Project
ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
Partners:
Proyectos relacionados
Infografía: ¿Cómo afecta el metano nuestra salud?
El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero (GEI) que, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana. Conoce qué es el metano y cómo contamina nuestro aire
Leer más
Infografía: ¿Qué es el metano y cómo contamina nuestro aire?
El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero (GEI) que, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana. Conoce también cómo afecta el metano nuestra salud
Leer más
Defender el ambiente es defender nuestro futuro de la crisis climática
Se estima que, desde diciembre de 2015, cuando fue adoptado el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial ante la crisis climática— hasta diciembre de 2019, en promedio, cuatro personas defensoras del ambiente han sido asesinadas cada semana. A ello se suman innumerables ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte y acciones legales a manos de agentes estatales y privados. Ese es uno de los hallazgos del informe más reciente de Global Witness, Defender el Mañana: La crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del ambiente, presentado en julio. El documento evidencia el vínculo innegable entre la atención de la crisis climática y la labor de los y las defensoras. La ONG internacional contribuye a poner fin a los abusos contra los derechos humanos y ambientales impulsados por la gestión y uso de los recursos naturales, así como por la corrupción. Cada año publica un informe en el que presenta sus conclusiones sobre los conflictos socioambientales y la situación de las personas defensoras a nivel mundial. En este informe, llama la atención sobre una grave contradicción ante un problema crítico: las personas defensoras juegan un rol crucial en la lucha contra la emergencia climática, pero demasiados gobiernos, empresas e instituciones financieras han fallado en su tarea de salvaguardar su vida y su trabajo. Incumpliendo la tarea de proteger a quienes nos cuidan La crisis climática es una amenaza real y tangible a la vida misma. Podemos asegurar que es la mayor de todas y por ello requiere soluciones drásticas. La comunidad científica internacional ha alertado de las graves consecuencias de no poner un límite a las actividades humanas que aceleran el calentamiento del planeta. Necesitamos políticas públicas de adaptación y mitigación, poner un alto al uso de combustibles fósiles, proteger la naturaleza y no criminalizar su defensa. Sin embargo, los mecanismos estatales, con pocos avances en lo que importa, han sido más efectivos en promover industrias extractivas. El informe de Global Witness da cuenta que la agricultura a gran escala, la extracción de hidrocarburos y sobre todo la minería son las principales industrias impulsoras de los conflictos y de la violencia contra las personas defensoras. Y, al mismo tiempo, lideran las actividades que agravan la emergencia climática con la tala de bosques y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Haciendo eco de investigaciones recientes, el informe señala que las comunidades indígenas y locales de todo el mundo cuidan bosques que absorben el equivalente a 33 veces nuestras actuales emisiones anuales de carbono. Es decir, su rol en la mitigación de la crisis climática es vital. Se ha demostrado también que las tierras gestionadas por indígenas tienen tasas de deforestación más bajas y mejores resultados de conservación que las zonas de protección que excluyen a esos pueblos. Pese a ello, los y las defensoras indígenas sufren un número desproporcionado de ataques. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques fueron en su contra, pese a que solo representan el 5% de la población mundial, menciona el informe. Y tan solo el año pasado, el 40% de los y las defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas. Así, la crisis climática y las violencias ejercidas contra las personas defensoras tienen impactos diferenciados. En ambos casos, los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y las mujeres están en situación de riesgo desproporcionado. Las mujeres defensoras no solo enfrentan las violencias contextuales como el resto de la comunidad, sino que muchas veces también son estigmatizadas doblemente por su papel como mujeres y como defensoras. A su vez, son víctimas de violencia sexual, práctica usada históricamente para mostrar poder sobre los cuerpos y territorios. Violencia creciente Según Global Witness, el 2019 fue el año más letal del que se tiene registro para las personas defensoras con 212 asesinatos. Más de dos tercios de los crímenes se registraron en América Latina, que se ha ubicado sistemáticamente como la región más afectada desde que la organización comenzó a publicar estos datos en 2012. Solo en la Amazonía, hubo 33 muertes (el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron allí). En Colombia, hubo 64 asesinatos, un incremento de 150% respecto de 2018 y la cifra más alta que Global Witness ha registrado en el país. Y Honduras, con 14 muertes, se convirtió en el país más peligroso en 2019 según el número de asesinatos por millón de habitantes. Por otro lado, Filipinas y Colombia fueron los países con más de la mitad de todos los asesinatos registrados el año pasado. El informe es muy claro al mencionar que la intimidación, el acoso y la violencia hacia las personas defensoras tienen sus causas estructurales en la vinculación entre gobiernos, empresas y gremios. Las acciones y omisiones de los Estados han resultado en estigmatización, criminalización y asesinatos. El documento incluye un mapa global con casos concretos de violencias y de acciones realizadas por las personas defensoras y por la sociedad civil. Uno de ellos es el de las mujeres de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, que defienden su territorio de dos proyectos hidroeléctricos. Con su lucha, lograron que su queja sea abordada por el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financiadores de las represas. AIDA apoya esos esfuerzos. Poner primero a las personas defensoras Cada vez es más evidente que las personas defensoras del ambiente están en riesgo por oponerse a proyectos que agravan la crisis climática. Por ello urge priorizar dentro de la acción climática su protección y la erradicación de toda violencia en su contra. La situación presentada es grave y requiere soluciones comprometidas con el planeta y con las personas. Es necesario respetar y garantizar los derechos a la participación, a la asociación, al acceso a información y justicia de las personas defensoras. Los Estados deben poner fin a la violencia en el marco de sus obligaciones internacionales; otorgar protección inmediata a las personas defensoras; e implementar medidas transformadoras mediante acciones jurídicas, políticas y administrativas, conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Dichas acciones incluyen la ratificación del Acuerdo de Escazú y la adecuación normativa necesaria para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad, al ambiente sano y a defender los derechos humanos. Además, deben promover transiciones que superen la larga cadena de impactos en los derechos humanos y el ambiente de la extracción de combustibles fósiles. Ante ello y en el marco de la obligación de debida diligencia, la responsabilidad empresarial es clave para detener, prevenir e investigar los posibles conflictos o las violencias ejercidas contra las personas defensoras. Finalmente, es necesaria una transición social, política y energéticamente ecológica que respete plenamente los derechos ambientales y humanos. La transición debe garantizar que no se ampliarán las brechas de desigualdad, atender las causas estructurales de los conflictos para lograr un planeta libre de violencia, mitigar los daños ambientales y climáticos, y asegurar justicia para todas y todos.
Leer más