluación de impacto ambiental fragmentada. Esto implica que los permisos para el proyecto quedan inexistentes y que se de estudiar nuevamente los impactos del proyecto a la salud de los arrecifes, esta vez de manera integral, e incluso la viabilidad de la obra. 

El fallo es un precedente es histórico no sólo en México, sino para toda la región, al permitir el acceso a la justicia ambiental de las personas vecinas de un ecosistema afectado por un proyecto.

 

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Tres historias de justicia ambiental y climática

Frente a los desafíos cada vez más grandes a los que nos enfrentamos debido a la degradación del ambiente y la crisis climática, la fuerza de la lucha conjunta demuestra que es posible garantizar un ambiente sano y un futuro sostenible para todas las personas. Este año, AIDA consiguió avances importantes en ese camino, de la mano de comunidades y de aliados en la región. Las historias a continuación hablan de logros que nos acercan a la justicia ambiental y climática que necesitamos con urgencia y por la que trabajamos cada día. Son historias de éxito y de esperanza que nos inspiran a seguir avanzando con más fuerza.   1. Mujeres mayas empujan al BID a la rendición de cuentas En Guatemala, bajo nuestro asesoramiento y con el apoyo de aliados locales e internacionales, la lucha de mujeres mayas por defender su agua y su territorio hizo historia. Lograron que la oficina de rendición de cuentas del Grupo del BID reconozca los daños ocasionados por dos represas financiadas por el BID Invest y abra la posibilidad de que el banco retire su inversión de manera responsable. Conoce Más 2. Un fallo afianza la preservación de las áreas naturales protegidas La intención de grandes desarrolladores inmobiliarios de desmantelar el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en el Caribe mexicano, se topó con la pared. La Suprema Corte de México sentó un precedente legal clave al determinar que el programa de manejo, fundamental para el aprovechamiento sostenible del sitio, es legal. AIDA contribuyó a defender a Yum Balam en los tribunales, así como a construir el programa de manejo. Conoce Más 3. La ayuda internacional llega a dos lagos altoandinos Junto con comunidades y organizaciones locales, AIDA impulsó la solicitud de apoyo técnico internacional para la recuperación de los lagos Poopó y Uru Uru en el altiplano boliviano, la cual fue finalmente formalizada por el gobierno. Ese apoyo, previsto para el próximo año, es vital para el rescate de estos ecosistemas, verdaderos sistemas de vida para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Conoce Más   ¡Encuentra estas historias y mucho más sobre el camino recorrido este año en nuestro Informe Anual 2021!  

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El día que la lucha indígena dio frutos en Guatemala

El 22 de septiembre de 2021 será una fecha icónica para los hombres y mujeres de la microrregión de Yich K’isis (Ixquisis), Guatemala, cuyas vidas cambiaron abruptamente por la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, financiadas por el BID Invest. Ese día, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo del BID dio la razón a la mayoría de sus reclamos, contenidos en la queja que presentaron tres años atrás. El informe final de la oficina de rendición de cuentas reconoce que el banco falló en verificar la información de la empresa responsable de los proyectos sobre la población afectada, ignorando la presencia de pueblos indígenas en la zona. Señala también que las mujeres y los impactos diferenciados que experimentarían no fueron considerados en ninguna de las fases de implementación de los proyectos, pasando por alto el rol que los ríos del lugar tienen en su cotidianidad y en sus formas de habitar el territorio. En el tema ambiental, esencial para las formas de vida de los pueblos indígenas, el MICI establece también incumplimientos, reconociendo que el “BID Invest no se aseguró de que los proyectos identificaran y delimitaran apropiadamente los hábitats críticos y las zonas reconocidas internacionalmente ni de que se establecieran los riesgos e impactos”. En cuanto al acceso a información de las comunidades, el banco “incumplió sus propias políticas operativas ya que en el desarrollo de los proyectos no se hicieron consultas significativas con las comunidades”, se lee en el documento. Los hombres y mujeres indígenas de Ixquisis recibieron el informe como un reconocimiento a lo que por años han venido denunciando. Junto con sus conclusiones, el MICI realiza también una serie de recomendaciones dirigidas a enmendar los errores cometidos por el banco en los proyectos San Mateo y San Andrés, así como a evitar que los repita en otros casos. En su última recomendación, el mecanismo de rendición de cuentas establece, por primera vez en la historia del BID, la posibilidad de que el banco se retire responsablemente de proyectos que financia. Para las comunidades de Ixquisis, esta recomendación representa la esperanza más certera de impulsar la restauración de sus vidas, transformadas bruscamente por la llegada de los proyectos. En efecto, desde que comenzó el trámite de queja ante el MICI, las comunidades han reclamado el cese del financiamiento a los proyectos. Siempre han visto como insostenible que proyectos que desconocen su existencia y generan tantos daños, algunos irreparables, sean financiados por una institución internacional cuyo mandato principal es promover el desarrollo. En los escenarios en los que pudieron expresar su sentir ante funcionarios del banco y del MICI, su petición fue certera: el banco no puede seguir financiando proyectos que han impactado sus vidas de formas tan severas e injustas y su salida debe ser responsable. Ello quiere decir que debe basarse en un plan construido con la participación efectiva de las comunidades y debe contemplar todos los daños causados en relación con las dinámicas y el tejido social, el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental. El banco debe proponer ahora un plan de acción para dar cumplimiento al informe del MICI, una misión sin duda trascendental. Tiene la oportunidad histórica de enmendar sus errores y legitimar su actuar, honrar su mandato institucional de promover el desarrollo, respetar y reconocer a los pueblos indígenas y contribuir a que la microrregión de Ixquisis sea nuevamente el lugar donde hombres y mujeres indígenas desarrollen sus proyectos de vida en armonía con su comunidad y con la naturaleza.  

