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Foto: Maíra Irigaray / Amazon WatchHaciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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Escuchar a los pueblos indígenas para salvar al planeta
En América Latina hay más de 400 pueblos indígenas, varios de ellos habitan en el 80% de las áreas protegidas de la región, de acuerdo a la FAO. Su conocimiento ancestral para relacionarse con los ecosistemas que les rodean está reconocido como una forma de asegurar un ambiente sano y hacer frente al cambio climático. Sin embargo, pocas veces aprendemos de ellos y escuchamos lo que necesitan para continuar protegiendo los recursos. Pu’amé es la expresión en cora para decir “tú primero”. Se utiliza para ceder el paso, pero también como expresión de respeto cuando alguien está hablando y se le invita a proseguir, “continúa, te estoy escuchando”. Julián López, líder indígena náyeri y hablante de cora, me lo explicó durante una reunión de miembros de la sociedad civil con representantes de comunidades rurales de Nayarit, México. Fuimos a escucharlos. En esta reunión pu’amé se convirtió en una guía perfecta para prestar atención y comprender. Escuchar a los representantes de los pueblos indígenas es enfrentarse a cosmovisiones completamente distintas cuando has vivido en medio de una visión urbana y occidental del mundo. Mientras nuestra forma de vida se enfoca en consumir explotando los recursos para generar una ganancia inmediata y grande para seguir consumiendo, los pueblos indígenas ven en la tierra una fuente que requiere cuidados y agradecimiento por proveer de alimento y salud. Este choque de visiones ha provocado que los derechos de los pueblos indígenas sean violados incesantemente, poniendo en riesgo no sólo su integridad cultural, sino su propia vida. Mientras Julián me enseña algunas palabras en su lengua materna, el cora, me dice que para lograr un diálogo real con los pueblos hay que entenderlos. Visiones opuestas del desarrollo En la reunión, para hablar del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, hay representantes mexicaneros y coras de la zona alta y baja de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Las preocupaciones son muchas: de construirse la hidroeléctrica o cualquier otro megaproyecto, ¿cuál sería el destino de sus hijos, de los sitios sagrados que comparten con otros pueblos, del equilibrio natural, de la vida en el río, de la calidad de los peces? Odilón de Jesús López, náyeri, expresa preocupado que “no han valorado que cuidar la naturaleza es para un bien de todos”. Cuestiona los comentarios cerrados que ha recibido por defender el río y los sitios ceremoniales. “¿Para qué nos sirve un lugar sagrado? Llevo ofrendas para dar las gracias de que hay buena vida”. Julián levanta la mano y cuestiona las formas diferentes de ver el desarrollo. “¿El desarrollo a costa de qué? Nosotros no podemos competir con la forma en que ellos ven el desarrollo, porque ellos ven dinero. ¿Qué queremos nosotros en nuestros pueblos?” Julián nos recuerda que la riqueza está en el aire limpio, en un río lleno de peces. Pero también habla de algo crucial: la pobreza. Es cierto que los pueblos indígenas buscan proteger su tierra y su cultura, pero Julián también admite que no hacer nada tampoco es una opción. Hay familias que no tienen ni para ofrecer lo básico a sus hijos: salud, educación y alimentación balanceada. Pero afirma que eso no se obtendrá destruyendo lo que los rodea. “¿Y si nos capacitan para usar los bosques de manera sustentable?”, sugiere. Los representantes de la cuenca baja, mexicaneros casi todos, le dan la razón. Ellos quieren aprender a explotar los recursos río abajo para siempre tener trabajo. Sin embargo, Julián menciona algo que a todos preocupa: la inseguridad. Él mismo ha sido víctima de amenazas y hostigamiento desde que se opone a la hidroeléctrica. En una visita a México, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos señaló que las personas activistas indígenas y ambientalistas, cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía e infraestructura, son las personas defensoras más criminalizadas. Julián conoce la situación de los defensores en toda la región y dice no sentirse solo en la lucha por proteger los ríos, pero también sabe que el riesgo está en todas partes. “Si en Colombia matan a un defensor, a nosotros también nos hacen daño”. Las mujeres y la Madre Tierra Si en general la situación es complicada para los hombres indígenas que buscan hacer oír sus voces, lo es más para las mujeres que deciden también opinar acerca de su territorio. Marcelina López, líder náyeri, habla con una voz muy suave y baja, mira hacia sus manos, y comienza a quejarse de lo difícil que ha sido luchar por su comunidad. De repente, con la voz clara y fuerte nos muestra su problema: “Las autoridades me tratan mal porque ven que soy indígena y mujer. Claro, somos pobres, indígenas; pero somo ricos con nuestra Madre Tierra”. Marcelina habla luego de lo poco que se les ha consultado para hacer proyectos de desarrollo, de la compra de consentimiento de la comunidad a través de servicios municipales y del discurso constante de que ellos, los pueblos, no saben ver “más allá”, hacia el progreso. “No entienden que no explotamos algunas cosas porque tenemos miedo de contaminarnos y el río está primero”. Gila de la Cruz, náyeri, más tímidamente, da la razón a Marcelina. Nos cuenta que, como mujer, sólo le quieren consultar temas relacionados con los niños y ella tiene una opinión sobre el río, los servicios en su comunidad y la producción de alimentos. Ejemplifica con un proyecto de drenaje que no aprueba ni ella ni gran parte de la comunidad. Los que vivimos en ciudades nos quedamos callados sin entender por qué algo que creemos necesario es rechazado. Nos pide no malentenderla, pero que las cosas no se imponen sólo porque siempre se han hecho así. Está preocupada porque no les han explicado todo. “Ponen los tubos, ¿y luego qué? ¿A dónde se va a ir el agua? ¿Al río? ¿No podemos reutilizar el agua?” Entonces, la queja de Gila tiene todo el sentido:0 el río podría estar en riesgo y las autoridades no les explican nada más y la regañan por cuestionar el proyecto. “Hay otras opciones, lo he visto. Hay alternativas, formas de hacerlo más sustentable y no contaminar el agua”. Enojada, afirma que sus opiniones no han sido escuchadas porque es mujer. necesitamos escuchar a las voces indígenas Todos los representantes de los pueblos coinciden en algo: no quieren ser vistos como una oposición cerrada sin deseos de tener una mejor vida. Piden diálogo. Entre sus actividades como campesinos, artesanos y pescadores, se dan tiempo para organizarse, aprender acerca de sus derechos, dominar un idioma que no es el suyo y llevar sus preocupaciones a las instituciones correspondientes. Cada uno conoce perfectamente que existen vías sustentables para mejorar su calidad de vida sin afectar su entorno. Julián pide que se establezca un entendimiento de todas las partes. “¿Podemos trabajar juntos? ¿Organizaciones, gobiernos e indígenas? Sí”. Julián pide capacitaciones, aprender de infraestructura, de economía socialmente responsable. Gila y Marcelina se han dedicado a buscar otras opciones más sustentables para producir sus alimentos, para construir, de salubridad. “Sólo necesitamos que nos enseñen”, dice Gila. Como humanidad, estamos atravesando un periodo en el que es necesario cuestionar todos los esquemas: nuestra forma de consumir, de utilizar los recursos, de la comodidad. Los pueblos indígenas han vivido por siglos de manera mucho más sustentable que las sociedades construidas bajo la mentalidad de la revolución industrial. Son, de varias maneras, ejemplos y oportunidades para reaprender, cambiar y mejorar. “Un día habrá un espacio público donde no exista miedo, donde pueda decir todo”, dice Gila acerca de los avances conseguidos en los últimos años, del espacio ganando lentamente. “Deben escucharnos a las mujeres, creen que debemos estar en casa, pero nos estamos organizando”. Marcelina le dice con satisfacción: “Sí se siente cuando uno lucha por la vida”.
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La prohibición del fracking en Colombia como un asunto de política pública
Este texto, que busca contribuir al debate sobre el fracking en Colombia, es labor de un grupo de personas expertas en diferentes materias relacionadas con el tema: ingenierías de petróleos, química y civil; geología, economía, derecho y movimientos sociales. Este grupo propone temas útiles e ilustrativos para estimular las discusiones públicas. Para ello, se trabajan cuatro aspectos, en los capítulos correspondientes: Un contexto sobre el papel del fracking en un escenario de cambio climático, la definición de la técnica y sus antecedentes en el mundo y en Colombia. La descripción del principio de precaución y de algunos derechos que podrían estar en riesgo con la aprobación del fracking en Colombia. En este mismo capítulo, se exponen algunos daños graves originados en la técnica, sobre el ambiente y, muy especialmente, sobre el derecho al agua. También se discute cómo la aprobación del fracking podría profundizar conflictos socioambientales y, en consecuencia, ir en contravía de la construcción de paz en el país. El tercer capítulo analiza el comportamiento económico de los hidrocarburos y las políticas que, orientadas a ofrecer múltiples beneficios a empresas privadas, han intentado estimularlo. Expone además la manera en que, apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales, podría tener afectaciones en la economía colombiana, dada la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y la enfermedad holandesa, que impactaría sectores productivos como la agricultura y la industria. El sector hidrocarburos cuenta con numerosos beneficios tributarios y genera, en comparación con otros sectores económicos como la agricultura o la industria, muchos menos empleos. En la última parte, se concluye que, para proteger las verdaderas vocaciones naturales, culturales y económicas del país, basadas en su gran diversidad y en concordancia con los compromisos jurídicos y políticos constitucionales e internacionales de ambiente y derechos humanos, Colombia necesita prohíbir el fracking. En cambio, propone trazar cuanto antes un camino hacia la transición a energías limpias y justas y así aprovechar su gran potencial en esta materia. Esta transición energética debe darse en el marco de estándares ambientales y sociales que minimicen los impactos en los ecosistemas, las comunidades, las personas defensoras de derechos humanos y las personas trabajadoras con el fin de generar energía y, simultáneamente, beneficios en términos ambientales, de salud pública y de generación de empleo. Descarga el informe
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Cómo Brasil está amenazando los derechos indígenas y ambientales
Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros. Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.
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