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Los avances que la COP26 deja para el océano

Hubo mucha expectativa sobre si la vigésimo sexta versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) seguiría la línea adoptada en la COP25 de diciembre de 2019, cuando el liderazgo de Costa Rica, Fiyi, Francia y las Islas del Pacífico, entre otros países, aseguró que el océano se convirtiera en un componente clave de la acción climática dentro de las negociaciones internacionales. Aunque el océano es cada vez más reconocido por su papel en la mitigación y adaptación al cambio climático, las actividades humanas continúan amenazando su salud. Se estima que su regeneración será posible solo con una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la temperatura media del planeta a 1.5°C. En la COP26, realizada el mes pasado en Glasgow (Reino Unido), la presencia del océano en las negociaciones fue menor a la esperada. Aun así, se lograron grandes avances gracias al empuje de algunos países, organizaciones y movimientos sociales, como el de jóvenes y el de indígenas. A continuación, se detallan los logros más relevantes que resultaron de la COP26 en materia de océano y cambio climático: Gracias a la movilización de sectores que luchan por el tema océanico y a la presión de diferentes actores sociales, se logró que el preámbulo del Pacto de Glasgow mencione “la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los bosques, el océano y la criosfera […]”. Asimismo, el artículo 21 del documento final reconoce el papel de los ecosistemas marinos como sumideros de carbono y enfatiza la importancia de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos en la reducción de gases de efecto invernadero. Es un gran paso que reafirma la estrecha relación entre el océano y el clima. La COP26 hizo un llamado a que los órganos constituyentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consideren vías para integrar y fortalecer un enfoque sobre el océano en sus planes de trabajo. También abrió paso a la organización formal de un diálogo anual sobre océano y clima, presidido por el presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, a partir de 2022. El antecedente de este avance es el diálogo celebrado en 2020. Los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá acordaron el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, uno de los más grandes y diversos del mundo y que será una zona libre de pesca. La Corporación Andina de Fomento anunció un aporte de un millón de dólares como cooperación técnica al proyecto. También en la línea del financiamiento, el Reino Unido anunció una contribución de 6 millones de euros para PROBLUE, fondo administrado por el Banco Mundial que apoya proyectos relacionados con la protección del océano y la economía azul. De otro lado, se anunciaron 145 millones de dólares destinados al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, mientras que se pusieron 20 millones de dólares a disposición del apoyo a soluciones basadas en la naturaleza y a comunidades costeras vulnerables. Se lanzó la declaración “Océano por el clima” —respaldada por más de 100 organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia y otros sectores—, que exhorta a los países a intensificar las medidas para limitar el aumento de la temperatura media del planeta a no más de 1.5ºC, así como a colocar al océano en el centro de sus políticas, entre ellas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Asimismo, 20 países firmaron la tercera declaración “Because the Ocean”, que llama a los países a integrar el océano, el clima y la biodiversidad a sus planes para cumplir con el Acuerdo de París. En cuanto a conservación, los estados del Océano Índico Occidental lanzaron la iniciativa de la Gran Muralla Azul, cuyo objetivo es conservar y restaurar la biodiversidad marina y costera. Por otra parte, Fiyi anunció un plan para emitir un bono azul en 2022, el cual ofrecerá oportunidades atractivas de inversión para proyectos respetuosos con el océano. Se prevé recaudar hasta 50 millones de dólares para financiar la creación de nuevas áreas marinas protegidas, pesquerías sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza para proteger a comunidades vulnerables ante el cambio climático y sus efectos. Belice se comprometió de su lado a desarrollar un proyecto pionero para financiar el mantenimiento y creación de áreas marinas protegidas. Más países se sumaron a la iniciativa “30x30”, que pretende conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina para 2030. Los países del G7 mostraron su apoyo a esta propuesta en su reunión previa a la COP26.   Además de las propuestas específicas relacionadas con el océano, cabe destacar que muchas otras iniciativas presentadas en el marco de la COP26 tienen un impacto indirecto, entre ellas las que buscan la reducción de un 45% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, de suma importancia para combatir la acidificación del océano y el blanqueamiento de los corales. Aunque muchas personas consideran que la acción climática en torno al océano debe ser mucho más contundente en las negociaciones internacionales, existe consenso en que se está avanzando en la dirección correcta: el océano no estará más ausente de las negociaciones climáticas.  

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